Categoría: Opinión

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

La sociedad colombiana continúa repitiendo su diario discurrir de crímenes y demás actos violentos, lo que tiene como catalizador, la incapacidad de convivir en la intolerancia y diferencias entre sí; factor predominante de todas las violencias del país. Desde los inicios de la independencia, y pasando por la construcción de la república, se ha venido construyendo una sociedad fundamentada en conflictos políticos, sociales, económicos y culturales aún no resueltos, que han arrojado como resultado, una violencia perpetua, condenando a la sociedad, a un espiral de muertes.

Para validar lo anterior, es necesario revisar, con detenimiento, la historia de Colombia, en donde los tiempos actuales se han caracterizado por un alto nivel de degradación de la convivencia social. Por ello, es imperioso reflexionar sobre la responsabilidad del liderazgo político; a la vez, observar cómo incide en la transformación y el bienestar social. Como señala el profesor Boaventura de Sousa Santos, cuando se refiere al peso de la historia, pertinente en los actuales momentos de la realidad nacional. El peso de la historia es variable, hay períodos en los que la historia es pesada y en otros liviana. Los períodos pesados generan desalientos, resignación; al parecer, no podemos cambiar, no existen alternativas ni fuerzas que generen opciones. Las generaciones que viven en períodos de historia pesada, se denominan huérfanas. Lo anterior, para hacer referencia a la generación que emerge a partir de los años 90; no solo en Colombia, sino a nivel global; una época de cierre, definida por Fukuyama como el «fin de la historia», fin de una época. Un mundo sin posibilidades, un mundo sin futuro; lo que trajo como consecuencia, un período de la historia huérfano en comparación con las épocas anteriores.

Para comprender lo dicho, basta revisar la historia colombiana y reflexionar, cómo la generación que antecedió a la década de los 90 se caracterizó por su ímpetu y liderazgo utópico para transformar; claro está, fue una época de amplia y masiva politización ideológica, tendiente a materializar determinado modelo de sociedad que, entre otras cosas, no fue posible; pero, condujo a una generación, a un modo de exterminio; en unos casos, planificado, y en otros, como mártires.

Cuando recordamos lo que fue esa generación inaugural que vivenció Colombia y, que las fuerzas oscurantistas y retardatarias de siempre impidieron su ejercicio, su capacidad intelectual y moral como opción transformadora y de cambio; podemos decir que, frenó desde la violencia y la guerra, una generación inaugural, entusiasta y utópica que pudiera desplegar su potencial creativo e innovador; posiblemente, el presente fuera distinto. De ahí que, el atentado criminal al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; al igual, que todo colombiano; merece el rechazo unánime de los estamentos gubernamentales; asimismo, reaccionar frente al tipo de sociedad que estamos viviendo; vivimos tiempos de Posverdades, donde impera una nueva concepción de democracia y debate político, marcado por la ausencia de reconocimiento y respeto por el otro; creando con esto, un escenario de mutua satanización. Asistimos a tiempos de incertidumbres fabricadas; construcción de relatos, narrativas y ficciones que tiene como finalidad, controlar la subjetividad, e imponer nuevos discursos sobre la verdad. En este nuevo escenario, tienen responsabilidad los líderes políticos y los medios de comunicación; solo ello, puede construir un espacio en donde el debate público se caracterice por la prevalencia del mejor argumento; a su vez, este sea lo único permitido y no la violencia.

En estos momentos, donde la historia es muy pesada y nuestra generación está huérfana de cambios, sin alternativas y fuerzas que la impulsen por un camino distinto al pesimismo, a la narrativa del miedo, la desinformación y el desencanto; en estos momentos de polarización, satanización ideológica y mesianismos redentores; es cuando realmente necesitamos liderazgos con ímpetu, visión y entrega, que dignifique el ejercicio de la política y la sitúe al servicio de la vida misma.

Por: Edgardo Miguel Espitia Cabrales

Cuando pienso en Montería, mi corazón se llena de orgullo. Las Fiestas del Río 2025, que acabamos de celebrar, no solo fueron una explosión de alegría y cultura, sino también un reflejo del inmenso potencial que tiene mi ciudad para brillar como un referente de progreso, convivencia y dinamismo económico.

No puedo evitar emocionarme al ver cómo esta tierra, bañada por nuestro imponente río Sinú, se consolida como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando la institucionalidad, la ciudadanía y la fuerza pública trabajan de la mano.

Este año, las Fiestas del Río reunieron a más de 45.600 personas en siete eventos principales que hicieron vibrar a la ciudad. No fue solo una celebración; fue una inyección de vida para nuestra economía. Las cifras hablan por sí solas: $1.793 millones en ventas, 2.690 empleos generados —1.300 directos y 1.390 indirectos—, y un impacto directo en el bolsillo de 533 vendedores ambulantes que sumaron ingresos por $319 millones.

El comercio formal, por su parte, reportó ganancias de $1.473 millones. Estos números no son solo estadísticas; son historias de familias monterianas que encontraron en las fiestas una oportunidad para crecer, soñar y prosperar.

Pero más allá del impacto económico, lo que realmente me llena de esperanza es la transformación que estamos viviendo en materia de seguridad. Durante los días de las fiestas, del 29 de mayo al 7 de junio, Montería demostró que es posible disfrutar en grande y en paz. Los homicidios intencionales cayeron un 67%, los hurtos a personas un 78%, la violencia intrafamiliar un 60% y, lo que más emociona es que las lesiones en accidentes de tránsito se redujeron en un 100%.

Estos datos no son casualidad. Son el resultado de un esfuerzo colectivo, de un compromiso entre las autoridades y una ciudadanía que, como yo, cree en el poder de la convivencia.

Estas Fiestas del Río fueron, además de una celebración cultural, un ejemplo de organización, dinamismo económico y convivencia ciudadana. Caminar por las calles de Montería durante esos días fue sentir el pulso de una ciudad viva, donde la música, el arte, la cultura y el talento local se mezclaron con el respeto por los espacios públicos y el orgullo de ser monteriano. Fue una fiesta donde todos, desde los artistas hasta los vendedores, desde los policías hasta los asistentes, pusimos nuestro grano de arena para que el resultado fuera inolvidable. ¡Y sí que lo fue!

Montería está demostrando que no solo sabe celebrar, sino que tiene la capacidad de transformarse. Somos una ciudad que combina la calidez de nuestra gente con una visión de progreso que no deja a nadie atrás. Las Fiestas del Río son solo una muestra de lo que podemos lograr cuando nos unimos.

Imagino un futuro donde este espíritu de colaboración y alegría se extienda a cada rincón de la ciudad, donde sigamos construyendo un espacio en el que la cultura, la seguridad y la prosperidad sean el sello de nuestra identidad.

Como monteriano, me siento más comprometido que nunca con mi ciudad. Las Fiestas del Río 2025 no solo nos dejaron recuerdos felices, sino una certeza: Montería tiene un potencial inmenso, y está en nuestras manos seguir haciéndolo brillar. Sigamos celebrando en paz, con orgullo y con la convicción de que juntos podemos construir la ciudad que soñamos.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026: Colombia, potencia mundial de la vida, se concibe la educación como un derecho fundamental progresivo, apoyado en cuatro pilares:

1. Educación superior de calidad, pertinente y gratuita, con una apuesta por la ampliación de cobertura.

2. Educación básica y media de calidad, que incluye la formación y vinculación de nuevos docentes, la mejora de condiciones de infraestructura física, reformas curriculares y modificaciones en el sistema general de participación.

3. Plan de alimentación escolar, que garantice la seguridad alimentaria de los niños y niñas dentro del sistema educativo.

4. Educación para la paz y la convivencia.

Estos pilares trazan la hoja de ruta que debe seguir la educación y definen qué se debe hacer. Sin embargo, las estrategias de implementación; especialmente en la educación superior pública, han sido confusas, fragmentadas y carentes de una priorización estratégica. En casi tres años de gobierno, los avances en educación superior pública han sido significativos, pero aún están lejos de alcanzar las metas propuestas. Por consiguiente, podríamos señalar: 1. En materia de ampliación de cobertura, se han logrado 155.000 mil nuevos cupos, frente al objetivo de 500 mil. 2. La construcción de nuevas sedes universitarias regionales ha tenido inconvenientes y lentitud en su ejecución. 3. La Ley de educación presentada al Congreso, no alcanzó los consensos, hundida por el Senado de la República. 4. El proyecto de ley para reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30, sin iniciar trámite en plenaria del Senado, postergando con ello, la construcción de un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública. 5. Avances en la reconceptualización del Sistema de Aseguramiento de la Calidad; racionalizando procesos y trámites enfocados a una gestión del fomento de la calidad; es decir, una política de aseguramiento de la calidad centrada en la promoción de la misma, no solo en la inspección y vigilancia como modelo dominante. 6. En cuanto a la gratuidad de la matrícula, convertida en política pública para los estudiantes de escasos recursos económicos. 7. La ampliación de recursos para funcionamiento adicional al IPC ha sido un avance para mejorar las condiciones financieras de las universidades.

Recientemente, el presidente de la república anunció en un encuentro con rectores del Sistema de Educación Superior Público; la destinación de 2.14 billones de pesos para funcionamiento; esto, con el propósito de invertirlos en ampliación de cobertura; con ese apalancamiento financiero lograríamos un avance significativo para acercarnos a la meta de 500 mil nuevos cupos en educación superior.

En este sentido, desde el Sistema Universitario Estatal, SUE, aportamos experiencias y capacidades para lograr ese propósito. Para ello, es necesario un liderazgo amplio y vinculante del Ministerio de Educación Nacional, que involucre de manera concertada a los actores del sector, con el fin de operativizar y poner en marcha las estrategias de ampliar cobertura; teniendo como prioridad, las regiones y territorios donde el indicador de acceso es bajo, sin dejar de lado las zonas azotadas por la violencia y el abandono estatal y, no continuar repitiendo el modelo centralista de distribución de recursos. La apuesta del Gobierno ha sido amplia y ambiciosa en materia de cobertura, infraestructura, regionalización, financiamiento, integración de los niveles del sector; que tiene como finalidad, garantizar la educación superior como un derecho fundamental de manera progresiva.

El Gobierno ha propuesto en materia de educación superior, los cambios y transformaciones que por décadas hemos demandado. En consecuencia, su realización implica un liderazgo que incluya la diversidad y pluralidad del sector; necesitamos una educación de calidad y pertinente, que esté al alcance de los jóvenes.

Aún estamos a tiempo de alcanzar la meta.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del Departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND)

En los últimos años, el mundo entero ha enfrentado una economía más lenta después de la pandemia. Los altos costos de insumos agropecuarios, los conflictos internacionales y las restricciones al comercio han afectado el crecimiento global, que pasó de un 6,6% en 2021 a cerca del 3,3% en 2024. En Colombia, el crecimiento también bajó: de un 10,8% en 2021 a un 1,6% en 2024.

Pero en medio de este panorama retador, Córdoba marca la diferencia. Nuestro departamento ha logrado crecer por encima del promedio nacional en 2023 y 2024. Mientras el país creció 0,7% en 2023, Córdoba avanzó al 1,3%. Y en 2024, mientras Colombia creció un 1,6%, el departamento alcanzó un 1,9%.

Este desempeño nos consolidó como líderes de crecimiento en la región Caribe. Córdoba superó a departamentos como Magdalena (1,8%), Atlántico (1%), Sucre (0,9%) y Bolívar (0,7%), en un contexto donde incluso algunos departamentos registraron crecimientos negativos.

Estos resultados no son casualidad. Son el fruto de un trabajo planificado, serio y territorial. Hemos impulsado sectores estratégicos como el turismo, el deporte, el agropecuario, los servicios públicos y la infraestructura, trabajando de la mano con los municipios, los empresarios y la comunidad.

La Feria Nacional de la Ganadería, los torneos deportivos y el mejoramiento de infraestructura recreativa, los nuevos destinos turísticos, las vías que mejoran la conexión entre municipios y las obras de acueducto y alcantarillado, están cambiando la dinámica económica del departamento. Para ilustrar: en 2005, las actividades culturales y de entretenimiento representaban el 2% del PIB departamental; hoy ya están en 2,6%. También los servicios públicos han ampliado su participación en la economía.

Este crecimiento se refleja en empleo y oportunidades reales. En 2022, la tasa de ocupación en Córdoba era del 54%; hoy supera el 57%. Eso significa que tenemos cerca de 70 mil nuevos ocupados en los últimos dos años, y el desempleo ha bajado del 12,5% al 10,9%.

Esto es lo que hemos llamado la Revolución de Córdoba en marcha: una transformación económica, social y territorial que avanza con responsabilidad, transparencia y un manejo riguroso de los recursos públicos. Cada peso de los cordobeses se traduce en obras, empleo y desarrollo visible para la gente.

Colombia es la suma de sus regiones. Y Córdoba hoy demuestra que, con planeación y liderazgo, es posible crecer, generar empleo y ofrecer bienestar, incluso en los tiempos más difíciles.

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El exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, será el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Ángela María Buitrago.

este jueves 5 de junio su hoja de vida será publicada en la página oficial de la Presidencia y se espera que el próximo jueves se posesione.

El propio presidente Gustavo Petro le hizo el ofrecimiento a Montealegre y él aceptó el ministerio a menos de dos años de finalizar la actual administración.

Montealegre se ha convertido en uno de los abogados del país más cercanos al petrismo. De hecho, ha validado algunas de las propuestas que provienen del Pacto Histórico.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 29 de mayo, con la presencia de los actores de la institucionalidad territorial pública y privada, del sector productivo, la academia y la sociedad civil organizada, y con el acompañamiento y asesoría del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Secretaría de Competitividad del Departamento de Córdoba presentó la Agenda de Competitividad y Productividad Córdoba 2052.

Este documento contiene y representa la visión del Departamento para las próximas tres décadas, período en el cual habremos cumplido 100 años de existencia como entidad territorial. Esta importante y visionaria iniciativa de planificación prospectiva, convertida en hoja de ruta, permite pensar, planear y priorizar el desarrollo económico y social, con el propósito de alcanzar el progreso y la justicia social que dignifique las condiciones de vida de los cordobeses.

La Agenda Córdoba 2052 se inició con un diagnóstico social, económico y ambiental del Departamento, donde se identificaron los factores que inciden en la baja productividad, competitividad y desarrollo humano. Entre ellos:

1. Un tejido productivo poco complejo, con baja diversidad y productividad, lo que ubica a Córdoba como uno de los departamentos con menores ingresos per cápita.

2. Un escaso aprovechamiento de la conectividad departamental.

3. Interdependencias económicas limitadas a las proximidades geográficas del departamento, es decir, pocas relaciones con los principales mercados nacionales e internacionales.

4. Alta informalidad y baja productividad.

5. Deficiencias en la formación del talento humano, lo que requiere ampliar la cobertura en educación técnica, tecnológica y universitaria, garantizando calidad y pertinencia.

6. La necesidad de priorizar la sostenibilidad ambiental como un factor clave de competitividad.

Estos factores adversos, identificados en la construcción de la Agenda, no solo permiten el análisis y la comprensión de las limitaciones del desarrollo, sino que también posibilitan la visualización de apuestas e intervenciones estratégicas en materia de planificación y diseño de políticas públicas.

Resulta paradójico que un territorio como Córdoba, con amplias ventajas comparativas brindadas por la naturaleza, presente bajos niveles de productividad y competitividad, mientras que la mayor parte de su población vive en condiciones de pobreza. Especialmente los jóvenes, quienes se ven afectados por la complejidad y adversidad social, lo que dificulta la construcción de oportunidades de formación y empleo como mecanismos para generar movilidad social y superar la pobreza.

De acuerdo con el diagnóstico de la Agenda Córdoba 2052, el Departamento tiene una población menor de 15 años superior a la de otras regiones del país, pero su aprovechamiento dependerá de las oportunidades que se le brinden para dignificar sus vidas. En consecuencia, para mejorar la productividad económica y la competitividad, es fundamental ampliar y democratizar el derecho a la educación. Esto permitirá formar académica, científica y humanamente a la juventud cordobesa, que no solo representa el presente, sino que, dependiendo de las oportunidades que reciba, definirá el futuro.

En este sentido, la Agenda Córdoba 2052 apunta al reconocimiento y potenciación de las ventajas comparativas en cinco grandes apuestas productivas: clúster cárnico, agroindustria, turismo, minero-energético y tecnologías.

El diagnóstico presentado permite construir de manera participativa la agenda prospectiva, priorizando sectores estratégicos, recursos financieros, enfoques y lógicas de desarrollo que impulsen el progreso social y humano del territorio.

Los cordobeses esperamos que esta agenda prospectiva no se convierta en una mera declaración de buenas intenciones, sino que la clase política comprenda que su tarea no se limita a ganar elecciones cada cuatro años, sino a liderar el desarrollo humano.

Desde la Universidad de Córdoba reafirmamos nuestro compromiso de poner la ciencia a disposición de este proceso, con el propósito de impulsar y promover el desarrollo y la transformación del Departamento.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 21 de mayo, la Contraloría General de la República difundió el estudio de la situación financiera, presupuestal y pensional de las universidades públicas del país; reafirmando lo construido y difundido por el Sistema Universitario Estatal SUE, acerca del desfinanciamiento estructural de la universidad pública; lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la misma y con ello, la prestación del servicio público de educación superior. En este sentido, la Contraloría hace énfasis en las Universidades Nacional, del Valle y Antioquia, que a diciembre de 2024 tienen un pasivo pensional de $8.3 billones, específicamente la Universidad Nacional con $4.5 billones; como se puede ver, este desfinanciamiento estructural afecta al Sistema público de educación superior. En este contexto, la Contraloría hace un llamado al Gobierno Nacional para atender dicha situación. El SUE, en los últimos años ha propuesto la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la cual rige la educación superior; lo anterior, con el propósito de corregir el desfinanciamiento estructural del Sistema Universitario Estatal (SUE), esta reforma permite construir un nuevo modelo de sostenibilidad financiera; necesaria e impostergable, demandada por los estamentos del sector de la educación superior pública; que tiene como propósito, fortalecer las universidades oficiales.

Asimismo, el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades estatales, definidos en los artículos 86 y 87 de la Ley 30; consta de varios componentes: el presupuesto destinado al funcionamiento e inversión. Los recursos de funcionamiento, orientado al crecimiento sostenible de los recursos provistos por el Estado y requeridos para el funcionamiento de las universidades públicas, conformado por cuatro factores: presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferenciales salariales y productividad docente; además, aumentos de cobertura y cierre de brechas interinstitucionales. Estos recursos financieros están definidos y distribuidos, a través de un indicador de transferencia IPC. En este sentido, el SUE construyó un nuevo modelo de asignación de recursos financieros para la sostenibilidad de las universidades oficiales; que impida los déficits anuales originados en los costos educativos superiores al IPC. Estos costos han producido el desfinanciamiento estructural de la universidad pública; y con ello, una tendencia progresiva a la autosostenibilidad.

En este orden, la construcción del Ices (índice de la canasta educativa), como nuevo modelo de transferencia financiero para asignación estatal de recursos al SUE; reconoce la complejidad y diversidad del sistema; a la vez que, propende por el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales. El nuevo modelo de financiamiento recoge las experiencias vividas por el sistema, desde la aprobación de la Ley 30 de 1992. Donde hemos tenido incremento en cobertura, al pasar de 152 mil estudiantes en el año 1993 a 685 mil en 2024; esta ampliación de cobertura está acompañada de otros cambios, como lo es la formación de los profesores universitarios, investigación, internacionalización, movilidad de estudiantes, acreditación institucional de programas. Este crecimiento de las universidades, implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen una política de aseguramiento de la calidad. Todos los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC; lo que ha generado, como ya se dijo, un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de sostenibilidad financiero de las universidades públicas está soportado en el IPC, como indicador de transferencia de la nación a las universidades; insuficiente para el financiamiento del SUE.

Por consiguiente, el nuevo modelo de financiamiento propuesto, corrige el desfinanciamiento estructural y permite la sostenibilidad financiera. Es deber de la Comisión Sexta del Senado de la República tramitar en plenaria la discusión sobre el proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Contrario a ello, se estará profundizando el desfinanciamiento e insostenibilidad de la universidad pública, de tal forma que, el derecho a la educación de miles de jóvenes colombianos caerá en riesgo.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos

Tras casi cuatro años de vigencia de la Ley 2112 de 2021, de mi autoría, debo decir que me siento profundamente sorprendido por los resultados logrados hasta el día de hoy. Esta idea, que surgió en medio de la grave situación económica que vivía el país a causa de la pandemia del COVID-19, busca incentivar el emprendimiento y el escalamiento del tejido empresarial colombiano, a través del fortalecimiento de los Fondos de Capital Privado (FCP) que invierten en lo nuestro, en empresas nacionales, y generan empleo y bienestar en nuestro país.

Bien lo decía el expresidente Reagan: “La mejor política social es un empleo”. Y así lo entendieron en su momento los colegas que me acompañaron con esta iniciativa. Los recursos producto del ahorro de nuestras pensiones obligatorias, que invierten en empresas nacionales las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a través de los FCP, pasaron de COP $4,4 billones en abril de 2021 a COP $9,4 billones en marzo de 2025. Entiéndase bien: gracias a esta ley, en el término de cuatro años se han invertido más de COP $5 billones en empresas colombianas a lo largo y ancho del territorio nacional. Pocas leyes tienen este impacto económico.

Las AFP solían invertir muy poco de nuestros ahorros pensionales en activos que no fueran de los mismos grupos económicos a los cuales pertenecen, en títulos de deuda pública (TES) o en activos en el extranjero. Muchas veces resulta contradictorio que, mientras entidades como ProColombia o nuestro cuerpo diplomático en el exterior buscan inversionistas foráneos para que inviertan en nuestro país, los recursos de nuestros ahorros pensionales prefieran financiar iniciativas en el extranjero.

Esta realidad ya empezó a cambiar. La Ley 2112 les ordenó a las AFP invertir una proporción de nuestros ahorros en FCP, que hoy en día lo hacen en empresas que tienen presencia en 28 de los 32 departamentos del país y son responsables de más de 460 mil empleos. Además, estas empresas pertenecen a todos los sectores económicos y son de todos los tamaños: micro, pequeñas, medianas y grandes. Y lo que es mejor: debido a la diligencia con que tanto los fondos de pensiones como los fondos de capital han escogido a las empresas en donde invertir, la rentabilidad de estas inversiones ha sido muy positiva, lo que garantiza que nuestros ahorros pensionales no estén en riesgo.

Los resultados obtenidos gracias a la Ley 2112 demuestran que sí se vale creer en lo nuestro, invertir en lo nuestro de manera responsable y pensando en generar riqueza y bienestar. Con el esfuerzo y participación de todos los actores —Congreso, rama ejecutiva, AFP, FCP y, lo más importante, nuestra mano de obra nacional— podemos salir adelante y generar progreso.

Los datos de crecimiento económico del país durante el primer trimestre de 2025, del 2,7 %, mostraron que la participación de la inversión dentro del Producto Interno Bruto (PIB) fue de tan solo el 17,6 %, cuando el histórico desde 2005 ha sido del 21,6 %. Si queremos crecer, necesitamos inversión, y eso es justamente lo que busca la Ley 2112: incrementar la inversión, el empleo y la esperanza en Colombia.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

En el día de los profesores y profesoras; me honra felicitar y reconocer el ejercicio profesional de hombres y mujeres que, con vocación y convicción hacen del proceso formativo una preocupación y ocupación permanente; en particular, en los tiempos que corren, en donde la educación atraviesa momentos líquidos, confusos, angustiosos, en medio de instantes de soledad y falta de referentes orientadores y cohesionantes. Hoy, convivimos en instituciones educativas, llenas de incertidumbres y desconfianzas al lado de quienes las representan; en donde la gente se siente engañada, frustrada y traicionada, sin ser reconocida la función del maestro; contrario a esto, la noble labor del educador se encuentra relegada. Por ello, los momentos que transitamos, demandan del liderazgo de profesores que trasciendan y se conviertan en referentes de inspiración y motivación para las presentes generaciones. En este sentido, atravesamos, más que una crisis económica; una crisis del modelo de vida construido y normalizado; donde gran parte de la sociedad lo contempla; esperando la salvación de quienes nos han llevado hasta allí. Por consiguiente, una dimensión del liderazgo de los profesores es hacer posible esa salvación, recuperando los valores morales, sustituidos por las lógicas del mercantilismo, consumismo excesivo y globalización de la indiferencia.

Las presentes generaciones de profesores, deben dejar de ser espectadores y liderar esta causa de formación y transformación social, con principios y convicciones, continuar trabajando de manera decidida; para de esta forma, restaurar la memoria histórica desde la educación, un verdadero presente para los jóvenes que necesitan reconocerse y ser reconocidos. Retomando las palabras del papa Francisco; «… insistimos en la necesidad de mantener la memoria del futuro, no sustituir el camino por recorrer, por detenernos en cualquier oasis, que representan un espejismo; que han hecho cambiar el rostro humano por las pantallas de televisión; lo real por lo virtual, las preguntas que desgarran por las respuestas fáciles; lo fácil anestesia». Por ende, la preocupación y ocupación del profesor, son los niños y jóvenes que necesitan una formación integral para transformar sus vidas y el entorno social comunitario. Que despierte y promueva la amplitud del saber; con el fin de motivar en los estudiantes una vocación por el conocimiento. Asimismo, privilegiar la investigación como verdadera disciplina del ejercicio docente, un ser capaz de actuar frente a otras formas de pensar, que sea un crítico de su propia autonomía, que pueda orientar con entusiasmo el desarrollo cognitivo de sus alumnos. Es la mejor forma de lograr que el alumnado tenga la voluntad de esforzarse por llegar a la claridad y disciplina del saber. Un profesor con liderazgo académico, científico y compromiso social; que haga del diálogo pedagógico y social una convicción y provocación; que pueda desde su disciplina científica leer, interpretar y comprender los lenguajes y expresiones de la sociedad; estudiados y confrontados en el aula. No hay que olvidar que, el auténtico liderazgo de un maestro es responder con valentía a desafíos presentes y futuros en la formación de niños y jóvenes; para de este modo, construir un orden social justo, solidario y humano; no intentar perpetuar el actual sistema elitista y desigual del mundo. En consecuencia, los profesores y profesoras que poseen un conocimiento, tienen el deber moral de esforzarse por actualizarlo, enseñarlo y compartirlo con rigor de manera integral. Recuerden profesores y profesoras, que un título académico no puede centrarse en el bienestar personal, sino en un imperativo moral por construir una sociedad más justa e incluyente. Un educador con liderazgo, vocación y convicción para formar y transformar el presente. Feliz día a todos los maestros y maestras de Colombia.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

La educación es atravesada por tiempos de turbulencias y tendencias que la sacuden de un lado a otro; generando con esto, incertidumbre y desafíos para responder a las exigencias de formación. En este sentido, es necesario pensar en integrar la iniciativa emprendida por la Iglesia católica bajo el liderazgo del fallecido Papa Francisco, quien propuso liderar un Pacto global por la educación con el propósito de sumar e integrar esfuerzos que propicien una transformación cultural a través de la educación. El mundo atraviesa tiempos complejos, centrados en formas, etiquetas, superficialidades y un narcicismo envolvente que nos desvincula conduciéndonos a una sociedad del vacío; que requiere ser pensada en su esencia y contenido para su transformación humana y social; en este orden, una apuesta por un pacto educativo global. Es así como, el Papa Francisco invitaba a dialogar sobre las formas en que estamos construyendo el futuro del planeta y la necesidad de educar en los talentos y capacidades humanas; porque los cambios requieren de una educación que nos haga ser consciente, solidarios y fraternos; o sea, iniciativa de un acuerdo educativo global, cuyo centro sean los jóvenes que representan las actuales generaciones; para de esa forma, construir una educación abierta, incluyente y dialógica; que permita integrar y reconstruir un horizonte de sentido, que enfrente los desafíos que interpelan.

Dado lo anterior, el mundo actual en permanente transformación, atraviesa por multiplicidad de crisis políticas, religiosas, morales y económicas que tienen como factor común la violencia, desesperanza y la muerte; que, precipitan transformaciones culturales, antropológicas y nuevas formas de lenguaje, que descartan y anulan lo existente, sin ninguna reflexión; como señalaba el Papa Francisco en su carta encíclica Laudato Si: «La educación afronta la llamada rapidación que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia. En este contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante que contrasta la natural lentitud de la evolución biológica». Asistimos, al mundo de la inmediatez y rapidez; del menor esfuerzo posible, las salidas y repuestas fáciles; este enfoque antropológico y cultura de la existencia, desvincula, atomiza e individualiza.

En consecuencia, el pacto por la educación global que proponía el Papa, involucra a todos los actores de la sociedad en función de un gran acuerdo educativo centrado en siete vías: 1. Poner a la persona en el centro. Contra la cultura del descarte, poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, para hacer emerger su especificidad y su capacidad de estar en relación con los demás. 2. Escuchar a las jóvenes generaciones. Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes para construir juntos un futuro de justicia y de paz. 3. Promover a la mujer. Favorecer la plena participación de las niñas y las jóvenes en la educación. 4. Responsabilizar a la familia. Ver en la familia al primer e indispensable sujeto educador. 5. Abrirse a la acogida. Educar y educarnos en la acogida, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. 6. Renovar la economía y la política. Estudiar nuevas formas de entender la economía, la política, el desarrollo y el progreso, al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. 7. Cuidar la casa común. Custodiar y cultivar nuestra casa común, protegiendo sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y apostando por las energías renovables y respetuosas del medio ambiente. Esta iniciativa debe hacer parte de la reflexión acerca de la educación.