Categoría: Opinión

Por: Carlos Ordosgoitia Sanin

En el Caribe la luz que debería iluminar nuestras casas se ha convertido en un símbolo de desesperanza. La elevada y creciente tarifa de energía no solo es un golpe duro a la economía de las familias más vulnerables, sino que también es un foco que promueve la pobreza y alienta la violencia y el descontento social.

La indolencia del Gobierno frente a esta situación es inaceptable. Mientras la gente se esfuerza por pagar tarifas exorbitantes, el costo real de su bienestar se ignora, y la pobreza se convierte en un ciclo interminable que aplasta las esperanzas de más de 12 millones de habitantes del Caribe.

Hemos escuchado promesas vacías en las mesas de trabajo en las que el Gobierno y Afinia se comprometen a hallar soluciones para la crisis energética. Sin embargo, la única realidad palpable es el incremento constante en las tarifas de energía, que ha llevado a los estratos 1 y 2 a lidiar con recibos que superan los 300.000 pesos. ¿Cómo es posible que más de 8 millones de colombianos en el Caribe, pertenecientes a estos estratos, deban cargar con tal peso sobre sus hombros?

Es evidente que Afinia ha resultado ser peor que la enfermedad que significaba Electricaribe. En lugar de mejorar la calidad del servicio, se han impuesto soluciones que parecen ignorar el estallido social que se avecina por la indignación acumulada de los ciudadanos. No se puede jugar con la paciencia de una región que trabaja arduamente para salir adelante, la que ahora enfrenta un apagón de esperanza ante la falta de respuestas concretas.

El costo de la electricidad no solo afecta la economía familiar; también limita nuestra competitividad. El Caribe, con su potencial para el comercio, el emprendimiento y la creación de nuevas industrias, se encuentra estancado debido a un servicio esencial que se ha vuelto inalcanzable. Esta situación no solo es injusta, sino que es una ofensa a la dignidad de millones de colombianos que merecen un trato equitativo al que disfrutan otras regiones del país.

La hora de actuar es ahora. Exigimos una solución urgente y definitiva que no solo acabe con el abuso de tarifas, sino que restaure la confianza en las instituciones que deben velar por el bienestar de todos.

El Caribe necesita una estrategia que equilibre el acceso a la energía, promoviendo la justicia social y la equidad. Es tiempo que las autoridades escuchen el clamor de una región cansada de promesas vacías. La luz no es un lujo, sino un derecho para todos. ¡Basta ya de mirar hacia otro lado!

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

En los últimos años, ha prevalecido un tema que hace parte del debate en el sector de la educación superior y la opinión pública; el cual gira entorno a la reforma al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex); esta Institución ha permitido financiar el acceso a la educación superior y formación profesional a miles de jóvenes colombianos; pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, con tasas de interés más favorables, que el mercado financiero tradicional; pero, con intereses que en las últimas décadas generaron endeudamientos impagables a los jóvenes que accedieron a los mismos. Importante indicar que, esta situación tocó fondo en el primer semestre del año 2025; cuando el Icetex, como resultado de la situación fiscal del país, impide al Gobierno continuar con el subsidio a la tasa de interés de los créditos educativos otorgados. Olvidando que, estos subsidios garantizados durante los años 2023 y 2024 para 180 mil estudiantes, permitieron reducir el impacto de la inflación en los estudiantes beneficiarios; el monto para cubrir estos subsidios ascendió a 438.000 millones de peso, con los cuales, asumieron parte de los puntos adicionales al IPC en la tasa de interés; liquidando los créditos educativos con tasas de IPC + 2% y 4% para los créditos en mora.

En este sentido, para el año 2025 desparece este subsidio gubernamental y, en consecuencia, los créditos educativos regresan a las condiciones originalmente pactadas al momento de su aprobación. Cabe señalar que, el efecto de esta situación perjudica a 327. 000 estudiantes o egresados; entre los cuales, 18.000 no tendrán subsidios de graduación y excelencia; 125.000 estudiantes activos tendrán aumento en la tasa de interés, y 184.000 en período de amortización pagarán cuotas más altas. Como se puede observar, esta afectación económica pone en riesgo la permanencia de los estudiantes en el sistema de educación superior. De igual manera, la adjudicación de nuevos créditos se redujo en el 2025 al pasar de 50.000 que se ofrecieron en el 2024; estos pasaron a 10.000 créditos. Sin duda alguna, esta situación afecta el funcionamiento del sistema mixto de educación superior, y en particular, a las universidades privadas, que en alto porcentaje subsisten con créditos educativos del Icetex.

Por lo anterior, es oportuno y necesario profundizar la discusión alrededor de una reforma integral del Icetex, que priorice en la construcción de una entidad que impulse el acceso a la educación superior con enfoque territorial y social. Que apalanque y jalone la formación y desarrollo del talento humano joven de Colombia. Una institución crediticia que esté apalancada, principalmente por el Estado; de igual modo, con recursos financieros de los entes territoriales. Es pertinente decir, que el país debe concentrar sus esfuerzos de ampliación de cobertura en las regiones donde este indicador es deficitario. Concentrar estos esfuerzos en el centro del país, es una forma de perpetuar desigualdades e inequidades en materia de acceso a la educación superior.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Cumpliendo con los objetivos propuestos desde su origen, Propósito Colombia continúa recorriendo el país con la vocación irrenunciable de todo sus integrantes de unir esfuerzos para fomentar e impulsar el crecimiento integral de todas las regiones.

En esta enjundiosa travesía por todo el país, llegamos a la hermosa y acogedora ciudad de Bucaramanga, con la intención de seguir abriendo espacios de diálogo y de reflexión con los gremios, empresarios, microempresarios, educadores, estudiantes y líderes comunitarios que propendan por la búsqueda incesante de luchar por una causa común que nos permita enfrentar los desafíos que amenazan nuestro bienestar y desarrollo en las regiones. Sin duda alguna, es momento de escucharnos y trabajar juntos por un futuro más próspero y sostenible en Colombia.

Durante nuestro encuentro con la ciudadanía se llevaron a cabo dos foros cruciales: uno dedicado al medio ambiente y otro a la economía. Estos encuentros, que no son meros espacios de discusión, se convierten sin lugar a dudas en plataformas reales donde las voces de todos los sectores participantes son escuchadas con respeto y receptividad para su estudio pertinente. La informalidad, el emprendimiento y la generación de empleo son temas centrales que requieren atención y acción inmediata. No podemos permitir que nuestros jóvenes sigan viendo en la informalidad una opción viable; debemos fomentar espacios que valoren el emprendimiento formal y la creación de oportunidades laborables dignas.

El sector educativo juega un papel fundamental en este proceso. Los estudiantes de hoy son los líderes del mañana y, por lo tanto, deben ser empoderados con las herramientas necesarias para enfrentar los retos del futuro. Invertir en educación de calidad no es solo una responsabilidad social, sino una estrategia integral para el desarrollo económico del país. La educación es el camino hacia la innovación y la competitividad, y es esencial que todos nos comprometamos a garantizar que nuestros jóvenes tengan acceso a ella.

Visitamos el Páramo de Santurbán, ecosistema vital para la biodiversidad, que actúa como un regulador del agua para millones de colombianos. Necesitamos enviar un mensaje claro sobre la importancia de la minería responsable y sostenible. El desarrollo económico de nuestro país, no debe sustentarse solamente a costa de nuestros recursos naturales; es posible tener una minería responsable, en un marco de desarrollo sostenible, si las instituciones funcionan, si las empresas cumplen con las mejores prácticas y si la sociedad civil participa activamente en la rendición de cuentas de las empresas estatales y de las compañías mineras.

Debemos ser conscientes de que la informalidad, aunque puede parecer una respuesta inmediata a la necesidad económica, crea un círculo vicioso que perpetúa la pobreza. Necesitamos políticas públicas que fomenten la formalización de microempresas y el respaldo a emprendedores. Estos son quienes, con creatividad y esfuerzo, pueden generar empleo y contribuir al crecimiento económico del país. Es esencial que el gobierno y el sector privado trabajen juntos para crear un ambiente propicio para el emprendimiento y la formalización.

Por otra parte, la gestión ambiental y la economía no deben verse como entidades opuestas. Es posible promover el desarrollo económico mientras se protege el medio ambiente. Innovaciones en tecnologías limpias y métodos de producción sostenible pueden ser el camino a seguir para lograr un equilibrio que beneficie a todos.

La integración de todos estos sectores es crucial para el éxito de estas iniciativas. Debemos escuchar a los gremios y empresarios, recoger sus inquietudes y propuestas, y utilizar esa información para fomentar la creación de políticas efectivas. La sinergia entre educación, medio ambiente y productividad será la clave para alcanzar un desarrollo armónico.

En conclusión, el desafío que enfrentamos no es menor. Pero, con compromisos compartidos, podemos transformar a las regiones de Colombia en un modelo de sostenibilidad. Es hora de unir fuerzas y avanzar hacia un futuro donde cada voz cuente y cada acción tenga un impacto positivo en nuestra sociedad. Cada gesto, cada conversación y cada esfuerzo cuenta. Juntos, con determinación y pasión, podemos cultivar un mañana brillante lleno de oportunidades para todos y así lo estamos haciendo desde Propósito Colombia.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Gobernar impera responsabilidad y conciencia sobre la trascendencia de la función majestuosa de dirigir un territorio; cada acción y decisión que se asume y ejecuta impacta de manera crucial en la ciudadanía. El liderazgo de los gobernantes recae en la habilidad para atender los anhelos de la gente, sin importar circunstancias electorales. Un líder tiene el mandato claro de responder a las necesidades de las comunidades y transformar sus demandas en soluciones reales.

La eficacia de la política pública radica en la escucha activa de las comunidades. Al abrir canales de diálogo sincero, no solo se reconoce la pluralidad, sino que también se fomenta un sentido de pertenencia que enriquece al país. Cada región, con sus características únicas, aporta una pieza fundamental al mosaico nacional, y al ser escuchadas, avanzamos hacia un desarrollo inclusivo y próspero.

Es indispensable que las políticas públicas no sean unilaterales. Necesitamos un marco de reglas donde las comunidades participen activamente en el desarrollo de los territorios. Al fortalecer la colaboración entre el gobierno y la ciudadanía, se crean dinámicas donde las necesidades locales impulsan el bienestar colectivo, incentivando una visión de país que involucra a todos.

La conexión directa entre los gobernantes y el pueblo es la esencia de la política efectiva. Los liderazgos genuinos cumplen sus promesas de campaña y se mantienen fieles a sus compromisos. Este lazo de confianza, una vez formado, se convierte en el pilar sobre el cual se erigen gobiernos responsables y transparentes.

Colombia enfrenta grandes desafíos y grandes oportunidades. En este escenario, la unidad nacional se erige como el camino hacia una sociedad estable y segura. Solidificar la generación de ingresos, proteger los derechos de todos y garantizar la libertad individual son compromisos que requieren una visión compartida. Alejarnos de divisiones y estigmas es esencial para avanzar juntos.

Reconocer y valorar la diversidad es también reconocer el potencial de cada ciudadano, desde campesinos hasta empresarios, desde académicos hasta miembros de la Fuerza Pública. Al construir consensos, creamos un ambiente propicio para la paz, el progreso y la erradicación de problemas históricos como el narcotráfico. Solo así podremos imaginar un futuro sin violencia. Las garantías plenas son el cimiento de una Colombia diversa y unida. No podemos permitir que las diferencias ideológicas o culturales se conviertan en barreras. En su lugar, deben ser respetadas y protegidas.

En cada nivel de gobierno, el servicio a la ciudadanía debe ser la máxima prioridad. Al alinearnos con este principio, se logran crear puentes que acortan la distancia entre los gobiernos y las comunidades. Solo a través de la colaboración verdadera podremos gestionar un cambio que refuerce nuestra sociedad en todos sus aspectos.

Imaginemos una Colombia donde cada voz cuenta, donde cada necesidad es atendida y donde el futuro es moldeado por el esfuerzo concertado de todos. Con determinación y respeto mutuo, podemos asegurar un futuro lleno de posibilidades y realizar el sueño de un mejor mañana para todos los colombianos.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del Departamento de Córdoba

La reglamentación del Acto Legislativo 3 de 2024 por parte del Congreso de la República, que fortalece la autonomía territorial, es el mecanismo por el cual se puede materializar el gran logro de esta modificación a la Constitución. “Dios está en los detalles”, afirmaba un arquitecto alemán. Y el éxito o no de este acto legislativo está en su reglamentación y desarrollo normativo. Esta reglamentación deberá considerar, además de los elementos indicados en el acto legislativo, al menos cuatro elementos fundamentales.

En primer lugar, una recategorización de departamentos y municipios que contemple criterios adicionales para este ejercicio. Actualmente, la categorización se encuentra en función de dos criterios: población e ingresos corrientes de libre destinación. Ya la Misión de Descentralización propuso la inclusión de otros criterios que considero pertinentes: ingresos totales, pobreza, índice de densidad y distancias, entre otros. Esto reflejaría mejor la realidad territorial en diferentes ámbitos.

En segundo lugar, una mayor flexibilidad para la destinación de los recursos a nivel territorial. Esta necesidad parte del reconocimiento de que la definición detallada de porcentajes para el uso de recursos a nivel legal se convierte en una rigidez que desconoce las necesidades sectoriales diferenciadas en los territorios.

En tercer lugar, un mayor apoyo a la descentralización a nivel departamental. Este se sustenta en que es a este nivel donde se presenta una visión de ejecución de proyectos regionales o de gran impacto nacional, además del aprovechamiento de economías de escala que pueden alcanzarse allí, una visión que en unidades territoriales más pequeñas puede no considerarse.

En cuarto lugar, un fortalecimiento tanto de las capacidades técnicas y administrativas de las entidades territoriales como de los organismos de control. Esto permitiría una adecuada ejecución de los recursos y su protección ante eventuales hechos de corrupción.

La reglamentación del acto legislativo constituye una gran oportunidad para el cierre de brechas en materia de educación, salud, acceso a agua potable y saneamiento básico, así como en otros sectores, como vías rurales. Espero que, bajo el liderazgo del nuevo gabinete nacional y del Congreso de la República, la reglamentación sea una realidad y podamos alcanzar una descentralización efectiva en pro de todos los colombianos.

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Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 19 de febrero en sesión de la Comisión Sexta del Senado de la República, fue aprobado en primer debate, la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992; lo que permite avanzar en el trámite legislativo para construir un nuevo modelo de sostenibilidad y fortalecimiento financiero del sistema de educación superior pública. Importante reafirmar el liderazgo del Sistema Universitario Estatal SUE y su Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros consciente de la necesidad que tienen las Universidades Públicas de resolver su desfinanciamiento estructural, estudió y construyó la propuesta para reestructurar o actualizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, para lo cual se cimentó un modelo que tuvo como base las siguientes premisas: 1. Los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 no contemplaron los recursos para atender la evolución de las Universidades: ampliación de cobertura de 159.218 estudiantes en 1993 a 687.365 en el 2023, requerimientos de nuevos docentes, pasando de 22.988 docentes en 2004 a 40.371 en el 2023 en tiempos completos equivalentes, requerimiento de ampliación de infraestructura física, pasando de 2.178.000 m². en el 2003 a 4.500.022 m². en 2022, requerimientos de infraestructura tecnológica y equipos de apoyo académico, laboratorios, crecimiento de grupos de investigación, ampliación de los programas de bienestar, recursos para internacionalización, entre otros. 2. En 1992, a la par con la expedición de la Ley 30, el Gobierno Nacional promulgó el Decreto 1444 modificado por el Decreto 1279 de 2002, por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los docentes de las universidades públicas; sin embargo, en los mismos, no se incorporó la fuente de financiación. Este Decreto abrió la posibilidad de reconocimiento a los méritos académicos de los docentes, los cuales, a su vez, repercuten en avances de indicadores para las universidades, iniciando un trayecto ascendente y sin financiación de los gastos de funcionamiento asociados a la nómina, toda vez que, estableció puntos de carácter salarial que se asignan cada año y se vuelven permanentes, representando en promedio 2,95 puntos porcentuales por encima del IPC de cada año. 3. Sumado a lo anterior, anualmente, el Gobierno Nacional expide un decreto de incremento salarial para los funcionarios públicos; que en los últimos años ha sido de alrededor de 1,6 puntos por encima del IPC, los cuales no cuentan con fuente de financiación específica para las universidades públicas. En particular, vale la pena aclarar que el Índice de Costos de Educación Superior, no soluciona los puntos de financiación antes citados; se reitera que, bajo ninguna circunstancia puede entenderse que este único cambio (reemplazo del IPC por el Ices) otorga una solución estructural al problema de desfinanciación de las Universidades Públicas.

Finalmente, recalcamos que, la inclusión de los recursos para dar cumplimiento a estos decretos de orden laboral, representan el verdadero rescate a la sostenibilidad y financiación de la educación superior pública, ya que son estas normas expedidas por el Gobierno Nacional las que se encuentran desfinanciadas desde su promulgación, y constituyen uno de los elementos de mayor impacto en las finanzas de las Universidades Públicas. Por ello, la aprobación en primer debate de este proyecto de ley; debe incorporar los ajustes mencionados y poder contar con un sistema de financiación que permita que las universidades públicas y demás IES públicas operen adecuadamente y sean sostenibles en el tiempo.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Siempre se ha dicho que el Caribe es un paraíso lleno de talento, pero lo que realmente destaca es el potencial indeclinable de su gente por la superación y el progreso. Es imperativo que concentremos nuestros esfuerzos en formalizar el empleo y educar de manera pertinente y ejemplar a nuestra región. Solo así podremos construir un Caribe que no solo sobreviva, sino que prospere en un mundo en constante cambio.

La formalización de empleos y oficios en el Caribe no es solo una tarea inaplazable; es una necesidad urgente. Las pequeñas empresas, frecuentemente las más dinámicas en nuestras comunidades, necesitan apoyo para acceder a los beneficios que brinda la economía formal: seguridad social, financiamiento y oportunidades de crecimiento empresarial. Sin embargo, para que esto suceda, es vital que estas organizaciones encuentren en el gobierno y en los gremios el apoyo necesario para superar las barreras que actualmente enfrentan.

Educar con pertinencia es otro desafío crucial. Este tipo de educación va más allá del simple hecho de transmitir conocimientos; busca formar a individuos que entiendan su entorno, que sean capaces de mejorarlo, que tengan la visión de un futuro mejor. Es fundamental que los colegios y centros educativos del Caribe adapten su currículo al contexto y las oportunidades locales, empoderando a los estudiantes con las herramientas necesarias para prosperar.

Para enfrentar estos retos, es vital el desarrollo de un plan estratégico que facilite la formalización de oficios. Este debería incluir la eliminación de costos gremiales y asociativos, con el fin de alentar a aquellos que desean formalizarse, pero están detenidos por las barreras económicas. Un plan así no solo ayudaría a los emprendedores a establecer su base, sino que también permitiría que sus oficios se convirtieran en motores económicos para sus comunidades.

La formalización trae consigo la posibilidad de acceder a la banca y a los subsidios, y en última instancia, proporciona la estabilidad necesaria para que empresas y trabajadores crezcan con confianza. El acceso a financiamiento es un punto clave: sin él, los pequeños empresarios encuentran limitaciones significativas para expandir sus operaciones y mejorar su rentabilidad.

Además de permitir a los trabajadores obtener seguridad social y otros beneficios, la formalización ayuda a crear una cultura empresarial más sólida. Con contratos más articulados y condiciones de pago claras, nuestras empresas pueden operar con la certeza de que sus esfuerzos serán remunerados de manera justa y oportuna.

A medida que avanzamos hacia este destino prometedor, es esencial la colaboración entre los sectores público y privado. Solo mediante un esfuerzo mancomunado podremos lograr que la formalización y la educación pertinente sean una realidad palpable para todos.

Con una visión clara y un compromiso férreo hacia la mejora, el Caribe tendrá la capacidad de transformarse en un ejemplo a seguir para otras regiones. Con cada paso que damos hacia la formalización y una educación mejor adaptada, avanzamos hacia un futuro donde nuestra gente no solo sueñe con un mañana mejor, sino que pueda vivirlo diariamente, porque el Caribe, con su sol radiante, mares azules y verdes praderas, también debe brillar con la luz del progreso, la equidad y la competitividad.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

El próximo 17 de febrero, la comisión sexta del Senado de la República realizará la audiencia pública sobre el Proyecto de Ley No. 212 de 2024, denominado: Rescate Financiero de la Educación Superior Pública «Por el cual se modifica parcialmente el Capítulo V del Título III de la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones»; proyecto que tiene como finalidad, reestructurar y actualizar los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, cuyo propósito es corregir el desfinanciamiento estructural de las universidades oficiales, esta reforma permite construir un nuevo modelo de sostenibilidad financiera; demandada por los estamentos del sector de la educación superior pública.

En calidad de Sistema Universitario Estatal (SUE), manifestamos la necesidad de tramitar el proyecto de ley en mención; escuchando las voces de los actores del sector de la educación superior; creando de esta forma un ambiente de diálogo y deliberación pública; donde prevalezcan argumentos y propuestas para fortalecer la iniciativa legislativa, con el propósito de construir una reforma estructural que rescate financieramente las instituciones de educación superior estatal. En este sentido, desde el SUE, proponemos, en el trámite de la reforma, hacer énfasis en los siguientes puntos: 1. El índice de costos de la educación superior (Ices), es solo una de las 7 variables que constituyen el modelo de financiación planteado por el SUE, razón por la que, bajo ninguna circunstancia puede entenderse que este único cambio (reemplazo del IPC por el Ices) otorga una solución estructural al problema de desfinanciación de las Universidades Públicas. 2. En la redacción actual del articulado se incluyen los temas relacionados con los recursos de financiación del Sistema Salarial y Prestacional Docente, así como los demás costos salariales; el parágrafo segundo del PL; contempla, que están sujetos a disponibilidad presupuestal y a la inclusión de los mismos en el Presupuesto General de la Nación; lo cual no es garantía para las Universidades Públicas, dejándonos en la situación actual en que estamos, solicitando cada año, recursos para atender los déficits presupuestales producto de la aplicación del Sistema Salarial y Prestacional Docente regulado por el Decreto 1279 de 2002, los decretos de incremento salarial que expide cada año el Gobierno y los demás decretos y normas relacionadas con gastos asociados a la nómina.

De igual modo, es necesario reiterar que una reforma al actual artículo 86 de la Ley 30, que no contemple el Sistema Salarial y Prestacional Docente ni los demás incrementos de obligaciones laborales, se convierte en un ajuste temporal, que no sanea el problema económico de fondo. Por lo anterior, la inclusión de los recursos para dar cumplimiento a estos decretos de orden laboral, representan el verdadero rescate a la sostenibilidad y financiación de la educación superior pública, ya que son estas normas expedidas por el Gobierno nacional las que se encuentran desfinanciadas desde su promulgación y asumidas por las universidades estatales, a través de la generación de recursos propios. Esta reforma debe responderle a la juventud colombiana; de esa forma, garantizar una universidad pública democrática, descentralizada, sostenible financieramente, con calidad y pertinencia para las presentes y futuras generaciones.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador de Córdoba 

“Saber otro idioma es poseer una segunda alma”, afirmaba el emperador Carlomagno, y en su imperio se hablaban diversos idiomas. Mil doscientos años después de su muerte, la relevancia de dominar un segundo idioma o más sigue siendo igual de preponderante.

En un mundo con más de 8.000 millones de habitantes y más de 7.000 idiomas existentes, en Colombia y en el departamento de Córdoba, del cual soy Gobernador, el gran reto para integrarnos al mundo es dominar con holgura una segunda lengua.

Un estudio realizado en 2016 sobre los idiomas más influyentes indicaba que el inglés era el más influyente del mundo, seguido del mandarín, el francés y el español. Esta relevancia del idioma inglés fue determinada considerando cinco oportunidades que se pueden abrir si lo dominamos: un componente geográfico, que nos permite comunicarnos al viajar; un componente económico, que facilita hacer negocios con el resto del mundo; un componente netamente comunicacional; un componente de conocimiento y medios de comunicación; y un componente diplomático.

Esta importancia del inglés a nivel mundial también se refleja en Colombia. El idioma oficial de nuestro principal socio comercial es el inglés, el mayor número de turistas extranjeros proviene de países angloparlantes, y el idioma de los principales inversionistas extranjeros en el país es el inglés. Uno de los indicadores del Índice Departamental de Competitividad, elaborado por la Universidad del Rosario y el Consejo Privado de Competitividad, hace referencia al nivel de dominio del inglés.

Sin embargo, el dominio de este idioma no es el fuerte del país. De acuerdo con el ranking English Proficiency Index, elaborado por la firma EF, entre 116 países analizados, Colombia ocupa la posición 74, con un nivel bajo. En el departamento de Córdoba y su capital, el dominio del inglés está clasificado como muy bajo.

Por ello, recientemente lancé el programa “Al inglés dile Yes” en el departamento de Córdoba. Es un proyecto de bilingüismo para 40 colegios oficiales que impactará directamente a más de 33.000 niños, niñas y jóvenes de siete municipios con potencial turístico: Moñitos, Ayapel, San Pelayo, San Bernardo del Viento, San Antero, San Andrés de Sotavento y Puerto Escondido.

El programa de bilingüismo en estos municipios es una apuesta clave para el desarrollo educativo, económico y cultural del departamento. Fortalecer el aprendizaje del inglés en estas zonas permitirá que la comunidad, especialmente jóvenes y emprendedores, tenga más oportunidades en el sector turístico, facilitando la comunicación con visitantes nacionales e internacionales. Esto no solo mejorará la calidad del servicio, sino que también posicionará a Córdoba como un destino más competitivo y atractivo, impulsando el crecimiento de la economía local e integrándonos al resto del mundo.

Este es un esfuerzo que hacemos desde el departamento, y esperamos que el Gobierno Nacional apoye e impulse este tipo de iniciativas para convertirlas en un detonante del progreso que tanto claman los territorios.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

El territorio del Caribe colombiano, vibrante y diverso, con sus ocho departamentos y 199 municipios, representando el 11.6% del territorio nacional, se ha constituido en un atesorado polo de desarrollo para el país, sustentado sobre una base económica variada en donde se destacan principalmente la agricultura, ganadería, minería, industria, turismo y trasporte marítimo, este último conectando al país al comercio exterior a través de los puertos marítimos del mar caribe.

La riqueza cultural de nuestra valiosa y bella región está caracterizada por la mezcla de culturas indígenas, africanas y europeas, así como su estratégica ubicación geográfica y sus recursos naturales, lo que la convierten en una joya del país. Sin embargo, para que la región brille con todo su esplendor y se convierta en el motor económico que Colombia necesita, es imperativo que enfrentemos los desafíos de seguridad que la aquejan. Garantizando así la tranquilidad de sus habitantes y sentar una base fundamental para el desarrollo económico y social.

El primer paso para fortalecer nuestra Región Caribe es mejorar la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales. La cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de la inteligencia son claves para desarticular estos grupos. Además, se hace necesaria una presencia visible y continua de la fuerza pública, especialmente en zonas estratégicas utilizadas para el tráfico de drogas y contrabando.

Controlar las rutas marítimas y fluviales es esencial. Estas vías no solo conectan la región con el resto del país y el mundo, sino que desafortunadamente son utilizadas por organizaciones delictivas. Es imperiosa la desarticulación de redes de lavado de activos que operan tanto en el sector turístico como en el inmobiliario, tarea prioritaria que ayudará a sanear la economía.

El fortalecimiento de la Policía Metropolitana en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería garantizará que las comunidades urbanas y rurales sean espacios seguros, para lo que es indispensable la coordinación con cada uno de los municipios, logrando que las acciones y estrategias de inteligencia y seguridad se extiendan hasta el último rincón de la región, con la implementación y uso de tecnología avanzada en vigilancia para mejorar la capacidad de respuesta de nuestras fuerzas policiales.

Prevenir el delito juvenil es vital. Lo que se debe realizar a través de estrategias centradas en educación y empleo, brindando a nuestros jóvenes oportunidades reales que alejen sus vidas del crimen.

Resulta de vital importancia brindar seguridad rural, la cual nunca debe ser olvidada ni descuidada. Por ello se hace necesario lograr una mayor presencia en áreas rurales afectadas por grupos armados, asegurando que las familias que dependen de la agroindustria y los recursos mineros no sean víctimas de extorsión ni desplazamientos forzados.

En nuestras fronteras, particularmente con Venezuela en La Guajira, es fundamental implementar estrategias de seguridad y colaboración binacional. Las tres fuerzas armadas deben trabajar conjuntamente para asegurar que estas áreas no se conviertan en pasajes para el crimen transfronterizo.

Estoy seguro de que logrando poner en marcha un plan riguroso de seguridad en nuestra región lograremos la construcción de un Caribe seguro y próspero, para lo que también es fundamental que todas las comunidades se unan en este empeño. Estoy plenamente convencido que la seguridad es el primer eslabón de la democracia y, con ella, nuestro potencial económico y social no conocerá límites.

Los 199 municipios de la Región Caribe son más que un número: son la esperanza de un mañana pleno y lleno de grandes oportunidades. Unidos, podremos lograr que nuestra región sea vista como un símbolo de resiliencia y progreso, donde la seguridad y el desarrollo económico vayan de la mano. Juntos debemos forjar un futuro brillante, donde cada rincón del Caribe brille con el potencial de su gente, para transformar nuestras comunidades en motores de cambio, y escribiendo la nueva historia de un Caribe renovado, fuerte y capaz de afrontar cualquier desafío.