Categoría: Opinión

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

El territorio del Caribe colombiano, vibrante y diverso, con sus ocho departamentos y 199 municipios, representando el 11.6% del territorio nacional, se ha constituido en un atesorado polo de desarrollo para el país, sustentado sobre una base económica variada en donde se destacan principalmente la agricultura, ganadería, minería, industria, turismo y trasporte marítimo, este último conectando al país al comercio exterior a través de los puertos marítimos del mar caribe.

La riqueza cultural de nuestra valiosa y bella región está caracterizada por la mezcla de culturas indígenas, africanas y europeas, así como su estratégica ubicación geográfica y sus recursos naturales, lo que la convierten en una joya del país. Sin embargo, para que la región brille con todo su esplendor y se convierta en el motor económico que Colombia necesita, es imperativo que enfrentemos los desafíos de seguridad que la aquejan. Garantizando así la tranquilidad de sus habitantes y sentar una base fundamental para el desarrollo económico y social.

El primer paso para fortalecer nuestra Región Caribe es mejorar la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales. La cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de la inteligencia son claves para desarticular estos grupos. Además, se hace necesaria una presencia visible y continua de la fuerza pública, especialmente en zonas estratégicas utilizadas para el tráfico de drogas y contrabando.

Controlar las rutas marítimas y fluviales es esencial. Estas vías no solo conectan la región con el resto del país y el mundo, sino que desafortunadamente son utilizadas por organizaciones delictivas. Es imperiosa la desarticulación de redes de lavado de activos que operan tanto en el sector turístico como en el inmobiliario, tarea prioritaria que ayudará a sanear la economía.

El fortalecimiento de la Policía Metropolitana en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería garantizará que las comunidades urbanas y rurales sean espacios seguros, para lo que es indispensable la coordinación con cada uno de los municipios, logrando que las acciones y estrategias de inteligencia y seguridad se extiendan hasta el último rincón de la región, con la implementación y uso de tecnología avanzada en vigilancia para mejorar la capacidad de respuesta de nuestras fuerzas policiales.

Prevenir el delito juvenil es vital. Lo que se debe realizar a través de estrategias centradas en educación y empleo, brindando a nuestros jóvenes oportunidades reales que alejen sus vidas del crimen.

Resulta de vital importancia brindar seguridad rural, la cual nunca debe ser olvidada ni descuidada. Por ello se hace necesario lograr una mayor presencia en áreas rurales afectadas por grupos armados, asegurando que las familias que dependen de la agroindustria y los recursos mineros no sean víctimas de extorsión ni desplazamientos forzados.

En nuestras fronteras, particularmente con Venezuela en La Guajira, es fundamental implementar estrategias de seguridad y colaboración binacional. Las tres fuerzas armadas deben trabajar conjuntamente para asegurar que estas áreas no se conviertan en pasajes para el crimen transfronterizo.

Estoy seguro de que logrando poner en marcha un plan riguroso de seguridad en nuestra región lograremos la construcción de un Caribe seguro y próspero, para lo que también es fundamental que todas las comunidades se unan en este empeño. Estoy plenamente convencido que la seguridad es el primer eslabón de la democracia y, con ella, nuestro potencial económico y social no conocerá límites.

Los 199 municipios de la Región Caribe son más que un número: son la esperanza de un mañana pleno y lleno de grandes oportunidades. Unidos, podremos lograr que nuestra región sea vista como un símbolo de resiliencia y progreso, donde la seguridad y el desarrollo económico vayan de la mano. Juntos debemos forjar un futuro brillante, donde cada rincón del Caribe brille con el potencial de su gente, para transformar nuestras comunidades en motores de cambio, y escribiendo la nueva historia de un Caribe renovado, fuerte y capaz de afrontar cualquier desafío.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

Las apuestas en materia de educación superior contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo; son apuestas a la ampliación y cumplimiento del derecho a la educación. Desde el Sistema Universitario Estatal SUE, reafirmamos nuestro compromiso para acompañar su ejecución; por consiguiente, expresamos las siguientes preocupaciones y dificultades en cuanto al funcionamiento de las universidades agrupadas en el SUE:

1. Programa de Gratuidad en la matrícula: Frente a esta política instituida en el Artículo 27 de la Ley 2155 de 2021 y reglamentada mediante el Decreto 1667 de 2021, es preciso exponer que, previo a esta iniciativa del Gobierno, sobre la cual acompañamos su fin, las universidades recibían el 100% de los ingresos por concepto de matrícula, un mes anticipado al inicio del respectivo semestre académico. Este recaudo se ha visto notablemente afectado con la operación del programa de Gratuidad; en este sentido, reiteramos la necesidad de una revisión a la metodología de validación y pago de matrículas a las Universidades; la cual es una responsabilidad del Gobierno Nacional, aclarando que, el recurso debe ser transferido en su totalidad a las IES públicas, previo al inicio de cada período académico.

2. Solicitud de los 5 puntos adicionales al IPC para garantizar los gastos de personal y cierre de brechas: Las Universidades Públicas, hemos mencionado la necesidad de ajustar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que estableció la transferencia del aporte de la Nación basada en la indexación o IPC de cada año; indicador deficitario y causante del desfinanciamiento estructural de la universidad pública; por ello, cursa el Proyecto de Ley 212 de 2024 de Rescate Financiero a la Educación Superior Pública, sobre el cual se requieren unos ajustes en su estructura para que realmente ocasione los impactos esperados para construir un nuevo modelo financiero de las Universidades Públicas; y, conociendo los tiempos de trámite y aprobación ante el Congreso de la República, es necesario garantizar la transferencia de los 5 puntos porcentuales adicionales al IPC a la base presupuestal en la vigencia 2025; esto, con el propósito de atender la nómina docente que crece por encima del IPC; además, los gastos de personal que se incrementan de acuerdo con decretos expedidos por el Gobierno Nacional.

3. Recursos de Plan de Fomento y/o Recursos de Inversión 2025. Es necesario que el Gobierno asegure y garantice a las IES públicas para la vigencia 2025, los recursos de inversión conocidos como Plan de Fomento, destinados para financiar necesidades de infraestructura física, tecnológica y otras apuestas de fortalecimiento institucional.

4. Ampliación de cobertura y PIC 2025. En el tema de ampliación de cobertura en educación superior pública, las Universidades Públicas mantenemos nuestro compromiso de hacer los mayores esfuerzos para atender las metas de crecimiento de la población matriculada en nuestras instituciones, sin desconocer las dificultades económicas en algunas regiones.

5. Reglamentación de Leyes de Gratuidad en Inscripciones y Derechos de Grado. En la vigencia 2024 se expidió la Ley 2367 del 12 de julio de 2024, por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar el acceso a la educación superior y, dictan otras disposiciones cuyo objetivo principal es «promover el acceso a la educación superior, otorgando la gratuidad del derecho de inscripción a las instituciones de educación superior públicas para quienes no puedan asumir su costo dada su situación de pobreza o condición de vulnerabilidad». De igual forma, se expidió la Ley 2391, por medio de la cual se establece la gratuidad en el pago de los derechos de grado.

En este sentido, desde el SUE, requerimos conocer el estado de la reglamentación para, de esta forma, poder atender las solicitudes e inquietudes que llegan por parte de los aspirantes y estudiantes de nuestras instituciones, así como el procedimiento, operación y financiación de las mismas. Nuestro compromiso y liderazgo están centrados en la defensa y fortalecimiento de la universidad pública y el sistema de educación superior.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

En un mundo globalizado donde los mercados están interconectados y la demanda de alimentos es más alta que nunca, asegurar la calidad alimentaria se ha convertido en pilar fundamental para el bienestar de nuestra sociedad. Sin el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria, no puede asegurarse la vida, la dignidad humana, ni el disfrute de otros derechos humanos.

El derecho a la alimentación adecuada debe concebirse como un derecho inalienable dispuesto a atender tanto la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos de una forma sostenible, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada, respetando su identidad.

La producción de alimentos no es únicamente un proceso industrial, sino que involucra además factores determinantes del medio ambiente, entornos y estilos de vida, situaciones nutricionales de la población y acceso a los servicios de salud, agua potable y saneamiento básico.

Una primera línea de defensa esencial es nuestra producción primaria, que comienza con el uso de semillas certificadas y el cultivo en suelos adecuados. Estos son los fundamentos para obtener productos saludables y nutritivos. A esto se suma el uso controlado de fertilizantes y pesticidas, prácticas que deben ser minuciosamente gestionadas para evitar residuos perjudiciales que puedan afectar no solo a los consumidores, sino al propio entorno en que vivimos.

El manejo del agua de riego también forma una parte crucial de esta ecuación. El acceso a agua limpia y su uso controlado es indispensable no solo para el crecimiento de plantas sanas, sino también para prevenir la introducción de agentes patógenos que podrían poner en riesgo toda la cadena alimentaria.

Tras la cosecha, el enfoque cambia hacia la conservación de lo logrado. La manipulación de los alimentos debe ser realizada con un nivel higiénico riguroso. El almacenamiento adecuado es esencial para evitar la contaminación y el control de plagas, lo que a su vez garantiza que los cultivos no sufran pérdidas innecesarias.

Los procesos de transporte deben asegurar que los alimentos se mantengan bajo condiciones óptimas de temperatura y preservación, permitiendo que lleguen frescos y seguros a su destino final. La correcta transformación y empaquetado de los productos son etapas igualmente críticas para prevenir cualquier tipo de degradación o contaminación.

En estos procesos, la regulación y el control de calidad no pueden pasarse por alto. El cumplimiento de normativas internacionales como las de la OMS y FAO, así como regulaciones nacionales, debe ser una prioridad. A través de inspecciones regulares y pruebas de calidad, podemos identificar y mitigar cualquier posible riesgo de contaminantes biológicos, químicos o físicos.

Otra capa esencial es la educación del consumidor. Enseñar a las personas cómo manipular y cocinar correctamente sus alimentos garantiza que estos esfuerzos a lo largo de la cadena de suministro no se desperdicien. Además, estas prácticas educativas pueden ayudar significativamente a reducir el desperdicio de alimentos, promoviendo el almacenamiento doméstico correcto y fomentando hábitos más sostenibles.

Para asegurar un futuro alimentario seguro y sostenible, es fundamental reconocer la importancia de la seguridad en los territorios rurales, permitiendo a los agricultores trabajar sin temor a conflictos o desplazamientos. Asimismo, la educación continua proporciona a estos trabajadores las herramientas necesarias para innovar y adoptar prácticas agrícolas sostenibles.

Además la salud, apoyada por servicios de telemedicina, garantiza que los campesinos tengan acceso a los cuidados médicos necesarios sin tener que desplazarse grandes distancias, lo cual es vital para su bienestar y su capacidad de trabajo. Estas medidas no solo mejoran su calidad de vida, sino que también fortalecen toda la cadena alimentaria, asegurando que los alimentos lleguen a nuestras mesas de manera segura y eficiente.

En última instancia, todos los actores dentro de esta compleja red, desde agricultores hasta consumidores, debemos trabajar en un espíritu de colaboración y responsabilidad compartida. Al adoptar un enfoque integrado y consciente, podemos garantizar que las generaciones futuras disfruten de un suministro constante de alimentos seguros y nutritivos.

Con esfuerzos conjuntos y un compromiso renovado hacia la seguridad alimentaria, podemos aspirar a un futuro en el que cada comida es motivo de celebración y donde la alimentación segura se convierte en un derecho universal, beneficiando a todos los rincones de nuestro país.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador del Departamento de Córdoba

En la academia el debate sobre las políticas y beneficios de las políticas de austeridad es amplio. De una parte, se encuentran teorías de austeridad como las de Alberto Alesina y los denominados “austerianos” que hacen énfasis en la confianza que genera la austeridad y de otra, teorías como las del premio nobel de economía Paul Krugman, quien afirma que las políticas de austeridad, bajo ciertas circunstancias, son un engaño y que, al aplicar estas políticas a una economía ya deprimida, no la ayudará y, por el contrario, empeorará su situación.

Mientras ese debate teórico se decanta, en países como Colombia las restricciones autoimpuestas como la regla fiscal y los ojos críticos de las calificadoras de riesgo y de las instituciones multilaterales, premian la austeridad. Es en ese marco institucional y con esas realidades, donde tanto a nivel nacional como territorial, nos debemos desenvolver y tomar decisiones en 2025.

Para este año y en Colombia en particular, se presentan varios elementos que proyectan un difícil periodo en términos del deficiente recaudo tributario, y que seguro se acentuará, para hacer inversiones. El primero de ellos es el bajo crecimiento económico estimado para 2025 de un 3% de conformidad con el equipo técnico del Banco de la República, que limitará de igual forma el recaudo del fisco. El segundo elemento, como lo vimos hace pocos días, hace referencia a la incertidumbre externa generada por la nueva administración de los Estados Unidos que podría afectar flujos comerciales con la imposición de aranceles en diferentes latitudes, la disminución o eliminación de cooperación internacional o una mayor percepción de riesgo ante inversionistas. Y, por último, un tercer elemento retador en términos de financiamiento corresponde al marchitamiento de algunos sectores que aportan recursos fiscales como el petrolero o el minero, lo que también afectaría la actividad económica en muchos de nuestros territorios.

Ante este panorama solicito al Gobierno nacional, que las políticas de austeridad a implementar en 2025 no afecten programas o proyectos estratégicos para el desarrollo del país, ya que cualquier retroceso en ellos, podría implicar años en volver a recuperar lo que durante décadas hemos logrado como estado. Me refiero por ejemplo a la financiación completa y al tiempo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con el cual más de 6 millones de nuestros niños y jóvenes asisten a las escuelas, a los pagos de las mesadas pensionales de nuestros adultos mayores, a los pagos de los subsidios de energía y gas en el país que hoy por hoy son servicios necesarios para la dignidad humana, a la financiación del sector defensa para el mantenimiento del orden público; y a la financiación de obras de infraestructura vital para el desarrollo de los territorios.

Para 2025 en Córdoba, esperamos que las promesas hechas por el primer mandatario en su visita al municipio de Ciénaga de Oro esta semana, se ejecuten. Estas incluyeron la construcción de una sede del SENA, infraestructura educativa, acueductos y una planta de paneles solares, entre otras.

Como mandatario, apoyo la austeridad, pero en gastos de poco impacto o eficacia, pero no en programas o proyectos estratégicos ya que se puede generar un gran retroceso para el país y para el bienestar de los colombianos. Por último, los cordobeses esperamos que el gobierno del presidente Petro coadyuve al desarrollo de su departamento ejecutando los compromisos que ha realizado.

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

Luego de las elecciones realizadas en Estados Unidos, donde se escogió como presidente a Donald Trump; un gobernante con un liderazgo autoritario que reafirma sus características y talante con que gobernó y continuará gobernando al país más poderoso del planeta. Sin duda alguna, este segundo mandato de Trump es una nueva prueba para la democracia norteamericana y el resto de las democracias occidentales. Es importante comprender, que, pese al carácter autoritario, egocéntrico y xenofóbico de Trump; esta democracia norteamericana está cimentada, no solo sobre la base de una estable constitución que fue redacta en el año 1787, que representa el pacto y/o acuerdo que funda y constituye la Nación americana, complementada con una riqueza nacional, amplia y próspera clase media, sociedad civil organizada, división de poderes y sólidas reglas democráticas; condiciones que garantizan la solidez, estabilidad y sostenibilidad de un sistema democrático; cuyo efecto es la gobernabilidad, legitimidad y orden. Cuando estas condiciones son inexistentes, un sistema democrático es débil y vulnerable. Estas condiciones se pusieron a prueba durante los cuatro años del primer mandato de Trump como presidente. Recordemos que, en las elecciones anteriores, donde Biden se impuso a Trump; este último utilizó una estrategia centrada en la retórica, con la narrativa propia de su estilo autoritario; señalando que hubo fraude, que, además, le habían robado las elecciones; algo que afirmó sin aportar pruebas. Con esta narrativa, estaba desconociendo una de las reglas de un sistema democrático: permitir que el poder electoral actúe.

Esta estrategia de generar miedo y mover la ciudadanía en una dirección; responde al talante de quienes ejercen el poder de forma autoritaria; la naturaleza del poder despótico y opresor consiste en tratar de someter la voluntad de los otros a la voluntad de quien lo ejerce; desconociendo las reglas de funcionamiento del sistema democrático; no solo en EE. UU., sino en todas las democracias. La nueva era Trump y quienes lo acompañan en su gobierno, responde a un grupo de poderosos billonarios que, reivindican y defienden la supremacía del hombre blanco americano; bajo la consigna: «América para los americanos». Esta es una muestra de la línea de conducta con la cual gobernarán a Estados Unidos y orientarán la política internacional. Lo anterior, lo evidencian las decisiones tomadas por medio de decretos presidenciales en materia de repatriación de inmigrantes, cierre de la frontera con México, aumento de aranceles a las importaciones, negación del cambio climático, iniciativas de neocolonialismo frente a Canadá, Groenlandia y Panamá; además de esto, el menosprecio por América Latina.

Este es el escenario donde se moverá la geopolítica internacional; con el resurgimiento de nuevos nacionalismos centrados en la supremacía racial y la negación de los principios esenciales de la democracia liberal. El Gobierno Trump amplía la percepción creciente de que la democracia está en un período de retroceso en el mundo; en donde los casos abundan en la geografía global. Para Larry Diamond, una de las autoridades académicas en teoría de la democracia, considera que nos hemos internado en un período de recesión democrática. Una de las lecciones más importantes que refleja las elecciones de los Estados Unidos es la necesidad de defender y proteger la democracia; lo que solo se logra cuando hay respeto, reconocimiento y acatamiento de las reglas democráticas y el orden institucional.

Por ello, el ejercicio del poder debe realizarse en el marco del orden institucional, respetando y protegiéndolo; es una de las formas de recuperación democrática. Todas estas lecciones apuntan a impedir la imposición de una lógica del poder única y supremacista, que reivindica una sola visión y forma de ver el mundo. Lo que suceda en Estados Unidos los próximos años de la era Trump, determinarán el presente y futuro de las democracias.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Hace solo cinco años, nuestra querida Montería enfrentaba uno de los desafíos más significativos de su historia reciente: la recuperación económica tras el impacto devastador de la pandemia. Sin embargo, comenzamos a tejer con pensamiento de orfebres una serie de políticas públicas valientes y visionarias, de las que hoy podemos sentirnos orgullosos y decir que abrieron el camino hacia la prosperidad y la seguridad.

El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ha sido una de las piezas claves de este renacimiento. Con su implementación, no solo se logró empezar a organizar el crecimiento urbano, sino que también se trazó un camino inclusivo que abraza a las poblaciones rurales, quienes históricamente habían sido marginadas. Este esfuerzo por cerrar brechas ha mejorado la conectividad y la productividad, y ha elevado la calidad educativa en estas áreas, generando oportunidades tangibles para todos los monterianos.

La seguridad, otra piedra angular de la estrategia de recuperación, ha posicionado a Montería como una de las capitales más seguras del país. Las medidas implementadas han devuelto la tranquilidad a las calles, permitiendo el desarrollo de la microeconomía y el fortalecimiento del tejido social en cada barrio.

Este ecosistema revitalizado ha impulsado significativamente el turismo y la cultura en Montería. La ocupación hotelera año tras año ha aumentado, reflejando un interés renovado por explorar las maravillas que Montería tiene para ofrecer.

El auge cultural y turístico no solo enriquece la identidad de los monterianos, sino que también dinamiza la economía local, beneficiando directamente a pequeños emprendedores y negocios de barrio.

Montería es hoy en día un ejemplo del potencial transformador de las políticas públicas bien implementadas y de la resiliencia de una comunidad unida.

Las regiones del país pueden y deben inspirarse en todo el trabajo que desde hace 5 años se viene implementando, apostando por un desarrollo sostenible, inclusivo y seguro.

El resto del país debe mirar a Montería no solo como un referente de recuperación, sino como un faro de esperanza y posibilidad de lo que se puede lograr cuando se trabaja con visión y compromiso por el bienestar de la gente.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

“El pasado 22 de enero, una delegación del gobierno colombiano; encabezada por el presidente de la República, estuvo en Haití; con la participación del rector de la Universidad de Córdoba; quien actualmente es el presidente del Sistema Universitario Estatal-SUE y la Asociación Colombiana de Universidades Ascun.» Cabe resaltar que, dicho encuentro entre ambos gobiernos responde a la posición solidaria que Colombia está brindando al país más pobre de América Latina y el Caribe; con una población de 11.637.398 habitantes, de los cuales, 6 de cada 10 personas viven en condiciones de pobreza y la peor calidad de vida del mundo e inestabilidad política, a lo que se suman, los desastres naturales que tienen a este país en condiciones paupérrimas ante la mirada indiferente del resto del mundo; donde más de 5 millones de haitianos no tienen acceso a una mejor alimentación. Las cifras son alarmantes: 277.000 niños entre los 6 y 59 meses están en riesgo inminente de malnutrición; de igual modo, la asistencia alimentaria humanitaria solo llega al 5% de la población afectada.

En este sentido, como estrategia de solidaridad y compartir capacidades para hacerle frente a la crisis humanitaria que vive el pueblo haitiano, el gobierno colombiano y haitiano firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación en comercio, medio ambiente, defensa, cultura y agricultura. En este último componente, los investigadores de la Universidad de Córdoba pertenecientes a las Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Ciencias Agrícolas; trabajaron para presentar al gobierno colombiano y haitiano una propuesta que aborda de forma integral la problemática de inseguridad alimentaria denominada: Fortalecimiento de capacidades humanas y de innovación tecnológica para el mejoramiento de la seguridad alimentaria en comunidades rurales de la población haitiana. Lo anterior con el objetivo de fortalecer las capacidades de transferencia tecnológica y conocimiento en los sectores agropecuarios y agroalimentarios orientados hacia una transformación agropecuaria campesina, familiar, étnica y comunitaria en la república de Haití, con el fin de fortalecer el conocimiento, las capacidades técnicas y prácticas de sus habitantes; de esta forma, lograr establecer sistemas productivos eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Al respecto, la Universidad de Córdoba cuenta con una sólida experiencia en procesos de desarrollo, escalamiento, alistamiento y transferencia de tecnologías a comunidades priorizadas a través de la formulación, estructuración y ejecución de proyectos productivos de alto impacto; razón por la cual, ponemos a disposición estas herramientas tecnológicas para ser transferidas a las unidades productivas agropecuarias del país en mención; con el único propósito de mejorar las condiciones de seguridad alimentaria. Para ello, estamos en la disposición y capacidad de implementar las siguientes actividades: 1. Operación de una escuela de formación y fortalecimiento de capacidades humanas y tecnológicas para la autogestión y soberanía del territorio. 2. Establecimiento de esquemas asociativos en hortalizas condimentarias, medicinales en zonas urbanas-periurbanas y rurales. 3. Implementación de esquemas asociativos para producción de plátanos y frijol en la zona urbana-periurbana y rural. 4. Establecimiento de un centro de innovación, multiplicación y establecimiento local, para la producción de semillas de plátano, frijol y hortalizas tropicales, abonos orgánicos e insecticidas naturales para uso en sistemas agrícolas familiares, comunitarios y rurales. 5. Establecimiento de un programa de mejoramiento genético y productivo de ganadería bovina, caprina y ovina. 6. Establecimiento de un centro de producción de alevinos de especies nativas para el desarrollo de la piscicultura continental en Haití.

Con esta iniciativa de proyección internacional, Unicórdoba reafirma su liderazgo académico y científico por la vida. Es importante para la memoria histórica, recordar que Colombia y Haití compartimos una historia común: la lucha por la libertad; Simón Bolívar encontró en la Revolución haitiana un referente inspirador para su gesta libertadora y vencer el régimen español.

Por: Senador Antonio Correa Jiménez Correa

El fenómeno del “gota a gota” comenzó a extenderse en el país durante de la década de los 90, coincidiendo con el auge de economías informales y la dificultad de acceso al sistema financiero tradicional por parte de sectores populares y vulnerables. Desde entonces, esta práctica ha evolucionado y se ha consolidado como una problemática social que afecta a miles de personas en todo el país.

Este sistema ilegal de crédito impacta principalmente a quienes no pueden acceder a la banca formal, ofreciéndoles dinero de manera rápida, pero con intereses abusivos que pueden superar el 20 % semanal. ¿El resultado? Muchas familias terminan perdiendo su sustento, enfrentando intimidaciones, violencia, desplazamiento e incluso, en algunos casos, la muerte.

El ”gota a gota” no solo representa un problema económico sino también una grave problemática social que fortalece las redes de crimen organizado, las cuales operan con altos niveles de impunidad. Esta situación resalta la necesidad urgente de promover el acceso a servicios financieros formales mediante créditos blandos, la implementación de programas de educación financiera y la adopción de acciones contundentes por parte de las autoridades para combatir este flagelo.

En este contexto, es importante destacar los avances realizados por el Gobierno Nacional en su lucha contra el «gota a gota», especialmente en los sectores populares, donde esta problemática ha tenido un impacto significativo. Durante el año 2024, el Gobierno ha desembolsado más de 614 mil millones de pesos a través de líneas de crédito diseñadas para apoyar a mipymes, unidades productivas de la economía popular, mujeres, campesinos, comunidades raizales, emprendedores y población vulnerable en todas las regiones del país.

Asimismo, desde el año 2023, el Gobierno implementó el Programa CREO, un mecanismo clave en la lucha contra los créditos informales, conocidos como «gota a gota». Este programa busca ofrecer alternativas seguras y sostenibles para quienes han sido tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal, reduciendo su dependencia de este sistema ilegal de financiamiento.

Es fundamental que las autoridades judiciales y policivas intensifiquen su labor para enfrentar con decisión el flagelo del “gota a gota”, una práctica que afecta de manera desproporcionadas a las comunidades más vulnerable del país. Se requiere una acción coordinada que desarticule las redes criminales detrás de este sistema ilegal, garantizado la seguridad de las víctimas y promoviendo el acceso a la justicia. Debemos recordar que el delito de usura, contemplado en el artículo 305 del Código Penal, establece una pena de hasta 7 años y 5 meses de prisión para quienes lo practiquen. Por ello, es imperativo que se apliquen sanciones ejemplares a los responsables, enviando un mensaje claro de que estas actividades no serán toleradas en ningún rincón del territorio nacional.

Por eso invito a los colombianos a no normalizar el «gota a gota». Combatámoslo juntos para construir un país más justo y solidario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Jairo Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

Desde el primer momento en que asumimos la responsabilidad de dirigir los destinos del alma mater de los cordobeses, lo hemos hecho con una visión y pensamiento universitario moderno y transformador, con resultados académicos, administrativos y científicos; generados, a través de la férrea convicción de que, la Universidad debe ser la fuerza espiritual y moral que a partir de la ciencia y el conocimiento jalona el desarrollo social; fuerza espiritual entendida como aquella que impulsa el destino de nuestro pueblo y su gente.

Bajo esta línea de conducta, hicimos de la Universidad de Córdoba, una Institución con conciencia crítica para la sociedad; nuestro horizonte siempre ha sido y será: «un proyecto para la transformación cultural, humana y social de la región». De esta forma, alcanzar mejores resultados en materia de modernización, con capacidades institucionales representadas en: la construcción y funcionamiento del edificio de laboratorios integrales; dotado de una tecnología de avanzada; a esto se le agrega que, próximamente se pondrá a disposición de la comunidad académica, la nueva biblioteca central de la Universidad; disposición de nuevos laboratorios, zonas de estudio y escenarios deportivos. Asimismo, estamos gestionando los recursos financieros para la construcción del edificio de aulas y laboratorios. Entre otras gestiones, siempre se ha velado por el respeto y la defensa de la autonomía universitaria; de igual forma, la ampliación de la proyección e impacto social, sostenibilidad financiera de la Institución y fortalecimiento de la investigación científica.

Lo anterior, ha permitido alcanzar logros como: La acreditación y reacreditación institucional de alta calidad, acreditación de 15 programas académicos, acreditación internacional de 2 programas académicos; fortalecimiento de los procesos de investigación con 47 grupos clasificados en Minciencia y tener el 35% de los mismos, en categoría A1 y A; puesta en marcha de la política de regionalización de la Universidad, esto con el fin de lograr la descentralización y ampliación de cobertura, con presencia institucional en la Subregión de la Sabana cordobesa, Bajo Sinú, Medio Sinú, San Jorge, Montería y, próximamente, el Alto Sinú. Hemos ejercido un liderazgo científico, regional y nacional con presencia científica en 14 departamentos de la geografía nacional, transfiriendo nuestra capacidad científica en la solución de problemas estructurales. Este liderazgo académico y científico; permitió obtener la confianza y el reconocimiento de la sociedad. En el año 2025, continuaremos materializando el plan de desarrollo institucional con el fortalecimiento de la infraestructura física, técnica y humana para consolidar la tarea misional de la universidad; seguiremos avanzando en la reforma curricular de los programas académicos, abriremos siete nuevos programas tecnológicos y el programa de medicina; continuar ampliando la oferta posgradual a nivel de maestrías y doctorados; alcanzar 10 doctorados y 40 programas de maestría y nuevas especializaciones; de igual modo, ampliando la presencia en las comunidades a través de los distintos programas de proyección social; continuaremos fortaleciendo el bienestar estudiantil con ampliación de programas como el Club deportivo de la Universidad de Córdoba y la Escuela de fútbol; para dinamizar y ampliar el deporte recreativo al interior de la comunidad universitaria. Hemos construido un proyecto universitario trazado en el tiempo, que requiere continuidad y sostenibilidad; el cual estará soportado en el trabajo mancomunado entre estudiantes, profesores, trabajadores y directivos; todos remando para el mismo lado; independientemente de las visiones, concepciones y contradicciones.

Cabe señalar que, devolvimos la Universidad a la sociedad; ustedes y nosotros tenemos el deber social y moral de protegerla y preservarla para las presentes y futuras generaciones de jóvenes cordobeses. Por ello, la formación de nuestros estudiantes es nuestra preocupación y nuestra ocupación institucional es formarlos con los mejores estándares de calidad, que garantice una sólida formación académica, científica y humana, que transforme y genere movilidad social.

Por: Carlos Ordosgoitia Sanin

Debido a su enorme aporte social, cultural y turístico, en las últimas décadas, los ríos han adquirido mayor relevancia y se han convertido en una alternativa para fomentar diversas actividades y brindarnos una experiencia auténtica de conexión con la naturaleza y la cultura. Nuestro río Sinú, con su majestuosidad y belleza natural se convierte en una arteria fluvial única que logra entretejer sus aguas color marrón con un hermoso paisaje natural y citadino cuando atraviesa nuestra Villa hermosa y construye dos márgenes hoy hermanadas e integradas en una sola.

El sueño de ver a Montería convertirse en la primera ciudad del país con un sistema de transporte fluvial moderno y eficiente, siempre fue un objetivo que perseguí con determinación y visión desde que en 2020 asumí la Alcaldía de Montería.

La Línea Azul era un proyecto con el que se había ilusionado a los monterianos, el cual desde el Gobierno de la Gente decidimos rescatar de los confines de lo imposible.

Lo rebautizamos como Businú y siempre tuve la clara convicción de la importancia de hacerlo realidad, porque este tipo de transporte fluvial juega un rol importante en las dinámicas sociales y económicas contemporáneas, en una época en donde la sostenibilidad y la innovación del transporte de pasajeros y de contera el turismo fluvial se han convertido en pilares fundamentales para el desarrollo urbano, por eso el desarrollo de este proyecto representaba no solo una mejora en el transporte, sino también un compromiso con el futuro y la unión de la ciudad.

Durante los cuatro años de mi administración enfrentamos desafíos significativos desde su concepción; y luego se sumaron las dificultades administrativas a causa de la pandemia, lo que motivo a juzgamientos a priori y a conclusiones apresuradas en las que se consideraba este proyecto como un elefante blanco, uno de esos que nunca llegarían a completarse. Sin embargo, la perseverancia, la planificación estratégica y el compromiso inquebrantable que tuvimos en todo instante demostraron que nada estaba fuera de alcance.

Junto a un equipo dedicado, logramos destrabar el proyecto y reactivar el trabajo en los embarcaderos, superando controversias entre contratista e interventoría, recurriendo a la amigable composición en la Cámara de Comercio de Cartagena.

Siempre le dije a mi equipo que Businú no podía morir por esas diferencias, y trabajamos sin descanso hasta el último día de mi administración para que este sistema de transporte saliera a flote. Y los esfuerzos valieron la pena porque logramos destrabar el laberinto administrativo, siempre tuvimos salvaguardados los recursos y finalizamos el 2023 no solo reanudando las obras de los embarcaderos, sino que también aseguramos la llegada de las plataformas y pasarelas desde Cartagena.

Hoy, la felicidad se apodera de mí al ver que ya se recibieron los tres embarcaderos y me complace ver que la administración actual comparte esta visión que tuvimos nosotros de apostar por Businú, confirmando que nuestros esfuerzos no fueron en vano.

Sin duda alguna, de manera decidida, cada obstáculo supera las adversidades cuando el propósito es claro y compartido. Businú no es un monumento a la indecisión, sino a la tenacidad y a la colaboración que transforma sueños en realidades tangibles. Hoy este proyecto está llamado a ser uno de los mayores legados de la ciudad y es un testimonio de que en Montería se pueden grandes cosas cuando se tiene la voluntad.

Con sinceridad y entusiasmo, celebro cada avance y espero ansioso ver cómo nuestra visión inicial y la de la actual administración llevarán a que dentro de poco navegue la primera embarcación de este sistema público de transporte.