Categoría: Opinión

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

Recientemente, se celebró el consejo nacional de rectores de la Asociación Colombiana de Universidades Ascun; escenario que permitió el relacionamiento de rectores Colombia-España; con la presencia de 25 rectores de universidades españolas que pertenecen a la Conferencia de Rectores de Universidades de España Crue. En el encuentro binacional, tuvimos la oportunidad de establecer un diálogo constructivo sobre los temas y problemas de la educación superior en Hispanoamérica; además de esto, compartir experiencia que contribuyan al mejoramiento de ambos sistemas educativos a nivel superior. En este sentido, ambas asociaciones reconocemos el interés común que nos integra y la relevancia de las relaciones históricas y culturales que vinculan a Colombia y España en el ámbito de la educación superior. Asimismo, ratificamos el compromiso de defender a la universidad como un espacio clave para la formación de ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de adaptarse y contribuir de manera activa y responsable al desarrollo de sociedades en constante cambio.

Por ello, conscientes del impacto transformador de las universidades en la construcción de sociedades más inclusivas y sostenibles, y con el propósito de avanzar en la internacionalización y modernización de nuestros sistemas educativos, nos comprometemos a trabajar de manera conjunta en las siguientes líneas estratégicas: 1. Implementar el acuerdo de reconocimiento de títulos académicos firmado entre Colombia y España el 4 de mayo de 2023, con la finalidad de facilitar la movilidad académica y profesional, permitiendo una educación superior inclusiva y accesible. 2. Liderar el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en la educación superior; asegurando su integración ética y responsable en los currículos y en la investigación con el fin de preparar a las universidades de ambos países para los desafíos de la transformación digital. 3. Adaptarse e innovar frente a los cambios sociales y demográficos, buscando soluciones que permitan a nuestras instituciones evolucionar y garantizar su sostenibilidad, con impacto positivo en las comunidades donde hacemos presencia. 4. Reafirmar la defensa de la autonomía universitaria como principio esencial para garantizar la libertad académica e independencia científica, contribuyendo al avance social y desarrollo científico. 5. Fortalecer un sistema universitario mixto, plural, diverso y colaborativo, que fomente la cooperación entre instituciones públicas y privadas, asegurando la pluralidad en los enfoques académicos y promoviendo la equidad en el acceso a la educación superior. 6. Reducir las brechas educativas, desarrollando mecanismos de cooperación para mejorar el acceso a una educación de calidad, especialmente en zonas rurales y en las poblaciones más vulnerables. 7. Potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida, diseñando programas de educación que ofrezcan nuevas formas de aprendizaje y certificación, como las micro credenciales, que faciliten la adquisición de competencias específicas y actualización constante, adaptándose a las necesidades cambiantes del mercado laboral. 8. Continuar fomentando la movilidad académica y cultural virtual en todas sus formas geográficas, virtual e intersectorial; como una herramienta para el enriquecimiento cultural, científico y social de nuestras naciones. 9. Promover la ciencia abierta y la ética en la investigación. Fomentando la colaboración científica basada en los principios de transparencia, inclusión y ética, para de esta forma, generar conocimientos accesibles y aplicables a los desafíos globales. 10. Organizar reuniones permanentes para hacer seguimiento a los compromisos suscritos. Ascun y Crue organizarán reuniones cada dos años. Desde la presidencia de Ascun, trabajaremos por materializar esta declaración conjunta.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

 Gobernador de Córdoba 

«La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es el arma más poderosa para cambiar el mundo», decía el político sudafricano Nelson Mandela. Esta expresión enmarca la importancia que para el desarrollo de la humanidad representa la educación. Y en esta materia, Colombia, aunque ha mejorado, tiene dos grandes retos: el primero, mejorar el promedio de años de escolarización y el segundo, mejorar la calidad de la educación que se imparte en el país.

En primer lugar, el promedio de años de escolarización hace referencia al grado de instrucción formal de las personas mayores de 25 años. En este frente, el país ha presentado mejoras sustanciales en las últimas tres décadas. Mientras en 1990 el promedio de años de escolarización era de 5.5 años, en el 2020 el promedio fue de 8.86 según la información más reciente de la UNESCO. Pero a pesar de esta mejora local, este promedio es inferior al de países comparables de la región, como Chile que lo tiene en 10.59, Perú que lo tiene en 9.76 o México que lo tiene en 9.22. Ya en otro nivel de desarrollo encontramos que este indicador en Estados Unidos es de 13.91 años.

El segundo gran reto de la educación en Colombia es mejorar su calidad. Según mediciones internacionales, como las adelantadas por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), de nuevo, con respecto a países comparables de la región, el resultado de Colombia no fue satisfactorio con base en los resultados del año 2022. En matemáticas, mientras el resultado de Colombia fue de 382 puntos, el de Chile fue de 411; el de México fue de 395; y el de Perú fue de 391. El promedio de países de la OCDE fue de 472. En lectura los resultados son similares y solamente en ciencias superamos a Perú y a México.

Frente a estos dos retos de la educación, es muy importante que el Gobierno nacional continúe implementando las acciones necesarias para superarlos, pero al respecto se presentan algunas alertas. Por ejemplo, programas como los de alimentación escolar (PAE), que promueven la matrícula de estudiantes y que hasta hace unos años eran financiados en una gran proporción por el Gobierno nacional, en las últimas vigencias las entidades territoriales han tenido que apropiar cada vez más recursos de sus regalías para suplir las transferencias del Gobierno central. En el futuro se espera que las regalías sean decrecientes por concepto de la transición energética, lo que colocaría en riesgo la continuidad de esta política, entre otras.

Con respecto a la calidad de la educación, esta pasa no solamente por el seguimiento a la calidad de los estudiantes, sino de los maestros. Y para esto es fundamental que el Gobierno nacional promueva, aún más, y mejore, la formación y evaluación docente. Solo de esta manera, nuestros estudiantes estarán en la capacidad de también mejorar sus competencias.

A nivel territorial también tenemos grandes responsabilidades para enfrentar estos retos, y como Departamento de Córdoba, las estamos planeando y ejecutando. La cartera de educación es el sector que mayor número de proyectos y recursos ejecutará durante este cuatrienio, en proyectos y programas estratégicos que nos permitan garantizar mayor acceso, permanencia y calidad en todos los niveles de la educación. Estos proyectos incluyen el mejoramiento de infraestructura educativa, sedes multiservicios que garanticen el tránsito de la educación básica a la técnica y superior, el bilingüismo como política pública, la regionalización de la Universidad de Córdoba, entre otros.

Los resultados en el sector educación no son inmediatos, pero es impulsando este tipo de políticas y acciones en el sector educativo que podremos cambiar al mundo y fortaleceremos los cimientos de una Colombia competitiva y próspera para el siglo XXI. Que la llama de la educación no se extinga, como decía mi abuelo Elías Bechara Zainúm, fundador de las Universidades de Córdoba y del Sinú, en mi departamento, ambas acreditadas de alta calidad y orgullo de la región.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

El reciente pronunciamiento del Presidente de la República sobre la prohibición de firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos ha generado un amplio debate en el país. Aunque la intención de avanzar hacia una transición energética es válida y necesaria, es fundamental analizar las implicaciones que esta decisión puede tener para la población más vulnerable y para la economía nacional.

La inacción en la exploración de recursos puede llevar a una situación alarmante. Las estadísticas son claras: aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia y cerca de una quinta parte del ingreso fiscal provienen de la industria petrolera. Al limitar esta actividad, estamos comprometiendo no solo el crecimiento económico, sino también la capacidad para financiar políticas sociales cruciales, como la atención a la pobreza y la inversión en infraestructura básica.

Las regalías generadas por la explotación de hidrocarburos son vitales para el financiamiento de proyectos en regiones que, a menudo, son olvidadas. La falta de recursos afectaría directamente programas de acueducto, alimentación y apoyo a familias en situaciones de vulnerabilidad y en este contexto, nos arriesgamos a que comunidades enteras caigan en un estado de pobreza extrema, afectando su calidad de vida y su futuro.

Es cierto que la transición energética es un objetivo deseable. Sin embargo, no podemos permitir que se convierta en una excusa para desatender las necesidades inmediatas de la población. La protección del medio ambiente y la búsqueda de energías alternativas deben ir acompañadas de un compromiso real con el bienestar social. De ahí que la inversión en energías renovables debe ser responsable y sostenible y no a costa del sufrimiento de quienes ya enfrentan dificultades.

La balanza comercial también se vería afectada de manera negativa. Actualmente, dos quintas partes de nuestras exportaciones son producto de los hidrocarburos y una disminución en la producción y exportación de petróleo podría llevar a un déficit en la balanza comercial, debilitando la posición económica del país a nivel internacional y dificultando la inversión extranjera.

Esta situación no solo afectaría a la economía en términos de cifras; también tendría repercusiones en el liderazgo económico de Colombia. Sin un sector energético robusto, nuestro país corre el riesgo de quedar rezagado en un contexto global que exige competitividad y estabilidad.

Por lo tanto, es fundamental que las decisiones sobre el futuro energético de Colombia no se tomen de manera unilateral. Se debe promover un diálogo inclusivo que contemple tanto la urgencia de una transición energética como la necesidad de asegurar recursos que apoyen a las comunidades más vulnerables.

En conclusión, avanzar hacia una Colombia más sostenible es un reto que debemos asumir con responsabilidad y esto implica no solo proteger nuestros recursos naturales, sino también garantizar que las políticas adoptadas no incrementen la desigualdad ni comprometan el futuro de aquellos que más necesitan apoyo. La transición energética debe ser un camino que se recorra de la mano de la justicia social, asegurando un mañana donde ningún sector del país quede rezagado.

Por: Carlos Ordosgoitia Sanin

La transformación social de un país es un proceso de formación del capital social que fortalece la confianza individual y la participación colectiva, generando un cambio fundamental en la organización de la sociedad e implicando modificaciones en las estructuras sociales, instituciones, valores y normas.

En este contexto, concibo las reformas como procedimientos para modificar, enmendar, actualizar o innovar algo. Considero, con profunda convicción, que las reformas a debatir no deben presentarse como un cambio radical y acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema, estructura o institución, sin imponer posturas ideológicas incontrovertibles, para así moldear un futuro más equitativo y próspero, priorizando las necesidades de la ciudadanía, especialmente de los más vulnerables.

Se requieren reformas que realmente beneficien a la ciudadanía, evitando generar incertidumbre y estrés en la población. El país necesita cambios que propicien escenarios de estabilidad económica y social, además de fomentar tranquilidad y brindar seguridad en las regiones. Estas transformaciones deben ser percibidas como oportunidades para mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, asegurando que las políticas implementadas respondan realmente a sus necesidades y preocupaciones.

Por ejemplo la reforma laboral debe enfocarse en la generación de empleo sostenible. No se trata solo de ajustar normativas; se trata de construir un marco que fomente la inversión y la formalización de empresas. Si la reforma no logra estos objetivos, podría aumentar el desempleo y limitar las oportunidades económicas de millones de colombianos.

La reforma agraria también es esencial, no solo para incentivar la producción agrícola, sino para ofrecer asistencia técnica y capacitación a nuestros campesinos, quienes son fundamentales para la seguridad alimentaria y la competitividad del sector. Sin este apoyo, corremos el riesgo de perpetuar la desigualdad en el campo.

En cuanto a la reforma a la justicia, es urgente revisar la efectividad del sistema actual. No podemos seguir permitiendo la impunidad y la lentitud que han permitido que delincuentes burlen la ley. Este estado de cosas es inaceptable y envía un mal mensaje a la sociedad.

Es alarmante la posibilidad de premiar a delincuentes con reducciones de penas mediante negociaciones previas con la Fiscalía. Casos como el de Sofía en el Valle del Cauca evidencian la necesidad de cambios profundos en el sistema. No se puede permitir que las atrocidades queden impunes bajo la premisa de un sistema que parece más dispuesto a negociar que a castigar.

La construcción de una paz duradera depende de un sistema de justicia robusto que garantice el respeto a la ley sin privilegios. La reforma a la justicia debe convertirse en un mecanismo efectivo, no en un refugio para los criminales, para asegurar la convivencia pacífica.

Es por ello que considero que todas las reformas en discusión deben ser vistas con sentido social. Es hora de que nuestros legisladores escuchen el verdadero sentir de los ciudadanos y diseñen políticas que realmente transformen vidas, avanzando hacia un futuro donde la justicia y el empleo sean realidades tangibles para todos los colombianos.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

El pasado 15 y 16 de octubre, la Asociación Colombiana de Universidades – Ascun celebró el 157 Consejo Nacional de Rectores, en la Universidad de la Sabana. Un escenario de encuentro académico cargado de afecto y reconocimiento mutuo entre los rectores de universidades públicas y privadas que, durante 67 años hemos hecho parte de esta agremiación de universidades; el cual constituyen el sistema mixto de educación superior de Colombia. Por su parte, el Consejo Nacional de Rectores eligió la nueva junta directiva; a la vez, al presidente y vicepresidente de Ascun, por un período de dos años. También compartimos experiencias con la misión rectoral que hacen parte del Consejo de Rectores de universidades españolas Crue; en el marco del encuentro binacional Ascun-Crue; donde redactamos y leímos una declaración en conjunto. En cuyo evento se dio la oportunidad de establecer un diálogo académico sobre temas relevantes en materia de cobertura, oferta de programas, cambios y tendencias en educación superior. Lo anterior, reafirma el liderazgo de Ascun como un actor del sistema de educación superior del país.

Ascun tiene una larga historia de construcción y aportes a la educación superior; que nació un 12 de octubre de 1957; es decir, hace 67 años, en un contexto social y político de crisis e inestabilidad del país, caracterizado por el autoritarismo que representó al gobierno de Rojas Pinilla y la militarización de la universidad pública y vulneración de la autonomía universitaria; un escenario complejo y turbulento en la vida social y educativa de la nación.

En este contexto, un grupo de directivos universitarios representados por: el Doctor Ricardo Hinestroza Daza rector de la Universidad Externado de Colombia, monseñor José Vicente Castro Silva, rector del Colegio Mayor del Rosario, el padre Carlos Ortiz Restrepo, rector de la Pontificia Universidad Javeriana y el doctor Jaime Posada Díaz, rector de la Fundación Universitaria de América; además de estos, Gonzalo Restrepo Jaramillo, rector de la Universidad de Antioquia; Eduardo Fernández Botero, rector universidad de Medellín; Monseñor Félix Henao Botero, rector Universidad Pontificia Bolivariana; quienes pensaron y lideraron la construcción de la Asociación Colombiana de Universidades Ascun. Estos distinguidos académicos e intelectuales; convocaron y realizaron la primera conferencia nacional de rectores universitarios llevada a cabo, del 12 al 14 de octubre de 1957 en la ciudad de Medellín; naciendo de este histórico encuentro, Ascun, con 22 universidades asociadas a esta asociación; entre estas, 10 públicas y 12 privadas.

Ascun, representa y encarna unos principios filosóficos, orientados al actuar como asociación y permanencia en el tiempo; estos principios representan: la defensa del sistema mixto de educación superior, la calidad académica, autonomía universitaria, búsqueda y difusión del conocimiento, responsabilidad social, defensa del espíritu asociativo, integración de la comunidad académica; además, mejor nivel de vida para profesores y alumnos y, sobre todo, un actor del sistema de educación superior con apertura y diálogo permanente con el Estado y la sociedad colombiana en defensa y fortalecimiento de la educación superior. Estos principios han sido el derrotero y línea de conducta de Ascun, desde su fundación. A pesar del paso del tiempo, cambio de rectores y directivos de Ascun; sus principios fundacionales se mantienen incólumes. Corresponde a la generación actual que hoy la preside y dirige, mantener presente estos principios orientadores que definen y defienden la existencia de Ascun.

Por: Senador Antonio Correa Jiménez

Se acerca diciembre y pareciera que lo único que pudiera iluminar los árboles navideños de las familias caribeñas serán las facturas de energía que brillan pero no por su luz, sino por los altos costos y el incremento exagerado que este servicio ha venido teniendo en los últimos años.

Y es que, a principios de 2023, miles de familias vieron con desesperanza cómo se empezó a incrementar el costo del kilovatio en las tarifas de energía y esto gracias a una sumatoria de arandelas en el recibo de energía como el servicio de aseo, el alumbrado público y otros costos generados por las pérdidas de las empresas operadoras; eso sí, sin la garantía de la prestación de un servicio público óptimo.

Como bien se sabe, es tarea del Estado intervenir efectivamente para garantizar, entre otras, que las operaciones privadas de servicios públicos favorezcan a la ciudadania. Es por eso que hay que ponerle la lupa al sistema tarifario de energía especialmente de los departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira que presentan las situaciones más críticas en esta materia.

He ahí la importancia de buscar soluciones que en el corto plazo acaben con la insatisfacción de las familias por causa de este problema y como si fuera poco que genere descontrol y caos. Cuando se pensaba que los costos de las facturas bajarían y que por el contrario estos se fueron incrementando sin explicación lógica, trajo como consecuencia una violencia contra trabajadores de las empresas prestadoras del servicio (AIR-E y AFINIA), algo también inaudito.

Es por ello que se necesita con urgencia superar las diferentes problemáticas que se desprenden de un sistema sin fórmula efectiva para regular las tarifas energéticas de manera justa. Y para lograrlo presentamos el Proyecto de Ley 220, cuyo segundo debate se surtirá próximamente en la Plenaria del Senado; proyecto que requiere de un debate positivo, a conciencia y que cuente con el apoyo de todas las bancadas.

Con su debate amplio y suficiente estamos dando pasos de gigante para que, además de favorecer las necesidades de los ciudadanos, las acciones de la CREG, como ente regulador y de vigilancia, asegure a las comunidades bienestar y desarrollo mediante el acceso digno a este servicio público.

Este proyecto de ley será el oasis que necesitan especialmente los estratos 1 y 2, ya que evitará los cobros desmedidos de hasta el 10 % sobre el valor de la factura de energía, sin comprometer la calidad y accesibilidad del servicio a la vez que ofrece unas tarifas justas para aliviar el bolsillo de los caribeños y de todos los colombianos.

Sin más vueltas agradezco el apoyo del ejecutivo, en cabeza del presidente, que reconoce la importancia de darle vida a este proyecto. Entre otras cosas, porque coincide con la propuesta que hacemos en cuanto a la necesidad de regular el impuesto para que “cumpla con su propósito de financiar el alumbrado público de manera justa y efectiva, sin imponer cargas innecesarias a los ciudadanos ni a las administraciones locales”, reza en el proyecto.

Sin embargo, paradójicamente, el esfuerzo en el que trabajamos ardúamente desde el Congreso para mejorar la vida de los colombianos en materia energética nos deja una gran sinsabor y surge la pregunta: ¿por qué este proyecto ha tenido tantos obstáculos por parte del legislativo? No podemos permitir que la falta de apoyo frene esta iniciativa sin razones que lo ameriten.

Extiendo la invitación a todas las bancadas para que este proyecto de ley siga su curso y se surta en su mejor versión para favorecer a toda la ciudadanía. Con este avance en el corto plazo nos acercamos cada vez más hacia un futuro de alternativas sostenibles que permitan mejorar la vida natural de los colombianos y favorecer su economía con la reducción de los costos de energía en las regiones.

Por: Jairo Miguel Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

En el libro titulado: «El Dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte» Escrito por Karl Marx en 1852, hace referencia a: «La historia ocurre dos veces», la primera vez, como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa». Lo anterior, para contextualizar un hecho reciente en la historia del conflicto armado en Colombia, en especial, en Córdoba; evento relacionado con el encuentro entre el otrora poderoso jefe paramilitar Salvatore Mancuso y el Presidente de la República con asistencia masiva de la población campesina; víctimas de la violencia. El encuentro consistía en la entrega de más de 8 mil hectáreas de tierra por los exjefes paramilitares como mecanismo de reparación; allí hizo presencia Mancuso como gestor de paz; quien nuevamente expresó su arrepentimiento por el daño y dolor causado. Cuyo objetivo fue tratar de explicar de manera coherente, por qué se originó un exterminio espantoso y masivo de seres humanos en un territorio privilegiado por la naturaleza; en términos de posición geográfica, recursos naturales, gente laboriosa, mestiza y campesina, ante la mirada indiferente de una élite regional y nacional centralista y aislada que, solo se escucha así misma.

Los calificativos frecuentes para explicar este holocausto de seres humanos son: inconcebible, incomprensible e inexplicable; por consiguiente, la posición recurrente, ante la dimensión del exterminio, sea la incomprensión. Lo cual impide, las posibilidades de extraer consecuencias útiles del tema. Comprender la violencia paramilitar en Córdoba, es una tarea compleja. Entender lo sucedido, requiere resolver las causas y motivaciones que lo rodearon. Las causas tienen que ver con acciones y omisiones y algunas, por actos de las dos clases permitidas por los gobiernos de la época. Este fenómeno de violencia puede explicarse como cualquier otra experiencia humana. Esta época de violencia repudiada, es imposible olvidarla como fue en realidad; pero, también es vulnerable a que se le recuerde como no fue.

En consecuencia, es importante la verdad y la memoria histórica. Alrededor del tema han surgido muchos mitos y narrativas; unos que señalan a sectores y personas por la falta de compromiso, sabiduría y determinación para detener la barbarie; otros, pretender culpar y crear nuevos «malos» para legitimar y justificar una narrativa determinada. En este sentido, diluyen la realidad del fenómeno paramilitar; desconociendo que, representó una etapa en la larga tradición de violencia política nacional, donde el proyecto paramilitar respondió a una estrategia político-militar para detener el avance de la insurgencia armada. Córdoba y gran parte del país, padecieron esa estrategia de guerra y violencia, dejando dolor, muerte y desplazamientos masivos. Por ende, el proyecto paramilitar fue el fruto de un lugar y un tiempo específico. La presencia de Mancuso, junto al presidente Petro y campesinos víctimas de la violencia, pidiendo perdón, es un hecho histórico y simbólico que muestra la derrota, no solo de Mancuso y lo que representaba; sino del Estado y todos los actores armados que han ocasionado una guerra de perdedores, donde el resultado ha sido la degradación de la condición humana y la imposibilidad de construir un proyecto de nación donde podamos convivir.

La historia se repite, lo que cambia es la interpretación de los hechos y personajes; una tragedia o una farsa. Los ilustres personajes del pasado reaparecen en escena, en una especie de comedia.

Por: Erasmo Elías Zuleta Bechara

Gobernador del departamento de Córdoba

Hace cuatro años, un informe del Foro Económico Mundial fue contundente: más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) mundial depende moderada o intensivamente de la naturaleza. Los sectores económicos más dependientes son la construcción, la agricultura, y el sector de alimentos y bebidas, respectivamente. Previo a esta conclusión, y paradójicamente, el mismo informe resaltaba que la extinción del 83% de los mamíferos salvajes y la mitad de todas las plantas ha sido causada por los más de 7,6 mil millones de habitantes del mundo.

Los fenómenos climáticos que hemos presenciado en los últimos días también evidencian la fragilidad a la que hemos sometido a la naturaleza. Por ejemplo, el caudal del río Amazonas en Colombia disminuyó en un 80%, y la región de la Amazonía pasó de presentar 4 grandes sequías en 100 años, a 4 en menos de 25 años. En Brasil, el río alcanzó su nivel más bajo en 122 años. El sureste de los Estados Unidos, en menos de 15 días, fue azotado por los huracanes Helene y Milton, causando cientos de muertos y miles de millones de dólares en pérdidas.

Sin embargo, la importancia económica que la naturaleza tiene para la raza humana no se corresponde con la importancia que le damos. Un artículo publicado en 2021 en Project Syndicateseñalaba que, mientras el mundo invierte USD 143 mil millones por año en actividades que benefician o protegen a la naturaleza, los recursos invertidos anualmente en actividades que la perjudican ascienden a USD 967 mil millones, lo que significa que existe un desfase de más de USD 800 mil millones por año.

Es precisamente reconociendo estas brechas que uno de los cuatro objetivos de la COP16, que se llevará a cabo del 21 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Cali, consiste en lograr acuerdos sobre la financiación para proteger la biodiversidad para 2030. Necesitamos trascender estos diagnósticos y pasar de elementos aspiracionales a acciones concretas. El tiempo avanza y, mientras tanto, como lo informó la revista The Economist en su edición más reciente, el tráfico ilegal de especies en Latinoamérica y Asia ha crecido, y la minería ilegal y la deforestación avanzan sin control.

Las oportunidades de inversión y protección de la biodiversidad están en Colombia. Por ejemplo, desde el Departamento de Córdoba, el Proyecto Vida Manglar, cuyo objetivo es evitar la emisión de aproximadamente 939 mil toneladas de CO2 a la atmósfera en los próximos 30 años, y el potencial igualmente relevante que tiene la Ciénaga de Ayapel (sitio Ramsar) son oportunidades únicas para ayudar de manera efectiva a la protección de la biodiversidad y, de esta forma, contribuir a prevenir los efectos negativos del cambio climático.

Bien dice el refrán popular de Lope de Vega: «Obras son amores, y no buenas razones». Esto aplica no solo para el amor, como en su comedia, sino también para el cuidado de la biodiversidad. Llegó el momento de actuar para protegerla, y aquí Colombia es una potencia mundial, especialmente en nuestra costa Caribe, con tres sitios Ramsar: el Complejo Cenagoso de Ayapel, el sistema Delta Estuarino del Río Magdalena-Ciénaga Grande de Santa Marta, y el Complejo Cenagoso de Zapatosa.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

La política pública de salud mental no debe circunscribirse solo al ámbito de la enfermedad, las acciones no se pueden limitar únicamente la intervención de los trastornos mentales; por eso tengo la clara convicción de que estas políticas deben trascender los imaginarios sociales y la estigmatización de personas y familias cuyos miembros presentan una afectación mental.

La salud mental históricamente ha sido relegada a un segundo plano en las políticas públicas de nuestro país, una dinámica que ha resultado en serias consecuencias lamentables tanto a nivel individual como colectivo. Durante mucho tiempo, las políticas públicas se han centrado en tratar los problemas de salud física, ignorando los padecimientos mentales que afectan a un porcentaje significativo de la población.

Las escasas inversiones en infraestructura y programas de salud mental reflejan una falta de prioridad que deja a muchas personas sin el apoyo necesario. Sin políticas integrales y los recursos necesarios, el país no logrará atender la creciente demanda de servicios de salud mental. Según la encuesta del Ministerio de Salud de la vigencia 2023, un 66,3% de los colombianos aseguró haber tenido problemas de salud mental en algún momento de su vida. Indicadores que dan cuenta de un mayor porcentaje entre las mujeres con el 69,9%, y en el rango de 18 a 24 años el 75,4%.

Para transformar esta situación, las regiones deben desarrollar políticas efectivas que incluyan la capacitación adecuada de profesionales en salud mental, el aumento de la sensibilización en comunidades y la eliminación del estigma a través de campañas educativas. Además, es necesario la puesta en marcha de un modelo de atención centrado en facilitar el acceso y promover la prevención temprana.

Durante mi periodo como alcalde de Montería, con mi equipo de trabajo, entendí la importancia de atender esta pandemia que nos dejó el Covid-19. De ahí que en Montería dimos un paso significativo con la puesta en marcha del Primer Comité Científico de Salud Mental del país y la implementación de iniciativas pioneras como la estrategia de Prevenir para Vivir Sanamente. Establecimos un marco robusto para abordar estas necesidades, enfocando los esfuerzos en el cuidado, la prevención y la educación inclusiva, logrando cerrar el Gobierno de la Gente con cifras muy alentadoras, destacando la atención de más de 13.000 personas beneficiadas con charlas de promoción, prevención y educación. Así como más de 1.400 profesionales y estudiantes de la salud capacitados y la intervención en 18 instituciones educativas, en las que se impactaron más de 7.000 niños, niñas y jóvenes, se realizaron 3.400 tamizajes y se identificaron 903 alertas tempranas.

Hoy veo con ilusión y mucha satisfacción que nuestros esfuerzos abrieron el camino y han sido determinantes en este importante tema de salud pública. Me complace que la actual administración haya arropado nuestros esfuerzos para fortalecer el Comité Científico de Salud Mental y hacer que la estrategia Prevenir para Vivir Sanamente llegue a todas las instituciones educativas y las comunidades de la ciudad. Haber puesto el primer grano de arena en el ámbito de la salud mental para los monterianos es motivo de gratitud, y la continuidad que se le está dando no solo se garantiza la sostenibilidad de nuestros esfuerzos, sino que también asegura que todos sigamos avanzando en una dirección que mejore el bienestar de los monterianos y que la ciudad hoy sea un ejemplo para el país.

Es crucial resaltar que la salud mental tiene un impacto profundo en diversos aspectos, incluyendo la educación y el desarrollo económico del país. Cuando los jóvenes y los niños cuentan con un adecuado apoyo en salud mental, no solo se mejora su rendimiento académico, sino que también se reduce la deserción escolar, fomentando una generación más preparada y resiliente. Una población mentalmente saludable es más capaz de contribuir positivamente a la economía por lo que invertir en salud mental no es solo una cuestión de derechos humanos, sino también una estrategia inteligente para el desarrollo económico.

Estoy convencido de que, con compromiso y acción conjunta, podemos extender estos logros a cada rincón del país. La colaboración entre el gobierno, el sector privado, las instituciones educativas y la sociedad civil es crucial para crear un sistema robusto que responda efectivamente a las necesidades de salud mental de la población. Solo con un compromiso nacional unificado podemos asegurar el bienestar integral de nuestros ciudadanos y fortalecer el tejido social de Colombia.

Por: Luis Narvaez 

Hablar de cuidados paliativos es abrazar un enfoque interdisciplinario que busca aliviar el dolor y los síntomas, mejorar la calidad de vida y brindar apoyo emocional y espiritual tanto al paciente como a la familia. Este enfoque abarca aspectos prácticos, emocionales y médicos, ya que los cuidados paliativos están destinados a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades graves.

Cuidados que pueden iniciarse en cualquier etapa de una enfermedad grave, no solo en la fase terminal, los cuidados paliativos son útiles desde el diagnóstico, mientras que los cuidados al final de la vida se enfocan en las últimas etapas de la enfermedad, cuando el objetivo es el confort en lugar de la curación.

En la intervención de los cuidados paliativos, se ofrece: apoyo emocional, orientación y recursos para ayudar a los cuidadores a enfrentar el estrés y la carga emocional, así como atención en la dimensión física del paciente en los establecimientos de salud o su residencia.

¿Quiénes forman parte del equipo de cuidados paliativos?

Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos y otros especialistas que trabajan en conjunto para brindar atención integral.

El psicólogo desempeña un papel fundamental en el proceso de cuidados paliativos, brindando apoyo emocional tanto al paciente como a sus familiares, sus funciones principales incluyen:

Manejo del estrés y las emociones: Ayudan al paciente y a su familia a manejar el estrés, la ansiedad, la depresión y el miedo que pueden surgir ante la condición de salud, facilitando la expresión de emociones y proporcionando herramientas para afrontarlas.

Mejora de la calidad de vida: Colabora en el manejo de los síntomas psicológicos, como el insomnio, la fatiga emocional o la angustia, con el objetivo de seguir sumando al bienestar del paciente.

Intervenciones en crisis: Proporciona apoyo en situaciones de crisis emocional, como la aceptación del diagnóstico, el deterioro físico o los conflictos familiares que puedan surgir en torno a las decisiones sobre los cuidados.

Apoyo en la toma de decisiones: Ayuda al paciente y a la familia a lidiar con decisiones difíciles, como el cambio en los tratamientos o la planificación de cuidados al final de la vida, promoviendo la reflexión sobre los valores y deseos del paciente.

Las disciplinas que colaboran con los cuidados paliativos, contribuyen al manejo integral del sufrimiento, no solo del dolor físico, sino también del malestar emocional, psicológico y existencial, ayudando a crear una experiencia de final de vida más digna y llevadera para el paciente y su entorno.