De comprobarse la existencia del software espía en el país, sería un arma política y militar letal, de destrucción de la oposición, de desmoronamiento de la sociedad civil
Por: HUBERT ARIZA
Columna tomada de El País (España)
En Colombia, Pegasus no es un mito griego, ni Petro un escuálido mandatario dispuesto a dejarse tumbar por la derecha, como él lo ha denunciado. Cuando la tormenta política arrecia por el paro del empresariado camionero, que mantuvo paralizado a más de medio país esta semana, el jefe de Estado contraataca a la oposición, en una alocución nacional, con un arma de alto poder: la denuncia pública de la supuesta compra, en 2021, por parte de la Policía Nacional, por 11 millones de dólares que nadie sabe de dónde salieron, de Pegasus, un software espía israelí que, como Dios, dicen que existe pero nadie ha visto, ni sabe quién lo opera, ni desde dónde está chuzando a grupos de interés.
Tampoco quién se beneficiaría de la información obtenida, ni cuáles son los blancos de interés de quienes manejarían esa poderosa arma de inteligencia.
Petro, experto en el arte de la guerra, se ha sacudido de la ofensiva en su contra de los últimos días, que ha tenido varios componentes, algunos originados en su propio delirio ideológico, como calificar como tres veces más dictador a su antecesor, Iván Duque, en comparación con el dictador venezolano Nicolás Maduro, o llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas, que reaccionaron airadas en defensa de su dignidad, profesionalismo e incluso su vida.
Petro buscaba cambiar la agenda política, como lo ha hecho otras veces, poniendo al país a hablar de otro tema, mientras las carreteras nacionales permanecían bloqueadas, al igual que las entradas de las grandes ciudades. Pegasus no es un elefante alado, pero es un tema muy notorio para pasarlo inadvertido y descartarlo como una locura presidencial por exceso de café. Ignorarlo sería una enorme irresponsabilidad.
La alocución presidencial del pasado miércoles 4 de septiembre no es la noche septembrina de la derecha, pero sí será recordada como un fenómeno de la era petrista en la que un presidente utilizó su poder comunicacional para denunciar un asunto que, más allá de la coyuntura, sí debe investigarse hasta las últimas consecuencias en busca de la verdad.
No puede quedar en el ambiente una acusación tan grave contra la seguridad nacional, que, de ser cierta, tiene inmerso un complejo entramado de corrupción, en el que estarían involucradas altas dignidades del Estado y del Gobierno anterior, comenzado por el expresidente Duque.
Petro ha sacado de las sombras ese software espía que, como un caballo de Troya, posiblemente entró a Colombia por los laberintos oscuros de la ilegalidad desde hace tres años y puede que esté carcomiendo la confianza en la democracia, la justicia y la seguridad.
Hay que recordar que desde hace varios años, antes de que se hablará de ese caballo alado, el país ya padecía el fenómeno de las chuzadas.
Durante los ocho años de mandato de Álvaro Uribe, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia fue blanco de ataques a su seguridad, según se denunció, por orden de altos funcionarios de esa administración. El DAS, en ese período, se convirtió, asimismo, en una cloaca bajo el dominio paramilitar, que persiguió incluso en el exterior a lideres de oposición y defensores de derechos humanos. Todos esos delitos están debidamente documentados y forman parte de la historia de violencia estatal en Colombia.
Es cierto que las órdenes de asesinato de varios líderes sociales pasaron por los escritorios del DAS, en cuyo interior se conformó un grupo criminal llamado el G-3, asesorado por José Miguel Narváez, exsubdirector de esa desaparecida policía política, condenado por la justicia por determinar el crimen del humorista Jaime Garzón, que se cumplió por mandato del desaparecido jefe paramilitar Carlos Castaño. Jorge Noguera Cotes, exdirector del DAS, pagó, además, una condena, precisamente, por estar al servicio de las autodefensas.
Colombia es tierra de realismo mágico y de realismo terrorífico. Los más de nueve millones de víctimas de la violencia, como desplazados forzados, desaparecidos, exiliados, las miles de fosas comunes, los hornos crematorios descubiertos y los métodos sádicos de asesinato de líderes de la oposición, no son mitos ni leyendas, sino la cruda realidad de un país que a pesar de intentar la paz por todos los caminos, durante los últimos 40 años, no ha logrado detener la máquina de la guerra. Y muchas de esas víctimas son el resultado de una errada política de Estado de alianza criminal de la fuerza pública con los grupos armados ilegales de extrema derecha, como lo ha demostrado la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad.
De comprobarse la existencia de Pegasus en Colombia, entonces, no sería una tecnología pacífica en gentes sanas al servicio de la democracia. Sino un arma política y militar letal, de destrucción de la oposición, de desmoronamiento de la sociedad civil, siempre señalada por la extrema derecha o agentes descompuestos del Estado, en un país en permanente guerra, como aliada o al servicio de la guerrilla. Ese software, en manos de quienes se niegan a aceptar el surgimiento de nuevas fuerzas democráticas capaces de llegar al poder para intentar hacer las cosas de otra manera, sencillamente sería una amenaza a la democracia, al derecho al disenso, a la intimidad de las personas, a la renovación de los liderazgos.
El presidente Petro ha hecho una serie de preguntas que deben ser resueltas por la fiscal de manera rápida, con absoluta transparencia, para esclarecer los hechos y darle un parte de tranquilidad a los colombianos.
Nadie puede sentirse seguro en Colombia mientras gravite la acusación del propio presidente de la República de que un grupo de particulares o funcionarios públicos no identificados administran un software supuestamente comprado con dineros del Estado, que no están registrados en las cuentas de la nación, que usan la información recopilada con fines desconocidos.
Vistas así las cosas, Pegasus es, sin duda, un arma letal contra la democracia, sin control del Estado. Ni el propio presidente sabe a quiénes se vigilaría con ese software, quién procesaría la información, a quién se le enviaría, quién beneficiaría. No es realismo mágico, sería guerra híbrida al máximo nivel contra la sociedad civil y la democracia, pagada con dineros de los contribuyentes y para beneficio de una cofradía invisible que tiene objetivos desconocidos para la opinión pública.
La información compartida por las agencias internacionales de inteligencia financiera ha encendido las alarmas con movimientos no claros de millones de dólares en compra de tecnología maliciosa. Es información muy sensible que Petro ha utilizado en defensa de su Gobierno y para contraatacar a la derecha. La Cancillería, seguramente, tendrá que dar explicaciones a los aliados sobre el manejo público de esa información reservada. Pero el daño de Pegasus en Colombia podría ser de tal dimensión que el primer mandatario ha preferido saltarse los protocolos y atacar a quienes supuestamente están montados en Pegasus, espiando la vida de los colombianos y tomando decisiones con información ilegal para dañar reputaciones y cambiar el rumbo de la opinión.
La denuncia significa un enorme reto para la inteligencia colombiana, la Policía Nacional, el sistema judicial, y los medios de comunicación, que deben contribuir a esclarecer esta denuncia, que en un país desarrollado significaría una hecatombe política, pero en Colombia se busca meter en la licuadora de la polarización para minimizar los hechos.
¿En cuánto tiempo sabremos sobre la real existencia de Pegasus y sus alcances? Ojalá sea pronto. Ese caballo alado, de actuar en el país, podría estar en manos de algún Dios de la guerra anónimo, que, como Marte, quiera que Colombia arda en llamas y la derecha liquide el nuevo olimpo radical que lidera Petro.
