Categoría: Opinión

Tras conversaciones del alcalde Carlos Mario Manzur con Subagan, ya está a punto de ser una realidad la sede de la Subasta Ganadera en Lorica y bajo Sinú.

La apertura fortalecerá el sector ganadero, brindando más oportunidades al municipio y productores.

Con esta infraestructura los ganaderos de Lorica y el bajo Sinú tendrán un escenario nuevo para la comercialización del ganado.

La Alcaldía de Lorica informó que avanza en un 85% la nueva sede de @subagan, tras destacar que es el inicio de un ambicioso proceso que sin duda dinamizará la economía en el bajo Sinú y fortalecerá la actividad ganadera y toda la cadena productiva.

Ningún logro de los resaltados por el presidente es tan fuerte como para impedir que la deshonestidad de algunos funcionarios sea la etiqueta imborrable de esta primera mitad de la administración

Por: Hubert Ariza

Columna de opinión tonada de El País de España.

Con el estallido del escándalo de la UNGRD, el incendio político en el vecindario, los índices de popularidad en rojo y el crecimiento del pesimismo colectivo, no hubo mucho que celebrar en Colombia el pasado 7 de agosto, cuando se cumplieron dos años de la posesión del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario firmante de un proceso de paz exitoso.

Esta vez no ondeó, como en 2022, la bandera del M-19 en la Plaza de Bolívar, no se escuchó un discurso inspirador o desafiante del statu quo, ni el país renovó las ilusiones del éxito en ese proyecto político de izquierda. Tampoco expresó optimismo en que ahora sí llegará el anhelado acuerdo nacional que impulse las grandes reformas que transformen la vida de la nación.

“Pero sí hemos hecho, y hemos hecho más de lo que muchos piensan”, dijo Petro al hacer la lista de logros de su Gobierno, muchos de los cuales el país ignora o se niega a creer por la ausencia de una exitosa política de comunicación gubernamental y el desafiante estilo de gobierno del mandatario.

Ese balance ha sido nublado, sin embargo, por el eco del estallido del escándalo de corrupción protagonizado por funcionarios petristas deshonestos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que pusieron un billonario presupuesto al servicio de un entramado para enriquecerse ilegalmente y, al mismo tiempo, impulsar las reformas gubernamentales en el Congreso de la República.

Un escándalo que involucra a los máximos exdirectivos de esa entidad, a cuatro ministros y dos ex altos funcionarios del Gobierno, y a nueve congresistas, incluidos los expresidentes de Senado y Cámara.

Justo ese día de conmemoración, la Fiscalía realizó la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra los principales acusados en el expediente de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, que fue transmitida en directo por varios medios de comunicación, copando la agenda mediática e impactando a la opinión pública, mientras en el histórico Puente de Boyacá el presidente pronunció un discurso sobre las fuerzas militares, con el sol a las espaldas y rodeado de funcionarios con caras largas.

Al mismo tiempo que el mandatario hablaba del futuro, la Fiscalía demostraba la capacidad de daño de unos funcionarios deshonestos que demolieron la esperanza.

Por ello, la euforia de hace dos años fue reemplazada por un sentimiento generalizado de frustración. Fue un día de decepción para los más de once millones de electores del presidente, porque ningún logro, de los resaltados por Petro y sus funcionarios, es tan fuerte como para impedir que la corrupción sea la etiqueta imborrable de esta primera mitad de la administración. Una etiqueta que borró la promesa de valor de un mandatario que llegó al poder con la bandera del cambio, después de décadas de lucha en el Congreso contra la podredumbre política y sus alianzas criminales con el paramilitarismo, que sembraron de sangre la geografía nacional.

Consciente de ello, el jefe de Estado reconoció que ese fenómeno afectó su gestión. “Ese flagelo ha logrado permear a nuestra sociedad y nuestras instituciones. A nosotros en el Gobierno nos ha permeado y era algo que no debía haber pasado en el Gobierno del cambio”, dijo en su alocución televisada de balance de dos años de mandato.

Unas horas antes, había enfilado baterías en la red social X, antes Twitter, contra la periodista Diana Saray, tratando de poner el espejo retrovisor en otros escándalos en administraciones anteriores, como el supuesto saqueo de las EPS durante la pandemia, y de ratificar su compromiso contra la corrupción, al tiempo que descalificaba la labor de los medios, siempre críticos con una administración que ha atacado su credibilidad e independencia. “Que Olmedo se vaya a la cárcel, yo mismo exijo la reparación de la UNGRD, pero que no vengan los dueños de ciertos medios con su propaganda contra nosotros a ocultar su propia y enorme podredumbre llena de sangre”, escribió Petro.

Precisamente por esos permanentes ataques, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha emitido constantes comunicados condenando los excesos gubernamentales en ese campo.

Del 7 de agosto de 2024 queda el mea culpa del presidente por el caso de la UNGRD, su recuento de quince logros en su gestión, y el llamado insistente a un acuerdo nacional, en el que pocos creen, excepto él mismo y su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. “He hecho un llamado a los partidos políticos, empresarios, organizaciones sociales para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma de la salud, la reforma de los servicios públicos, la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la corrupción”, dijo.

Esta vez no habló de las reformas agraria, política y a la justicia, ni del reordenamiento territorial, un tema vital para los gobernadores, hastiados del exceso de centralismo y presidencialismo. Tampoco mencionó la convocatoria de una Constituyente, ni insistió en su tesis del poder constituyente. Tal vez ya entendió que el palo no está para cucharas y que debe conformarse con entregar el poder pacíficamente el 7 de agosto de 2026.

En 2020, Colombia hablaba del estallido social, lo que impulsó el ascenso al poder de Petro en 2022. En 2024 se habla del estallido de la corrupción como el detonante de la narrativa de una derecha que busca demoler cualquier logro del Gobierno del cambio e impactar la campaña presidencial de 2026. Con el escándalo de la UNGRD, la Fiscalía está recuperando el protagonismo, el respeto y la independencia perdida, y la Justicia tiene una dura prueba para demostrar eficiencia y compromiso en defensa del Estado social de derecho y la democracia, que se debilita con cada hecho de corrupción e impunidad, que alimenta los discursos de odio y el deseo de venganza de los electores.

El tercer año del Gobierno del cambio ha comenzado, entonces, con el propósito de allanar el camino hacia un acuerdo nacional, que debe demostrarse con hechos y no con palabras. En tiempos de escepticismo y baja popularidad del presidente, con las heridas abiertas por la corrupción y el anhelo de justicia colectivo, la narrativa de venezolanización del país tomando fuerza, el fuego amigo al interior del Pacto Histórico, y la campaña presidencial avanzando con fuerza, hay poco optimismo en que se logre ese objetivo.

Quizá el primer paso debería darse desde la Casa de Nariño, bajándole el volumen de agresividad en X contra la prensa y la oposición, y apoyando la justicia para que se castigue ejemplarmente a los involucrados en los hechos de la UNGRD. Corrupción e impunidad no pueden ser sellos del cambio. También impulsando una audaz política pública anticorrupción, que se traduzca en el fortalecimiento de la Justicia y los órganos de control, despolitizándolos y sacándolos de la órbita de la politiquería enquistada en sus organigramas.

La campaña del 2026 comenzó con fuerza.

La derecha aplaude la crisis permanente de la izquierda, pero no ha logrado posicionar un candidato que supere el desastre de la campaña de 2022 y su falta de liderazgo cuando vendió como alternativa a un candidato condenado hoy por corrupción. Por ahora, su narrativa no pasa de escaramuzas mediáticas de corta duración.

Aunque Petro goza de impopularidad, la derecha no parece ser la alternativa ante su falta de imaginación y líderes cualificados. El centro tiene hoy una enorme oportunidad de construir un relato que saque a Colombia de la dicotomía Petro o Uribe, y encarrile a Colombia hacia un verdadero acuerdo nacional en defensa de la Constitución de 1991, para impedir que el populismo autoritario se empodere con las banderas de la lucha contra la corrupción.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Con ocasión del pasado 7 de agosto, fecha en la que conmemoramos los 205 años de la Batalla de Boyacá y los 214 años de nuestro glorioso Ejército Nacional, quiero dedicar las siguientes líneas a los valerosos hombres y mujeres que de manera abnegada y con orgullo prestan su servicio a la patria.

En los campos de batalla y en tiempos de paz, su valentía se erige como un pilar fundamental para nuestra democracia. Nuestros miles de héroes anónimos han demostrado, a lo largo de la historia, un compromiso inquebrantable en la defensa de la soberanía y el bienestar de los colombianos.

La Batalla de Boyacá, librada el 7 de agosto de 1819, marcó un punto crucial en el camino hacia la independencia de Colombia. Enfrentamiento que no solo selló la libertad, sino que también forjó las bases esperanzadoras de un futuro soberano y próspero.

Durante 214 años el Ejército Nacional ha jugado un papel esencial en el apoyo a la institucionalidad y en el combate contra la insurgencia que ha acechado al país. Desde su fundación en 1810, el Ejército ha evolucionado y se ha adaptado a los desafíos cambiantes, siempre con la misión de servir a la patria y proteger a sus ciudadanos. Destacándose también el trabajo que realiza nuestra Armada Nacional y la Fuerza Aérea para defender el territorio por agua y cielo.

A quienes, desde la parte civil, se suma la Policía Nacional, con hombres y mujeres que se esfuerzan diariamente por garantizar la tranquilidad y la seguridad de los colombianos. Gracias a su labor incansable en las calles de nuestras ciudades, la población puede seguir construyendo su vida cotidiana en paz.

Durante décadas, estas instituciones han enfrentado numerosas adversidades y retos, que van desde conflictos internos hasta amenazas externas, siempre con el propósito de mantener el orden, la legalidad y la estabilidad de nuestra democracia.

Es esencial que como sociedad valoremos y mostremos nuestro respeto hacia estas instituciones y las personas que las componen. Su trabajo a menudo implica riesgos significativos y un sentido de responsabilidad que va más allá de lo común. Reconocer su esfuerzo y valentía no solo fortalece el vínculo entre la Fuerza Pública y la ciudadanía, sino que también fomenta un ambiente de colaboración en el mantenimiento del orden, la seguridad y la justicia.

Nos conmueve el servicio que presta su personal anteponiendo a la Nación sobre sus familias. Enfrentándose al difícil reto de equilibrar el amor hacia sus seres queridos con el cumplimiento de su deber, lo que demuestra su dedicado compromiso y la fortaleza de espíritu que caracteriza a quienes eligen este noble camino.

Como colombiano me llena de orgullo poder contar con cada uno de estos hombres y mujeres que son un digno ejemplo de dedicación y valor. Así como respetar y honrar sus lemas ¡Patria, Honor y Lealtad!, y ¡Dios y Patria!, que conllevan una mística y filosofía cargada de amor por la defensa de nuestro país. Su entrega y sacrificio sin temor a equivocarme son el sustento esencial sobre el que reposa nuestra libertad y seguridad. Su labor es un legado que merece ser reconocido y exaltado cada día.

Por: Jairo Torres Oviedo

 Rector de la Universidad de Córdoba 

Por estos días, el país vibró de emoción y alegría; todo esto, por cuenta del deporte. En esta ocasión, la medalla de plata lograda por el joven cucuteño Ángel Barajas, quien con 17 años alcanzó la gloria en los Juegos Olímpicos de París 2024 a través de una disciplina de mucha exigencia, como lo es la gimnasia olímpica; modalidad reservada para un pequeño grupo de deportistas de la élite; allí, algunos alcanzan dicha gloria, convirtiéndose en dioses o semidioses en la gimnasia; para de esa forma estar al lado de Zeus en el monte olimpo y convertidos en ejemplo para la humanidad. Precisamente, eso representa Ángel Baraja; un ejemplo para los jóvenes colombianos; quien con talento y disciplina logró superar las adversidades para cumplir sus sueños.

La medalla de plata obtenida por Ángel en los Juegos Olímpicos de París permite reflexionar sobre el deporte colombiano, históricamente centrado en el fútbol; convertido en espectáculo comercial y lucrativo, con pocos logros y alegrías. A los colombianos nos inculcaron solo fútbol y, marginalmente, otros deportes como el ciclismo; la gimnasia solo la vemos y escuchamos en las olimpiadas. Cuando nuestros deportistas participan en el certamen deportivo más importante del mundo; como los juegos olímpicos realizados cada cuatro años, encontramos que, Colombia no es solo fútbol; sino múltiples disciplinas deportivas, donde muestra la capacidad y talento en disciplinas como: boxeo, taekwondo, karate, yudo, atletismo, pesas, natación, tenis, bicicross, gimnasia, entre otros. Deportistas que han ofrecido triunfos y alegrías al deporte colombiano con poco apoyo estatal, sin políticas claras en materia deportiva, mendigando ayuda económica para representar al país.

Estos deportistas tienen algo en común; reflejan el orden social construido. Jóvenes como Ángel Baraja son testimonio de superación en medio de la exclusión y poco apoyo estatal; quienes enfrentan la adversidad con sacrificios y disciplina para alcanzar sus sueños. La medalla de plata de Ángel no es fruto de la suerte y azar; es el sacrificio, disciplina y perseverancia; un joven que creyó en sí mismo, proveniente de una familia humilde, de una madre soltera cabeza de familia; como la mayoría de las madres colombianas que entregan todo por sus hijos; un entrenador con pocos recursos apoya e inspira.

Así cosechamos los mayores triunfos en el deporte. Festejado y aplaudido de forma hipócrita por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo y no lo hacen; de concebir el deporte como la mayor plataforma de proyección e imagen del país ante el mundo, para mostrar la identidad cultural y el talento de nuestros jóvenes. Desafortunadamente, el deporte colombiano como expresión marginal muestra y reafirma lo que somos: un país injusto e inequitativo que refleja una permanente hipocresía.

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador de Córdoba 

Poco halagadoras fueron para el país las cifras de desempleo publicadas esta semana. La tasa de desempleo nacional se ubicó en un 10.3% en junio de 2024 y hace un año se había ubicado en un 9.3%. En términos de personas desempleadas, el país pasó de tener 2.3 millones de desempleados a 2.6 millones de desempleados. Es urgente la puesta en marcha de un plan de reactivación económica a nivel nacional que impulse el crecimiento a través de una mayor inversión y confianza industrial, comercial y del consumidor.

A nivel territorial, en la Costa Atlántica fueron muy pocas las regiones que contuvieron el desempleo. Dentro de estas se encuentran las ciudades de Barranquilla, Valledupar y Montería, destacándose que, en esta última, la tasa de desempleo disminuyó 3 puntos porcentuales al pasar de 14.3% en junio de 2023 a 11.3% en este año, lo que significó 15 mil nuevos empleos frente al mismo periodo del año anterior.

El resultado de la capital de Córdoba se logró, entre otras cosas, gracias a la inversión por parte de la administración pública (Alcaldía y Gobernación) y a los importantes eventos nacionales e internacionales que se llevaron a cabo durante el mes de junio, tales como la Feria Nacional de la Ganadería, edición número 62, y las Fiestas del Río. Actividades de este tipo, que promueven la confianza inversionista del sector productivo y de los consumidores, son las que el país necesita para que los beneficios del crecimiento económico y la generación de empleo se irradien a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Volvamos al panorama nacional. Durante el primer trimestre de 2024, conforme a las estadísticas más recientes del DANE, la participación de la inversión como porcentaje del PIB fue de tan solo un 13.5%. Esta es la menor participación de la inversión en un primer trimestre desde al menos el año 2005. Por ejemplo, la participación de este rubro fue de 24.7% en 2007, 24.1% en 2014, 20.6% en 2022 y 18% en 2023. Recordemos que la inversión es el componente del PIB que nos habla del futuro del país: de educación para el trabajo, de maquinaria para generación de valor y de bienestar.

Pero el comportamiento de la inversión va inexorablemente ligado al comportamiento de la confianza. ¿Quién va a invertir sus recursos en un ambiente tan hostil que no le permita tener sus recursos de vuelta o disfrutar sus compras? La respuesta corta es: nadie. En el país, el termómetro de la confianza lo lidera Fedesarrollo, que mide la confianza de tres grandes actores: la confianza de los consumidores, de los comerciantes y de los industriales. La confianza industrial está en terreno negativo desde el mes de febrero de 2024, la del consumidor desde junio de 2022 y la única en terreno positivo a junio de 2024 es la confianza comercial.

A propósito de los 30 años de la Federación Nacional de Departamentos, mi invitación a los líderes departamentales es a seguir trabajando para atraer la inversión generando confianza, sin olvidar el importante apoyo y apalancamiento que se puede generar desde el gobierno central. Con mayor inversión seremos más productivos, más competitivos y prósperos. A escala departamental, la Feria de la Ganadería fue un éxito para el Departamento de Córdoba. Más iniciativas de estas y a mayor escala, atrayendo inversionistas nacionales e internacionales, es lo que necesitamos los colombianos. Si a nivel global se espera un crecimiento económico en 2024 de 3.2% y de un 1.9% para los países emergentes de Latinoamérica, Colombia no se debería conformar con una tasa del 1.1%, que es lo proyectado.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

El concepto de desarrollo social debe entenderse como un conjunto de acciones e iniciativas encaminadas a incentivar y promover un proceso de cambio de las sociedades locales o rurales que propicien el mejoramiento integral de la calidad de vida de la población, incluyendo actividades económicas y de desarrollo social que ensamblan otras fundamentales como la salud, y la educación y el deporte que sin lugar a dudas son factores integradores por excelencia del tejido social de las comunidades rurales fortaleciendo la sana convivencia y los valores éticos y morales.

Para ello, no solo se le debe apostar a los procesos agropecuarios, sino que se deben destinar inversiones significativas en educación y deporte, un dúo que sin duda abre el camino de las oportunidades y el desarrollo, toda vez que poseen el poder transformador para equilibrar la balanza y así dejar atrás las desigualdades que han tenido que padecer muchas generaciones campesinas.

La educación, como derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, es el pilar de una sociedad próspera y equitativa. Sin embargo, en las zonas rurales, la situación educativa es deficiente. A menudo nos topamos con infraestructuras carentes y escasas de docentes, puntos que se tornan en la principal limitación para las poblaciones rurales condenadas a duros ciclos de pobreza, exclusión, violencia y desplazamiento.

El reto está en que el nivel central, en conjunto con los gobiernos locales y la empresa privada, logren la destinación de recursos importantes que, además de mejorar la infraestructura, conduzcan a la implementación de acciones, proyectos y planes innovadores con metodologías relevantes y adaptadas a las necesidades de cada región, con programas de formación y apoyo para docentes rurales y el uso de tecnologías digitales para acceder a recursos educativos globales como el bilingüismo y la inclusión real y respetuosa de las comunidades étnicas con sus lenguas y culturas tradicionales.

Debemos empezar a mirar experiencias exitosas como Finlandia, país conocido como uno de los mejores sistemas educativos del mundo y el que ha demostrado que la inversión en educación y la capacitación continua de los docentes puede generar resultados extraordinarios como el de lograr que las zonas rurales finlandesas sigan el mismo modelo de calidad, con un enfoque personalizado y recursos adecuados.

Lo anterior debe estar complementado con el impulso de las prácticas deportivas como una poderosa herramienta de inclusión social y desarrollo personal.

Desafortunadamente, las instalaciones deportivas rurales son precarias o inexistentes, lo que priva a nuestros niños, niñas y jóvenes campesinos de la oportunidad de practicar alguna actividad que mejore su salud física y los aleje de los peligros de la drogadicción y la violencia.

Es vital la creación de programas deportivos sostenibles y accesibles, que indiscutiblemente se convierten en un faro de esperanza y un poderoso motor de cambio. Tal y como se hace en Brasil con el programa «Deporte para Todos», iniciativa que ha desarrollado espacios públicos en comunidades vulnerables para proporcionar acceso gratuito a diversas actividades deportivas o en nuestro país con el “Golombiao”, estrategia que combina el fútbol y la pedagogía para promover valores y habilidades sociales entre los jóvenes, fomentando la convivencia, el respeto, la equidad y la solidaridad entre familias y comunidades.

La inversión en educación y deporte en las zonas rurales es estratégica para el mejoramiento de la calidad de vida, la disminución de la pobreza y el incremento de la cohesión social. Es el momento indicado para crear políticas públicas encaminadas a canalizar esfuerzos y recursos, públicos y privados, para alcanzar el máximo potencial de la ruralidad colombiana.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

Asistimos y presenciamos en la cultura política occidental, un creciente deterioro de las democracias; resultado de los extremismos ideológicos, radicalismos políticos, negacionistas, polarización, sectarismos y mutua satanización de un lado y otro del espectro político; situación que está conduciendo a una estrepitosa caída de las democracias actuales, lo que conlleva a la necesidad de repensarlas y revitalizarlas como verdadera forma de gobierno. Podemos observar en el escenario político, las patologías sociales que evidencian, cómo fallecen las democracias. Oportuno citar el libro: «Cómo mueren las democracias» editado por la Editorial Ariel y escrito por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, profesores de Harvard; quienes analizan las democracias, construyendo la tesis sobre las razones que inciden en la muerte de estas, dado la pertinencia y actualidad histórica del tema, para comprender las dinámicas democráticas en Occidente. Lo que permite decir, que la democracia es frágil y vulnerable; especialmente en América Latina, donde a partir de los 90 iniciamos la transición a la democracia.

Desde esta perspectiva, el bienestar de un sistema democrático está determinado por: 1. Una constitución que exista realmente. 2. Convicciones sobre la libertad e igualdad. 3. Una robusta clase media. 4. Elevados niveles de riqueza y educación. 5. Amplio y diversificado sector privado. 6. Organizada y fuerte sociedad civil. 7. Partidos políticos organizados con agenda de nación. Cuando estas condiciones están débiles o inexistentes, la democracia se vuelve vulnerable y fallece, desvirtuando la idea de que la democracia solo muere en manos de hombres armados. Por ejemplo, en la Guerra Fría, golpes de Estado provocaron el colapso de tres de cada cuatro democracias; entre ellas, la democracia de Argentina, Brasil, República Dominicana, Grecia, Guatemala, Nigeria, Pakistán, Perú, Tailandia y Uruguay perecieron de este modo. En todos estos casos, la democracia se disolvió mediante la coacción y poder militar; sin embargo, existen otras maneras de hacer quebrar una democracia, un modo menos dramático, pero destructivo; no a manos de generales, sino líderes electos democráticamente que subvierten el proceso que los condujo al poder; esta es la forma como están muriendo las democracias.

Por otro lado, las dictaduras flagrantes en forma de fascismo, comunismo y gobierno militar prácticamente han desaparecido. En esta dirección, cuando finalizó la Guerra Fría, la mayoría de las quiebras democráticas las provocaron los mismos gobiernos electos. Dirigentes elegidos por la población han subvertido las instituciones democráticas. Estamos acostumbrados a creer que las democracias mueren por medio de golpes de Estado clásicos, donde el palacio presidencial es incendiado, el presidente asesinado, encarcelado o exiliado y, la Constitución suspendida o descartada. En cambio, por la vía electoral no ocurre nada de esto; sin tanques de guerra en las calles, la constitución y otras instituciones nominalmente democráticas continúan vigente y la población sigue votando. Los autócratas electos mantienen una apariencia de democracia, a la que van decantando hasta despojarla de contenido.

Lo anterior, tiene como contexto las mismas instituciones democráticas, partidos políticos, élites políticas y económicas. Esta es la paradoja trágica del ejercicio electoral utilizado por los autócratas como estrategia gradual, sutil e incluso legal para liquidarla. Por este camino transitan las democracias occidentales actualmente; una nueva forma de liquidarlas y negarlas. Pero, también tenemos el conocimiento y la forma de evitar su extinción.

Por: Antonio Correa Jiménez 

Senador 

Analizando lo que pasó en Venezuela nos queda claro que es el ejemplo vivo y perfecto para describir una dictadura, que en nada se parece a una democracia y que tiene un comportamiento de tiranía, ya que dichos sucesos dejan en evidencia el poder extraordinario ilegal de Nicolás Maduro sobre el Consejo Nacional Electoral -CNE – del vecino país, sobre las fuerzas militares, sobre el Congreso y sobre la Justicia, todos los cuales son controlados para sus fines protervos por el tirano, el mismo que quiso mostrarle al mundo un falso esfuerzo para probar que en Venezuela existía democracia.

Y ello es lo más falso y alejado de la realidad, como quedó evidenciado en el saboteo a la jornada electoral, la desconexión del CNE y la falta de garantías y total manipulación del conteo de votos, los cuales fueron precedidos de sendas comunicaciones de Diosdado Cabello invitando a los escuadrones de la muerte, los círculos bolivarianos, a intimidar al resto de la comunidad que esperaba en paz y sana convivencia los resultados electorales.

En Latinoamérica y el resto del mundo todos sabíamos el final de esta película. Como en el pasado, se dio un nuevo fraude electoral y toma del poder por el tirano Maduro y sus secuaces. Solo faltaba el final del guión, y era la lectura de los resultados por parte del presidente del CNE. Pero fue todo un sainete: este, con su mirada y la actitud complaciente del régimen, leyó los supuestos resultados sin revisar que el total de votos representaba un 132% y no el 100% que enmarcan las matemáticas. La vulgar mentira que estaba leyendo lo delató, tras lo cual dió la estocada final declarando electo a Maduro como presidente; no, perdón; como el tirano que oprime al pueblo libre venezolano.

Este señor no tuvo la más mínima consideración con el grado de miseria en que tiene sumergido al pueblo venezolano, ni tuvo la más mínima contemplación con sus hermanos que deambulan y mendigan por las carreteras de países latinoamericanos y del mundo entero, buscando un milagro que les cambie la vida o la ayuda divina para que el dictador tome conciencia y misericordia y se baje del poder.

Recordemos que quienes encabezan el fenómeno migratorio mundial son los venezolanos, que salen a buscar vida después de la muerte a la que los tiene sometidos maduro. Y a esto debemos sumar que esta población aumenta los cordones de miseria en el mundo. Colombia, nuestro amado país, es potencia en recibir migrantes y como tránsito hacia otros países; y una de las fronteras que más se atraviesa es la del Tapón del Darién, donde muchos de ellos mueren en altamar o en el esfuerzo por atravesar la selva y vencer sus dificultades, en su intento por cumplir el sueño centroamericano y americano en medio de un gran dolor.

Allí, en esas fronteras, la solución no es colocar perversos alambres de púas, como dispuso el presidente panameño José Raúl Mulino.

Nuestra esperanza estaba cifraba en que el fenómeno de migración ilegal que golpea en la actualidad a los EE. UU. en su máximo esplendor iba a motivar al gobierno de Joe Biden a ejercer presión para que se dieran las debidas garantías y los condignos controles para devolver la democracia al pueblo venezolano.

Ilusos nosotros que pensamos que lo anterior, sumado al haber indultado a Alex Saab, iba a jugar a favor del restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Hoy nos queda una nueva frustración y a la vez una gran enseñanza: a los sectarios que reclaman más bloqueos económicos hay que decirles que el remedio no es la represión a un pueblo. Por el contrario. El bloqueo económico termina siendo un castigo contra un pueblo sufrido, el cual, así, resulta revictimizado. Debe ser lo contrario. A Venezuela hay que desbloquearla, para que pueblo venezolano sepa que el mundo está con ellos. Lo ideal es que sea el bravo pueblo, en su máxima expresión en las calles de Venezuela, quienes exijan la salida del dictador, y por supuesto su sometimiento a la justicia internacional, así como de sus cómplices Diosdado Cabello y Padrino López y demás secuaces, quienes deben ser procesados por crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y todas las fechorías cometidas.

Por último, hoy la izquierda progresista latinoamericana de Brasil, Colombia, México y Chile deben solicitar al unísono el reconteo voto a voto y la observación internacional como único condicionamiento para el reconocimiento al Gobierno de Maduro en caso de hallarse ganador a este, un hecho poco probable.

Sabemos que no debemos entrometernos en asuntos políticos de hermanos países, y más cuando nosotros no tenemos la mejor democracia en Latinoamérica, ya que hoy en nuestro país persisten fenómenos como la compra de votos y el amedrentamiento armado al sufragante, entre otros hechos que pudiesen ser subsanados con una reforma política seria que el actual Congreso, por lo visto, tiene poca voluntad en sacar adelante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo primero de agosto sigue la audiencia de formulación de acusación en contra del exrepresentante legal de Urbaser Humberto Rodríguez Cobo, por los delitos de “Daño en los recursos naturales, ecocidio, y Contaminación Ambiental Agravada”

Por: Oswaldo Marchena Mendoza

@marchenojob

El 28 de abril del 2025 finaliza el contrato de concesión entre Urbaser y el municipio de Montería. Una oportunidad de quitarnos de encima a una empresa con un pésimo servicio de recolección de residuos sólidos, y que tiene a unos de sus exrepresentantes legales en el pasado respondiendo ante la fiscalía por presuntos delitos ambientales. Además, la justicia le acaba de ordenar el cierre definitivo del relleno sanitario Loma Grande (dicen los habitantes del sector que nunca fue sanitario).

El contrato de Urbaser con el municipio que está próximo a expirar concesionó en su momento de manera poco extraña 3 servicios en uno, como son barrido, recolección de residuos y disposición, algo que normalmente no se hace de esa forma. El ideal sería que exista libre competencia en la recolección de residuos, se incremente el tema de reciclaje y sitios de disposición bajo un esquema de competencia y no de monopolios.

Por una extraña coincidencia, para la época en que se le vence el contrato de concesión a Urbaser, se estima que los sitios de disposición de residuos sólidos donde hoy lleva las basuras habrán colapsado por capacidad y porque no tienen forma de conseguir nuevas licencias para su expansión.

Montería produce entre 350 y 400 toneladas diarias de residuos sólidos. Me surge un interrogante, ¿Dónde los dispondrá, teniendo en cuenta la falta de infraestructuras para tal fin?

Volvamos al tema del fin de la concesión. Una fuente le dijo a esta columna que desde Urbaser buscaran una prórroga, algo si como una extensión del contrato. La misma fuente me aseguró que de todos modos si quedan por fuera de una nueva licitación ellos pueden continuar con el negocio bajo un esquema de libre competencia, porque tienen amarrado a los usuarios.

Urbaser tiene la base de datos completa de los usuarios de Montería y si entra un nuevo operador, bajo cualquier figura, todo usuario que quiera abandonar el servicio de la recolección de residuos (el derecho de desistimiento) es algo que al final deberá aprobar la Superintendencia de Servicios Públicos (no es tan sencillo). Será clave en este asunto la reforma a la ley 142 de servicios públicos que adelanta el actual gobierno la cual le fija más obligaciones a los entes territoriales.

“Hay que equilibrar los derechos de las empresas y los ciudadanos para garantizar la igualdad y la equidad en los servicios públicos” sostiene Alexander López, director del DNP, sobre la citada reforma. Hoy el péndulo está del lado de las empresas (operadores).

Si llega a la ciudad un nuevo operador con mejores tarifas y servicio, los más seguro es que, tendríamos desde mayo del 2025 el primer paquete de 100 mil usuarios solicitando salir de Urbaser.

A propósito del fallo que obliga al cierre definitivo del relleno Loma Grande y lo que sigue para la ciudad cuando expire la concesión, el alcalde de Montería, Hugo Kergulén, señaló en un comunicado “Desde la administración municipal se analiza el fallo del Tribunal Administrativo mediante el cual se ordenó el cierre definitivo del relleno Loma Grande. A su vez envió un parte de tranquilidad a la comunidad toda vez que Urbaser está cumpliendo con la disposición en otros sitios”.

Sobre la concesión que termina el otro año, dijo que junto a un equipo de profesionales de la Alcaldía analizan el tema y la decisión que se adopte será la que más le convenga a la ciudad.

La deuda social con los habitantes de Loma Grande.

El fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba que ordenó el cierre definitivo del relleno sanitario Loma Grande, no estableció una hoja de ruta para reparar a los habitantes de esa vereda y del resguardo indígena Jaraguay. Es decir, hicieron el daño, les fue bien en la parte comercial y pretenden seguir en el negocio. No debería continuar operando el servicio de recolección una empresa que tiene una deuda social descomunal con toda una vereda.

Los daños ambientales.

El próximo primero de agosto sigue la audiencia de formulación de acusación en contra del exrepresentante legal de Urbaser Humberto Rodríguez Cobo, por los delitos de “Daño en los recursos naturales, ecocidio, y Contaminación Ambiental Agravada”

De forma sutil Urbaser trata de establecer una frontera con el proceso jurídico que cursa contra su exrepresentante legal, y que el señor Rodríguez Cobo asuma la culpa sin vincular a la empresa. Además, han tratado de no reconocer a las víctimas.

En el escrito de acusación de la fiscalía se describen unos delitos ambientales presuntamente cometidos por la empresa en el relleno sanitario.

“Ante los seguimientos realizados por la CVS se logró determinar que el relleno sanitario tenía que funcionar con un sistema de manejo de lixiviados provenientes de los residuos sólidos depositados, lo cual había omitido la empresa Urbaser, como compromiso adquirido de la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales -PITAR-cuya instalación constituía un requisito esencial para la continuidad de la operación por parte de la empresa”, se lee en el escrito de acusación.

El documento de la fiscalía señala, “Para lo anterior la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA le había fijado un plazo máximo de 12 meses después de la entrada en operación del relleno sanitario, no solo para la instalación y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, sino, además, la construcción y entrada en operación de dos pondajes de almacenamiento de lixiviados de 500 metros cúbicos cada uno, con la finalidad de garantizar el adecuado manejo de los residuos contaminantes, denominados lixiviados; sin embargo, se evidenció que Urbaser bajo la dirección de Humberto Rodríguez Cobo, omitió el cumplimiento de estos compromisos”

Dice la fiscalía, que el relleno sanitario siguió operando sin contar con un sistema de tratamiento tipo PTAR para los lixiviados y que continuó el vertimiento descontrolado de los mismos, mientras Urbaser seguía afirmando que esos lixiviados provenían del antiguo botadero a cielo abierto, causando con ello un daño ambiental.

La investigación de la fiscalía concluyó que pruebas de laboratorio realizadas a las aguas aledañas al relleno presentaron contaminación por lixiviados y que el canal de aguas lluvias que pasa por los predios del relleno Loma Grande está siendo contaminado con lixiviados que afloran del subsuelo, lo cual afecta la flora y fauna de la región.

“Durante la investigación se logró establecer que la conducta desplegada por el señor Humberto Rodríguez Cobo a través de Urbaser ha impactado negativamente los sectores vecinos al relleno sanitario” sostiene la fiscalía.

El documento en mención señala que la CVS logró identificar que Urbaser incumplió la licencia ambiental del proyecto, ya que el relleno sanitario Loma Grande no contaba con planta de tratamiento químico de lixiviados, ni con planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para el tratamiento de lixiviados.

Esta es una aproximación del proceder de una empresa que busca seguir con el negocio a pesar del mal servicio que presta en la ciudad. Basta observar los diferentes sitios llenos de basuras a toda hora y sin olvidar las graves acusaciones de la fiscalía a su exrepresentante legal por posibles delitos ambientales en el relleno Loma Grande.

“Por sus obras los conoceréis” es uno de los mensajes de Jesús que recoge Mateo en los Evangelios.

 

 

 

 

 

 

 

 

El entramado de deshonestidad en la UNGRD es un reto para el gobierno de Petro, para el Pacto Histórico y para la fiscal entrante. La lucha contra la corrupción será, además, el eje de la campaña presidencial del 2026.

Por: HUBERT ARIZA RUEDA.

El Gobierno del cambio, que se eligió con más de 11 millones de votos, ha vivido en una crisis permanente, que se ahonda con cada detalle que se conoce del creciente escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y las descomunales cifras que maneja esa entidad, que bajo la administración de Sneyder Pinilla y Olmedo López se pusieron al servicio de una agenda de transacciones políticas non santas con la clase política para eventualmente ganar votos en el Congreso y pasar las iniciativas gubernamentales. Ante esa realidad no es exagerado que muchos perciban el cambio como un desastre ahogado en un mar de corrupción.

En el entramado de deshonestidad en la UNGRD, según se desprende de las declaraciones de Sneyder y Olmedo, están involucrados cuatro ministros, dos altos funcionarios y nueve congresistas. Y se especula que hasta el ELN recibió contratos con dineros públicos como garantía para continuar sentados en la mesa de negociaciones. Todo un cartel delincuencial que atrae la atención mediática, sacude el país político e indigna al país nacional, y en especial a quienes creían, ilusionados, que el cambio no se escribía con ‘c’ de corrupción ni de contratos contaminados.
Se trata de una dura prueba para el Pacto Histórico, cuya posibilidad de permanencia en el poder, después del 2026, ha quedado mucho más debilitada; la justicia, con la Fiscalía a la cabeza que tendrá que demostrar imparcialidad y eficiencia; y el Gobierno, que deberá recomponer el camino y reconstruirse para terminar con dignidad su período; y un desafío para la democracia que deberá salir fortalecida de este episodio que ha traído a colación otros escándalos de gran calado, como el proceso 8.000, cuyos estertores, 30 años después, siguen siendo una pesadilla para los protagonistas de esa época.
La corrupción es el cáncer de la democracia y el Congreso de la República una de las entidades con imagen más negativa del país por su rechazo a las agendas reformistas, la ineficiencia y las prácticas clientelistas. Erradicar ese flagelo fue el caballo de batalla sobre el cual cabalgó durante décadas el hoy presidente en su ascendente carrera política.
El país recuerda que durante su vida parlamentaria Petro atacó con contundencia a quienes se aliaron con lo peor de la clase política, como los hermanos Moreno Rojas y el carrusel de la contratación, para acceder al poder; y a los paramilitares y sus aliados de los clanes políticos regionales y nacionales con los que a sangre y fuego dominaron amplias extensiones del territorio, causaron decenas de miles de víctimas, dominaron las administraciones y saquearon el erario. Esa lucha, muchas veces en solitario y con enorme valentía, le permitió a Petro construir una imagen de radical en defensa de lo público, la transparencia, la vida y la democracia.

Como alcalde de Bogotá salió airoso de los episodios de falta de transparencia de algunos de sus servidores y se escudó en la persecución desatada en su contra por el entonces procurador Alejandro Ordoñez, quien escapulario en mano lo destituyó de manera arbitraria y lo elevó al grado de mártir de la izquierda.

Ahora, como primer mandatario la corrupción de su círculo cercano se ha convertido en su calvario diario, y en alimento poderoso de los medios de comunicación y las redes sociales, que explotan cada titular y ganan likes mientras el Gobierno decae en las encuestas. También en munición electoral para una derecha extraviada y sin argumentos, que sigue sin encontrar una ruta que le permita conectarse de nuevo con el electorado y sin un líder ganador en el tarjetón del 2026.
Fiel a su manera de enfrentar las cosas, Petro pidió perdón a los colombianos en su discurso ante el Congreso, el pasado 20 de julio, por lo acontecido con la UNGRD. “Quiero pedirles perdón a ustedes como representantes del pueblo y a la ciudadanía por lo que ha acontecido en la UNGRD. Olmedo López viene de la izquierda y ha estado vinculado a ella desde hace décadas”, dijo.

Ningún presidente, hasta entonces, había asumido su responsabilidad frente a una crisis de esa magnitud. “Yo fui el que lo puse allí y en eso hay una responsabilidad política y tengo que asumirla”, agregó Petro.
Ante la gravedad de los hechos, las declaraciones de los directivos de la UNGRD y la contundencia de las pruebas aportadas, el discurso anticorrupción del Gobierno Petro, por ahora, ha perdido esencia y contundencia. La izquierda ha extraviado la promesa de valor de la próxima contienda electoral, que tampoco ha ganado la derecha con un pasado de 200 años de mandatos con las manos manchadas por el saqueo del erario y la violencia fratricida.
La creciente impopularidad del jefe de Estado y la agudización de la crisis han obligado al Gobierno a refinar la estrategia y poner en marcha nuevas acciones tácticas, sin que se vea una pronta mejoría de la situación ante las nuevas revelaciones de los acusados por la Fiscalía en el caso UNGRD. Por un lado, Petro se blinda con un nuevo gabinete ministerial, que incluye a la primera línea de sus activistas radicales, como el ministro de Educación, Daniel Rojas, y, por otro, compensa morigerando sus ambiciones reeleccionistas, aunque insiste en su utopía del poder constituyente.
Para ello nombró un ministro del Interior como Juan Fernando Cristo, de origen liberal, con el mandato de apaciguar a la opinión pública, tender puentes con todos los sectores para intentar consensos que hagan posible la convivencia política, calmar a la bancada del Pacto Histórico, y promover un acuerdo nacional en el que nadie cree para convocar una Asamblea Nacional Constituyente por los cauces constitucionales. Al mismo tiempo, desde la presidencia aceleran en busca de la unidad de los partidos de izquierda para afrontar las elecciones de 2026, en las que desde ya se percibe un sabor a derrota.

La búsqueda de ese acuerdo nacional deberá comenzar con el propio Pacto Histórico, para que sus congresistas dejen de crucificar al ministro Cristo, como hizo la senadora Isabel Zuleta el pasado miércoles en el Capitolio Nacional. Y, asimismo, tendrá que poner como primer punto la lucha contra la corrupción, que es un tema transversal a la agenda de reformas planteadas por el Gobierno, porque la reforma política es necesaria, precisamente, para superar los vicios que envilecen el ejercicio de lo público, como la financiación de las campañas electorales, que es la madre de las desgracias que corroen la democracia.
Es parapetada en la ocurrencia de hechos de corrupción, además, que la tecnocracia bogotana ha podido construir en los últimos cien años una muralla impenetrable que impide la verdadera descentralización y autonomía territorial. Hacer cumplir la Constitución de 1991, en este campo, es un imperativo histórico para modernizar el país y derrotar los males que aquejan a las regiones como el hipercentralismo y el hiperpresidencialismo. Así como erradicar la corrupción del sistema judicial, otra de las grandes reformas aplazadas, para que nunca más se repita la historia del Cartel de la Toga.
Es previsible que la lucha contra la corrupción sea el termómetro del éxito de la fiscal entrante, y el eje de la campaña presidencial del 2026, que está en plena marcha. El presidente Petro tiene dos años para demostrar que fue capaz de sacudirse de la etiqueta que hoy tiene a sus espaldas.
Depurar su administración imponiendo un duro protocolo de transparencia tiene que ser un hecho fehaciente y no solo una promesa vacía del mandatario. En este caso es imposible pensar en la unidad de cuerpo. Gran responsabilidad tiene el Gobierno para impedir que el cambio se ahogue en el desastre generado por funcionarios corruptos. Hay que volver a leer el discurso inspiracional y los objetivos enunciados en la posesión de Petro para entender qué ha cumplido y dónde queda su bandera de lucha contra la ilegalidad y la corrupción.

Tomado de El País de España.