Ningún logro de los resaltados por el presidente es tan fuerte como para impedir que la deshonestidad de algunos funcionarios sea la etiqueta imborrable de esta primera mitad de la administración
Por: Hubert Ariza
Columna de opinión tonada de El País de España.
Con el estallido del escándalo de la UNGRD, el incendio político en el vecindario, los índices de popularidad en rojo y el crecimiento del pesimismo colectivo, no hubo mucho que celebrar en Colombia el pasado 7 de agosto, cuando se cumplieron dos años de la posesión del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario firmante de un proceso de paz exitoso.
Esta vez no ondeó, como en 2022, la bandera del M-19 en la Plaza de Bolívar, no se escuchó un discurso inspirador o desafiante del statu quo, ni el país renovó las ilusiones del éxito en ese proyecto político de izquierda. Tampoco expresó optimismo en que ahora sí llegará el anhelado acuerdo nacional que impulse las grandes reformas que transformen la vida de la nación.
“Pero sí hemos hecho, y hemos hecho más de lo que muchos piensan”, dijo Petro al hacer la lista de logros de su Gobierno, muchos de los cuales el país ignora o se niega a creer por la ausencia de una exitosa política de comunicación gubernamental y el desafiante estilo de gobierno del mandatario.
Ese balance ha sido nublado, sin embargo, por el eco del estallido del escándalo de corrupción protagonizado por funcionarios petristas deshonestos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que pusieron un billonario presupuesto al servicio de un entramado para enriquecerse ilegalmente y, al mismo tiempo, impulsar las reformas gubernamentales en el Congreso de la República.
Un escándalo que involucra a los máximos exdirectivos de esa entidad, a cuatro ministros y dos ex altos funcionarios del Gobierno, y a nueve congresistas, incluidos los expresidentes de Senado y Cámara.
Justo ese día de conmemoración, la Fiscalía realizó la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra los principales acusados en el expediente de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, que fue transmitida en directo por varios medios de comunicación, copando la agenda mediática e impactando a la opinión pública, mientras en el histórico Puente de Boyacá el presidente pronunció un discurso sobre las fuerzas militares, con el sol a las espaldas y rodeado de funcionarios con caras largas.
Al mismo tiempo que el mandatario hablaba del futuro, la Fiscalía demostraba la capacidad de daño de unos funcionarios deshonestos que demolieron la esperanza.
Por ello, la euforia de hace dos años fue reemplazada por un sentimiento generalizado de frustración. Fue un día de decepción para los más de once millones de electores del presidente, porque ningún logro, de los resaltados por Petro y sus funcionarios, es tan fuerte como para impedir que la corrupción sea la etiqueta imborrable de esta primera mitad de la administración. Una etiqueta que borró la promesa de valor de un mandatario que llegó al poder con la bandera del cambio, después de décadas de lucha en el Congreso contra la podredumbre política y sus alianzas criminales con el paramilitarismo, que sembraron de sangre la geografía nacional.
Consciente de ello, el jefe de Estado reconoció que ese fenómeno afectó su gestión. “Ese flagelo ha logrado permear a nuestra sociedad y nuestras instituciones. A nosotros en el Gobierno nos ha permeado y era algo que no debía haber pasado en el Gobierno del cambio”, dijo en su alocución televisada de balance de dos años de mandato.
Unas horas antes, había enfilado baterías en la red social X, antes Twitter, contra la periodista Diana Saray, tratando de poner el espejo retrovisor en otros escándalos en administraciones anteriores, como el supuesto saqueo de las EPS durante la pandemia, y de ratificar su compromiso contra la corrupción, al tiempo que descalificaba la labor de los medios, siempre críticos con una administración que ha atacado su credibilidad e independencia. “Que Olmedo se vaya a la cárcel, yo mismo exijo la reparación de la UNGRD, pero que no vengan los dueños de ciertos medios con su propaganda contra nosotros a ocultar su propia y enorme podredumbre llena de sangre”, escribió Petro.
Precisamente por esos permanentes ataques, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, ha emitido constantes comunicados condenando los excesos gubernamentales en ese campo.
Del 7 de agosto de 2024 queda el mea culpa del presidente por el caso de la UNGRD, su recuento de quince logros en su gestión, y el llamado insistente a un acuerdo nacional, en el que pocos creen, excepto él mismo y su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. “He hecho un llamado a los partidos políticos, empresarios, organizaciones sociales para que nos sentemos a construir un gran acuerdo nacional en torno a la reforma de la salud, la reforma de los servicios públicos, la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la corrupción”, dijo.
Esta vez no habló de las reformas agraria, política y a la justicia, ni del reordenamiento territorial, un tema vital para los gobernadores, hastiados del exceso de centralismo y presidencialismo. Tampoco mencionó la convocatoria de una Constituyente, ni insistió en su tesis del poder constituyente. Tal vez ya entendió que el palo no está para cucharas y que debe conformarse con entregar el poder pacíficamente el 7 de agosto de 2026.
En 2020, Colombia hablaba del estallido social, lo que impulsó el ascenso al poder de Petro en 2022. En 2024 se habla del estallido de la corrupción como el detonante de la narrativa de una derecha que busca demoler cualquier logro del Gobierno del cambio e impactar la campaña presidencial de 2026. Con el escándalo de la UNGRD, la Fiscalía está recuperando el protagonismo, el respeto y la independencia perdida, y la Justicia tiene una dura prueba para demostrar eficiencia y compromiso en defensa del Estado social de derecho y la democracia, que se debilita con cada hecho de corrupción e impunidad, que alimenta los discursos de odio y el deseo de venganza de los electores.
El tercer año del Gobierno del cambio ha comenzado, entonces, con el propósito de allanar el camino hacia un acuerdo nacional, que debe demostrarse con hechos y no con palabras. En tiempos de escepticismo y baja popularidad del presidente, con las heridas abiertas por la corrupción y el anhelo de justicia colectivo, la narrativa de venezolanización del país tomando fuerza, el fuego amigo al interior del Pacto Histórico, y la campaña presidencial avanzando con fuerza, hay poco optimismo en que se logre ese objetivo.
Quizá el primer paso debería darse desde la Casa de Nariño, bajándole el volumen de agresividad en X contra la prensa y la oposición, y apoyando la justicia para que se castigue ejemplarmente a los involucrados en los hechos de la UNGRD. Corrupción e impunidad no pueden ser sellos del cambio. También impulsando una audaz política pública anticorrupción, que se traduzca en el fortalecimiento de la Justicia y los órganos de control, despolitizándolos y sacándolos de la órbita de la politiquería enquistada en sus organigramas.
La campaña del 2026 comenzó con fuerza.
La derecha aplaude la crisis permanente de la izquierda, pero no ha logrado posicionar un candidato que supere el desastre de la campaña de 2022 y su falta de liderazgo cuando vendió como alternativa a un candidato condenado hoy por corrupción. Por ahora, su narrativa no pasa de escaramuzas mediáticas de corta duración.
Aunque Petro goza de impopularidad, la derecha no parece ser la alternativa ante su falta de imaginación y líderes cualificados. El centro tiene hoy una enorme oportunidad de construir un relato que saque a Colombia de la dicotomía Petro o Uribe, y encarrile a Colombia hacia un verdadero acuerdo nacional en defensa de la Constitución de 1991, para impedir que el populismo autoritario se empodere con las banderas de la lucha contra la corrupción.
