Categoría: Opinión

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Las minorías enriquecen a las sociedades, forman parte activa del progreso y desarrollo de los pueblos y propugnan por la diversidad de sus comunidades gracias al gran aporte cultural que comparten con el entramado social. Ello nos invita a reconocer y respetar al otro, permitiéndonos a su vez la consolidación de puentes de confianza, comprensión y respeto, con el fin de promover la participación en todos los aspectos de la vida pública y proteger la identidad de esas minorías en aras de propiciar la convivencia pacífica y democrática en todo el territorio nacional.

Colombia se caracteriza por su pluralidad y riqueza cultural, y en ella vivimos más de 52 millones de habitantes. Población en la que están incluidos los nichos minoritarios que necesitan de la atención urgente del Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales.

En nuestro país, de acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), hasta 2023, más de 8 millones de personas han sido desplazadas internamente debido al conflicto armado en Colombia y según el censo del DANE de 2018, hay alrededor de 1.9 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, 4.6 millones como afrocolombianas y unas 300.000 que se denominan raizales, palanqueros o gitanos.

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, registra que hay más de 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad en Colombia, según un estudio de USAID en el país hay alrededor de 4.5 millones de personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+ y el DANE indica que alrededor del 13.5 % de la población pertenece a comunidades cristianas, judías, musulmanas y de otras religiones.

Hablamos de minorías, pero las cifras dan cuenta de una gran cantidad de colombianos que merecen toda la atención y plenas garantías. De ahí, que se tienen que estructurar mayores procesos, acciones y políticas de atención encaminadas a reconocer y dignificar a todas las comunidades minoritarias de desplazados, etnias indígenas y afrocolombianas, personas con discapacidad, integrantes de cultos religiosos y miembros de la comunidad LGTBIQ+. Las que además de ser visibilizadas, deben ser integradas y respetadas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.

Los desplazados merecen más que una nueva oportunidad, para ellos debe haber justicia y dignidad por lo que se debe trabajar para brindarles acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda y oportunidades laborales.

Las etnias indígenas y afrocolombianas son portadoras de una sabiduría ancestral invaluable. Preservar sus tradiciones, lenguas y formas de vida es un acto de justicia histórica, y promover el respeto a sus modos de vida es fundamental para el desarrollo sostenible del país.

Las personas con discapacidad, enfrentan barreras cotidianas que no deberían existir y como sociedad se tiene que eliminar cualquier forma de discriminación, de ahí que las políticas de inclusión deben ser una prioridad.

Con relación a la comunidad LGTBIQ+, no es secreto que continúan enfrentando situaciones que atentan contra sus derechos humanos. La igualdad es una necesidad urgente desde el ámbito educativo hasta el legal, partiendo desde las regiones en donde se requieren políticas de inclusión y respeto, tal como lo hicimos en Montería con la sanción de la política pública para proteger a esta comunidad de cualquier forma de discriminación y violencia. Solo así podremos construir una sociedad justa y equitativa.

Para abordar de manera efectiva las necesidades de las minorías en Colombia, es fundamental que tanto el Gobierno, el poder legislativo y la sociedad civil se comprometan con acciones concretas. Dignificar estos grupos es un paso importantísimo hacia la construcción de un país donde todos, sin excepción alguna, puedan vivir con respeto, igualdad y oportunidades. Es reconocer que la diversidad es una fortaleza y que cada colombiano, sin importar su origen, condición o identidad, debe ser respetado.

El reconocimiento, la dignificación de nuestras comunidades minoritarias y el respeto hacia ellas, sin duda es un acto de justicia y una condición indispensable en el camino de la paz y el progreso de Colombia. Ahora más que nunca, es crucial que cada uno de nosotros tome acción para garantizar que este ideal de respeto y equidad se convierta en una realidad palpable en nuestro país.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

Un día antes de finalizar la actual legislatura, el Senado de la República de Colombia hundió, el «proyecto de ley estatutaria» que pretendía regular el derecho a la educación; este proyecto, que logró la aprobación en plenaria de la Cámara, no alcanzó en su recorrido, el acuerdo político en la comisión primera del Senado. Recordemos el contenido y alcance del frustrado proyecto de ley estatutaria; que tenía como propósito garantizar el derecho fundamental a la educación, regular y establecer las condiciones necesarias para su protección.

1.El proyecto integraba una nueva concepción de la educación, transitando de un servicio público a un derecho fundamental; el primero, prestado por particulares y el Estado; el segundo, un deber y obligación del Estado.

2. La prioridad era garantizar el derecho fundamental a la educación de conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia; enfatizando que, la prestación por actores públicos, privados o mixtos estaría bajo la inspección y vigilancia del Estado; que garantice la educación como bien público.

3. El derecho fundamental a la educación con elementos esenciales como son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad; con los que pretendía garantizar el reconocimiento de la pluralidad, diversidad regional, cultural y étnica.

4. El proyecto de ley hacía referencia a los deberes del Estado, que tiene la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar progresivamente el derecho fundamental a la educación.

5. Mencionaba el derecho fundamental a la educación en sus distintos niveles, integrándolos desde el prejardín, jardín, transición, primaria y secundaria; consolidando de esta forma, un sistema de articulación entre la educación media y superior para el acceso progresivo a la educación superior.

6. El proyecto contemplaba disposiciones para atender grupos poblacionales en condiciones de analfabetismo, personas privadas de la libertad, grupos étnicos y madres cabeza de familia.

7. Los grupos étnicos tendrían la facultad y autonomía de diseñar, administrar y regular sus instituciones y programas para adecuarlos a sus necesidades, historia y lenguas.

En consecuencia, este proyecto de ley estatutaria de educación planteaba un marco general y regulatorio que establece la educación como derecho fundamental; enmarcado en una concepción progresista de la educación, garantizado por el Estado, y que demanda y necesita Colombia para avanzar en el cierre de brechas sociales y regionales determinadas por las profundas asimetrías educativas.

Desafortunadamente, esta iniciativa gubernamental no logró los acuerdos necesarios para convertirse en ley, por parte de las bancadas políticas representadas en la comisión primera del Senado. En este sentido, el Ministerio de Educación debe continuar avanzando en un diálogo sobre los temas no conciliados y que, echaron al traste la iniciativa; entre ellos: la evaluación docente, donde pretendían que un criterio de evaluación sean las pruebas saber.

11. La autonomía universitaria, en lo correspondiente a la designación de autoridades académicas a través de la democracia directa. La educación como bien público; la educación terciaria; entre otros. Tópicos donde no hubo acuerdos.

Podríamos decir, que el contenido general del proyecto de ley estatutaria de educación continúa teniendo vigencia; por consiguiente, corresponde al Ministerio de Educación retomarlo en un ambiente de diálogo amplio, donde incluya, a todos los actores del sector y el Congreso de la República.

*Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Colombia es un país con gran vocación agrícola, y preocupa enormemente que su población padezca precizamente por la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, al acceso y al consumo oportuno y permanente de los mismos en sus hogares en las cantidades y calidades nutritivas que proporcionen una vida saludable y digna.
En nuestro país paradojicamente la riqueza agrícola contrasta con las dificultades que enfrentan las familias campesinas bastión imprescindibles y actores fundamentales de nuestra seguridad alimentaria.

Partiendo de ese complejo escenario, se hace necesaria una reforma que realmente favorezca a nuestro campesinado. De ahí que es el momento indicado para impulsar la creación de centros de transformación y comercialización regionales como una solución visionaria, capaz de fortalecer las economías rurales y asegurar un suministro constante y de calidad de alimentos.

Durante décadas las familias campesinas han sido víctimas de la marginación económica y el acceso limitado a tecnologías avanzadas que han disminuido su capacidad para competir en mercados masivos y globalizados. Es hora de dotarlos de la infraestructura adecuada y brindarles la posibilidad de agregar valor a sus productos, para sacarlos a flote del ciclo de pobreza y subsistencia al que han estado sometidos.

La propuesta de establecer centros regionales de transformación y comercialización es clave para romper este ciclo, toda vez que estos podrían funcionar como ejes de innovación y productividad, en donde los productos adquieran un valor adicional antes de llegar al consumidor final, lo que no solo aumentaría los ingresos de las familias rurales, sino que también mejoraría la calidad y trazabilidad de los alimentos que consumimos diariamente.

Es de resaltar, la posición geográfica privilegiada de Colombia, la que con su diversidad climática y de suelos, permite una producción agrícola variada y rica, que se debe potenciar con tecnología y una gestión adecuada, no solo para satisfacer las necesidades internas, sino para consolidarse en el mercado internacional de alimentos.

Es necesario generar políticas públicas consistentes y de apoyo financiero, tecnológico y educativo a los campesinos. Así como la creación de incentivos fiscales, que además generen alianzas estratégicas para la formación y capacitación de la mano de obra rural.

Nuestros campesinos deben estar equipados con conocimientos y habilidades que les permitan sacar el máximo provecho de las nuevas tecnologías y métodos de producción. Programas de educación continua y técnica, enfocada en prácticas agrícolas sostenibles y en gestión de negocios, logrando de esta manera un efecto transformador en la calidad de sus vidas.

Al empoderar a las comunidades rurales y crear un entorno donde puedan prosperar, sin duda alguna Colombia podrá asegurar su seguridad alimentaria y un futuro más justo y sostenible.

La ruta es larga y está llena de desafíos, pero estoy convencido que con voluntad política, cooperación multisectorial y un enfoque centrado en las personas, es posible construir un futuro donde las familias campesinas sean protagonistas de su propio desarrollo y el bienestar de toda nuestra Nación.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado martes 18 de junio, la Universidad de Córdoba asistió a un certamen democrático donde los protagonistas fueron los jóvenes universitarios, quienes participaron de manera libre y autónoma para escoger su representante ante el Consejo Superior, máximo órgano de dirección y gobierno. Durante estos últimos años, Unicórdoba ha hecho de la participación democrática, una línea de conducta ejemplarizante.

Se ha realizado elección de representantes estudiantiles a los distintos cuerpos colegiados, donde tuvieron la oportunidad de participar con libertad, 90 postulantes; ejerciendo el derecho al voto 9.650 aspirantes. Misma forma, elección para escoger representantes de los profesores ante el Consejo Superior Universitario; además, consultas para la designación de rector; certámenes electorales desarrollados de manera virtual y articulados con la política de transparencia y buen gobierno. Recientemente, la elección de representantes estudiantiles ante el Consejo Superior; en esta participaron 6.036 estudiantes; quienes votaron por distintos candidatos; donde los estudiantes ganadores alcanzaron 2.692 votos, equivalente a un porcentaje de 44.60%; la segunda votación con 1.452 obtenida por el voto en blanco; tercera votación con 1.411 votos; cuarta votación con 356 sufragios; la quinta preferencia alcanzó 67 votos y la sexta consiguió 58 votos.

Proceso democrático que fortalece la democracia, autonomía universitaria y al estamento estudiantil; quienes escogieron sus representantes ante el Consejo Superior Universitario para el período 2024-2028. Esta expresión participativa y democrática reafirma el ethos universitario, como el ágora pública para el disenso, pluralidad y deliberación sobre el quehacer universitario; donde en términos habermasianos, la única violencia permitida debe ser la del mejor argumento.

Esta característica de la autonomía universitaria permitió que el estamento estudiantil participara y expresara libremente el apoyo por los distintos candidatos; permitiendo que la representación estudiantil que logró el respaldo mayoritario; esté investida de una legalidad y legitimidad política, que deberán poner al servicio del estamento estudiantil y comunidad universitaria, sin prejuicios, sesgos o exclusiones. Una representación incluyente y dialogante; con liderazgo, trabajo y gestión; de esta forma, devuelva a su estamento la confianza recibida.

Por ello, el ejercicio democrático vivido en la Universidad de Córdoba visibiliza las funciones formativas de una universidad centrada en una educación para la democracia, que hace posible construir cultura política y formar ciudadanos para ejercer la ciudadanía consciente y libre. Donde los estudiantes candidatos, expresaron propuestas, visiones y pensamientos alrededor de un proyecto universitario con el propósito de convencer con ideas y argumentos a los miembros de la comunidad estudiantil. En este contexto, la universidad forma para el ejercicio democrático. Este ambiente universitario es un espacio natural y fecundo, donde la democracia existe, crece y se desarrolla de forma dialógica, deliberativa, racional y responsable. Unicórdoba, nuevamente ha dado muestra de la democracia universitaria, donde el estamento estudiantil manifestó libremente su voluntad y preferencia. En consecuencia, es deber de la representación estudiantil ante el Consejo Superior: aconsejar, trabajar y gestionar en función del interés general, bienestar estudiantil y desarrollo institucional. Es importante, que esta nueva generación de jóvenes impulse el nacimiento de una generación inaugural en Unicórdoba; con ideales, ímpetu, visión y entrega, dignifiquen el ejercicio de una política al servicio de la vida; de esta forma superar los odios y violencias que destruyen la esencia y naturaleza de la universidad.

Por Erasmo Zuleta Bechara.

Gobernador de Córdoba 

Parafraseando a Napoleón Bonaparte, en términos de competitividad, este factor es tan importante para el desarrollo de nuestro país que no podemos cometer errores en su consecución, aunque lo necesitamos urgentemente.

Y esto es muy cierto, especialmente si se tienen en cuenta dos factores cruciales: el primero, que para observar resultados en términos de competitividad en los territorios, estos no son inmediatos, por lo que no existe margen de error para perder el tiempo; y el segundo, que se presenta un desbordamiento de necesidades con respecto a los recursos disponibles, al menos a nivel territorial, lo que hace que estos deban ser utilizados de forma óptima.

La competitividad es un tema que cobra gran relevancia si consideramos la reciente publicación del Índice de Competitividad Departamental 2024 (IDC), elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario. Dicho sea de paso, gran trabajo el que realizan estas instituciones con la elaboración de tan importante instrumento, que da luces sobre los factores cruciales y ayuda a la mejora de las entidades locales.

Con respecto al tiempo que toman las políticas públicas en causar un efecto real en términos de competitividad, basta con considerar que los resultados del ranking del año 2024 se desprenden de agrupar 102 indicadores en 13 pilares, de los cuales 59 (58% de los mismos) tuvieron como año de corte el 2022, 38 como año de corte el 2023 (37%) y tan solo uno, el 2024. Es decir, los resultados que vemos en el ranking del año 2024 consideran, en su gran mayoría, resultados de ejecutoria del año 2022. Esto solo en cuanto a la construcción de los indicadores. Si revisamos los efectos en el sureste asiático de la mayor inversión en ciencia y tecnología de los años 70, estos tardaron por lo menos 20 años en demostrar efectos materiales en la vida de los habitantes de la región.

Sobre los resultados del IDC para el departamento de Córdoba, este departamento perdió una posición entre el año 2023 y el 2024, pasando del puesto 22 al 23 en el ranking. Por pilares, los que mejor desempeño demostraron para 2024 en el departamento fueron «Sostenibilidad Ambiental», ubicándose en la posición número 4 entre 33 entidades territoriales, seguido de «Sofisticación y Diversificación», en la posición número 15. La mejor variación entre el 2023 y el 2024 se presentó en el pilar de «Entorno para los Negocios», al pasar de la posición 32 en 2023 a la 22 en 2024, mientras que el mayor descenso se presentó en el pilar de «Infraestructura», pasando de la posición 20 en 2023 a la 26 en 2024.

Y es cuando se comparan los resultados en algunos indicadores de competitividad frente a los recursos disponibles que estos últimos lucen insuficientes. Por ejemplo, dentro de los indicadores donde el departamento de Córdoba se encuentra relativamente atrasado están los relacionados con acueductos, alcantarillados y red vial primaria. Todos estos son sectores intensivos en capital para su mejoramiento, construcción o ampliación.

Por todo lo anterior, el Plan de Desarrollo Departamental recientemente aprobado por la Asamblea de Córdoba apunta a que el departamento logre un mejor nivel de competitividad. Para ello, este plan considera un conjunto de acciones y proyectos estratégicos debidamente pensados y concebidos con el objetivo de no cometer errores que puedan poner en peligro la posibilidad que tiene el departamento de alcanzar otro nivel de forma urgente. Vamos despacio porque tenemos prisa, como decía Bonaparte.

Esperamos que estas metas y objetivos trazados tengan el apoyo respectivo del Gobierno Nacional para su efectivo cumplimiento.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Es es momento de volver la mirada hacia el campo, dotar a nuestros campesinos de las herramientas necesarias para que la tierra sea productiva, sentando las bases para una transformación del campo colombiano con el propósito superior de crear las condiciones de bienestar social y desarrollo económico que la sustraigan de la pobreza rural extrema, garantizando para siempre una vida digna para la población rural de nuestro país.

En Colombia el 75 % de los municipios son rurales, los cuales abarcan el 94 % del territorio nacional; el 30% de la población se identifica como campesina, lo que representa aproximadamente 15.2 millones de personas en nuestras zonas rurales. A lo largo de décadas, estas comunidades han enfrentado una serie de problemas graves: conflicto armado, distribución inequitativa de la tierra, falta de servicios públicos, infraestructuras viales deficientes y escasez de oportunidades educativas y laborales. Por ello, es imprescindible una reforma agraria que transforme las condiciones de nuestro campo y lo convierta en un motor para la economía nacional.

Este tema ha sido recurrente en el debate público y político, donde, a mi juicio, se ha cometido el error de asociar la reforma agraria exclusivamente con la compra de tierras. Es vital repensar este enfoque e implementar un modelo integral y sostenible que verdaderamente beneficie a nuestros campesinos y promueva el desarrollo rural como nunca antes.

Para lograr una verdadera reforma agraria, es crucial avanzar en varios frentes a la vez. En primer lugar, debemos proporcionar apoyos económicos y tecnológicos, y abordar la legalización de predios. La clave está en garantizar los insumos necesarios para hacer productivas las tierras, lo que debe ir acompañado de la formalización de la propiedad, brindando seguridad jurídica y facilitando el acceso a créditos y otros beneficios esenciales para una utilización efectiva y sostenible de los terrenos.

Otra pieza fundamental de esta reforma debe ser la creación de asociaciones de campesinos, las que permitirán llevar a cabo proyectos agrícolas sin la necesidad de ser propietarios de la tierra, promoviendo un uso más eficiente y coordinado de los recursos, la implementación de prácticas agrícolas innovadoras y la diversificación de las actividades económicas rurales.

Es indispensable fomentar alianzas estratégicas entre el sector campesino y la academia para adelantar estudios de suelos y hacer recomendaciones de cultivos según las características climáticas. Además, la capacitación continua y la asistencia técnica son esenciales para que los campesinos puedan mejorar sus prácticas agrícolas.

Es también crucial desarrollar estrategias efectivas de comercialización a través de alianzas público-privadas, las que deben priorizar la demanda alimentaria interna y abrir puertas a mercados internacionales. A lo que se debe sumar, la creación de mercados locales y regionales, respaldados por políticas públicas para garantizar que los productos agrícolas lleguen de manera eficiente a las centrales de abastos y a precios justos para los consumidores.

Debemos empezar a reconocer que el papel del sector rural en la seguridad alimentaria de Colombia es esencial. Estas zonas producen la mayoría de los alimentos que consumimos diariamente y el fortalecimiento del sector campesino no solo aumentará la oferta de alimentos, sino que también estabilizará precios y reducirá la dependencia de importaciones, contribuyendo así en la autosuficiencia nacional en términos alimentarios y generando un impacto positivo en la economía general del país.

Una verdadera reforma agraria en Colombia debe centrarse en el desarrollo rural integral, construyendo un modelo agrícola inclusivo, sostenible y próspero que elimine el hambre y posicione al país como un actor significativo en el mercado agrícola mundial.
Es hora de mirar con nuevos ojos nuestro campo y fortalecer a nuestros campesinos mediante una política pública que realmente promueva la equidad. Solo así podremos construir un sector agrícola próspero, incluyente y sostenible que beneficie a toda la nación y asegure un futuro mejor para las generaciones venideras.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

El departamento de Córdoba fundado un 18 de junio de 1952, celebra 72 años, un pueblo que ha construido su propia historia, su cultura e identidad en la que deben tomar conciencia las presentes generaciones; amarlo, cuidarlo e impulsar su progreso.

Sea esta la ocasión para reflexionar acerca del presente de nuestro departamento, que, en medio de las adversidades logró potencializar su capacidad de resiliencia y sobreponerse a las complejidades y turbulencias de un contexto en constante cambio, que ha logrado superar con tesón, muchas vicisitudes para convertirse en lugar geográfico, próspero y futurista. Que sea este onomástico momento, una oportunidad para pensar lo que ha sido el pasado y presente de un pueblo construido con el empuje de su gente y los retos por reedificar un territorio, que cierre brechas sociales con equidad y progreso social. Donde la ocupación y preocupación estén representadas en la dignidad humana.

Se podría afirmar, sin ambages de ninguna clase, que, Córdoba posee riqueza natural biodiversa, pluricultural y estratégica para el desarrollo y competitividad de una región representada en sus subregiones como: la costanera, denominada por sus habitantes el «Caribe Cordobés», que hoy cuenta con 124 kilómetros de costa sobre el mar Caribe y potencialidades para el turismo, pesca y desarrollo portuario. El sur de Córdoba, subregión que cuenta con el 60% de los bosques húmedos tropicales, como lo es, el Parque Nacional Natural de Paramillo, donde nacen los ríos: San Jorge, Sinú, Manso, Esmeralda y Verde, considerado una estrella fluvial y fábrica de agua que abastece la mayoría de los municipios del Departamento; igualmente, una riqueza minero-energética. El bajo y medio Sinú; la subregión sabanera y la ciudad capital Montería muestran el potencial económico, cultural y social que representa el departamento de Córdoba.

Es paradójico, que Córdoba, con amplias ventajas comparativas brindadas por la naturaleza, sus niveles de productividad y competitividad sean bajos y la mayor parte de su población sumergida en la pobreza; en especial, los jóvenes; quienes no han podido acceder a la educación superior como medios de movilidad social. De acuerdo al diagnóstico de la Agenda Córdoba 2052, el departamento tiene una población menor de 15 años mayor que otras regiones del país, pero su fortalecimiento dependerá de oportunidades para dignificar sus vidas; en consecuencia, para mejorar la productividad económica y competitiva. Necesitamos profundizar la formación académica de los jóvenes que representan el presente del Departamento.

En este sentido, la Agenda Córdoba 2052, es la apuesta de transformación social y humana del departamento, que apunta al reconocimiento y potenciación de las ventajas comparativas en cinco grandes desafíos productivos identificados así: clúster cárnico, agroindustria, turismo, minero-energético y tecnologías. En este orden de ideas, el diagnóstico presentado, permite construir de manera participativa la agenda prospectiva; priorizando sectores estratégicos, recursos financieros, enfoques y lógicas de desarrollo que jalonen el progreso social y humano del territorio. Importante resaltar el liderazgo del gobernador de Córdoba; representante de una generación joven que ha emprendido esta apuesta visionaria y moderna del desarrollo, con un criterio incluyente de los actores del territorio; en particular, la academia.

Unicórdoba reafirma su compromiso y pone a disposición su ciencia, saber y conocimiento para hacer posible la Agenda Córdoba 2052. Como invoca nuestro himno …los pueblos que no luchan no tienen porvenir.

Por Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador de Córdoba 

“Es necesario sembrar para el futuro”, decía Napoleón Bonaparte. Que el porcentaje de la inversión como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023 haya sido el menor en los últimos 19 años es motivo de preocupación para el país. Esta proporción tan solo alcanzó el 13.6%, comparado con el promedio histórico de 21.5%. No estamos sembrando lo suficiente.

La inversión es el componente del PIB que nos habla sobre el futuro de una nación. En función de lo que se invierta hoy en educación, salud, infraestructura vial, portuaria, energética y turística, dependerá nuestro desarrollo y generación de riqueza en unos años. Si hoy la inversión es baja o escasea, el futuro no será promisorio. Desafortunadamente, este es el panorama al que nos encontramos avocados si no se lideran las políticas públicas y privadas necesarias para atraer inversionistas tanto locales como extranjeros.

Algo similar sucedió con la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2023. La variación de este rubro con respecto a 2022 fue de -0.2%, alcanzando los USD 17,147 millones. Para el primer trimestre de 2024, la caída de la IED total fue de un -12% con respecto al mismo periodo de 2023, y la IED de un rubro muy importante para el Departamento de Córdoba, la destinada al sector agropecuario, cayó un -8%.

El comportamiento de la inversión dificulta la ejecución de cambios estructurales en la diversificación productiva que necesita el país. En el caso del Departamento de Córdoba, por ejemplo, los principales sectores productivos son la administración pública (25% del PIB departamental) y el comercio (15% del PIB departamental). Muy por detrás se encuentra el sector agropecuario con una participación del 14% del PIB departamental y la industria con un 10.6%. El principal motor productivo de la región es el sector público. Este panorama tiene que cambiar y, para ello, es fundamental invertir en sectores transformadores.

Dado que el panorama de la inversión nacional no es alentador, somos las regiones las llamadas a hacer lo que está a nuestro alcance para fortalecerla. En este sentido, iniciativas que propongan acercar a los inversionistas a los territorios son ahora más que nunca necesarias. Como gobernador del Departamento de Córdoba, he iniciado varias actividades enfocadas en tal fin.

Las acciones para incrementar la confianza inversionista en el Departamento de Córdoba son a largo, mediano y corto plazo. Las acciones a largo plazo incluyen la elaboración de la Agenda Córdoba 2052 para planificar el futuro del departamento con una perspectiva de varias décadas adelante, con estudios y análisis rigurosos que se encuentran en curso. Las acciones a mediano plazo incluyen un Plan de Desarrollo Departamental recientemente aprobado, donde la mayoría de sus recursos se concentran en sectores detonantes de la productividad, como la educación, la infraestructura y el sector salud. Por último, las acciones a corto plazo incluyen la racionalización y digitalización de varios trámites que facilitan el entorno para hacer negocios y la ejecución de proyectos de inversión en curso relevantes para la conectividad del territorio.

Es tarea de todos los niveles del estado sembrar lo suficiente para el futuro del país. Desde las regiones y desde el Departamento de Córdoba en particular, estamos tomando las medidas que podemos implementar y esperamos que, con la coadyuvancia del Gobierno Nacional, logremos niveles de inversión que ayuden a cambiar nuestra estructura productiva en pro de nuestros habitantes y del país en general.

Por: Carlos Ordosgoitia Sanin

Sin duda nuestra región es una de las joyas agropecuarias más importantes del país. Su riqueza natural, variedad de suelos, clima favorable y recursos hídricos sitúan a Córdoba como una auténtica despensa para la región.

Córdoba es el epicentro y un pilar fundamental para asegurar la producción agrícola de alta calidad, lo que contribuye significativamente en el desarrollo rural, generando empleo y fomentando el bienestar de las comunidades locales.

La economía del país y la seguridad ciudadana empieza por asegurar de manera crucial la seguridad alimentaria del país y con el propósito de impulsar el comercio exterior con exportaciones de calidad a diferentes rincones del mundo.

Durante las últimas décadas Córdoba ha evolucionado en el país, con la adopción de tecnología e innovación en sus procesos agropecuarios de cara a ser más competitivos. Por supuesto, hace falta mayor inversión en investigación, desarrollo y capacitación técnica para permitir que los productores incorporen métodos modernos de cultivo y cría, garantizando así productos de alta calidad y mayor competitividad en mercados nacionales e internacionales.

Lo que debe ir de la mano con políticas que deben enfocarse en mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores, facilitando su acceso a recursos esenciales como crédito agrícola a bajos intereses, seguros de cosecha y programas de capacitación técnica.

Es vital promover la asociatividad y cooperativismo entre los campesinos, fortaleciendo sus capacidades de negociación y acceso a mercados y es crucial asegurar la infraestructura adecuada, como vías de comunicación, centros de acopio y tecnología agrícola, que permitan a los campesinos incrementar su productividad.

Todo este trabajo acompañado de incentivos fiscales y programas de subsidios que alienten prácticas agrícolas sostenibles, garantizando que el desarrollo económico se traduzca en un bienestar duradero para las comunidades rurales y se replique este modelo en todas las regiones de Colombia.

Sumándose a todo ello un juicioso proceso de legalización de tierras como una prioridad política y social. La formalización de la propiedad de tierras a los campesinos no solo proporciona seguridad jurídica, sino que también abre un abanico de oportunidades cruciales para su progreso.

Con la tenencia legal de sus tierras, los productores pueden acceder a procesos de tecnificación para incrementar la productividad y eficiencia de sus actividades. Además, facilita el acceso a capital semilla y a créditos blandos, instrumentos financieros que permiten realizar inversiones en infraestructura, adquisición de maquinarias modernas y mejora de técnicas de cultivo. Facilidades financieras que estimulan la innovación y el crecimiento sostenible.

De esta manera, podremos construir un futuro más próspero y equitativo para la región, donde las zonas rurales se conviertan en el pilar del desarrollo de la Colombia que todos nos merecemos.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

El sistema de educación superior en Colombia asiste a una avalancha de cambios e iniciativas legislativas para reformar la Ley 30 de 1992; la cual rige dicha educación; proyectos de reforma con buenas intenciones, pero evidencian un desconocimiento del sector. Uno de ellos es el proyecto de Ley No. 250 de 2023 de la Cámara: «Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar el acceso a la educación superior» cuyo objeto es «asegurar la gratuidad en el valor de los derechos de inscripción de los jóvenes que se inscriban para cursar un pregrado en una de las instituciones de educación superior públicas, priorizando los pertenecientes a los grupos poblacionales más vulnerables de acuerdo con el Sisbén IV», que fue aprobado en plenaria del Senado el pasado 30 de mayo.

El Sistema Universitario Estatal SUE ha insistido al país político representado en el Congreso de la República legislar y hacer reformas que fortalezcan la educación superior pública como derecho; ampliando cobertura y cerrando brechas sociales y regionales para que los jóvenes accedan a una educación en condiciones de pertinencia y calidad. Por lo anterior, las universidades públicas agrupadas en el SUE expresaron la preocupación por el impacto fiscal que representa garantizar el beneficio de gratuidad en la inscripción para ingresar a una universidad pública que no asegura el acceso a este derecho; no obstante, constituye una afectación en la disminución del presupuesto de ingresos de las Universidades Oficiales; recursos necesarios para atender gastos de funcionamiento permanentes, situación ampliamente difundida por el SUE; conducente al desfinanciamiento estructural de la universidad pública, que genera a través de la venta de servicios, el 45% del presupuesto para atender las responsabilidades misionales de docencia, investigación y extensión. El Sistema Universitario Estatal cuantificó el impacto fiscal del proyecto de ley que asciende a 125 mil millones de pesos anuales; que dejarían de recibir las universidades oficiales, afectando y debilitando el funcionamiento institucional.

Ahora bien, el Artículo 3 del proyecto de Ley citado, establece: «el pago de los derechos de inscripción se realizará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gastos de mediano plazo del Gobierno nacional. Los recursos de financiamiento de la presente Ley estarán a cargo del presupuesto general de la nación. En ningún caso, lo aquí dispuesto podrá afectar los presupuestos anuales, ni las transferencias que por ley se realizan a las instituciones de educación superior y su financiación será exclusivamente proveniente de recursos adicionales dispuestos por el Gobierno nacional para dar cumplimiento a esta ley».

En este sentido, las universidades oficiales están a la expectativa de que, una vez sancionada la ley, las instancias competentes reafirmen lo citado en este Artículo 3; con el fin de que los Ministerios de Hacienda y Educación al inicio de cada semestre académico incorporen las partidas presupuestales y transferencias de los recursos al SUE. Este proyecto de ley ocasiona una afectación financiera para el funcionamiento del SUE y un desconocimiento de la autonomía universitaria. En consecuencia, que el Ministerio de Educación realice seguimiento a las iniciativas legislativas en materia educativa que afecten el financiamiento de las universidades oficiales y su autonomía.