Categoría: Opinión

Por: Antonio Correa Jiménez 

Senador 

Analizando lo que pasó en Venezuela nos queda claro que es el ejemplo vivo y perfecto para describir una dictadura, que en nada se parece a una democracia y que tiene un comportamiento de tiranía, ya que dichos sucesos dejan en evidencia el poder extraordinario ilegal de Nicolás Maduro sobre el Consejo Nacional Electoral -CNE – del vecino país, sobre las fuerzas militares, sobre el Congreso y sobre la Justicia, todos los cuales son controlados para sus fines protervos por el tirano, el mismo que quiso mostrarle al mundo un falso esfuerzo para probar que en Venezuela existía democracia.

Y ello es lo más falso y alejado de la realidad, como quedó evidenciado en el saboteo a la jornada electoral, la desconexión del CNE y la falta de garantías y total manipulación del conteo de votos, los cuales fueron precedidos de sendas comunicaciones de Diosdado Cabello invitando a los escuadrones de la muerte, los círculos bolivarianos, a intimidar al resto de la comunidad que esperaba en paz y sana convivencia los resultados electorales.

En Latinoamérica y el resto del mundo todos sabíamos el final de esta película. Como en el pasado, se dio un nuevo fraude electoral y toma del poder por el tirano Maduro y sus secuaces. Solo faltaba el final del guión, y era la lectura de los resultados por parte del presidente del CNE. Pero fue todo un sainete: este, con su mirada y la actitud complaciente del régimen, leyó los supuestos resultados sin revisar que el total de votos representaba un 132% y no el 100% que enmarcan las matemáticas. La vulgar mentira que estaba leyendo lo delató, tras lo cual dió la estocada final declarando electo a Maduro como presidente; no, perdón; como el tirano que oprime al pueblo libre venezolano.

Este señor no tuvo la más mínima consideración con el grado de miseria en que tiene sumergido al pueblo venezolano, ni tuvo la más mínima contemplación con sus hermanos que deambulan y mendigan por las carreteras de países latinoamericanos y del mundo entero, buscando un milagro que les cambie la vida o la ayuda divina para que el dictador tome conciencia y misericordia y se baje del poder.

Recordemos que quienes encabezan el fenómeno migratorio mundial son los venezolanos, que salen a buscar vida después de la muerte a la que los tiene sometidos maduro. Y a esto debemos sumar que esta población aumenta los cordones de miseria en el mundo. Colombia, nuestro amado país, es potencia en recibir migrantes y como tránsito hacia otros países; y una de las fronteras que más se atraviesa es la del Tapón del Darién, donde muchos de ellos mueren en altamar o en el esfuerzo por atravesar la selva y vencer sus dificultades, en su intento por cumplir el sueño centroamericano y americano en medio de un gran dolor.

Allí, en esas fronteras, la solución no es colocar perversos alambres de púas, como dispuso el presidente panameño José Raúl Mulino.

Nuestra esperanza estaba cifraba en que el fenómeno de migración ilegal que golpea en la actualidad a los EE. UU. en su máximo esplendor iba a motivar al gobierno de Joe Biden a ejercer presión para que se dieran las debidas garantías y los condignos controles para devolver la democracia al pueblo venezolano.

Ilusos nosotros que pensamos que lo anterior, sumado al haber indultado a Alex Saab, iba a jugar a favor del restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Hoy nos queda una nueva frustración y a la vez una gran enseñanza: a los sectarios que reclaman más bloqueos económicos hay que decirles que el remedio no es la represión a un pueblo. Por el contrario. El bloqueo económico termina siendo un castigo contra un pueblo sufrido, el cual, así, resulta revictimizado. Debe ser lo contrario. A Venezuela hay que desbloquearla, para que pueblo venezolano sepa que el mundo está con ellos. Lo ideal es que sea el bravo pueblo, en su máxima expresión en las calles de Venezuela, quienes exijan la salida del dictador, y por supuesto su sometimiento a la justicia internacional, así como de sus cómplices Diosdado Cabello y Padrino López y demás secuaces, quienes deben ser procesados por crímenes de lesa humanidad, narcotráfico y todas las fechorías cometidas.

Por último, hoy la izquierda progresista latinoamericana de Brasil, Colombia, México y Chile deben solicitar al unísono el reconteo voto a voto y la observación internacional como único condicionamiento para el reconocimiento al Gobierno de Maduro en caso de hallarse ganador a este, un hecho poco probable.

Sabemos que no debemos entrometernos en asuntos políticos de hermanos países, y más cuando nosotros no tenemos la mejor democracia en Latinoamérica, ya que hoy en nuestro país persisten fenómenos como la compra de votos y el amedrentamiento armado al sufragante, entre otros hechos que pudiesen ser subsanados con una reforma política seria que el actual Congreso, por lo visto, tiene poca voluntad en sacar adelante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo primero de agosto sigue la audiencia de formulación de acusación en contra del exrepresentante legal de Urbaser Humberto Rodríguez Cobo, por los delitos de “Daño en los recursos naturales, ecocidio, y Contaminación Ambiental Agravada”

Por: Oswaldo Marchena Mendoza

@marchenojob

El 28 de abril del 2025 finaliza el contrato de concesión entre Urbaser y el municipio de Montería. Una oportunidad de quitarnos de encima a una empresa con un pésimo servicio de recolección de residuos sólidos, y que tiene a unos de sus exrepresentantes legales en el pasado respondiendo ante la fiscalía por presuntos delitos ambientales. Además, la justicia le acaba de ordenar el cierre definitivo del relleno sanitario Loma Grande (dicen los habitantes del sector que nunca fue sanitario).

El contrato de Urbaser con el municipio que está próximo a expirar concesionó en su momento de manera poco extraña 3 servicios en uno, como son barrido, recolección de residuos y disposición, algo que normalmente no se hace de esa forma. El ideal sería que exista libre competencia en la recolección de residuos, se incremente el tema de reciclaje y sitios de disposición bajo un esquema de competencia y no de monopolios.

Por una extraña coincidencia, para la época en que se le vence el contrato de concesión a Urbaser, se estima que los sitios de disposición de residuos sólidos donde hoy lleva las basuras habrán colapsado por capacidad y porque no tienen forma de conseguir nuevas licencias para su expansión.

Montería produce entre 350 y 400 toneladas diarias de residuos sólidos. Me surge un interrogante, ¿Dónde los dispondrá, teniendo en cuenta la falta de infraestructuras para tal fin?

Volvamos al tema del fin de la concesión. Una fuente le dijo a esta columna que desde Urbaser buscaran una prórroga, algo si como una extensión del contrato. La misma fuente me aseguró que de todos modos si quedan por fuera de una nueva licitación ellos pueden continuar con el negocio bajo un esquema de libre competencia, porque tienen amarrado a los usuarios.

Urbaser tiene la base de datos completa de los usuarios de Montería y si entra un nuevo operador, bajo cualquier figura, todo usuario que quiera abandonar el servicio de la recolección de residuos (el derecho de desistimiento) es algo que al final deberá aprobar la Superintendencia de Servicios Públicos (no es tan sencillo). Será clave en este asunto la reforma a la ley 142 de servicios públicos que adelanta el actual gobierno la cual le fija más obligaciones a los entes territoriales.

“Hay que equilibrar los derechos de las empresas y los ciudadanos para garantizar la igualdad y la equidad en los servicios públicos” sostiene Alexander López, director del DNP, sobre la citada reforma. Hoy el péndulo está del lado de las empresas (operadores).

Si llega a la ciudad un nuevo operador con mejores tarifas y servicio, los más seguro es que, tendríamos desde mayo del 2025 el primer paquete de 100 mil usuarios solicitando salir de Urbaser.

A propósito del fallo que obliga al cierre definitivo del relleno Loma Grande y lo que sigue para la ciudad cuando expire la concesión, el alcalde de Montería, Hugo Kergulén, señaló en un comunicado “Desde la administración municipal se analiza el fallo del Tribunal Administrativo mediante el cual se ordenó el cierre definitivo del relleno Loma Grande. A su vez envió un parte de tranquilidad a la comunidad toda vez que Urbaser está cumpliendo con la disposición en otros sitios”.

Sobre la concesión que termina el otro año, dijo que junto a un equipo de profesionales de la Alcaldía analizan el tema y la decisión que se adopte será la que más le convenga a la ciudad.

La deuda social con los habitantes de Loma Grande.

El fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba que ordenó el cierre definitivo del relleno sanitario Loma Grande, no estableció una hoja de ruta para reparar a los habitantes de esa vereda y del resguardo indígena Jaraguay. Es decir, hicieron el daño, les fue bien en la parte comercial y pretenden seguir en el negocio. No debería continuar operando el servicio de recolección una empresa que tiene una deuda social descomunal con toda una vereda.

Los daños ambientales.

El próximo primero de agosto sigue la audiencia de formulación de acusación en contra del exrepresentante legal de Urbaser Humberto Rodríguez Cobo, por los delitos de “Daño en los recursos naturales, ecocidio, y Contaminación Ambiental Agravada”

De forma sutil Urbaser trata de establecer una frontera con el proceso jurídico que cursa contra su exrepresentante legal, y que el señor Rodríguez Cobo asuma la culpa sin vincular a la empresa. Además, han tratado de no reconocer a las víctimas.

En el escrito de acusación de la fiscalía se describen unos delitos ambientales presuntamente cometidos por la empresa en el relleno sanitario.

“Ante los seguimientos realizados por la CVS se logró determinar que el relleno sanitario tenía que funcionar con un sistema de manejo de lixiviados provenientes de los residuos sólidos depositados, lo cual había omitido la empresa Urbaser, como compromiso adquirido de la puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales -PITAR-cuya instalación constituía un requisito esencial para la continuidad de la operación por parte de la empresa”, se lee en el escrito de acusación.

El documento de la fiscalía señala, “Para lo anterior la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA le había fijado un plazo máximo de 12 meses después de la entrada en operación del relleno sanitario, no solo para la instalación y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales, sino, además, la construcción y entrada en operación de dos pondajes de almacenamiento de lixiviados de 500 metros cúbicos cada uno, con la finalidad de garantizar el adecuado manejo de los residuos contaminantes, denominados lixiviados; sin embargo, se evidenció que Urbaser bajo la dirección de Humberto Rodríguez Cobo, omitió el cumplimiento de estos compromisos”

Dice la fiscalía, que el relleno sanitario siguió operando sin contar con un sistema de tratamiento tipo PTAR para los lixiviados y que continuó el vertimiento descontrolado de los mismos, mientras Urbaser seguía afirmando que esos lixiviados provenían del antiguo botadero a cielo abierto, causando con ello un daño ambiental.

La investigación de la fiscalía concluyó que pruebas de laboratorio realizadas a las aguas aledañas al relleno presentaron contaminación por lixiviados y que el canal de aguas lluvias que pasa por los predios del relleno Loma Grande está siendo contaminado con lixiviados que afloran del subsuelo, lo cual afecta la flora y fauna de la región.

“Durante la investigación se logró establecer que la conducta desplegada por el señor Humberto Rodríguez Cobo a través de Urbaser ha impactado negativamente los sectores vecinos al relleno sanitario” sostiene la fiscalía.

El documento en mención señala que la CVS logró identificar que Urbaser incumplió la licencia ambiental del proyecto, ya que el relleno sanitario Loma Grande no contaba con planta de tratamiento químico de lixiviados, ni con planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para el tratamiento de lixiviados.

Esta es una aproximación del proceder de una empresa que busca seguir con el negocio a pesar del mal servicio que presta en la ciudad. Basta observar los diferentes sitios llenos de basuras a toda hora y sin olvidar las graves acusaciones de la fiscalía a su exrepresentante legal por posibles delitos ambientales en el relleno Loma Grande.

“Por sus obras los conoceréis” es uno de los mensajes de Jesús que recoge Mateo en los Evangelios.

 

 

 

 

 

 

 

 

El entramado de deshonestidad en la UNGRD es un reto para el gobierno de Petro, para el Pacto Histórico y para la fiscal entrante. La lucha contra la corrupción será, además, el eje de la campaña presidencial del 2026.

Por: HUBERT ARIZA RUEDA.

El Gobierno del cambio, que se eligió con más de 11 millones de votos, ha vivido en una crisis permanente, que se ahonda con cada detalle que se conoce del creciente escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, y las descomunales cifras que maneja esa entidad, que bajo la administración de Sneyder Pinilla y Olmedo López se pusieron al servicio de una agenda de transacciones políticas non santas con la clase política para eventualmente ganar votos en el Congreso y pasar las iniciativas gubernamentales. Ante esa realidad no es exagerado que muchos perciban el cambio como un desastre ahogado en un mar de corrupción.

En el entramado de deshonestidad en la UNGRD, según se desprende de las declaraciones de Sneyder y Olmedo, están involucrados cuatro ministros, dos altos funcionarios y nueve congresistas. Y se especula que hasta el ELN recibió contratos con dineros públicos como garantía para continuar sentados en la mesa de negociaciones. Todo un cartel delincuencial que atrae la atención mediática, sacude el país político e indigna al país nacional, y en especial a quienes creían, ilusionados, que el cambio no se escribía con ‘c’ de corrupción ni de contratos contaminados.
Se trata de una dura prueba para el Pacto Histórico, cuya posibilidad de permanencia en el poder, después del 2026, ha quedado mucho más debilitada; la justicia, con la Fiscalía a la cabeza que tendrá que demostrar imparcialidad y eficiencia; y el Gobierno, que deberá recomponer el camino y reconstruirse para terminar con dignidad su período; y un desafío para la democracia que deberá salir fortalecida de este episodio que ha traído a colación otros escándalos de gran calado, como el proceso 8.000, cuyos estertores, 30 años después, siguen siendo una pesadilla para los protagonistas de esa época.
La corrupción es el cáncer de la democracia y el Congreso de la República una de las entidades con imagen más negativa del país por su rechazo a las agendas reformistas, la ineficiencia y las prácticas clientelistas. Erradicar ese flagelo fue el caballo de batalla sobre el cual cabalgó durante décadas el hoy presidente en su ascendente carrera política.
El país recuerda que durante su vida parlamentaria Petro atacó con contundencia a quienes se aliaron con lo peor de la clase política, como los hermanos Moreno Rojas y el carrusel de la contratación, para acceder al poder; y a los paramilitares y sus aliados de los clanes políticos regionales y nacionales con los que a sangre y fuego dominaron amplias extensiones del territorio, causaron decenas de miles de víctimas, dominaron las administraciones y saquearon el erario. Esa lucha, muchas veces en solitario y con enorme valentía, le permitió a Petro construir una imagen de radical en defensa de lo público, la transparencia, la vida y la democracia.

Como alcalde de Bogotá salió airoso de los episodios de falta de transparencia de algunos de sus servidores y se escudó en la persecución desatada en su contra por el entonces procurador Alejandro Ordoñez, quien escapulario en mano lo destituyó de manera arbitraria y lo elevó al grado de mártir de la izquierda.

Ahora, como primer mandatario la corrupción de su círculo cercano se ha convertido en su calvario diario, y en alimento poderoso de los medios de comunicación y las redes sociales, que explotan cada titular y ganan likes mientras el Gobierno decae en las encuestas. También en munición electoral para una derecha extraviada y sin argumentos, que sigue sin encontrar una ruta que le permita conectarse de nuevo con el electorado y sin un líder ganador en el tarjetón del 2026.
Fiel a su manera de enfrentar las cosas, Petro pidió perdón a los colombianos en su discurso ante el Congreso, el pasado 20 de julio, por lo acontecido con la UNGRD. “Quiero pedirles perdón a ustedes como representantes del pueblo y a la ciudadanía por lo que ha acontecido en la UNGRD. Olmedo López viene de la izquierda y ha estado vinculado a ella desde hace décadas”, dijo.

Ningún presidente, hasta entonces, había asumido su responsabilidad frente a una crisis de esa magnitud. “Yo fui el que lo puse allí y en eso hay una responsabilidad política y tengo que asumirla”, agregó Petro.
Ante la gravedad de los hechos, las declaraciones de los directivos de la UNGRD y la contundencia de las pruebas aportadas, el discurso anticorrupción del Gobierno Petro, por ahora, ha perdido esencia y contundencia. La izquierda ha extraviado la promesa de valor de la próxima contienda electoral, que tampoco ha ganado la derecha con un pasado de 200 años de mandatos con las manos manchadas por el saqueo del erario y la violencia fratricida.
La creciente impopularidad del jefe de Estado y la agudización de la crisis han obligado al Gobierno a refinar la estrategia y poner en marcha nuevas acciones tácticas, sin que se vea una pronta mejoría de la situación ante las nuevas revelaciones de los acusados por la Fiscalía en el caso UNGRD. Por un lado, Petro se blinda con un nuevo gabinete ministerial, que incluye a la primera línea de sus activistas radicales, como el ministro de Educación, Daniel Rojas, y, por otro, compensa morigerando sus ambiciones reeleccionistas, aunque insiste en su utopía del poder constituyente.
Para ello nombró un ministro del Interior como Juan Fernando Cristo, de origen liberal, con el mandato de apaciguar a la opinión pública, tender puentes con todos los sectores para intentar consensos que hagan posible la convivencia política, calmar a la bancada del Pacto Histórico, y promover un acuerdo nacional en el que nadie cree para convocar una Asamblea Nacional Constituyente por los cauces constitucionales. Al mismo tiempo, desde la presidencia aceleran en busca de la unidad de los partidos de izquierda para afrontar las elecciones de 2026, en las que desde ya se percibe un sabor a derrota.

La búsqueda de ese acuerdo nacional deberá comenzar con el propio Pacto Histórico, para que sus congresistas dejen de crucificar al ministro Cristo, como hizo la senadora Isabel Zuleta el pasado miércoles en el Capitolio Nacional. Y, asimismo, tendrá que poner como primer punto la lucha contra la corrupción, que es un tema transversal a la agenda de reformas planteadas por el Gobierno, porque la reforma política es necesaria, precisamente, para superar los vicios que envilecen el ejercicio de lo público, como la financiación de las campañas electorales, que es la madre de las desgracias que corroen la democracia.
Es parapetada en la ocurrencia de hechos de corrupción, además, que la tecnocracia bogotana ha podido construir en los últimos cien años una muralla impenetrable que impide la verdadera descentralización y autonomía territorial. Hacer cumplir la Constitución de 1991, en este campo, es un imperativo histórico para modernizar el país y derrotar los males que aquejan a las regiones como el hipercentralismo y el hiperpresidencialismo. Así como erradicar la corrupción del sistema judicial, otra de las grandes reformas aplazadas, para que nunca más se repita la historia del Cartel de la Toga.
Es previsible que la lucha contra la corrupción sea el termómetro del éxito de la fiscal entrante, y el eje de la campaña presidencial del 2026, que está en plena marcha. El presidente Petro tiene dos años para demostrar que fue capaz de sacudirse de la etiqueta que hoy tiene a sus espaldas.
Depurar su administración imponiendo un duro protocolo de transparencia tiene que ser un hecho fehaciente y no solo una promesa vacía del mandatario. En este caso es imposible pensar en la unidad de cuerpo. Gran responsabilidad tiene el Gobierno para impedir que el cambio se ahogue en el desastre generado por funcionarios corruptos. Hay que volver a leer el discurso inspiracional y los objetivos enunciados en la posesión de Petro para entender qué ha cumplido y dónde queda su bandera de lucha contra la ilegalidad y la corrupción.

Tomado de El País de España.

Por: Luis Eduardo Narváez Martínez

X: @luisenarvaezm

El 24 de julio se celebra el Día Internacional del Autocuidado, una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de convertir el cuidado personal en un estilo de vida. Más allá de un día específico, el autocuidado debe permear nuestra existencia, pues es la clave para una salud física, mental y social integral con o sin el apoyo de un profesional de la salud.

Después de que la OMS, se ha encargado de multiplicar la información, es común pensar en la salud mental como la ausencia de enfermedad, pero va mucho más allá, es todo un derecho; se trata de un estado de bienestar que permite a la persona desarrollar sus habilidades, aprender, trabajar, ser productivo, construir relaciones sólidas y colaborar con su entorno. Lograr este bienestar requiere, entre otros, la práctica constante del autocuidado.

El autocuidado no es un concepto nuevo ni exclusivo de las mujeres, como se ha creído erróneamente, es la capacidad de cada individuo, familia y sociedad para mantener su salud, afrontar las dificultades y seguir un tratamiento médico cuando sea necesaria la intervención.

Implementar hábitos saludables como la alimentación adecuada, el ejercicio regular, el descanso reparador, la gestión de las emociones, el cuidado personal y la alfabetización en salud, son pilares fundamentales del autocuidado; es un camino que requiere trabajo constante, pero que a largo plazo genera un ahorro en la salud, tanto física como mental e incluso al mismo sistema sanitario.

El autocuidado no sustituye la atención médica profesional, pero sí la complementaria. Nos empodera para tomar decisiones responsables en relación con nuestra salud y nos permite prevenir enfermedades, mejorando nuestra calidad de vida, es un proceso continuo que nos conduce hacia una existencia más plena y saludable.

En un mundo cada vez más acelerado, es más importante que nunca priorizar nuestro bienestar. El autocuidado no es un lujo, es una inversión en nosotros mismos, que nos permite vivir con mayor bienestar y contribuir a un entorno más positivo para la persona, el profesional de la salud y el sistema de salud.

 

 

 

Por: Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador de Córdoba 

“Los niños de próximas generaciones irán a ver la pobreza en los museos”, decía el economista Mohamed Yunus, premio Nobel de paz del 2006. Y deseamos que esto sea así porque es una realidad que las condiciones económicas de las familias muchas veces determinan su actuar en la sociedad. Está comprobado estadísticamente que en los entornos con pocas oportunidades se presentan mayores probabilidades de tener problemas de salud, drogadicción, desempleo, embarazo adolescente, pocos logros académicos, entre otros flagelos.

Esta realidad ha sido identificada desde hace décadas y allí se han concentrado las políticas públicas alrededor del mundo: políticas que disminuyan la pobreza. Según estadísticas del Banco Mundial, entre 1981 y 2022, el porcentaje de la población pobre ha disminuido de un 43.7% a un 8.9%, considerando como pobres a aquellas personas que adquieren máximo US$ 2.15 por día a precios de 2017.

Históricamente, el comportamiento de la pobreza en el caso colombiano también ha sido exitoso. Mientras a nivel nacional la incidencia de la pobreza monetaria en 2002 fue de 49.7%, para el año 2023 esta fue de un 33%. Para el 2023, se consideraban como pobres aquellas personas cuyos ingresos eran inferiores a COP$ 435.375 mensuales por persona.

En la conocida “Perla del Sinú”, la ciudad de Montería del departamento de Córdoba, el comportamiento de la pobreza también ha sido decreciente. Mientras en 2002 la incidencia de la pobreza era de un 47.9%, para el 2023 esta se ubicó en un 34.3%.

La mayor parte del crédito para la reducción de estas cifras de pobreza a nivel global y local, como lo identificó la revista The Economist hace unos años en un artículo titulado “Hacia el final de la Pobreza”, se debe a dos factores principales: al florecimiento del capitalismo y el libre comercio. Aunque estos dos componentes hoy en día son objeto de grandes discusiones acerca de su gradualidad y razones de seguridad nacional que han hecho que el proceso de globalización se ralentice, lo cierto es que estas causas de la disminución de la pobreza subsisten y deben ser fortalecidas con las debidas precauciones al momento de su implementación para no perjudicar en el corto plazo a determinadas poblaciones.

A pesar de que son loables los resultados obtenidos por el país y sus territorios en términos de pobreza, se estima que casi 17 millones de personas aún sufren de este flagelo en Colombia. Es por ello que las condiciones habilitantes para el funcionamiento del capitalismo, nosotros como gobernantes, las debemos seguir impulsando. Estos elementos van desde la protección de los derechos de propiedad, acceso a servicios públicos de calidad, salud y educación, hasta el impulso y protección de los procesos democráticos de elección de gobernantes.

A pesar del sentimiento de desasosiego, desesperanza y caos que pueden generar algunas noticias como el intento de asesinato a uno de los principales candidatos a la presidencia de la primera economía mundial, al candidato Donald Trump, o el doble feminicidio que aconteció esta semana en el departamento de Córdoba, mi invitación a los colombianos y cordobeses1981 en especial, es que levantemos la mirada y hagamos un balance histórico de nuestras condiciones de vida como ciudadanos, y nos daremos cuenta de que éstas han mejorado.

No perdamos ni la esperanza ni el rumbo. Un mejor futuro para el departamento de Córdoba y Colombia es posible, y entre todos lo podemos construir. Así, será una realidad la afirmación de Mohamed Yunus y ojalá la pobreza solo sea vista en los museos.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

La carencia de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una población o un grupo de individuos se define como pobreza, y constituye por ende, un problema grande de derechos humanos. En Colombia hay miles de madres solteras que cada día se despiertan con la incertidumbre de saber si podrán recolectar el dinero para llevarle un plato de comida a sus hijos. Así de dura es la realidad de la pobreza en nuestro país, caracterizado por sus profundos contrastes. Ante esta situación, se hace evidente la necesidad de abordar uno de nuestros desafíos más complejos: la reducción de los niveles de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema.

Considero que, para enfrentar esta grave problemática social, es necesario que los responsables de formular políticas públicas enfocadas en la atención de los más necesitados, intensifiquen sus esfuerzos de manera denodada para hacer crecer las economías con más puestos de trabajo, empleo de alta calidad y la implementación de inversiones sociales de calidad para equilibrar la balanza de oportunidades. No solo se trata de asistencia inmediata, sino de desarrollar un sistema que fomente el bienestar a largo plazo.

No obstante, este desafío no se limita al aumento de transferencias monetarias a los más pobres. La pobreza en Colombia está ligada a la falta de acceso a educación de calidad, empleo, servicios de salud y vivienda digna. Por lo que asegurar la eficiencia y transparencia en el uso de recursos es crucial para que estos lleguen a quienes realmente los necesitan, potenciando su impacto en la vida de las personas.

El reciente informe del DANE sobre Pobreza Monetaria en Colombia revela que, en 2023, la línea de pobreza monetaria extrema per cápita a nivel nacional fue de $218.846, mientras que la línea de pobreza monetaria fue de $435.375.

Debo indicar que a pesar de que la incidencia de la pobreza monetaria se situó en un 33 %, con una reducción de 3,6 puntos porcentuales comparados con 2022, es vital no perder de vista esos millones de colombianos que todavía sufren. Y resalto que capitales como Cúcuta, Barranquilla y Montería han hecho esfuerzos significativos y hoy son ejemplos de que, con las políticas adecuadas, es posible ver resultados tangibles.

Asimismo, en lo que respecta a la pobreza monetaria extrema, la incidencia nacional fue del 11,4 %, con una reducción de 2,4 puntos porcentuales frente a años anteriores. Este progreso destaca el impacto que pueden tener las inversiones en comunidades específicas y la importancia de una política social integral que fomente la inclusión y el desarrollo sostenible.

Tomando el caso de Montería, donde la incidencia de pobreza monetaria fue del 34,3 % durante 2023, 5,2 puntos porcentuales menos que en 2022, es evidente que las inversiones sociales no son solo números, sino que reflejan acciones concretas que redundan en una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Las estrategias que implementamos en el último año del Gobierno de la Gente muestran que el camino hacia la reducción de la pobreza es posible a través de la inversión en áreas clave que impactan directamente a las personas.

Así las cosas, cumplir con esta misión no es un reto menor, ya que requiere que se planteen alternativas viables para recuperar la economía y fomentar el emprendimiento, por lo que es fundamental hacer énfasis en que la verdadera política social se fundamenta en inversiones de calidad que brinden herramientas efectivas a los ciudadanos más vulnerables.

Hoy más que nunca, es urgente estructurar proyectos de gran impacto social, urbanístico, cultural y ambiental, siendo conscientes de que el camino hacia una Colombia libre de pobreza es largo y exige el esfuerzo y voluntad de todos los estamentos.

Desde nuestras regiones se puede desempeñar un papel determinante en la construcción de un futuro más prometedor y estoy firmemente convencido de que juntos podemos brindar las herramientas y oportunidades necesarias para forjar una sociedad más empática, en la que la esperanza y la prosperidad sean el motor de grandes transformaciones. Solo así, los sueños de millones de colombianos se transformarán en realidades.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

En el dinámico mundo de la gobernanza son fundamentales la perseverancia, cooperación y complementariedad que requiere la capacidad gubernativa, mediante la acción participativa y transversal de actores políticos económicos y sociales en los ámbitos públicos y privados.

De ahí, que se hace indispensable una articulación armoniosa entre todos los alcaldes del país y el Gobierno Nacional para sacar adelante los proyectos y acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, razón por la que se hace necesario evitar que las divisiones ideológicas se conviertan en un obstáculo. Esto como un complemento de la transición hacia un sistema en el que prevalezca una mayor autonomía de las regiones para una atención ágil y oportuna sin depender exclusivamente de los aportes del nivel central.

La articulación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales es esencial para visibilizar y solucionar las problemáticas que enfrentan nuestras regiones y se necesitan construir puentes de comunicación y colaboración que permitan avanzar en proyectos que impacten positivamente a las comunidades.

En la unión está la fuerza, y es desde allí se pueden reducir significativamente las cifras de pobreza, pobreza extrema y desempleo, teniendo en cuenta que actualmente según el DANE la pobreza multidimensional en el país en 2023 fue del 12,1 %, en las cabeceras del 8,3 % y en los centros poblados y rural disperso del 25,1 %. Siendo la región Caribe y la Pacífica las de mayor porcentaje con un 20,1 % y 19,4 % respectivamente. A lo que sumamos las recientes cifras de desempleo y desempleo juvenil que a nivel nacional son del 10,7 % y 17,9 % y la tasa de informalidad que es del 55,9 %.

El Gobierno Nacional tiene un rol indispensable en la financiación y cofinanciación de proyectos de gran envergadura. Las inversiones en infraestructura vial y educativa, asistencia técnica para los campesinos y herramientas tecnológicas para reforzar la seguridad, sin lugar a dudas pueden transformar nuestras ciudades, razón por la que desde los gobiernos locales se debe gestionar con determinación y visión de futuro, más allá de las diferencias políticas que puedan existir.

Así lo logramos hacer en Montería. En mi periodo de administración enfrentamos grandes retos y podemos dar fe que se pueden lograr grandes objetivos a partir de una buena planificación y articulación de proyectos, programas y acciones con el Gobierno Nacional.

Trabajando conjuntamente, logramos importantes avances en la ciudad con el apoyo del Presidente Iván Duque y posteriormente con el del Presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, en el último año del Gobierno de la Gente se logró la obtención de los recursos para la construcción del Puente del Sur, avanzamos significativamente en el proceso para la construcción de la nueva sede del Sena y pusimos en la mesa la renovación del Mercado del Sur, proyecto que requiere del apoyo del Gobierno Nacional debido a que es muy cuantioso y Montería por sí sola no posee toda la capacidad financiera necesaria para materializarlo.

Desde mi experiencia puedo dar fe que la cooperación con el Gobierno Nacional trae grandes beneficios para nuestras comunidades, razón por la que invito a todos los alcaldes y gobernadores del país a seguir adelante con una visión de trabajo conjunto, dejando de lado los espejos retrovisores y enfocándose en el objetivo común de darle solución a las necesidades apremiantes de las regiones.

Con voluntad política y amor por las comunidades se puede construir un futuro más prometedor de cara a la consolidación del país que nos merecemos todos los colombianos. Un país unido y con justicia social.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado 4 de julio se conmemoraron los 33 años de promulgación de la Constitución Política de Colombia nacida del liderazgo de una generación de colombianos que pudo leer la convulsionada, violenta y compleja realidad social del país, en ese momento histórico; una generación que, además de lo anterior, pudo interpretar, comprender y proponer salidas propositivas por vías democráticas; construyendo una nueva constitución que hoy continúa representando un acuerdo o pacto nacional entre los distintos actores y sectores que representan la pluralidad y diversidad social. La nueva Constitución significó un contrato social moderno, reemplazando el construido por la premoderna Constitución de 1886.

Sin equívocos, la Constitución del 91 encarna un pensamiento moderno; permitiendo avanzar en un orden social más equitativo con mayores libertades; reconociendo la pluralidad de pensamientos e ideologías de avanzada; creencias que caracterizan la cultura política de la nación. Cabe señalar que, este ideario de libertades, justicia y dignidad humana, representan el proyecto de la modernidad. Durante más de tres décadas de existencia de la Constitución de 1991 hemos presenciado un escenario social de retos, convulsiones, cambios, desafíos y un Gobierno de izquierda; el primero en la historia de Colombia; donde el Presidente de la República propone una constituyente. Para ello, convoca al poder constituyente a un acuerdo nacional; abriendo la deliberación pública entre legos y expertos.

Dado que, los argumentos que nutren la defensa de una constituyente son las necesidades de cambios estructurales en el diseño institucional del país; responsabilizando a los opositores de impedir la agenda reformista del Gobierno actual; en especial, el Congreso, donde muchas de las iniciativas de reforma naufragaron. Por otro lado, concurren argumentos que indican, que tenemos una constitución joven y moderna, donde el esfuerzo del país político y nacional debe centrarse en construir un gran acuerdo para llevarla a cabo; garantizando de esta forma, un verdadero Estado social de derecho. Concomitante con lo aquí expuesto, se hace necesario insistir, a través de un acuerdo político nacional, impulsar entre otras, las reformas estructurales en materia política, educativa y descentralización territorial.

En este sentido, es importante recordar que, en gran medida las razones de las distintas formas de violencia son debido a los desencuentros entre un ideario moderno y unas condiciones sociales premodernas que resisten a transformarse. Por consiguiente, la Constitución del 91 representa un contrato social plural e incluyente, no aplicado plenamente; postergando los cambios estructurales en materia social, política, económica y cultural. Sin olvidar, que los avances sociales alcanzados han sido traumáticos con derramamiento de sangre permanente.

Dando como resultado, un Estado segregado desde lo social, cultural y regional con un enfoque de centro-periferia, imponiendo un modelo centralista del desarrollo, un mal que no ha podido corregir la Constitución del 91. No obstante, en estos 33 años de existencia de la Carta Magna, la reflexión y la acción debe centrarse en hacer realidad el contrato social que contiene la hoja de ruta de lo que Colombia debe lograr para llegar a ser una nación moderna.

Por Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador de Córdoba 

Esta semana, en la que se cumplieron 20 años de la instalación la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y las antiguas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), el Presidente de la República hizo un llamado para comenzar nuevos diálogos de paz. El llamado fue contestado positivamente por el grupo armado organizado de mayor presencia en Córdoba, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Así pues, la posible apertura de un nuevo proceso de diálogo nos obliga a preguntarnos: ¿Qué hemos aprendido de los procesos anteriores para que este sea diferente? En Tierralta, en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, nuestro departamento albergó a decenas de personas del gobierno nacional y de diferentes bloques de las autodefensas.
Actores que acordaron la paz. Luego, algunos regresaron a sus oficinas en Bogotá, otros fueron a prisión y la gran mayoría comenzó un proceso de reintegración a la vida civil.

Pero ¿qué pasó con la comunidad? ¿Qué pasó con las víctimas? ¿Qué pasó con el territorio y su desarrollo?
Para hablar de estos resultados, se suele recurrir a cifras: número de personas que terminaron con éxito su proceso de reintegración, hectáreas sustituidas, víctimas reparadas y predios restituidos, entre otras cosas. Sin duda, cifras muy importantes. Necesarias, pero insuficientes, porque solo revelan la mitad de la tarea dentro de un proceso de paz. La otra mitad es generar las condiciones para que la guerra no azote de nuevo la región. Al fin y al cabo, el propósito central de la justicia transicional es la garantía de no repetición.

Luego de 20 años de aquel proceso de paz, se podrán identificar muchos logros; sin embargo, es claro que también deja muchos pendientes. Basta con ir al corregimiento de Santa Fe de Ralito para darse cuenta de que la situación no ha cambiado mucho. La comunidad sigue bajo la presión de un grupo armado, las economías ilegales están articuladas con las principales fuentes de ingreso de la comunidad, hay poca presencia institucional y pocas oportunidades para la juventud. Pobreza, desconfianza y temor.

Entonces, ¿para qué sustituir unas hectáreas de cultivo de coca si por otra parte se siembran más de las que se sustituyen? ¿Para qué destruir armas si por otra parte ingresan y se distribuyen nuevas con más poder y alcance? Lo he dicho desde el día que me posesioné: la paz no se alcanza sustituyendo un cultivo sino transformando un ecosistema social y económico. La paz es oportunidades. Nada de esto se ha logrado con los diferentes procesos realizados en Córdoba.
Los aprendizajes de los procesos que se han firmado o implementado en el Departamento nos obligan a pensar en nuevas formas de buscar la paz. Por supuesto, esta se debe construir a partir del diálogo y no de más violencia. Pero se debe tener en cuenta que: 1. La paz en Córdoba debe discutirse con los cordobeses. No puede volver a ser un asunto exclusivo del GAO con el gobierno nacional. Una cosa es discutir la desmovilización y el desarme y otra muy diferente es discutir la paz; 2. la institucionalidad para implementar la paz debe ser local, hasta ahora la gestión de una “paz territorial” que se ha hecho a través de entidades nacionales y centralizadas, no ha sido ni eficiente ni efectiva; y 3. La comunidad debe pasar de “participar” en los procesos de paz a ser el actor central con el que se dialoga.

Es por esto que nuestro Laboratorio de Paz ya comenzó. Vamos a construir la paz con la gente y a acercar las oportunidades y la institucionalidad a las regiones. Firmamos un acuerdo de entendimiento con la JEP para apoyar en los procesos de justicia en nuestro departamento y promover proyectos restaurativos. Que las víctimas conozcan cómo van los casos y que se pueda también intervenir el territorio para que no haya nuevas víctimas. Buscamos apoyo de la cooperación internacional para promover diálogos en regiones afectadas por la violencia y aprobamos los recursos para implementar las acciones de paz que propusimos en nuestro Plan de Desarrollo.
Tras varios procesos de paz en el departamento es claro que no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes.

Córdoba debe insistir en la paz, pero una paz que se “negocia” con la gente y que se construye desde el territorio. Este proceso ya comenzó y no tiene reversa.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

El Departamento de Córdoba posee una riqueza cultural diversa y plural; característico del mestizaje, talento y cosmovisión del hombre cordobés; manifestado a través de las fiestas patronales y festivales que expresan las manifestaciones culturales con creatividad, tradición e identidad cultural. Muchas manifestaciones culturales difunden la cultura del consumismo en amplios sectores de la población, desconociendo el contenido, sentido y arraigo cultural que encarnan; por consiguiente, esta forma de proceder no genera conciencia cultural. Continuar concibiendo las manifestaciones culturales como simple producto de consumo y, con la única finalidad de convertir dichas manifestaciones en negocio, es transformar la identidad autóctona de los pueblos en un producto mercantil.

Córdoba tiene innumerables expresiones culturales donde se destacan: el «Festival Nacional del Porro», el bullerengue, fiestas patronales y corralejas, entre otras. Cabe señalar que, recientemente finalizó la edición número 47 del Festival Nacional del Porro; en cuyo certamen, la Universidad de Córdoba fue homenajeada; al igual que, el maestro Rafael Coy Pereira, a quien Unicórdoba otorgó el título de «honoris causa» en calidad licenciado en Educación Artística.

Valga decirlo, en este festival donde percibimos la alegría del pueblo volcado en las calles del municipio de San Pelayo bailando en parejas al son de los llamados porros «palitiao, tapao o sabanero; todo esto, en medio de una desbordante alegría que convoca e integra a sus habitantes alrededor de este género musical; siempre presente en las celebraciones y fiestas populares de los pueblos del Caribe; convertido hoy en un referente que define la identidad y cultura del pueblo pelayero y cordobés.

Esta manifestación cultural, como muchas otras, recrea y alegra la vida de la gente; evidenciando la nobleza y el espíritu laborioso y fiestero de quienes la gozan; pero todo este jolgorio popular, no alcanza a ocultar la inequidad y pobreza en que viven; porque representa en su esencia un grito de libertad desde la música, la cultura y el arte; pueblos que históricamente han resistido y expresado con talento, tradición y creatividad su identidad y derecho a subsistir.

El Festival Nacional del Porro, se ha convertido en ejemplo de manifestación e identidad cultural; no obstante, necesitamos pensar en la forma de promover una cultura de desarrollo, generadora de conciencia e identidad; haciendo de la cultura una fuerza liberadora para la transformación social. Quiero indicar, que, no solo se trata de conservar las manifestaciones culturales en la dimensión del consumismo; utilizando la cultura como un medio para mantener a la población conforme, domesticada e irreflexiva; como lo expresó el poeta satírico Juvenal en la frase «pan y circo» queriendo decir que, gran parte de la población solo necesita cubrir sus necesidades primarias y divertirse.

La realidad social donde emergen las manifestaciones culturales muestran, que la alegría y euforia vivida los días de las festividades contrasta con la pobreza e inequidad. Poblaciones marcadas y determinadas por altos indicadores de pobreza multidimensional, acompañadas de la hospitalidad y nobleza de su gente; históricamente abusada.

Por consiguiente, es necesario ser respetuoso con las manifestaciones culturales, repensarlas en términos de cultura del desarrollo; donde el centro de atención debe ser la gente. Las manifestaciones culturales no pueden ser utilizadas para control y adormecimiento social. Necesitamos la cultura como cultivo de pensamiento, progreso, desarrollo y bienestar social.