Categoría: Opinión

Por: Luis Eduardo Narváez Martínez

Compartir y escuchar historias que se transmiten de generación en generación transforma vidas, las usamos todo el tiempo para educar, ahora con fuerza cada día más para aliviar dolores emocionales desde un enfoque terapéutico.

Una historia bien contada, que genere conciencia, puede no solo influir en nuestros pensamientos y comportamientos, sino también ser un motor para promover cambios colectivos y evolucionar sociedades. “Lo que antes era escabroso, por medio de las fuerzas de las historias puede ser benigno”. Contar historias y desarrollarlas nos permite encontrar elementos personales en ellas, interpretarlas y comprender los saberes culturales, normas y principios que transmiten. Dentro de este gran género literario, se encuentran diversos subgéneros narrativos, como el cuento, la novela, la leyenda, el mito, el relato y la fábula; queriendo o no, han estado presentes y han sido usados para guiarnos en la construcción de significados en la vida.

¿Quién no recuerda a esa abuela contarnos un cuento para dormir de una vez? Clásicos como el cuento «El patito feo», que nos enseña a no juzgar a las personas por su apariencia física y que solo al analizarlo a fondo podemos extraer lecciones profundas y cambiar nuestra percepción del asunto. Ahora mejor visto que nunca, reescribir historias nos permite deconstruir y reinterpretar narrativas, conociéndonos mejor y afrontando desafíos para dar sentido a nuestras experiencias. Si tuviste una un día no tan placentero, por medio de la narrativa podrás tener un mejor final y aprender de ello.

¡Incorporemos la narración consciente en nuestras vidas! Compartamos historias que inspiren, eduquen y promuevan la reflexión y el cambio en positivo. Cada relato tiene el potencial de transformar nuestro mundo y evolucionar nuestras sociedades; ahora que sabemos que también es una técnica para mejora. ¡Seamos agentes de cambio a través de nuestras narrativas bien contadas y con propósitos dirigidos!

Por Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador de Córdoba 

El primer Encuentro Nacional de Turismo Médico celebrado esta semana fue un éxito rotundo que dejó a nuestro departamento en el mapa mundial del turismo especializado en salud y bienestar, ratificando que definitivamente Córdoba lo tiene todo.

Nos llena de orgullo escuchar las conclusiones de los expertos internacionales y visitantes que participaron en un evento que se hizo por primera vez en el país gracias a una alianza estratégica con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur Colombia, la Alcaldía de Montería, la Cámara de Comercio de Montería y ProMontería; en equipo apostamos por explorar el potencial que tenemos en Córdoba en infraestructura, tecnología y atención médica.

Desde que iniciamos este gobierno, nos concentramos en transformar nuestro departamento en todos los aspectos posibles y este evento fue una oportunidad para mostrar el potencial y el gran trabajo realizado por los prestadores públicos y privados en los últimos años. Su preocupación por ofrecer servicios de calidad con la más alta tecnología, y compromiso con la mejora de la calidad de vida, logramos dar el primer paso para posicionar a Córdoba como un destino de salud y bienestar de nivel mundial.

Los datos son alentadores: el mercado mundial de los viajes de salud y bienestar experimentó un crecimiento significativo en los últimos años, y Colombia se convirtió en un destino cada vez más popular para pacientes internacionales y esa es una oportunidad para el mercado médico local. El año pasado el Dane reportó 12.200 viajes para servicios médicos y de bienestar con un gasto promedio de UDS 3.600, estamos hablando de 40 millones de dólares al año.

El intercambio de conocimientos y experiencias durante el encuentro fue enriquecedor. Se abordaron temas como el desarrollo del turismo médico en Latinoamérica, los estándares de calidad en la hotelería para la atención de turistas con procedimientos médicos y las ventajas competitivas de Colombia en los mercados internacionales, así como el diseño de productos turísticos enfocados a viajeros con procedimientos médicos.

Es emocionante ver cómo Córdoba se consolida como un destino de salud y bienestar de clase mundial. Este encuentro fue solo el comienzo de un camino que estoy seguro vendrá lleno de éxitos y logros para nuestro departamento. Seguiremos trabajando arduamente para promover a Córdoba como un destino turismo médico especializado, donde la calidad y la excelencia sean parte de nuestra identidad.

Agradezco a todos los participantes, delegados, médicos, prestadores y agencias de turismo que nos acompañaron durante estos días de aprendizaje y colaboración. Y un agradecimiento especial a nuestros visitantes internacionales de México, Panamá y Brasil, a quienes desde ya designo como embajadores de Córdoba en cada uno de sus lugares de origen. ¡Gracias por creer en nosotros!

 “A MOVAI, concesionario de tránsito de Montería le preocupa exclusivamente el tema financiero y jurídico. No está entre sus afanes salvar vidas en las vías” 

Definitivamente, el alcalde Hugo Kerguelén le cierra la puerta a las fotomultas. 

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

En el atardecer de la pasada administración, segunda semana de noviembre de 2023, el concesionario de los trámites de tránsito de Montería, MOVAI volvió a la carga ante el Tribunal Administrativo de Córdoba para que el municipio cumpla el contrato 424 de 2018 que tuvo otrosí en el 2019 (fotomultas).

El TAC admitió la demanda el 14 de noviembre de 2023 (Medio de control: Reparación directa).  Recordemos que este chicharrón lo heredó la administración del entonces alcalde Carlos Ordosgoitia de Marcos Daniel Pineda, quien firmó con MOVAI con la bendición de los concejales de la época en el año 2018 el contrato de concesión, con otrosí en el 2019. Ese año no se implementaron las cámaras de fotodetección, detección electrónica de infractores de tránsito (cámaras, software, comunicaciones y notificaciones).

En el gobierno de Carlos Ordosgoitia, la pandemia impidió que se implementarán las cámaras de fotodetección y tras el final de la emergencia, MOVAI presentó demanda contra el municipio en el Tribunal Administrativo de Córdoba exigiendo una reparación directa de más de dos mil 700 millones de pesos por la no implementación de las fotomultas.

Ordosgoitia buscó reformar las condiciones de la concesión prometiendo darle cumplimiento al contrato. Debido a ello MOVAI retiró la demanda ante el TAC. Sin embargo, el tema no avanzó y en noviembre del año pasado el concesionario volvió a emprender acciones jurídicas contra el municipio.

Hugo Kerguelén le cierra las puertas las fotomultas.

Tuve la oportunidad de hablar sobre este asunto con el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, quien, a pesar de reconocer la legalidad del contrato de concesión con MOVAI, les cierra la puerta a las cámaras de fotodetección en la ciudad. En una mesa de acercamiento con MOVAI el alcalde les manifestó que las fotomultas, como están planteadas hoy no van. El alcalde es consciente que eso genera un desequilibrio en el contrato, porque así quedó consignado en el 2019 en la concesión (fotomultas como fuente de pago), y señaló que está analizando que acciones se adelantan para llegar a un acuerdo con MOVAI en términos económicos y jurídicos.

 MOVAI demanda por el no recaudo. ¿Y la seguridad vial?

En los argumentos que expone el abogado apoderado de MOVAI aparece el siguiente texto, “Sucede que hay un servicio que no se ha iniciado (el número 5 de los acordados: detección electrónica). Señala además que “otro que se ha prestado de manera descontinua (el registro de infractores, debido a faltas continuas de personal de agentes de tránsito), algo que, además -sostiene la demanda- ha afectado dos servicios más (el de patios y grúas, pues la falta de control implica no solo la falta de emisión de comparendos y de imposición de multas, sino también la falta de inmovilizaciones, ya que solo pueden ser ordenadas por agentes de tránsito.

MOVAI insiste que en el contrato de Concesión 424 de 2018 no están dadas las condiciones para la recuperación del capital, como quiera que de manera consciente el municipio (concedente) ha omitido el cumplimiento de sus obligaciones para el componente de mayor ingreso, el de detección electrónica de infracciones, con 4 años y medio sin poder iniciarse. La operación debió iniciar en 2019.

Un simple análisis a los argumentos de la demanda, podemos asegurar que no estamos ante un conflicto por temas de seguridad vial, y que se trata de un asunto fundamentalmente jurídico y económico. Otra conclusión rápida es que en la preocupación de MOVAI solo hay números, debido a la lentitud de su caja registradora porque no están operando las cámaras fotomultas (los expertos de seguridad vial las llaman cámaras salvavidas, pero que a MOVAI les salvarían el saldo en sus cuentas bancarias).

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

Recientemente, la Cámara de Representantes retomó el proyecto de reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que rige la educación superior. Recordemos, que hace un año, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate la reforma de los Artículos en mención, para de esta forma, avanzar en un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de la universidad pública; un paso importante en el trámite de una reforma demandada por el sector de la educación superior pública. Hay que indicar que, el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal SUE consta de varios componentes, como son: el presupuesto destinado al funcionamiento e inversión.

Los recursos de funcionamiento, orientado al crecimiento sostenible y provistos por el Estado para el funcionamiento de las universidades públicas, y, consta de cuatro factores: presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferenciales salariales, productividad docente; aumentos de cobertura y cierre de brechas interinstitucionales. Estos recursos financieros tienen un indicador de transferencia IPC. En este sentido, desde 2019 el SUE construyó un nuevo modelo de asignación de recursos financieros para la sostenibilidad de las universidades estatales, que impida los déficits anuales originados en los costos educativos superiores al IPC. Estos costos, han producido el desfinanciamiento estructural de la universidad pública, y una tendencia progresiva a la autosostenibilidad.

La construcción del Ices (Índice de la Canasta Educativa) como modelo de transferencias para la asignación estatal de recursos al SUE; reconoce la complejidad del sistema y su diversidad; a la vez que, propende por el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales. Cuál es el contenido del modelo propuesto por el SUE: El nuevo modelo recoge las experiencias vividas por el sistema, desde la aprobación de la Ley 30 de 1992, con incrementos en cobertura, al pasar de 152 mil estudiantes en el año 1993 a 650 mil en 2023; esta ampliación de cobertura está acompañada de otros cambios como la formación de los profesores, investigación, internacionalización, acreditación de programas e institucional. Este crecimiento implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen la política de aseguramiento de la calidad. Todos los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC; generando un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de transferencia de recursos financieros de la nación a las universidades públicas está soportado en el IPC; insuficiente para el financiamiento del SUE.

Por consiguiente, el nuevo modelo de financiamiento propuesto corrige el desfinanciamiento y permite la sostenibilidad. El Ministerio de Hacienda debe reconsiderar la negativa de viabilidad económica de la reforma de los Artículos 86 y 87; desconociendo lo consignado en la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo; donde quedó establecido en el Parágrafo del Artículo 122, lo siguiente: «El Ministerio de Educación Nacional priorizará en la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, atender los fines misionales de estas instituciones, con criterio de cierre de brechas y atención de las regiones».

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

El aumento del riesgo en nuestro país y la ocurrencia de calamidades y desastres no solo provienen de la acción de la naturaleza, sino de la vulnerabilidad manifiesta de nuestro tejido socioeconómico y del deterioro a gran escala del medio ambiente y los recursos naturales, incrementado por el crecimiento demográfico y la inadecuada utilización del espacio geográfico.

La consideración de estos aspectos determina en gran medida la formulación de actividades destinadas a evaluar el riesgo y generar medidas de prevención y mitigación, que requieren de un accionar logístico y humanitario encaminado a la atención con prontitud y máxima eficiencia en aras de brindarle a las comunidades damnificadas soluciones prontas por parte de los gobernantes departamentales y municipales.

De ahí, la importancia de descentralizar la destinación de los recursos manejados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en casos de emergencias naturales que no son previsibles.

La centralización de la gestión y los recursos por parte del Gobierno Nacional, a lo largo de los años, ha mostrado repetidamente sus limitaciones en la atención de miles de colombianos afectados por las sequías, épocas de lluvia y demás calamidades como incendios, inundaciones o deslizamientos. Cuando un desastre golpea a un departamento o municipio, cada minuto cuenta, y en estos casos las lentitudes del centralismo pueden costar vidas.

Es por ello que ante calamidades como la de Cara de Gato se requiere de un actuar rápido en el que se logre una transferencia del nivel central hacia las zonas afectadas para que los gobernantes tengan la posibilidad de brindar soluciones efectivas e inmediatas y no se caiga en errores como el de Mocoa, que luego de siete años de la tragedia por la avalancha que dejó 22.000 personas damnificadas no se han entregado la totalidad de las 1.209 casas proyectadas en el sector de Sauces I, o el caso de Montería en donde, luego de un incendio en 2021 en el sector de Zarabanda, la UNGRD se comprometió a la construcción de 100 viviendas que han quedado en el papel, pese a que desde el municipio se tenían listos los lotes para tal fin.

Desde mi concepción, es el momento de darle un giro al manejo de la gestión del riesgo en el país. Se debe conservar la centralización únicamente para la anticipación y planificación de hechos previsibles y se deben descentralizar los recursos para las eventualidades de fuerza mayor para una respuesta ágil y adaptada a las distintas realidades del territorio nacional.

Este es un paso que se debe dar de manera pronta, teniendo en cuenta el crecimiento de las cifras de personas damnificadas en el país. En lo corrido de 2024, 124.100 personas, de 11 departamentos, se han visto afectadas por la temporada seca, a las que se suman 40.282 personas damnificadas con los primeros embates de la temporada de lluvias.

Por su puesto que esta descentralización debe ser cuidadosamente planificada y ejecutada. No se trata simplemente de dividir los recursos existentes, sino de optimizar y aumentar la eficiencia del sistema de atención de emergencias y desastres, lo que implica no solo una redistribución de fondos, sino también la capacitación local, inversión en infraestructura propia y el desarrollo de metodologías acordes a los riesgos locales específicos.

A lo que se le debe sumar, la elaboración de un marco regulatorio para velar por la transparencia en el manejo de los recursos por parte de cada territorio y la construcción de un robusto marco de cooperación y coordinación intergubernamental, entre municipios y departamentos, para una gestión efectiva del riesgo, toda vez que las emergencias no conocen de límites administrativos

Se hace necesario articular acciones jurídicas y legislativas que conlleven a una atención efectiva y en tiempo real, para lo que me parece propicio trabajar en un modelo que integre asignación de recursos basada en los niveles de riesgo, participación comunitaria, uso de tecnología, revisiones y ajustes periódicos y la integración del modelo a los planes de desarrollo. Lo anterior con el propósito de asegurar una planificación urbanística y rural que tenga en cuenta los riesgos identificados.

Por: Senador Antonio José Correa Jiménez 

La UNGR que fue creada ante un fenómeno natural que golpeó inclementemente el país en el año 2010, por las lluvias que causaron la afectación de más de 1.000.000 de colombianos, en lo que se denominó el fenómeno de la niña, lo que precipito en el 2011 la creación por decreto de la denominada UNGR, la cual no ha cumplido con su carácter misional y por el contrario pareciera que fuese el triángulo de las bermudas, donde se ha manejado dinero público sin control, con contratistas consentidos por los directores de turno.
Las irregularidades van desde personas jurídicas con múltiples objetos sociales que terminaron suscribiendo contratos multimillonarios, muchas veces sin tener la capacidad jurídica y financiera. Uno de los barriles sin fondo ha sido la contratación de la maquinaria amarilla con múltiples ceros a la derecha y muchas veces incluso de manera extemporánea, con excusas de calamidades que se decretaron y se superaron años atrás. De las personas jurídicas que han contratado, muchas tienen domicilio en Montería, Valledupar, Neiva y Riohacha, y otras incluso después de suscribir contratos no volvieron a renovar sus matriculas en cámara de comercio, trasladando su domicilio o hasta cancelando dicha matricula.
En la UNGR, no existen expedientes contractuales completos de las contrataciones adelantadas por la cual es difícil determinar el estado de ejecución como también no se tiene claro el número de contratos que tiene suscritos a la fecha y los pagos pendientes. Como también existen ordenes de proveedurías las cuales a pesar de ser rápidas por la emergencia deberían tener un mínimo de requisitos técnicos y jurídicos que garanticen la calidad del contratista a escoger. Asimismo, Otras de estas órdenes están sin CDP, ósea volando y sin legalizar y con quejas de que dieron por adelantado lo que sabemos, y con conejo para los “contratistas”.
La unidad contrata por régimen especial en emergencia y no por ley 80 los requisitos para determinar a quien se contrata y el proceso, no se adelanta con la rigurosidad técnica legal, razón por la cual se terminan contratando empresas sin idoneidad, sin experiencia, y de ñapa con sobrecostos, y lo peor sin seguimiento a la ejecución, ya que los funcionarios que trabajan en la entidad no tienen experiencia en ejecución de recursos públicos, supervisión de proyectos, y contratación estatal. Por último, la Fiduprevisora que es la encargada de administrar los recursos de la unidad y de finalmente pagar, le baila el indio a los contratistas ya sea por no existir un contrato de fiducia lo que permite que no existan condiciones u obligaciones contractuales claras con unos tiempos establecidos para adelantar los trámites por parte de la misma o porque no se bajaron del bus como consta en denuncias en la FGN.
Mirando desde la orilla porque lo central lo eh dejado para el debate de control político, podemos decir que los directores que han pasado por esta entidad, muchos abrían tenido que explicarles a los órganos de control por sus actuaciones, así que no canten victoria, porque mostraremos sus perlas que no han sido vistas por una justicia que a veces se comporta con astigmatismo selectivo. De ninguna manera nuestro objetivo es desmeritar y disminuir el volumen del actual escándalo, porque ya esto es objeto de actuación de los órganos fiscales, disciplinarios y penales.
Por ultimo debo decir que estas perlas han salido a flote después de realizar debate de control político a la mojana, detecte que las irregularidades cometidas estaban en cabeza de la UNGR, y desde ese momento 2022 solicitamos debate de control político, y enviamos cuestionarios a la UNGR, que me han sido difícil conseguir toda la información a la fecha, pero con la certeza que esperamos la fecha para mostrar las evidencias que le muestren a el País que la UNGR es una entidad con problemas de corrupción desde su nacimiento a la fecha.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Montería se ha convertido desde los albores de su fundación en una ciudad pujante y en constante transformación, en donde lo más sobresaliente ha sido la construcción permanente de un tejido social en el que aflora lo mejor de su condición humana.

Escribo estas líneas, no desde la distancia de quien observa, sino desde la vivencia de quien en ella dio sus primeros pasos. Montería me hizo quien soy y en cada una de sus calles y la majestuosidad del río Sinú, está impregnado el reflejo de una comunidad que valora los lazos familiares y el espíritu de resiliencia.

Han pasado 247 años en los que la ciudad ha sabido adaptarse a los desafíos del presente sin perder de vista la rica herencia ancestral de una comunidad de gente con infinita calidez, trabajadores que se levantan con el sol a forjar un mejor mañana, hombres y mujeres de valores incalculables que son el verdadero tesoro que debemos preservar y transmitir.

Las tradiciones y costumbres monterianas son el alma de esta ciudad, el hilo inquebrantable que une a sus habitantes en un abrazo cálido y eterno. De ahí que, hoy por hoy, Montería se destaca como una de las ciudades capitales con mayor potencial del Caribe, lo que la convierten en un faro de oportunidades para el país y el mundo entero. En cada esquina se respira innovación y no me cabe duda que se posiciona como un polo de atracción para inversionistas nacionales e internacionales que buscan un ambiente propicio para sus negocios.

A lo que se suma ser la ciudad más segura del país, y en la que administración tras administración se aporta un grano de arena para reforzar las herramientas de trabajo de la Fuerza Pública, motivo por el que como ciudadano me llena de enorme felicidad la reciente primera piedra de la Estación de Policía de Occidente puesta por el actual gobierno municipal, lo que redundará en la preservación de la seguridad como ese eslabón importante de la democracia.

Debo decir que Montería es mucho más que un punto en el mapa, porque tiene el poder de trascender fronteras, de inspirar a otros con su ejemplo de trabajo constante y visión de futuro. Montería es una ciudad que florece con el paso del tiempo, que se renueva y se reinventa sin perder su esencia.

En los últimos años, esta ciudad ha experimentado un notable avance en diversos ámbitos que han marcado un antes y un después en su historia; desde el compromiso con el medio ambiente hasta el crecimiento exponencial de su economía, lo que la posicionan como un ejemplo de progreso y sostenibilidad en Colombia.

Se han dado pasos agigantados hacia la conservación de los recursos naturales, lo que ha valido el reconocimiento internacional como una biodiverciudad que se destaca por proyectos de reforestación como el de la Ciénaga de Betancí, donde se siembran 417.000 árboles en 376 hectáreas; la promoción de energías limpias y la lucha contra el cambio climático. A lo que tengo que destacar el impulso dado en los últimos años a las más de 300.000 hectáreas de zona corregimental con el objetivo decidido y claro de darle la importancia que se merece, destinando recursos importantes para cerrar las brechas sociales y saldar deudas históricas con las comunidades campesinas y étnicas.

Además de ello, se destaca el crecimiento sostenido para impulsar la agroindustria y la tecnología, así como el turismo con la promoción de los atractivos naturales y culturales para el fortalecimiento de la economía y la microeconomía de los barrios y corregimientos.

Con el paso de los años, nuestra ciudad se ha posicionado como un faro de esperanza para el país. Un lugar donde las comunidades, los gobiernos nacional y local, la academia y el sector privado colaboran para mejorar la calidad de vida de los monterianos en el casco urbano y la zona rural, demostrando de esta manera un dinamismo imparable que se abre paso y se convierte en un ejemplo de grandeza, orgullo e inspiración para toda Colombia.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado Primero de Mayo, la ciudad de Montería cumplió 247 años como territorio con historia, cultura e identidad. Ocasión para celebrar sobre el presente de una ciudad que, en medio de sus complejidades, nos llena de orgullo a quienes convivimos en ella. Momento oportuno para reflexionar y repensar lo que ha sido el pasado y presente de un pueblo construido con el esfuerzo y empuje de sus pobladores. Los retos y apuestas para continuar construyendo una ciudad capital que cierre brechas sociales con mayores niveles de inclusión, equidad y progreso social. Donde la ocupación y la preocupación sean el progreso social y humano.

Montería es una ciudad que acaba de cumplir 247 años; con una posición geográfica privilegiada y un valle fértil bañado por un río que atraviesa la ciudad y que, debemos fortalecer su integración sostenible para el desarrollo social y económico. Todo ello permite que nuestra «Villa Soñada» posea una localización estratégica; favoreciendo su crecimiento y proyección. Montería fue fundada en 1777 por Antonio De La Torre y Miranda, inició con un crecimiento lento y sufrió un estancamiento a comienzos del siglo XX, desde, cuando es creado el departamento de Córdoba y convertida en ciudad capital. En la década de los 80, la Ciudad empieza un incremento importante de su población al superar los 150.000 habitantes. Este incremento ocasionado por migraciones poblacionales de la zona rural, generado por la pobreza rural, agrícola y el conflicto armado en el sur de Córdoba; además, por las inundaciones del río Sinú en la cuenca media y baja; provocando desplazamientos. Esta complejidad social evidenció la incapacidad de respuesta de la institucionalidad territorial; precipitando un crecimiento espacial desordenado en la Ciudad; configurándose una ciudad céntrica y otra periférica; que no ha podido integrarse por falta de políticas públicas que garanticen derecho y generen justicia e inclusión social. Esto no quiere decir, que se desconozcan sus avances en materia urbanística y de inversión social; aspectos que han sido importantes, pero aún insuficientes.

En la actualidad, la capital cordobesa alberga 516.217 habitantes según el censo del Dane 2023, su pobreza multidimensional es del 27.1%; con 18.69% de NBI y 4.42% de su población en la miseria; sin embargo, en la zona rural, estos indicadores se incrementan ostensiblemente, teniendo un 45.93% de necesidades básicas insatisfechas NBI y un 14.12% en la miseria. Igualmente, más del 80% de su población pertenece a los estratos 1, 2 y 3. Una tasa de desempleo del 11.9% y la informalidad del 61.4%, lo que evidencia el avance de la pobreza. Estos aspectos, sin duda alguna, han marcado el pasado y presente de la ciudad. Un liderazgo inaugural debe tener presente estas realidades históricas con las que hemos convivido de manera silenciosa e indiferentes; es decir, existe una deuda social acumulada que debe ser la prioridad en términos de gobierno y políticas públicas en las próximas décadas.

Nuestra Villa Soñada, la llamada «Perla del Sinú», tiene un presente prometedor, de nosotros depende hacerlo posible; una ciudad donde quepamos todos con dignidad, vida buena y justa.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

 “Hay departamentos donde los siniestros viales superan los homicidios, lo mismo ocurre en 379 municipios. Es usual hablar de homicidios y del conflicto armado, pero la seguridad vial no es una prioridad para la sociedad” Sandra Velásquez, de la CGR.

En las vías del país 8 personas de las que mueren a diario en siniestros viales son niños, niñas o adolescentes, una cifra descomunal que debería tener al país en alerta y al gobierno nacional, gobernadores, alcaldes y congresistas hablando del tema. Pero no es así; durante el mes de abril (fiesta del niño) los gobernadores y alcaldes se limitaron a celebrar eventos con niños y niñas con participación activa de la gestora social de cada municipio o departamento.

Para los niños y niñas que terminaron su vida en el asfalto no hubo una oración, o reflexión con algún mensaje. Tal vez consideran esos gobernadores y alcaldes que las tragedias viales hacen parte del día a día y que estamos condenados a vivir con ellas, a pesar que esa guerra en las vías apaga la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Mary Bottagisio, directora de la Liga Contra la Violencia Vial, le quita el ropaje a un monstruo oculto que devora vidas en las carreteras: “Estamos frente a dos factores de riesgos que cobran diariamente 8 víctimas niños, niñas y adolescentes en las vías. Es la velocidad, con otro enemigo invisible del que no hablamos y no controlamos, y como decimos nosotros que es inoloro e incoloro, y es el consumo de sustancias psicoactivas diferentes al alcohol y estamos hablando de cannabis, de cocaína, de anfetaminas, de metanfetaminas, de fentanilo, que no están siendo controladas, pero que están causando el mismo daño, porque además tienen exactamente los mismos efectos del etanol”.

El efecto de psicoactivos en el SNC

Leonardo García Rincón, consultor Nacional de Salud Mental, señala los efectos de sustancias psicoactivas en el sistema nervioso central: reducen los tiempos de reacción; pueden aumentar la agresividad y comportamiento imprudente llevando a decisiones de conducción peligrosas como exceso de velocidad, maniobras agresivas o no cumplimiento de las normas de tránsito; disminuyen la coordinación, distorsionan la percepción del tiempo y del espacio, y alteran el juicio crítico y la capacidad de tomar decisiones rápidas y seguras. Algunas sustancias pueden causar somnolencia intensa o incluso hacer que el conductor se quede dormido al volante, señala.

Evelyn Degraff, de la Organización Panamericana de Salud, asegura que “el consumo de drogas ilícitas tiene un alto impacto en la seguridad vial, atribuyéndole alrededor de 50 mil muertes a nivel mundial. El alcance de este fenómeno se sigue desconociendo en la mayoría de las regiones del mundo, incluyendo la región de las Américas”.

En violencias fatales para los menores de edad en el primer trimestre de 2024, en primer lugar, están los eventos de transporte, presentando el aumento más alto de las causas de muerte violenta. El dato lo entregó Sandra Lucia Moreno Lozada del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el foro “El consumo de psicoactivos en la conducción de vehículos motorizados: un factor de riesgo para los desplazamientos de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

La funcionaria acotó que “En el 8,1% de todas las muertes violentas en menores de edad en lo que va del 2024 se tuvieron resultados positivos para sustancias en el organismo. Este es el número más alto en los últimos tes años; el consumo de estas sustancias se está disparando”.

Hay controles de alcoholemia, muy débiles en algunos municipios, pero funcionan. La pregunta es ¿Cómo puede la autoridad de tránsito establecer si el conductor del vehículo de transporte escolar, o de cualquier otro vehículo motorizado consumió sustancias psicoactivas?  Sobre este aspecto, Lucía Moreno, funcionaria de Medicina Legal, señala “se pueden hacer pruebas rápidas en saliva y nos podrían dar un análisis mucho más rápido y asertivo de que otras sustancias están consumiendo”

Diana María Montoya, de Medicina Legal, afirma que “Nos quedamos muy cortos frente a las herramientas para prevenir conducción en estado de embriaguez no alcohólica. Las normatividades se tienen que fortalecer.

Sandra Velásquez de la Contraloría General de la República, describe la poca importancia que tiene en la agenda pública el tema de la seguridad vial “Hay departamentos donde los siniestros viales superan los homicidios, lo mismo ocurre en 379 municipios. Es usual hablar de homicidios y del conflicto armado, pero la seguridad vial no es una prioridad para la sociedad”

Mención especial merece la Fundación Liga Contra la Violencia Vial, desde donde su directora, Mary Bottagisio afirma sin que le tiemble la voz “llevamos 20 años contando muertos. Sabemos qué día mueren, dónde, a qué hora, quiénes son, y no pasa nada. El diagnóstico ya lo tenemos. El común denominador para las muertes en las vías es que ocurren cuando hay anarquía en las vías: cuando no hay policía, no hay control, no hay juez de garantías”

Su mensaje sigue siendo, “Poner a los niños en el centro del debate de la política pública de seguridad vial ¿Por qué a los niños? Porque los derechos de los niños prevalecen sobre todos los derechos de cualquier otro ciudadano. Pero también porque la diferencia entre una sociedad civilizada y una comunidad de bárbaros es la capacidad que tenemos de proteger a los más vulnerables”.

Nota: Las intervenciones fueron tomadas durante el foro “El consumo de psicoactivos en la conducción de vehículos motorizados: un factor de riesgo para la seguridad de los desplazamientos de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

La Concesión Ruta al Mar se la jugó por el trazado más económico y pretendía que la CAR CVS le aprobara sobre la carrera con frágiles criterios técnicos y jurídicos la solicitud de sustracción del área protegida del complejo cenagoso del Bajo Sinú.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

Si por las venas de los organismos de control corre sangre de justicia, se debe castigar sin piedad a quienes de la noche a la mañana cambiaron demencialmente el trazado inicial de la variante. Debe quedar claro que con esa intención de cambiar de forma abrupta el diseño inicial, sepultaron la posibilidad de la Variante Lorica.

Se equivocan los que señalan a quienes se opusieron a que la variante afectara el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, como los responsables de que Lorica hoy esté sin esa infraestructura vial. Las acciones jurídicas que se adelantaron para defender el humedal hicieron su tránsito y arrojaron suficientes luces de justicia ambiental.

Basta revisar la historia para concluir que hoy Lorica adolece de la variante por cuenta de posibles actos de corrupción al interior de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI en la época en que se empezó a socializar en el municipio su posible trazado.

Historia

En la tercera semana de julio del 2013, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI socializó en las instalaciones de la Alcaldía de Lorica con habitantes del municipio y autoridades del Bajo Sinú, dos alternativas para la construcción de la Variante Lorica. Entonces se habló en aquella oportunidad de dos posibles trazados: Margen Derecha (Oriental) y Margen Izquierda (Occidental). Ahí se decidió por mayoría que la más pertinente era un trazado por la margen izquierda (Alternativa Occidental).

Todo pintaba bien, porque el Plan de Ordenamiento Territorial de Lorica permitía el trazado por la margen izquierda, y le cerraba cualquier posibilidad al mismo por la margen derecha.

En el año 2014, la ANI con el fin de obtener la licencia ambiental del proyecto vial “Variante Lorica” le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA que evaluara ambientalmente las dos alternativas y se inició un proceso de Diagnóstico Ambiental de Alternativas (Auto 3308 del 31 de julio de 2014)

La CVS se pronunció por primera vez a solicitud de la ANLA y expidió el concepto técnico ULP número 2014-209 del 6 de noviembre de 2014, el cual señaló que “La Alternativa Oriental (margen derecha) no era viable por afectar y alterar los recursos biológicos y los bienes y servicios que ofrece el Complejo Cenagoso del Bajo Sinú. A “Raja Tabla”, negó la construcción de la variante Lorica por la margen derecha.

Debido a la anterior, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- emitió el concepto técnico Número 2236 del 14 de mayo de 2015 donde se expone claramente que la Alternativa Occidental (Margen Izquierda) con los dos puentes sobre el río Sinú era la más viable y favorable.

Posteriormente, la ANLA mediante Auto 1935 del 19 de mayo de 2015, le dio vial libra a la Alternativa Occidental (Margen Izquierda) con la construcción de dos puentes sobre el Río Sinú como la más favorable ambientalmente. El acto administrativo fue notificado a la ANI el 20 de mayo de 2015 y quedó ejecutoriado en firme el 4 de junio de ese año.

Hasta ese momento el proceso iba sobre ruedas y en Lorica se respiraba un ambiente de optimismo porque por fin se acercaba la construcción de la variante que solucionaría el embotellamiento del paso urbano por el municipio. Una obra que mejoraría ostensiblemente la movilidad por todo el Bajo Sinú sin afectar el Complejo Cenagoso.

¿Qué pasó?

Hasta ahí les narré la parte lírica de esta historia. Ahora vamos a tratar de abrir la caja de pandora que tiene a Lorica sin la variante.

De forma “maquiavélica”, por debajo de la mesa, y de manera irregular la ANI el 10 de junio del 2015 le hizo a la ANLA una solicitud extemporánea para modificar el Auto 1935 del 2015, que ya estaba ejecutoriado y había establecido que el trazado adecuado para la “Variante Lorica” se debía realizar por la Margen Izquierda (Alternativa Occidental) con dos puentes sobre el Río Sinú.

“Aquí comenzó Cristo a padecer”, porque desde entonces se desencadenaron una serie de irregularidades administrativas salpicadas de corrupción y mezquindad que dejaron a todo el Bajo Sinú sin la variante y con el paso urbano de Lorica atorado de vehículos.

La modificación que pretendía la ANI tenía el propósito de insistir nuevamente en la variante por la Margen Derecha o Alternativa Oriental, que en la práctica significaba impactar el área protegida del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú (algo que ya se había negado).

En todos los rincones de Lorica se comenta que la ANI fue presionada por un personaje poderoso de lorica para cambiar el trazado que ya estaba acordado (yo no puedo decir el nombre porque no tengo pruebas y me expongo a una visita a la Fiscalía). Está claro que la variante por la margen derecha elevaría el valor de algunas propiedades y otras tendrían que ser adquiridas por la ANI. ¡ese es el negocio socio!

De forma extraña la ANLA que debió rechazar tajantemente la citada solicitud del cambio del trazado por extemporánea, le dio tramite a la misma. ¿y el poder para qué? Pues para ejercerlo sobre las entidades del Estado. Ese año 2015 es recordado por la cantidad de nubes grises en el cielo de las entidades encargadas de la infraestructura en Colombia, atrapadas por el monstruo de mil cabezas de ODEBRECHT (todo se podía).

Vía express se resolvió en la ANLA la solicitud de modificación del Auto 1935 de 2015 y un mes después con la expedición del Auto 2697 del 10 de julio de 2015 por parte de la ANLA se cambio de forma irregular el trazado de la Variante Lorica y se determinó que iría por la Margen Derecha o Alternativa Oriental atravesando con un terraplén la Ciénaga del Bajo Sinú (ese auto le quitó a Lorica la posibilidad de la variante).

Acción Popular por un Ambiente Sano.

Ante la amenaza de afectar la Ciénaga del Bajo Sinú, varias organizaciones sociales decidieron radicar una Acción Popular en defensa de la moralidad pública y el medio ambiente, la cual fue presentada por el abogado Manuel Salvador Nule. La misma fue apoyada por el Ministerio Público. El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante Auto del 19 de diciembre de 2017, decretó como medida cautelar suspender la ejecución de la obra sobre los tramos qué afecten el área del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú.

El mismo tribunal mediante sentencia del 12 de noviembre de 2020 falló a favor de la Acción Popular concediendo el amparo al derecho colectivo de un ambiente sano. La ANI y la ANLA interpusieron recurso de apelación ante el Consejo de Estado.

El pasado 26 de enero de 2023, el Consejo de Estado con ponencia de la consejera Nubia Peña Garzón, resolvió confirmar en la parte sustancial el fallo del Tribunal Administrativo de Córdoba. Le ordenó a la CVS y la ANLA que para otorgar la sustracción del DMRI Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, como la licencia ambiental se cercioren que dicho diseño “sea el que cause el menor impacto ambiental sobre los recursos del ecosistema a intervenir, evitando en lo posible el uso de terraplenes”

El 11 de marzo del 2024 el Consejo Directivo de la CVS expidió el Acuerdo 522 que resolvió un recursos de reposición contra el acuerdo directivo Número 509 del 26 de septiembre del 2023 “por el cual se resuelve una solicitud de sustracción del Distrito Regional de Manejo Integrado, del Complejo Cenagoso del Bajo Sinú”, “DRMI Departamento de Córdoba” el cual acordó “NEGAR la solicitud de revocatoria del Acuerdo Número 509 presentado por el Gerente General de la Concesión Ruta al Mar y en consecuencia confirmó el Acuerdo 509 del 2023 que negó la sustracción del DRMI.

La Concesión Ruta al Mar puede hacer una nueva propuesta de ingeniería, un nuevo trazado por la margen derecha, pero no tienen la intención de hacerlo. Definitivamente se la jugaron por el trazado más económico y pretendían que la CVS les aprobara con frágiles criterios técnicos y jurídicos la solicitud de sustracción del área protegida del complejo cenagoso del Bajo Sinú.

Los directivos que estaban al frente de la ANI y de la ANLA en el año 2015 le deben explicaciones públicas a Lorica y algún día tendrán que contarle a la justicia quienes presionaron desde el Bajo Sinú para cambiar el diseño del trazado que dejó a la región sin la Variante.