Categoría: Opinión

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

El desempleo en un problema crucial que afecta a las sociedades de todo el mundo y el que genera profundas implicaciones tanto para los individuos como para las economías de los países.

En el plano económico, las altas tasas de desempleo reducen el gasto de los consumidores, uno de los motores claves del crecimiento económico, lo que conlleva a un ciclo de reducción de la producción; y en el plano social debo destacar como factores de esta crítica problemática, la migración, economía informal, pobreza y precarización salarial, lo que lamentablemente induce al incremento de la delincuencia y que los ciudadanos sean presa fácil de los grupos al margen de la ley.

No me cabe la menor duda, que el desempleo es uno de los problemas urgentes que debe enfrentar Colombia y para ello se hace necesario volcar la mirada hacia las particularidades de cada una de las regiones del país con el propósito de ofrecer soluciones sostenibles y efectivas.

Hoy, según las recientes cifras del DANE la tasa nacional de desocupación durante el trimestre móvil de marzo – mayo es de 10,7 %, siendo las ciudades del país con más desempleo Quibdó (28,6 %), Riohacha (19,5 %), Florencia (16,4 %), Ibagué (14,7 %) y Cúcuta (13,7 %).

Uno de los sectores que mayores plazas de empleabilidad generan es el de la construcción, de ahí que se deben planificar, diseñar y ejecutar proyectos de construcción y mejoramientos de vivienda, centros de salud e instituciones educativas, no solo para mejorar la calidad de vida de los habitantes, sino también para proporcionar empleo a corto, mediano y largo plazo.

El impulso a la microeconomía en los barrios, es de suma importancia. Razón por la que se deben abrir múltiples espacios desde el poder legislativo para la creación de políticas públicas que fomenten las pequeñas y medianas empresas a través de microcréditos, capacitaciones y asesoramiento empresarial. Empresas enfocadas en la generación de dinero para que este circule en la comunidad con el objetivo de propiciar un verdadero crecimiento económico que conlleve a la estabilidad financiera de las familias. Además de darle una mano a los negocios que dinamizan el comercio en las comunidades, como tiendas de abarrotes, panaderías y mercados, con el ánimo de promover la autosuficiencia y disminuir la dependencia de empleabilidad del sector público.

Para combatir el desempleo, también resulta primordial el apoyo al emprendimiento como una herramienta poderosa en las inversiones de ideas innovadoras que diversifiquen la economía de las regiones. Lo que va muy de la mano con el impulso de la cultura, gastronomía y turismo como factores determinantes en la generación de empleo, directo e indirecto. Sectores que postpandemia han sido determinantes para recuperar las economías locales.

Finalmente, será muy importante la conformación de más áreas metropolitanas como estrategia para la transformación significativa de las economías regionales. A través de estas se pueden lograr centros de transformación de productos para su comercialización a nivel internacional, granjas solares, industrias, empresas transportadoras o centrales de abastos regionales, que abrirán una gran cantidad de plazas de trabajo.

Sin lugar a dudas, abordar el desempleo en Colombia exige un enfoque desde las necesidades y las potencialidades de cada departamento y ciudad. Pienso que al considerar y materializar las estrategias planteadas en las líneas anteriores, el país podrá avanzar hacia una mejor distribución del empleo, empoderando a las regiones y construyendo un futuro más próspero para los colombianos.

Los abusos que justifican un revolcón en el servicio de alumbrado público en el Caribe.

Por: Senador Antonio Correa Jiménez 

La Región Caribe, tiene referencia en alumbrado público, un estado post Constitución del 91 marcado por el mercantilismo que introdujo dicha Carta Magna, en donde el mismo, paso a ser un gran negocio con lucro que se estableció en monopolios, unos funcionando bien y otros acumulando grandes riquezas a expensa, del pago de un servicio muchas veces no prestado de la mejor manera.

Esto con el beneplácito, de un alcalde X que pidió facultades a su Concejo Municipal por un periodo de tiempo determinado para operar en ese municipio, todos sabemos que todo fue un muy buen negocio. Hoy vía proyecto de ley buscamos que el alumbrado público sea excluido de la tarifa de energía, donde se cobra y encarece el recibo de energía eléctrica, lo que obliga a el usuario a pagar el servicio de alumbrado en los municipios se preste o no. (Análisis de 4 Ciudades Capitales en el Caribe).

El Distrito de Cartagena es administrado, y operado por EPM ESP, que tiene exoneración para el estrato 1, cobrándose en el estrato 2 -($ 1.158), en el 3- ($ 3.326), 4- ($4.811), 5- ($6.323), en el 6-($9.338). Después de vencido el 1 de julio de 2024 el periodo de EPM no sabemos qué va a pasar, por parte del administrador y de los coadministradores, Dios permita, que todo sea para bien ya que hoy es el que menos maltrata el bolsillo, y el que menos quejas tiene en el Caribe en honor a la verdad.

Sincelejo, el operador del servicio es ILUMINACIONES ESPECIALIZADAS DEL NORTE S.A a través de contrato de concesión, que data del 1 de junio de 2000 y donde la actual administración no contempla su cambio.

Es de destacar que la empresa ha tenido un aumento exponencial en las quejas de su operación, las cuales en 2023 casi superan las 4.980, estas están relacionadas con el mal servicio y zonas que permanecen en la oscuridad. El cobro se relaciona así en el estrato 1-($2.500), 2- ($2.500), 3- ($8.900), 4- ($21.400), 5- ($28.500) y 6-($39.200).

Riohacha, desde el 3 de octubre de 2014 es operado por American Lighting por un plazo de 21 años, con un valor estimado $ 20.941.524.100, es de resaltar que en los estratos 1 y 2 no se paga alumbrado público, solo del 3 al 6, con un 5%. Lo polémico resulta en la realización del Otrosí 001 del 21 de diciembre de 2021 el cual justifica que bajo necesidad de modernización se prorrogó el contrato 9 años, quedando la concesión a 30 años, y se le quita cargas y obligaciones al contratista.

Montería, es operado por la sociedad comercial ELEC S.A., en virtud del Contrato de Concesión No. 160 del 13 de diciembre de 1996. El mismo ha tenido (6) otrosí suscritos, la Alcaldía certificó que todo está “bien sin quejas”. Y lo significativo que es el servicio más caro en todo el Caribe cobrándose un 15% del valor de lo facturado en energía, en todos los estratos ni los pobres se salvan.

Quedamos con firme compromiso de introducir vía legislativa en el proyecto que hoy avanza, que existan verdaderas interventorías a estas concesiones que no sean convidados de piedras o comités de aplausos, como también la regulación de tarifas con cobros de servicios efectivamente prestados, sin engaños y sin calles oscuras, la época de los gloriosos para los operadores debe ser reguladas a sus justas proporciones, eso sí con una excelente prestación del Alumbrado Público.

A la mitad del mandato presidencial el balance hoy es un cóctel de grandes escándalos por corrupción, supuestas chuzadas, fuego amigo, crisis permanente en paz total, desafíos a la seguridad nacional y caos galopante.

Por: Hubert Ariza
Tomada del País de España.

Cuando se cumplen dos años de la elección del primer presidente de izquierda en Colombia, proveniente del primer acuerdo exitoso de paz del siglo pasado, la última encuesta de Invamer Poll, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, revela que la popularidad del presidente Petro sigue cayendo y la desaprobación de su mandato se ubica en el 62%. Solo un 32% de los colombianos lo aprueba.
Esas cifras ratifican lo que todos saben en Colombia: que Petro ignora las encuestas, que no existe estrategia de comunicación, y que la lucha presidencial por el poder impone una agenda política en contravía de la opinión pública, que lo acerca a las bases sociales en los territorios, pero lo aleja de las clases medias y bajas en las grandes capitales.
En Bogotá, el 61% de los encuestados desaprueba al presidente, lo que significa que en dos años el mandatario ha aumentado en millones el partido de los arrepentidos en su fortín electoral. Se trata de gente formada, que votó contra las viejas maquinarias y la corrupción que representaba el candidato de la derecha, Rodolfo Hernández, hoy condenado por la Justicia debido a su intervención en negocios turbios cuando fue alcalde de Bucaramanga.
Gente desilusionada que creyó en el cambio y hoy siente que este no ha llegado o llegó en reversa, arropado con las mismas mañas de la vieja clase política.
Todo ello muestra que la cuesta se hace más empinada para el Gobierno en su intento de reelegir su proyecto político en 2026, pasar grandes reformas en el Congreso que signifiquen un hito social, político, económico o ambiental y hacer realidad su estrategia del Poder Constituyente para cambiarlo todo.
A la mitad del mandato presidencial el balance hoy, en la retina de la ciudadanía, es un cóctel de grandes escándalos por corrupción, supuestas chuzadas a la Justicia, fuego amigo en la Casa de Nariño, crisis permanente en la estrategia de paz total, desafíos de los ilegales a la seguridad nacional, y caos galopante con un gabinete ministerial en preaviso con funcionarios descartables, lo que hace imposible creer que haya con qué y con quién reelegir el proyecto político del presidente Petro.

Poco pesan en el balance los logros del Gobierno del cambio, como mantener la economía a flote en medio de un mundo en crisis, haber pasado la reforma pensional, tener un Plan Nacional de Desarrollo que privilegia la vida y volcó el plan de inversiones a la educación y la reforma agraria, con un enfoque territorial y étnico, y esforzarse por cumplir los acuerdos de paz de La Habana.
Por supuesto que falta bastante trecho para que Petro alcance las cifras catastróficas de impopularidad que alcanzaron Andrés Pastrana, con su fallido proceso de paz con las FARC, con las que pactó políticamente, a través de Álvaro Leyva, para derrotar a Horacio Serpa, en 1998; o las de Iván Duque, como consecuencia, en especial, del mal manejo del estallido social y el incumplimiento a los acuerdos de paz de La Habana. Pastrana terminó su mandato con 22% de aprobación, y Duque con 27%.
La impopularidad del presidente, por supuesto, no es consecuencia del éxito de la oposición, que no tiene un líder visible que crezca mientras el Gobierno cae y se convierta en alternativa. Es más bien el resultado de un estilo de ejercer el poder que sigue haciendo crisis y que el país no logra, ni quiere comprender. Bien es sabido que el mayor opositor del presidente es él mismo y que quienes más daño le han hecho a su imagen son miembros de su propio Gobierno, como su hijo Nicolás y la financiación de la campaña presidencial, más los Olmedos y Snyder de la corrupción en la UNGRD, y el excanciller Leyva, con el contrato de los pasaportes, por citar dos ejemplos.
Las supuestas chuzadas a los magistrados son una narrativa que la administración ha enfrentado con valentía, abriendo las puertas de la Dirección Nacional de Inteligencia al Ministerio Público y la Fiscalía para desmontar las tesis de la oposición. Hay una enorme diferencia entre este caso y los días en que en el Gobierno Uribe chuzar era un verbo que se conjugaba con pasión desde el DAS y la oposición, incluida la Justicia, era escuchada y perseguida abiertamente y sin escrúpulo alguno. En la cárcel terminaron muchos de los culpables de esos hechos.
Con el paso de los meses el Gobierno del cambio mutó de la concertación y la cohabitación con el sector democrático del liberalismo y el conservatismo a un Gobierno radicalizado, de activistas y militantes, que no incluye otras voces del espectro democrático, porque los considera traidores en potencia; que busca funcionarios incondicionales que obedezcan con fe ciega las órdenes palaciegas y se acomoden a los dictámenes de una todopoderosa jefa de gabinete envuelta en escándalos permanentes; unos ministros que actúan como viceministros, porque ninguno puede contradecir al jefe ni brillar más que este; una agenda política que se impone desde los trinos del presidente; una confrontación permanente en la que se abren frentes de batalla todos los días, internos o externos; una negociación inentendible para las mayorías con la delincuencia organizada y las guerrillas a las que se trata como aliados y no como enemigos de la Constitución y el Estado de derecho.
Sí el presidente ha impuesto la agenda política y ha pateado tantas veces el tablero que el país se ha acostumbrado a sus genialidades que no terminan en nada, como la Constituyente, que se ha ido diluyendo entre escándalos de corrupción, denuncias de chuzadas y el apoyo del ELN y las disidencias de las FARC.
La encuesta de Invamer Poll, precisamente, muestra que el 67% de los colombianos cree que el presidente quiere cambiar la Constitución y el 62% que busca reelegirse.
La pregunta es cómo podría reelegirse un proyecto político que vive en permanente crisis. Qué haría inclinar la balanza para que el país renovara el mandato a un gobierno de izquierda cuando la idea de la venezolanización de Colombia vuelve a abrirse paso, y la narrativa de la derecha de que Petro busca gobernar con la guerrilla en armas se hace más creíble para unas clases populares sin cultura política.
El tono confrontacional del primer mandatario no ayuda a resolver las dudas, y, por el contrario, ratifica la tesis de que hoy la reelección se ve imposible.
Habrá que esperar qué nuevas caras llegan al Gabinete. Pero es claro que llegarán voces más radicales para activar la campaña permanente del petrismo por garantizar la permanencia en el poder, blindar al presidente de los ataques de la oposición y tratar de silenciar el fuego amigo.
Tendrán esos ministros un reto inmediato: ejecutar los presupuestos, cuyos niveles son en algunos casos ridículos y demuestran un enorme grado de inexperiencia e inmadurez política. Y, por otro, acusar el golpe del ajuste fiscal, con un presupuesto nacional desfinanciado en 20 billones de pesos.
No la tiene fácil el Gobierno. Nunca la ha tenido fácil la izquierda en un país que ve moverse el péndulo hacia la derecha, que anhela que aparezca un Milei o un Bukele con acento uribista. Por fortuna para nuestra democracia no hay en el horizonte un candidato parecido a esos experimentos de mesías salvadores que utilizan la democracia para llegar al poder y demolerla desde adentro, desmontando el Estado de bienestar y las políticas sociales. Pero tampoco el petrismo tiene un relevo a su líder y el centro sigue sin asomar la cabeza en un clima permanente de polarización. La democracia colombiana se reinventa todos los días y en un año se sabrá qué tan capaz fue Petro de revertir la tendencia hacia la baja y darle una nueva oportunidad a la izquierda de soñar con seguir gobernando, sin reelección, garantizando el calendario electoral, sin tomar atajos ni soñar con salidas extraconstitucionales.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Las minorías enriquecen a las sociedades, forman parte activa del progreso y desarrollo de los pueblos y propugnan por la diversidad de sus comunidades gracias al gran aporte cultural que comparten con el entramado social. Ello nos invita a reconocer y respetar al otro, permitiéndonos a su vez la consolidación de puentes de confianza, comprensión y respeto, con el fin de promover la participación en todos los aspectos de la vida pública y proteger la identidad de esas minorías en aras de propiciar la convivencia pacífica y democrática en todo el territorio nacional.

Colombia se caracteriza por su pluralidad y riqueza cultural, y en ella vivimos más de 52 millones de habitantes. Población en la que están incluidos los nichos minoritarios que necesitan de la atención urgente del Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y municipales.

En nuestro país, de acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), hasta 2023, más de 8 millones de personas han sido desplazadas internamente debido al conflicto armado en Colombia y según el censo del DANE de 2018, hay alrededor de 1.9 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, 4.6 millones como afrocolombianas y unas 300.000 que se denominan raizales, palanqueros o gitanos.

El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, registra que hay más de 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad en Colombia, según un estudio de USAID en el país hay alrededor de 4.5 millones de personas que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+ y el DANE indica que alrededor del 13.5 % de la población pertenece a comunidades cristianas, judías, musulmanas y de otras religiones.

Hablamos de minorías, pero las cifras dan cuenta de una gran cantidad de colombianos que merecen toda la atención y plenas garantías. De ahí, que se tienen que estructurar mayores procesos, acciones y políticas de atención encaminadas a reconocer y dignificar a todas las comunidades minoritarias de desplazados, etnias indígenas y afrocolombianas, personas con discapacidad, integrantes de cultos religiosos y miembros de la comunidad LGTBIQ+. Las que además de ser visibilizadas, deben ser integradas y respetadas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.

Los desplazados merecen más que una nueva oportunidad, para ellos debe haber justicia y dignidad por lo que se debe trabajar para brindarles acceso a servicios básicos como salud, educación, vivienda y oportunidades laborales.

Las etnias indígenas y afrocolombianas son portadoras de una sabiduría ancestral invaluable. Preservar sus tradiciones, lenguas y formas de vida es un acto de justicia histórica, y promover el respeto a sus modos de vida es fundamental para el desarrollo sostenible del país.

Las personas con discapacidad, enfrentan barreras cotidianas que no deberían existir y como sociedad se tiene que eliminar cualquier forma de discriminación, de ahí que las políticas de inclusión deben ser una prioridad.

Con relación a la comunidad LGTBIQ+, no es secreto que continúan enfrentando situaciones que atentan contra sus derechos humanos. La igualdad es una necesidad urgente desde el ámbito educativo hasta el legal, partiendo desde las regiones en donde se requieren políticas de inclusión y respeto, tal como lo hicimos en Montería con la sanción de la política pública para proteger a esta comunidad de cualquier forma de discriminación y violencia. Solo así podremos construir una sociedad justa y equitativa.

Para abordar de manera efectiva las necesidades de las minorías en Colombia, es fundamental que tanto el Gobierno, el poder legislativo y la sociedad civil se comprometan con acciones concretas. Dignificar estos grupos es un paso importantísimo hacia la construcción de un país donde todos, sin excepción alguna, puedan vivir con respeto, igualdad y oportunidades. Es reconocer que la diversidad es una fortaleza y que cada colombiano, sin importar su origen, condición o identidad, debe ser respetado.

El reconocimiento, la dignificación de nuestras comunidades minoritarias y el respeto hacia ellas, sin duda es un acto de justicia y una condición indispensable en el camino de la paz y el progreso de Colombia. Ahora más que nunca, es crucial que cada uno de nosotros tome acción para garantizar que este ideal de respeto y equidad se convierta en una realidad palpable en nuestro país.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

Un día antes de finalizar la actual legislatura, el Senado de la República de Colombia hundió, el «proyecto de ley estatutaria» que pretendía regular el derecho a la educación; este proyecto, que logró la aprobación en plenaria de la Cámara, no alcanzó en su recorrido, el acuerdo político en la comisión primera del Senado. Recordemos el contenido y alcance del frustrado proyecto de ley estatutaria; que tenía como propósito garantizar el derecho fundamental a la educación, regular y establecer las condiciones necesarias para su protección.

1.El proyecto integraba una nueva concepción de la educación, transitando de un servicio público a un derecho fundamental; el primero, prestado por particulares y el Estado; el segundo, un deber y obligación del Estado.

2. La prioridad era garantizar el derecho fundamental a la educación de conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia; enfatizando que, la prestación por actores públicos, privados o mixtos estaría bajo la inspección y vigilancia del Estado; que garantice la educación como bien público.

3. El derecho fundamental a la educación con elementos esenciales como son: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad; con los que pretendía garantizar el reconocimiento de la pluralidad, diversidad regional, cultural y étnica.

4. El proyecto de ley hacía referencia a los deberes del Estado, que tiene la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar progresivamente el derecho fundamental a la educación.

5. Mencionaba el derecho fundamental a la educación en sus distintos niveles, integrándolos desde el prejardín, jardín, transición, primaria y secundaria; consolidando de esta forma, un sistema de articulación entre la educación media y superior para el acceso progresivo a la educación superior.

6. El proyecto contemplaba disposiciones para atender grupos poblacionales en condiciones de analfabetismo, personas privadas de la libertad, grupos étnicos y madres cabeza de familia.

7. Los grupos étnicos tendrían la facultad y autonomía de diseñar, administrar y regular sus instituciones y programas para adecuarlos a sus necesidades, historia y lenguas.

En consecuencia, este proyecto de ley estatutaria de educación planteaba un marco general y regulatorio que establece la educación como derecho fundamental; enmarcado en una concepción progresista de la educación, garantizado por el Estado, y que demanda y necesita Colombia para avanzar en el cierre de brechas sociales y regionales determinadas por las profundas asimetrías educativas.

Desafortunadamente, esta iniciativa gubernamental no logró los acuerdos necesarios para convertirse en ley, por parte de las bancadas políticas representadas en la comisión primera del Senado. En este sentido, el Ministerio de Educación debe continuar avanzando en un diálogo sobre los temas no conciliados y que, echaron al traste la iniciativa; entre ellos: la evaluación docente, donde pretendían que un criterio de evaluación sean las pruebas saber.

11. La autonomía universitaria, en lo correspondiente a la designación de autoridades académicas a través de la democracia directa. La educación como bien público; la educación terciaria; entre otros. Tópicos donde no hubo acuerdos.

Podríamos decir, que el contenido general del proyecto de ley estatutaria de educación continúa teniendo vigencia; por consiguiente, corresponde al Ministerio de Educación retomarlo en un ambiente de diálogo amplio, donde incluya, a todos los actores del sector y el Congreso de la República.

*Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Colombia es un país con gran vocación agrícola, y preocupa enormemente que su población padezca precizamente por la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, al acceso y al consumo oportuno y permanente de los mismos en sus hogares en las cantidades y calidades nutritivas que proporcionen una vida saludable y digna.
En nuestro país paradojicamente la riqueza agrícola contrasta con las dificultades que enfrentan las familias campesinas bastión imprescindibles y actores fundamentales de nuestra seguridad alimentaria.

Partiendo de ese complejo escenario, se hace necesaria una reforma que realmente favorezca a nuestro campesinado. De ahí que es el momento indicado para impulsar la creación de centros de transformación y comercialización regionales como una solución visionaria, capaz de fortalecer las economías rurales y asegurar un suministro constante y de calidad de alimentos.

Durante décadas las familias campesinas han sido víctimas de la marginación económica y el acceso limitado a tecnologías avanzadas que han disminuido su capacidad para competir en mercados masivos y globalizados. Es hora de dotarlos de la infraestructura adecuada y brindarles la posibilidad de agregar valor a sus productos, para sacarlos a flote del ciclo de pobreza y subsistencia al que han estado sometidos.

La propuesta de establecer centros regionales de transformación y comercialización es clave para romper este ciclo, toda vez que estos podrían funcionar como ejes de innovación y productividad, en donde los productos adquieran un valor adicional antes de llegar al consumidor final, lo que no solo aumentaría los ingresos de las familias rurales, sino que también mejoraría la calidad y trazabilidad de los alimentos que consumimos diariamente.

Es de resaltar, la posición geográfica privilegiada de Colombia, la que con su diversidad climática y de suelos, permite una producción agrícola variada y rica, que se debe potenciar con tecnología y una gestión adecuada, no solo para satisfacer las necesidades internas, sino para consolidarse en el mercado internacional de alimentos.

Es necesario generar políticas públicas consistentes y de apoyo financiero, tecnológico y educativo a los campesinos. Así como la creación de incentivos fiscales, que además generen alianzas estratégicas para la formación y capacitación de la mano de obra rural.

Nuestros campesinos deben estar equipados con conocimientos y habilidades que les permitan sacar el máximo provecho de las nuevas tecnologías y métodos de producción. Programas de educación continua y técnica, enfocada en prácticas agrícolas sostenibles y en gestión de negocios, logrando de esta manera un efecto transformador en la calidad de sus vidas.

Al empoderar a las comunidades rurales y crear un entorno donde puedan prosperar, sin duda alguna Colombia podrá asegurar su seguridad alimentaria y un futuro más justo y sostenible.

La ruta es larga y está llena de desafíos, pero estoy convencido que con voluntad política, cooperación multisectorial y un enfoque centrado en las personas, es posible construir un futuro donde las familias campesinas sean protagonistas de su propio desarrollo y el bienestar de toda nuestra Nación.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado martes 18 de junio, la Universidad de Córdoba asistió a un certamen democrático donde los protagonistas fueron los jóvenes universitarios, quienes participaron de manera libre y autónoma para escoger su representante ante el Consejo Superior, máximo órgano de dirección y gobierno. Durante estos últimos años, Unicórdoba ha hecho de la participación democrática, una línea de conducta ejemplarizante.

Se ha realizado elección de representantes estudiantiles a los distintos cuerpos colegiados, donde tuvieron la oportunidad de participar con libertad, 90 postulantes; ejerciendo el derecho al voto 9.650 aspirantes. Misma forma, elección para escoger representantes de los profesores ante el Consejo Superior Universitario; además, consultas para la designación de rector; certámenes electorales desarrollados de manera virtual y articulados con la política de transparencia y buen gobierno. Recientemente, la elección de representantes estudiantiles ante el Consejo Superior; en esta participaron 6.036 estudiantes; quienes votaron por distintos candidatos; donde los estudiantes ganadores alcanzaron 2.692 votos, equivalente a un porcentaje de 44.60%; la segunda votación con 1.452 obtenida por el voto en blanco; tercera votación con 1.411 votos; cuarta votación con 356 sufragios; la quinta preferencia alcanzó 67 votos y la sexta consiguió 58 votos.

Proceso democrático que fortalece la democracia, autonomía universitaria y al estamento estudiantil; quienes escogieron sus representantes ante el Consejo Superior Universitario para el período 2024-2028. Esta expresión participativa y democrática reafirma el ethos universitario, como el ágora pública para el disenso, pluralidad y deliberación sobre el quehacer universitario; donde en términos habermasianos, la única violencia permitida debe ser la del mejor argumento.

Esta característica de la autonomía universitaria permitió que el estamento estudiantil participara y expresara libremente el apoyo por los distintos candidatos; permitiendo que la representación estudiantil que logró el respaldo mayoritario; esté investida de una legalidad y legitimidad política, que deberán poner al servicio del estamento estudiantil y comunidad universitaria, sin prejuicios, sesgos o exclusiones. Una representación incluyente y dialogante; con liderazgo, trabajo y gestión; de esta forma, devuelva a su estamento la confianza recibida.

Por ello, el ejercicio democrático vivido en la Universidad de Córdoba visibiliza las funciones formativas de una universidad centrada en una educación para la democracia, que hace posible construir cultura política y formar ciudadanos para ejercer la ciudadanía consciente y libre. Donde los estudiantes candidatos, expresaron propuestas, visiones y pensamientos alrededor de un proyecto universitario con el propósito de convencer con ideas y argumentos a los miembros de la comunidad estudiantil. En este contexto, la universidad forma para el ejercicio democrático. Este ambiente universitario es un espacio natural y fecundo, donde la democracia existe, crece y se desarrolla de forma dialógica, deliberativa, racional y responsable. Unicórdoba, nuevamente ha dado muestra de la democracia universitaria, donde el estamento estudiantil manifestó libremente su voluntad y preferencia. En consecuencia, es deber de la representación estudiantil ante el Consejo Superior: aconsejar, trabajar y gestionar en función del interés general, bienestar estudiantil y desarrollo institucional. Es importante, que esta nueva generación de jóvenes impulse el nacimiento de una generación inaugural en Unicórdoba; con ideales, ímpetu, visión y entrega, dignifiquen el ejercicio de una política al servicio de la vida; de esta forma superar los odios y violencias que destruyen la esencia y naturaleza de la universidad.

Por Erasmo Zuleta Bechara.

Gobernador de Córdoba 

Parafraseando a Napoleón Bonaparte, en términos de competitividad, este factor es tan importante para el desarrollo de nuestro país que no podemos cometer errores en su consecución, aunque lo necesitamos urgentemente.

Y esto es muy cierto, especialmente si se tienen en cuenta dos factores cruciales: el primero, que para observar resultados en términos de competitividad en los territorios, estos no son inmediatos, por lo que no existe margen de error para perder el tiempo; y el segundo, que se presenta un desbordamiento de necesidades con respecto a los recursos disponibles, al menos a nivel territorial, lo que hace que estos deban ser utilizados de forma óptima.

La competitividad es un tema que cobra gran relevancia si consideramos la reciente publicación del Índice de Competitividad Departamental 2024 (IDC), elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario. Dicho sea de paso, gran trabajo el que realizan estas instituciones con la elaboración de tan importante instrumento, que da luces sobre los factores cruciales y ayuda a la mejora de las entidades locales.

Con respecto al tiempo que toman las políticas públicas en causar un efecto real en términos de competitividad, basta con considerar que los resultados del ranking del año 2024 se desprenden de agrupar 102 indicadores en 13 pilares, de los cuales 59 (58% de los mismos) tuvieron como año de corte el 2022, 38 como año de corte el 2023 (37%) y tan solo uno, el 2024. Es decir, los resultados que vemos en el ranking del año 2024 consideran, en su gran mayoría, resultados de ejecutoria del año 2022. Esto solo en cuanto a la construcción de los indicadores. Si revisamos los efectos en el sureste asiático de la mayor inversión en ciencia y tecnología de los años 70, estos tardaron por lo menos 20 años en demostrar efectos materiales en la vida de los habitantes de la región.

Sobre los resultados del IDC para el departamento de Córdoba, este departamento perdió una posición entre el año 2023 y el 2024, pasando del puesto 22 al 23 en el ranking. Por pilares, los que mejor desempeño demostraron para 2024 en el departamento fueron «Sostenibilidad Ambiental», ubicándose en la posición número 4 entre 33 entidades territoriales, seguido de «Sofisticación y Diversificación», en la posición número 15. La mejor variación entre el 2023 y el 2024 se presentó en el pilar de «Entorno para los Negocios», al pasar de la posición 32 en 2023 a la 22 en 2024, mientras que el mayor descenso se presentó en el pilar de «Infraestructura», pasando de la posición 20 en 2023 a la 26 en 2024.

Y es cuando se comparan los resultados en algunos indicadores de competitividad frente a los recursos disponibles que estos últimos lucen insuficientes. Por ejemplo, dentro de los indicadores donde el departamento de Córdoba se encuentra relativamente atrasado están los relacionados con acueductos, alcantarillados y red vial primaria. Todos estos son sectores intensivos en capital para su mejoramiento, construcción o ampliación.

Por todo lo anterior, el Plan de Desarrollo Departamental recientemente aprobado por la Asamblea de Córdoba apunta a que el departamento logre un mejor nivel de competitividad. Para ello, este plan considera un conjunto de acciones y proyectos estratégicos debidamente pensados y concebidos con el objetivo de no cometer errores que puedan poner en peligro la posibilidad que tiene el departamento de alcanzar otro nivel de forma urgente. Vamos despacio porque tenemos prisa, como decía Bonaparte.

Esperamos que estas metas y objetivos trazados tengan el apoyo respectivo del Gobierno Nacional para su efectivo cumplimiento.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Es es momento de volver la mirada hacia el campo, dotar a nuestros campesinos de las herramientas necesarias para que la tierra sea productiva, sentando las bases para una transformación del campo colombiano con el propósito superior de crear las condiciones de bienestar social y desarrollo económico que la sustraigan de la pobreza rural extrema, garantizando para siempre una vida digna para la población rural de nuestro país.

En Colombia el 75 % de los municipios son rurales, los cuales abarcan el 94 % del territorio nacional; el 30% de la población se identifica como campesina, lo que representa aproximadamente 15.2 millones de personas en nuestras zonas rurales. A lo largo de décadas, estas comunidades han enfrentado una serie de problemas graves: conflicto armado, distribución inequitativa de la tierra, falta de servicios públicos, infraestructuras viales deficientes y escasez de oportunidades educativas y laborales. Por ello, es imprescindible una reforma agraria que transforme las condiciones de nuestro campo y lo convierta en un motor para la economía nacional.

Este tema ha sido recurrente en el debate público y político, donde, a mi juicio, se ha cometido el error de asociar la reforma agraria exclusivamente con la compra de tierras. Es vital repensar este enfoque e implementar un modelo integral y sostenible que verdaderamente beneficie a nuestros campesinos y promueva el desarrollo rural como nunca antes.

Para lograr una verdadera reforma agraria, es crucial avanzar en varios frentes a la vez. En primer lugar, debemos proporcionar apoyos económicos y tecnológicos, y abordar la legalización de predios. La clave está en garantizar los insumos necesarios para hacer productivas las tierras, lo que debe ir acompañado de la formalización de la propiedad, brindando seguridad jurídica y facilitando el acceso a créditos y otros beneficios esenciales para una utilización efectiva y sostenible de los terrenos.

Otra pieza fundamental de esta reforma debe ser la creación de asociaciones de campesinos, las que permitirán llevar a cabo proyectos agrícolas sin la necesidad de ser propietarios de la tierra, promoviendo un uso más eficiente y coordinado de los recursos, la implementación de prácticas agrícolas innovadoras y la diversificación de las actividades económicas rurales.

Es indispensable fomentar alianzas estratégicas entre el sector campesino y la academia para adelantar estudios de suelos y hacer recomendaciones de cultivos según las características climáticas. Además, la capacitación continua y la asistencia técnica son esenciales para que los campesinos puedan mejorar sus prácticas agrícolas.

Es también crucial desarrollar estrategias efectivas de comercialización a través de alianzas público-privadas, las que deben priorizar la demanda alimentaria interna y abrir puertas a mercados internacionales. A lo que se debe sumar, la creación de mercados locales y regionales, respaldados por políticas públicas para garantizar que los productos agrícolas lleguen de manera eficiente a las centrales de abastos y a precios justos para los consumidores.

Debemos empezar a reconocer que el papel del sector rural en la seguridad alimentaria de Colombia es esencial. Estas zonas producen la mayoría de los alimentos que consumimos diariamente y el fortalecimiento del sector campesino no solo aumentará la oferta de alimentos, sino que también estabilizará precios y reducirá la dependencia de importaciones, contribuyendo así en la autosuficiencia nacional en términos alimentarios y generando un impacto positivo en la economía general del país.

Una verdadera reforma agraria en Colombia debe centrarse en el desarrollo rural integral, construyendo un modelo agrícola inclusivo, sostenible y próspero que elimine el hambre y posicione al país como un actor significativo en el mercado agrícola mundial.
Es hora de mirar con nuevos ojos nuestro campo y fortalecer a nuestros campesinos mediante una política pública que realmente promueva la equidad. Solo así podremos construir un sector agrícola próspero, incluyente y sostenible que beneficie a toda la nación y asegure un futuro mejor para las generaciones venideras.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

El departamento de Córdoba fundado un 18 de junio de 1952, celebra 72 años, un pueblo que ha construido su propia historia, su cultura e identidad en la que deben tomar conciencia las presentes generaciones; amarlo, cuidarlo e impulsar su progreso.

Sea esta la ocasión para reflexionar acerca del presente de nuestro departamento, que, en medio de las adversidades logró potencializar su capacidad de resiliencia y sobreponerse a las complejidades y turbulencias de un contexto en constante cambio, que ha logrado superar con tesón, muchas vicisitudes para convertirse en lugar geográfico, próspero y futurista. Que sea este onomástico momento, una oportunidad para pensar lo que ha sido el pasado y presente de un pueblo construido con el empuje de su gente y los retos por reedificar un territorio, que cierre brechas sociales con equidad y progreso social. Donde la ocupación y preocupación estén representadas en la dignidad humana.

Se podría afirmar, sin ambages de ninguna clase, que, Córdoba posee riqueza natural biodiversa, pluricultural y estratégica para el desarrollo y competitividad de una región representada en sus subregiones como: la costanera, denominada por sus habitantes el «Caribe Cordobés», que hoy cuenta con 124 kilómetros de costa sobre el mar Caribe y potencialidades para el turismo, pesca y desarrollo portuario. El sur de Córdoba, subregión que cuenta con el 60% de los bosques húmedos tropicales, como lo es, el Parque Nacional Natural de Paramillo, donde nacen los ríos: San Jorge, Sinú, Manso, Esmeralda y Verde, considerado una estrella fluvial y fábrica de agua que abastece la mayoría de los municipios del Departamento; igualmente, una riqueza minero-energética. El bajo y medio Sinú; la subregión sabanera y la ciudad capital Montería muestran el potencial económico, cultural y social que representa el departamento de Córdoba.

Es paradójico, que Córdoba, con amplias ventajas comparativas brindadas por la naturaleza, sus niveles de productividad y competitividad sean bajos y la mayor parte de su población sumergida en la pobreza; en especial, los jóvenes; quienes no han podido acceder a la educación superior como medios de movilidad social. De acuerdo al diagnóstico de la Agenda Córdoba 2052, el departamento tiene una población menor de 15 años mayor que otras regiones del país, pero su fortalecimiento dependerá de oportunidades para dignificar sus vidas; en consecuencia, para mejorar la productividad económica y competitiva. Necesitamos profundizar la formación académica de los jóvenes que representan el presente del Departamento.

En este sentido, la Agenda Córdoba 2052, es la apuesta de transformación social y humana del departamento, que apunta al reconocimiento y potenciación de las ventajas comparativas en cinco grandes desafíos productivos identificados así: clúster cárnico, agroindustria, turismo, minero-energético y tecnologías. En este orden de ideas, el diagnóstico presentado, permite construir de manera participativa la agenda prospectiva; priorizando sectores estratégicos, recursos financieros, enfoques y lógicas de desarrollo que jalonen el progreso social y humano del territorio. Importante resaltar el liderazgo del gobernador de Córdoba; representante de una generación joven que ha emprendido esta apuesta visionaria y moderna del desarrollo, con un criterio incluyente de los actores del territorio; en particular, la academia.

Unicórdoba reafirma su compromiso y pone a disposición su ciencia, saber y conocimiento para hacer posible la Agenda Córdoba 2052. Como invoca nuestro himno …los pueblos que no luchan no tienen porvenir.