Categoría: Opinión

Por Erasmo Zuleta Bechara

Gobernador de Córdoba 

“Es necesario sembrar para el futuro”, decía Napoleón Bonaparte. Que el porcentaje de la inversión como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) en 2023 haya sido el menor en los últimos 19 años es motivo de preocupación para el país. Esta proporción tan solo alcanzó el 13.6%, comparado con el promedio histórico de 21.5%. No estamos sembrando lo suficiente.

La inversión es el componente del PIB que nos habla sobre el futuro de una nación. En función de lo que se invierta hoy en educación, salud, infraestructura vial, portuaria, energética y turística, dependerá nuestro desarrollo y generación de riqueza en unos años. Si hoy la inversión es baja o escasea, el futuro no será promisorio. Desafortunadamente, este es el panorama al que nos encontramos avocados si no se lideran las políticas públicas y privadas necesarias para atraer inversionistas tanto locales como extranjeros.

Algo similar sucedió con la Inversión Extranjera Directa (IED) en 2023. La variación de este rubro con respecto a 2022 fue de -0.2%, alcanzando los USD 17,147 millones. Para el primer trimestre de 2024, la caída de la IED total fue de un -12% con respecto al mismo periodo de 2023, y la IED de un rubro muy importante para el Departamento de Córdoba, la destinada al sector agropecuario, cayó un -8%.

El comportamiento de la inversión dificulta la ejecución de cambios estructurales en la diversificación productiva que necesita el país. En el caso del Departamento de Córdoba, por ejemplo, los principales sectores productivos son la administración pública (25% del PIB departamental) y el comercio (15% del PIB departamental). Muy por detrás se encuentra el sector agropecuario con una participación del 14% del PIB departamental y la industria con un 10.6%. El principal motor productivo de la región es el sector público. Este panorama tiene que cambiar y, para ello, es fundamental invertir en sectores transformadores.

Dado que el panorama de la inversión nacional no es alentador, somos las regiones las llamadas a hacer lo que está a nuestro alcance para fortalecerla. En este sentido, iniciativas que propongan acercar a los inversionistas a los territorios son ahora más que nunca necesarias. Como gobernador del Departamento de Córdoba, he iniciado varias actividades enfocadas en tal fin.

Las acciones para incrementar la confianza inversionista en el Departamento de Córdoba son a largo, mediano y corto plazo. Las acciones a largo plazo incluyen la elaboración de la Agenda Córdoba 2052 para planificar el futuro del departamento con una perspectiva de varias décadas adelante, con estudios y análisis rigurosos que se encuentran en curso. Las acciones a mediano plazo incluyen un Plan de Desarrollo Departamental recientemente aprobado, donde la mayoría de sus recursos se concentran en sectores detonantes de la productividad, como la educación, la infraestructura y el sector salud. Por último, las acciones a corto plazo incluyen la racionalización y digitalización de varios trámites que facilitan el entorno para hacer negocios y la ejecución de proyectos de inversión en curso relevantes para la conectividad del territorio.

Es tarea de todos los niveles del estado sembrar lo suficiente para el futuro del país. Desde las regiones y desde el Departamento de Córdoba en particular, estamos tomando las medidas que podemos implementar y esperamos que, con la coadyuvancia del Gobierno Nacional, logremos niveles de inversión que ayuden a cambiar nuestra estructura productiva en pro de nuestros habitantes y del país en general.

Por: Carlos Ordosgoitia Sanin

Sin duda nuestra región es una de las joyas agropecuarias más importantes del país. Su riqueza natural, variedad de suelos, clima favorable y recursos hídricos sitúan a Córdoba como una auténtica despensa para la región.

Córdoba es el epicentro y un pilar fundamental para asegurar la producción agrícola de alta calidad, lo que contribuye significativamente en el desarrollo rural, generando empleo y fomentando el bienestar de las comunidades locales.

La economía del país y la seguridad ciudadana empieza por asegurar de manera crucial la seguridad alimentaria del país y con el propósito de impulsar el comercio exterior con exportaciones de calidad a diferentes rincones del mundo.

Durante las últimas décadas Córdoba ha evolucionado en el país, con la adopción de tecnología e innovación en sus procesos agropecuarios de cara a ser más competitivos. Por supuesto, hace falta mayor inversión en investigación, desarrollo y capacitación técnica para permitir que los productores incorporen métodos modernos de cultivo y cría, garantizando así productos de alta calidad y mayor competitividad en mercados nacionales e internacionales.

Lo que debe ir de la mano con políticas que deben enfocarse en mejorar la calidad de vida de los pequeños y medianos productores, facilitando su acceso a recursos esenciales como crédito agrícola a bajos intereses, seguros de cosecha y programas de capacitación técnica.

Es vital promover la asociatividad y cooperativismo entre los campesinos, fortaleciendo sus capacidades de negociación y acceso a mercados y es crucial asegurar la infraestructura adecuada, como vías de comunicación, centros de acopio y tecnología agrícola, que permitan a los campesinos incrementar su productividad.

Todo este trabajo acompañado de incentivos fiscales y programas de subsidios que alienten prácticas agrícolas sostenibles, garantizando que el desarrollo económico se traduzca en un bienestar duradero para las comunidades rurales y se replique este modelo en todas las regiones de Colombia.

Sumándose a todo ello un juicioso proceso de legalización de tierras como una prioridad política y social. La formalización de la propiedad de tierras a los campesinos no solo proporciona seguridad jurídica, sino que también abre un abanico de oportunidades cruciales para su progreso.

Con la tenencia legal de sus tierras, los productores pueden acceder a procesos de tecnificación para incrementar la productividad y eficiencia de sus actividades. Además, facilita el acceso a capital semilla y a créditos blandos, instrumentos financieros que permiten realizar inversiones en infraestructura, adquisición de maquinarias modernas y mejora de técnicas de cultivo. Facilidades financieras que estimulan la innovación y el crecimiento sostenible.

De esta manera, podremos construir un futuro más próspero y equitativo para la región, donde las zonas rurales se conviertan en el pilar del desarrollo de la Colombia que todos nos merecemos.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

El sistema de educación superior en Colombia asiste a una avalancha de cambios e iniciativas legislativas para reformar la Ley 30 de 1992; la cual rige dicha educación; proyectos de reforma con buenas intenciones, pero evidencian un desconocimiento del sector. Uno de ellos es el proyecto de Ley No. 250 de 2023 de la Cámara: «Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar el acceso a la educación superior» cuyo objeto es «asegurar la gratuidad en el valor de los derechos de inscripción de los jóvenes que se inscriban para cursar un pregrado en una de las instituciones de educación superior públicas, priorizando los pertenecientes a los grupos poblacionales más vulnerables de acuerdo con el Sisbén IV», que fue aprobado en plenaria del Senado el pasado 30 de mayo.

El Sistema Universitario Estatal SUE ha insistido al país político representado en el Congreso de la República legislar y hacer reformas que fortalezcan la educación superior pública como derecho; ampliando cobertura y cerrando brechas sociales y regionales para que los jóvenes accedan a una educación en condiciones de pertinencia y calidad. Por lo anterior, las universidades públicas agrupadas en el SUE expresaron la preocupación por el impacto fiscal que representa garantizar el beneficio de gratuidad en la inscripción para ingresar a una universidad pública que no asegura el acceso a este derecho; no obstante, constituye una afectación en la disminución del presupuesto de ingresos de las Universidades Oficiales; recursos necesarios para atender gastos de funcionamiento permanentes, situación ampliamente difundida por el SUE; conducente al desfinanciamiento estructural de la universidad pública, que genera a través de la venta de servicios, el 45% del presupuesto para atender las responsabilidades misionales de docencia, investigación y extensión. El Sistema Universitario Estatal cuantificó el impacto fiscal del proyecto de ley que asciende a 125 mil millones de pesos anuales; que dejarían de recibir las universidades oficiales, afectando y debilitando el funcionamiento institucional.

Ahora bien, el Artículo 3 del proyecto de Ley citado, establece: «el pago de los derechos de inscripción se realizará de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gastos de mediano plazo del Gobierno nacional. Los recursos de financiamiento de la presente Ley estarán a cargo del presupuesto general de la nación. En ningún caso, lo aquí dispuesto podrá afectar los presupuestos anuales, ni las transferencias que por ley se realizan a las instituciones de educación superior y su financiación será exclusivamente proveniente de recursos adicionales dispuestos por el Gobierno nacional para dar cumplimiento a esta ley».

En este sentido, las universidades oficiales están a la expectativa de que, una vez sancionada la ley, las instancias competentes reafirmen lo citado en este Artículo 3; con el fin de que los Ministerios de Hacienda y Educación al inicio de cada semestre académico incorporen las partidas presupuestales y transferencias de los recursos al SUE. Este proyecto de ley ocasiona una afectación financiera para el funcionamiento del SUE y un desconocimiento de la autonomía universitaria. En consecuencia, que el Ministerio de Educación realice seguimiento a las iniciativas legislativas en materia educativa que afecten el financiamiento de las universidades oficiales y su autonomía.

Por: ANTONIO JOSÉ CORREA

SENADOR DE LA REPÚBLICA

Es una problemática que afecta gran parte del litoral caribe siendo los Departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Antioquia quienes más ven expuestas sus playas a este fenómeno derivado de la misma condición de cambio climático, el objetivo de este escrito no es saber por qué se produce la erosión costera, es determinar en que se utilizan los recursos que por ley le corresponderían a nuestro caribe colombiano, y se les ha negado históricamente quizás por la única razón de muchos de estos puntos críticos como los de Arboletes, Puerto escondido, los córdobas, moñitos, tolú, pertenezcan a la tierra del olvido, esa Colombia dispersa y profunda que guardamos la esperanza que en este gobierno sean tenidas en cuenta.

En el marco jurídico, el cumplimiento de la Ley 856 en su artículo primero de 2003, que es una modificación a El artículo séptimo de la ley primera de 1991 en su parágrafo primero, menciona que la contraprestación que reciba la nación por concepto de zonas de uso público e infraestructura a través del Invias o quien haga sus veces se destinará especialmente a ejecución de OBRAS DE PROTECCIÓN DE ZONA COSTERA, dragado de mantenimiento y/o profundización construcción, y/o mantenimiento de estructuras hidráulicas de los canales de acceso a todos los puertos de carga a cargo de la nación.

Deshilando paso a paso este rollo de las inversiones encontramos que el estado a través del invías recibe aproximadamente 105.000 millones de pesos por año de los cuales hemos encontrado las siguientes inversiones curiosas: Terminación del Túnel de la Línea y segunda calzada Calarcá-Cajamarca, con un Valor de la obra $ 117.220.345.724 firmada en el año 2017, interventoría para la terminación del Túnel de la línea y segunda calzada Calarcá – Cajamarca- valor $12.671.944.637 firmado en 2017, la Culminación construcción túneles cortos, la vía a cielo abierto, puentes, y la llegada al municipio de Cajamarca-segunda, con Valor $ 19.533.528.977 y interventoría de $ 1.932.345.482 $ y la variante Calarcá-Circasia. Por valor de $5.555.186.899 entre otros.

Analizando esta contratación se podría decir que la inversión en esos municipios de la Colombia profunda poco o nada le interesan a el centralismo histórico que marca nuestra patria, con el agravante de que las inversiones son inequitativas, y representan lo que gobierno tras gobierno reflejan en los municipios olvidados de nuestra geografía colombiana, y la erosión costera no es la excepción a esta norma. Siempre existirá una justificación técnica a el incumplimiento, con tecnocracias como que el túnel de la línea que está a muchos kilómetros de distancia del puerto de buenaventura hay que hacerlas como sea y si es en armenia no importa, es el eje cafetero, que requiere vías 4G, y la inversión social para que nuestros pueblos no desaparezcan del mapa poco o nada importa, nos toca esperar como en la obra del maestro García Márquez el coronel no tiene quien le escriba, esperar un derecho que no es priorizado, por el centralismo cachaco.

Pedimos desde esta columna a Invias que eche una miradita con equidad a nuestros municipios del caribe profundo y olvidado antes de que el mar siga desplazando a miles de familias.

El mejoramiento y mantenimiento de la malla vial en el municipio de Montería avanza a un ritmo imparable y hasta la fecha se han intervenido 550 huecos y zanjas en diferentes vías de la ciudad.

Estos trabajos de reparcheo preventivo, que adelanta la Alcaldía de Montería, se hacen con el fin de mantener las vías en las mejores condiciones para la adecuada circulación de vehículos. Es una labor que comenzó a finales de abril y que se extenderá durante todo este cuatrienio, pues se contrató por todo el período para garantizar que se irán deteniendo los problemas a tiempo.

Los sitios de intervención se van alternando en distintos barrios de la ciudad, donde se presentan daños, bien sea en losas de concreto rígido o en la capa asfáltica.

De estos trabajos el que más resonancia ha tenido, hasta el momento, es el arreglo en la calzada norte de la calle 44, en su intersección con la carrera 8, donde se repusieron cuatro losas de concreto hidráulico. Era un problema que existía desde hacía varios años y al cual se le dio solución, lo cual ha agilizado el tránsito en el sector.

De resto, se han ejecutado intervenciones de huecos y zanjas, empleando asfalto en frío modificado con polímeros. Esta actividad comenzó en la Avenida Circunvalar, donde se hizo reparcheo en distintos puntos, desde la carrera 67, hasta la 29.

Así mismo, los trabajos también han tocado la carrera 41, desde la Avenida Circunvalar hasta cercanías del centro comercial Nuestro; el puente del asilo; la calle 29, entre la rotonda de Cantaclaro y la de la Circunvalar; algunas partes de los barrios La Castellana y El Recreo; la carrera 3W, desde el puente metálico hasta Centro Verde, y el centro de la ciudad.

Actualmente, se intervienen huecos y cunetas en la zona céntrica y en la carrera 41. La próxima semana se acometerán varios puntos críticos en distintos barrios de Montería entre ellos la zona de Ranchos del Inat.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

El Caribe Colombiano tiene un potencial inmenso que por siglos ha sido desaprovechado. Es el momento indicado para darle el realce que se merece y reconocer su importancia y brindarle bienestar a los más de 11 millones de colombianos que vivimos en esta próspera y hermosa región.

El Gobierno Nacional para 2024 contempla una inversión $20,6 billones en el Caribe lo que significa un aumento del 35,6 % con relación a presupuesto de 2023. Este es un impulso importante pero desde las regiones debemos propender por buscar nuevas fuentes, lo que lograremos si juntos nos unimos en un solo frente.

En el Caribe gozamos de múltiples manifestaciones culturales que merecen ser preservadas y promovidas. Y que decir de la gastronomía caribeña, con sus sabores únicos y diversas influencias, la que debe ser promovida a nivel nacional e internacional, para fomentar el turismo gastronómico y apoyar a pequeños y medianos empresarios, así como a los emprendimientos del sector.

Cada capital de nuestra región irradia un encanto único y especial. Barranquilla, vibra con su industria y su emblemático Carnaval, llenando de alegría sus calles. Cartagena, con su historia colonial y sus murallas centenarias, nos sumerge en un mundo de leyendas y belleza. Valledupar, epicentro del Festival de la Leyenda Vallenata, nos lleva por un viaje de tradición y pasión musical y mi bella Montería sorprende al mundo con su Ronda, la majestuosidad del río Sinú y el potencial ganadero y agrícola.

Qué decir de Riohacha, capital de la cultura Wayuu que nos maravilla con su biodiversidad y paisajes únicos. Santa Marta, la ciudad más antigua de Colombia en la que encontramos una combinación preciosa entre sus montañas imponentes y el litoral hermoso, combinación que brinda una experiencia histórica y natural inolvidable. Y Sincelejo, conocida por sus festividades del 20 de Enero y su potencial agroindustrial.

Nuestras capitales son tesoros invaluables que debemos empezar a fortalecer con una infraestructura competitiva. Los puertos del Caribe Colombiano son fundamentales para el comercio internacional; modernizarlos y construir nuevos sitios de atraque y embarque es esencial para mejorar la eficiencia de la región como epicentro logístico.

Del mismo modo, requerimos impulsar el emprendimiento local es vital para apoyar procesos de innovación. Promover la creación de granjas solares para diversificar la matriz energética e impulsar la sostenibilidad y autonomía energética de la región. A lo que se deben sumar proyectos estructurales que garanticen el abastecimiento de agua potable y el mejoramiento de las vías rurales con el propósito de mejorar las capacidades de producción y acceso a mercados de nuestros campesinos.

De ahí que considero que la integración de los siete departamentos del Caribe se debe consolidar a través de un bloque económico sólido y diferenciador en el país, por lo que propongo la creación de una Alianza Caribe para el Desarrollo y Competitividad Regional en la que debemos sentar las bases de una Política Unificada de Desarrollo con el propósito de establecer estrategias conjuntas que promuevan el desarrollo económico, turístico, cultural y social de la región.

Lo que debe ir acompañado de la creación de zonas económicas especiales que permitan atraer inversiones nacionales e internacionales. El mejoramiento de la infraestructura con la estructuración de un plan maestro vial, portuario y de servicios públicos. La promoción y exportación generando una marca conjunta del Caribe. La creación de plataformas educativas y de capacitación especializadas en turismo, tecnología, agricultura y energías renovables. Y la cooperación nacional y internacional en asocio con el sector privado y las fuerzas vivas de la sociedad civil para la creación de proyectos de impacto regional.

El Caribe requiere de la estructuración de una hoja de ruta hacia la autonomía regional con el objetivo de depender menos del Gobierno Nacional y gestionar presupuestos propios que permitirán a la región planificar su futuro con más eficiencia, alineando las inversiones y proyectos directamente con las necesidades y potencialidades locales. De esta manera podremos construir una región vibrante, próspera y autónoma, capaz de generar bienestar para sus habitantes y contribuir de manera significativa al desarrollo de Colombia.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

Han transcurrido más de tres décadas de haber sido promulgada la Constitución Política de Colombia, nacida del liderazgo de una generación de colombianos que pudo leer en medio de la violencia, la convulsionada y compleja realidad social del país.

Un movimiento conformado por líderes que pudieron comprender y proponer salidas por vías democráticas; entre ellas, la construcción de la Constitución Política de 1991 que manifiesta un acuerdo entre los distintos actores y sectores que representan la pluralidad y diversidad de la sociedad colombiana.

La Constitución del 91 repensó y construyó un nuevo contrato social que reemplazaba el acordado por la Constitución de 1886. Sin equívocos, la Constitución del 91 encarna el pensamiento moderno dentro de una modernidad que permitió establecer un orden social equitativo con mayores libertades, reconociendo la pluralidad ideológica y creencias; característico de la cultura política nacional; ignorada de manera reiterativa a través de medios violentos y excluyentes.

Por consiguiente, la Constitución del 91 representa un contrato social pluralista e incluyente, aún vigente; pero inaplicado en muchos de sus contenidos y alcances. El país tiene una histórica tradición de resistencia a los cambios estructurales en materia social, política, económica y cultural. Igualmente, la Constitución del 91, también generó avances sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales.

Cabe anotar que, uno de los derechos logrados por la Constitución del 91, es la educación en todos sus niveles; definida como derecho fundamental garantizado por el Estado. El derecho a la educación ha tenido avances; pero aún falta mucho por ampliar y democratizar este derecho; en especial, los sectores sociales vulnerables y regiones donde la presencia del Estado es débil; solo a través de la educación y el conocimiento, se podría generar movilidad social y superar la pobreza; ha sido una tarea postergada en la implementación de la Constitución del 91.

En materia de educación superior, podemos mencionar que, el 54% de los jóvenes acceden a la universidad, el 46% no accede. El 54% representa 2.182.939 estudiantes matriculados en programas de pregrado. De los cuales 1.832.360 corresponden al 84% de la matrícula nacional concentrada en 33 municipios; y, 350.579 estudiantes equivalente al 16% de la matrícula; ubicados en 1069 municipios; evidenciando una concentración de la matrícula en educación superior en una pequeña parte de la geografía nacional. Es decir, tenemos un acceso desigual entre regiones y grupos poblacionales. El centro del país posee la mayor cobertura en educación superior; en contraste con lo que sucede en muchas regiones de Colombia, donde se incrementan las inequidades y brechas regionales; consolidando la lógica centralista; que pretendió corregir la Constitución del 91.

En estos 33 años de existencia de nuestra Carta Magna; la reflexión y acción debe centrarse en hacer realidad el contrato social, que contiene la hoja de ruta para construir una nación moderna. El trámite del proyecto de ley estatutaria que cursa en el Congreso contiene una reforma estructural del sistema de educación superior en Colombia; lo que implica, dialogar y construir entendimiento entre las distintas visiones ideológicas y concepciones que hacen parte del debate público nacional, todas son necesarias para pensar y construir país. Una nación moderna se construye desde las diferencias; solo así, es posible la inclusión, el reconocimiento y fortalecimiento de la democracia.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector de la Universidad de Córdoba

Hace 106 años nació la Reforma Universitaria en la Universidad de Córdoba-Argentina; esta surgió como un manifiesto de la educación superior de América Latina, cuyo espíritu está centrado en la rebeldía frente a cualquier dogma o verdad absoluta. Este manifiesto que surgió en 1918 aún tiene vigencia; en particular, en estos tiempos de amenaza y vulneración de su principio esencial: la autonomía universitaria.

Han transcurrido 106 años de su nacimiento, y, 17 países de la región incluyendo a Colombia incorporaron en sus constituciones nacionales, el principio de la autonomía universitaria; reflejando el impacto de la reforma de Córdoba en la cultura política de Latinoamérica. En este sentido, la reforma irrumpe inspirada en los ideales de la Ilustración y, como reacción en contra de las tendencias autoritarias, entre ellas: la estatal-autoritaria, clerical y la militar-dictatorial; que encarnaban un pensamiento de control y sometimiento del mundo universitario. Estas resistencias dieron nacimiento a la reforma universitaria de Córdoba.

En consecuencia, pensar la democracia universitaria, no solo como participación de estudiantes, profesores, egresados y directivos en la conformación del gobierno universitario; sino la oportunidad de pensar, imaginar y construir mejores formas de democracia y de gobernanza institucional. La reforma de Córdoba es un legado vigente; un incuestionable legado para pensar el presente de la Universidad Colombiana; con una visión integradora, que supere la endogamia y la autosuficiencia institucional que desvincula; además, protegerla de la injerencia de poderes externos que la desnaturalizan. En Colombia, con la promulgación de la Constitución Política de 1991, se integró el principio de la autonomía universitaria en el sistema de educación superior, como conquista y reivindicación histórica y política del ethos universitario; posteriormente, reglamentada a través de la Ley 30 de 1992; garantizando de esta forma, la autonomía administrativa, financiera y académica; además, otorgando el derecho de elaborar sus normas, reglamentos, estatuto, elegir sus autoridades académicas y administrativas, incluyendo al rector.

La Ley 30 de 1992 entrega a las universidades, la facultad legal y constitucional de establecer las formas de gobierno y dirección con la

participación de los distintos estamentos de la comunidad universitaria; lo anterior, con el propósito de que, la comunidad universitaria participe en la organización de los mecanismos de participación democrática; acorde, con la naturaleza de la universidad. Por consiguiente, una de las características de la autonomía universitaria es la libertad de pensamiento, consiste en pensar y construir mecanismos de participación amplios y diversos, que garanticen proteger la esencia de la universidad. La gobernanza institucional, no solo consiste en designar rector; sino el fortalecimiento de la responsabilidad misional y compromiso social; incluyendo la participación, el mérito, la experiencia y conocimiento; la democracia universitaria no solo como participación directa en la toma de decisiones y designación de las autoridades institucionales; también incluye, filtros y regulaciones que impidan los vicios premodernos de nuestra frágil democracia. Hoy día, transitamos por un escenario de iniciativas de reforma de la educación superior; donde los actores del sector debemos dialogar y deliberar argumentativamente, sobre el proyecto de ley estatutaria de educación y el acuerdo nacional por la educación superior; ambas iniciativas tienen como elemento central, la autonomía universitaria que debe ser preservada y fortalecida.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

El desplazamiento interno en Colombia genera una crisis humanitaria de proporciones alarmantes que impactan de manera inmisericorde la vida de millones de compatriotas que por decadas han abandonado forsozamente sus hogares para preservar sus vidas.

La mayoría de personas desplazadas se trasladan de zonas rurales a un entorno urbano, cambio que genera un gran impacto emocional afectando de esta manera todos los campos de acción del ser humano, desde su capacidad cognitiva y de adaptación hasta anular cualquier proyecto de vida concebido.

Colombia se sitúa entre los países con mayor número de desplazamiento en el mundo, las cifras reportadas por la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) revela que el desplazamiento en el país ha aumentado en un 37 % en comparación con el año anterior, debido a la escalada de enfrentamientos entre grupos ilegales.

Las cifras son preocupantes siendo la región del Pacífico la más afectada, en la que el departamento de Nariño aporta el 64 % del total de desplazados, estimada en 18.000 personas y 7.400 familias en lo corrido del año.

A estas se suman las más de 44.000 personas y 11.000 familias que han tenido que confinarse en sus hogares y restringir drásticamente su movilidad a causa de los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, los que se incrementaron luego de la suspensión del cese bilateral al fuego con las disidencias de las farc.

El país requiere de medidas urgentes para garantizar la seguridad y el bienestar de aquellos que se ven afectados. La comunidad internacional, el Gobierno Nacional y los entes territoriales deben trabajar en armonía para abordar las causas de esta crisis y brindar asistencia humanitaria a quienes más lo necesitan. Es hora de actuar con solidaridad y empatía por aquellos que sufren las consecuencias de la violencia y la injusticia.

De manera pronta se deben buscar alternativas desde el ejecutivo y el legislativo en la construcción de una estrategia efectiva de atención en la que las regiones tengan mayor rango de acción, proporcionándoles recursos y el apoyo necesario para proyectos de construcción de viviendas adecuadas y seguras y la entrega de capital semilla para impulsar emprendimientos sostenibles en el tiempo.

Debemos implementar acciones exitosas como en Uganda donde se ha logrado la integración de desplazados internos mediante proyectos de agricultura sostenible, gracias a colaboración entre el gobierno y organizaciones internacionales para proporcionar tierras para cultivar y vender productos agrícolas.

También resalto que, además de las soluciones a corto plazo, es necesario implementar políticas públicas que combatan la violencia, promuevan la inclusión social y económica, y garanticen el acceso equitativo a servicios básicos como educación y salud.

Trabajar juntos en la implementación de soluciones a largo plazo ayudará a construir un futuro más seguro y próspero para todas las personas afectadas por el desplazamiento. En el país requerimos de acciones decididas y coordinadas desde las regiones afectadas mediante un enfoque integral, solo así podremos construir un futuro más seguro y próspero para las personas desplazadas.