Categoría: Opinión

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

 

Por primera vez en 15 años del análisis juicioso y estricto de los conceptos de líderes de opinión, acerca del desempeño de los entes públicos, realizado por la firma Cifras y Conceptos, Montería se ubica en el primer lugar del gran documento Panel de Opinión, que destaca los mejores gobernantes, empresas, medios de comunicación y líderes de opinión de Colombia.

La gobernabilidad y las acciones de nuestra administración fueron respaldadas por más de 5.900 líderes de opinión del país; quienes ven a nuestra ciudad como una capital que avanza a buen ritmo y brilla como una de las ciudades con mayor proyección, gracias a los cambios positivos que evidencian en lo social, ambiental y económico.

Líderes que, además, exaltan la gestión que venimos realizando en materia de seguridad, al lado de la Fuerza Pública, para salvaguardar la integridad de los monterianos; sobre todo, en la coyuntura que afrontan todas las regiones del país, a causa del incremento de los índices de delincuencia común y crimen organizado.

El hecho de que nuestra Montería Grande, cimentada y consolidada para el bienestar de los monterianos, esté por encima de capitales como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, ciudades con presupuestos robustos que quintuplican el nuestro, nos compromete aún más a seguir trabajando de la mano con la ciudadanía para continuar llevando oportunidades y desarrollo a las comunidades que, por décadas, no habían sido tenidas en cuenta e invertir en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del sur, el occidente, el norte norte y, por supuesto, la zona rural.

Le hemos apostado a una política social, que le ha dado oxígeno a los barrios más necesitados y a la zona corregimental. Nos hemos caracterizado por ser un gobierno empático y abierto a todos los monterianos, sin ningún tipo de distinciones. Trabajamos sin descanso por un bienestar colectivo que perdure, para seguir alimentando la esperanza de cada ciudadano y fortalecer el tejido social, la microeconomía en los barrios, la movilidad y conectividad entre comunas, la educación y la competitividad del campo monteriano.

Somos un gobierno que escucha y no mira por el espejo retrovisor. Un gobierno que eligió el camino indicado, la gente. Un gobierno transparente y comprometido desde el primer día. Un gobierno que se ha esmerado por saldar deudas históricas con la ciudadanía. Todo lo hecho ha valido la pena, ha sido la clave del éxito y es lo que ven los líderes de opinión del país para ubicarnos como los mejores.

Este logro que nos tiene en la retina nacional, sin duda alguna, se debe al esfuerzo y las ideas de las comunidades, la academia, las agremiaciones, los líderes sociales, las minorías, los jóvenes, los empresarios y todas las fuerzas vivas del municipio, quienes han sido los grandes artífices del 100 % de las obras que hemos realizado.

Finalmente, no puedo dejar de escribir estas líneas sin expresar que es un honor para mí contar con un equipo de trabajo fenomenal, que lo da todo por enaltecer el nombre de Montería y servir a los monterianos y visitantes. La dedicación, esfuerzo, voluntad y convicción de cada funcionario y contratista del Gobierno de la Gente han sido la clave para cambiarle las condiciones de vida a los que más lo necesitaban, para escuchar a cada ciudadano, para gobernar para la gente y con la gente.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

El sistema de educación oficial colombiano, afectado en su funcionamiento financiero por un modelo de financiamiento insuficiente por parte del Estado, generó un proceso sistemático y estructural de autofinanciamiento; es decir, generación de recursos propios para funcionamiento y prestación del servicio educativo. Por consiguiente, desde el Sistema Universitario Estatal-SUE, coincidimos y apoyamos la agenda reformista del Gobierno en materia educativa, concerniente a: La reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, en pro de un nuevo modelo de financiamiento de las universidades públicas; una iniciativa de ley estatutaria para garantizar la educación como derecho fundamental por parte del Estado y la reforma integral de la Ley 30.

En este sentido, insistimos al Ministerio de Educación Nacional y el Congreso de la República priorizar la reforma de los Artículos 86 y 87; para de esta forma, las universidades oficiales no entren en un escenario de inviabilidad e insostenibilidad financiera. En este contexto reconocemos los esfuerzos del Gobierno por garantizar la gratuidad de la matrícula a los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas; la sanción de la ley de gratuidad marca la pauta sobre la función social del Estado, con énfasis en los sectores marginados y excluidos socialmente.

De acuerdo con lo anterior, pedimos que, durante el tiempo definido para la reglamentación de la ley, pactado a 6 meses, se impida la generalización de situaciones presentadas en algunas universidades públicas que frente al vacío normativo, por la ausencia de reglamentación de la ley de gratuidad de la matrícula han provocado asambleas estudiantiles permanentes y parálisis académicas por parte de estudiantes que han sido excluidos del beneficio de la gratuidad de matrícula afectando el normal desarrollo del semestre académico; además, con afectaciones financieras en las instituciones de educación superior públicas, que han asumido con fuentes de recursos propios, el costo de las matrículas de los estudiantes excluidos del beneficio de la gratuidad; situación que profundiza el desfinanciamiento estructural de la universidad pública.

Por ello, el Ministerio de Educación debe decretar un régimen de transición, durante el tiempo que dure elaborar la reglamentación, y asumir el costo universal de la matrícula en las instituciones de educación superior públicas.

Consideramos que el ejercicio de reglamentación de la ley de la gratuidad de la matrícula debe orientarse por principios de equidad, inclusión, interculturalidad y sostenibilidad; garantizando el acceso al beneficio de los estudiantes pertenecientes al estrato 1, 2 y 3; jóvenes procedentes de instituciones públicas rurales, minorías étnicas, como pueblos y comunidades indígenas, ROM, y negras, Afrocolombianas, raizales y palenqueras; estudiante matriculado en un programa académico a nivel técnico, tecnológico o profesional; la edad del estudiante beneficiario debe definirse de acuerdo con el lugar geográfico de procedencia. Es decir, la lógica orientadora de la reglamentación de la ley de gratuidad debe garantizar un principio esencial en un sistema democrático liberal, que consiste en la realización de la justicia social; en consecuencia, la intervención del Estado debe ser justa, centrada su atención en los más necesitados.

En otras palabras, la reglamentación de la ley debe estar enfocada hacia los jóvenes universitarios en condiciones sociales y económicas vulnerables.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

 

En la consolidación de la Montería Grande del Gobierno de la Gente le hemos apostado a la construcción y generación de espacios para que los jóvenes monterianos muestren sus habilidades, capacidades y talentos en todos los campos en los que se desenvuelven.

Hoy nos alegra ver jóvenes a quienes no les da miedo alzar sus manos para hacer valer sus opiniones y derechos y, sobre todo, jóvenes que luchan incansablemente por sus ideas y sueños.

Todo ese potencial lo hemos podido observar e impulsar desde la Semana de la Juventud, a través de múltiples plataformas artísticas, académicas y deportivas. Este año, los resultados fueron extraordinarios, más de 16.000 monterianos asistieron a los 13 eventos y 100 presentaciones de las que hicieron parte más de 630 artistas.

Estas cifras son una muestra clara de que la juventud crea espacios de esparcimiento y unidad; razón por la que nuestro compromiso siempre ha estado orientado a generar espacios de escucha y atención de sus requerimientos, porque creemos firmemente que son una fuerza viva que impulsa importantes cambios en las comunidades.

La labor que hemos desempeñado durante este gobierno es muestra del compromiso que asumimos en la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. Cuando llegamos a la administración, sabíamos que teníamos muchos retos, los cuales hemos venido cumpliendo, pese a las condiciones y cambios abruptos que impuso la pandemia.

Hemos tomado atenta nota de sus inquietudes, necesidades y proyectos. La articulación con los colectivos y plataformas juveniles nos ha servido de base para hacer realidad obras como el CIS – Universidad del Sur y la Villa Olímpica de Occidente, espacios que estamos seguros serán epicentro de pensamiento y formación deportiva, durante décadas.

Beneficiamos a más de 10.000 estudiantes de zona urbana y rural con doble titulación; pusimos en marcha la política pública de Tarifa Diferencial, impactando positivamente a más de 2.000 estudiantes; avanzamos en la atención de salud mental, con la estrategia Prevenir para Vivir Sanamente; apoyamos el emprendimiento a través de la Feria Conecta y los Festivales Gastronómicos de Montería Me Sabe, y abrimos espacios de lectura con Un Río de Libros.

Cada inversión, programa y proyecto emprendido, lo hemos hecho con el corazón y el compromiso de mejorar la calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque estamos totalmente seguros de que son el presente y futuro de nuestra sociedad. Nuestra juventud juega un papel fundamental, porque con su creatividad y pasión aporta significativamente al desarrollo de la Montería Grande, que hemos cimentado y solidificado para todos los monterianos.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

 

Las esperanzas, anhelos y esfuerzos realizados por el Gobierno de la Gente, en busca de brindar a las familias monterianas espacios dignos e integrales para vivir, los edificamos juntos.

Tras la pandemia, revalidamos que Montería requería de la construcción de una política pública que trazara la hoja de ruta a seguir en materia de vivienda, enmarcada en el desarrollo territorial que implementamos y con el fin de acabar con el crecimiento inadecuado de la ciudad, a causa de la falta de actualización del Plan de Ordenamiento Territorial. La ciudad estuvo sin control urbanístico por más de una década.

Nos propusimos mejorar la infraestructura de viviendas de los monterianos que más lo necesitaban. En 2021 beneficiamos a 1.700 personas, pertenecientes a 340 familias, con la construcción de pisos y, en la actualidad, está en marcha el programa para el beneficio de 800 personas de los 160 grupos familiares preseleccionados de estratos 1 y 2, para el mejoramiento de baños y cocinas.

En este momento, también realizamos la trazabilidad de la información para beneficiar a más de 9.000 personas de 1.800 familias con procesos de titulación para que tengan las escrituras de sus viviendas.

Al inicio de nuestro gobierno logramos este beneficio para 150 personas de 30 familias y en 2021 beneficiamos alrededor de 335, de 67 familias. Acercándonos así a la histórica entrega de 2.000 títulos de vivienda, para quienes venían esperando hace más de 20 años por el título y la tranquilidad de obtener el dominio completo de su propiedad.

Con el nivel central, trabajamos en la estructuración de procesos de auto construcción, con los que buscamos que los monterianos que viven en zonas de riesgo destinen sus ahorros del día a día en viviendas propias con todos los servicios públicos, para lo que Montería está preparada con 1.700 lotes, iniciando así esta política social como ciudad pionera en el país.

Estamos dejando una línea importante de inversión en el casco urbano y la zona rural, marcando la pauta para las próximas generaciones monterianas, con la implementación del nuevo POT; con el que ordenamos la ciudad, como nunca antes, para enfrentar los desafíos de posibilitar una mayor competitividad con la generación de zonas industriales periurbanas y corregimentales.

Nuestro compromiso por la gente no se detiene. De allí que ligamos todos los beneficios anteriores al impulso de la economía y la generación de empleo, a través de mano de obra local.

Destinamos en la actualidad más de $800.000 millones en proyectos de mejoramiento de vivienda, construcción de vías, infraestructura educativa e impulso de programas sociales. Entre las obras destacamos el Puente del Sur, el CIS Universidad del Sur y las pavimentaciones de Montería Amable para la interconexión de barrios, con el fin de lograr una mejor movilidad y acceso al transporte público. Todas nuestras acciones e inversiones están direccionadas al mejoramiento de la calidad de vida de los monterianos, pilar fundamental de la visión, construcción y consolidación de nuestra Montería Grande.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

 

Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional dio a conocer públicamente la segunda versión del borrador del proyecto de ley estatutaria del derecho a la educación, que tiene por objeto, garantizar el derecho fundamental a esta, regular y establecer las condiciones necesarias para su protección. Esta nueva versión del proyecto de ley estatutaria no trae cambios sustanciales, con respecto al primero; solamente introduce un nuevo capítulo relacionado con equidad y ruralidad. Esta nueva versión del proyecto de ley establece, reconoce y reafirma el sistema mixto de educación superior, al señalar: «De conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, su garantía será responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, en su triple dimensión de derecho, deber y servicio público. Su prestación por actores públicos, privados o mixtos se ejecuta bajo la inspección y vigilancia del Estado».

Es decir, la educación como servicio público es prestada por la iniciativa privada y el Estado. En este sentido, el contenido del proyecto de ley estatutaria pretende garantizar y regular la educación como derecho fundamental y bien público o común. Algo muy importante en este proyecto de ley estatutaria, es que, menciona el derecho fundamental a la educación en sus distintos niveles, integrando todos los niveles del sistema educativo desde la educación inicial, la educación básica, la media y la superior. De igual modo, para el acceso progresivo de los estudiantes a la educación superior; la articulación puede suceder después del grado de bachiller e incluir el grado duodécimo (12) y décimo tercero (13) en las escuelas normales superiores.

Como derecho fundamental a la educación superior, el Estado financiará, ofrecerá y garantizará de forma progresiva el derecho. Un aspecto importante e incluyente de este proyecto; es que, contempla disposiciones especiales para desde la educación superior atender los grupos poblacionales en condiciones de analfabetismo, personas privadas de la libertad y grupos étnicos. Estos últimos tendrían la facultad y autonomía de diseñar, administrar y regular sus instituciones y programas para adecuarlos a sus necesidades, historia y lenguas; además, incluye lo concerniente a dignificación docente en materia de mejorar las condiciones salariales, laborales y formación.

Para alcanzar el logro de este derecho, el proyecto de ley contempla unos criterios de equidad que generen las condiciones para una igualdad real y efectiva; para ello, el Estado adoptará medidas de financiación de la educación de forma equitativa con criterio diferencial para cierre de brechas, y establecerá, que, las instituciones de educación superior oficiales destinen un porcentaje mínimo de 20% de sus cupos para admisión de grupos discriminados o marginados. Para el logro de este derecho fundamental es necesario la progresividad; que permita que el Estado adopte las medidas que se requieren para apropiar recursos financieros que admitan: una educación inicial que se garantice como derecho en condiciones de equidad en un plazo máximo de 5 años; la educación básica en 10 años; la media en cinco 5 años y la educación superior en 20 años.

Estos tiempos razonables propuestos en el proyecto de ley estatutaria del derecho a la educación requieren de recursos financiero para construir las capacidades en materia de infraestructura física, tecnológica y humana; es decir, una política pública de Estado que garantice de manera progresiva este derecho fundamental para los jóvenes de Colombia en condiciones de equidad, calidad y pertinencia.

En esta nueva versión del proyecto de ley, está planteado un marco general sobre la educación como derecho fundamental; pero carece en su definición de mecanismos de garantía del derecho y su protección, desconoce otros derechos garantizados constitucionalmente (pluralidad y autonomía universitaria), poca claridad en la interpretación de la progresividad del derecho y su impacto en la educación superior, no está claro la forma como se concibe el sistema, los niveles y sus alcances y ausencia de la calidad como garante del derecho y del servicio. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta en el ajuste del proyecto de ley.

 

Por: Aura Patricia Benedetti González.

Muchas sombras la rodearon, pero es innegable su luz. Mucho se ha publicado sobre su vida y obra, tenemos a nuestro alcance entrevistas, libros, series, documentales y artículos que nos cuentan su historia desde diferentes matices, generalmente centrándose en su juventud, su vida en matrimonio al lado del hoy rey de Inglaterra, Carlos III, su vida en familia, la crianza impartida a sus hijos y viajes por el mundo.

Incluso de uno de esos viajes, nunca regresó. Es increíble el pasar del tiempo, pero aún más increíble que las mismas causas de su muerte, hoy a 26 años sigan latentes.

Mucho se ha especulado, hasta teorías conspirativas hay por ahí, pero ese no es el sentir de éste escrito, pues sería más fácil atribuir el fallecimiento de Diana de Gales a esas causas, si ella hubiera usado cinturón de seguridad, si el vehículo hubiera sido conducido por un conductor formado como tal, si el conductor del vehículo no hubiera estado ebrio, si el conductor no hubiera ingerido antidepresivos, si hubieran sido respetados los límites de velocidad, no excediendo éstos en una zona donde la máxima velocidad se encontraba establecida en 50 kilómetros por hora.

Para nadie es un secreto que los hubieras no existen. Y en esas primeras horas de aquel domingo 31 de agosto de 1997 en el Túnel del Alma y muy cerca al Rio Sena en París se fusionó el combo completo de todo lo que no podemos dejar que pase.

No es increíble que su muerte siga dejando corazones contritos, Diana fue y seguirá siendo un personaje que generará recordación en toda la historia de la humanidad. Sus aportes a la visibilización de los enfermos de VIH, el apoyo a las víctimas de las minas antipersona, su presencia en eventos de todo tipo, principalmente obras de caridad, su estilismo auténtico y su don de gentes sembraron un legado imborrable. Lo que sí es increíble es que pese a que su muerte sigue conmocionando, las causas de la misma sólo generan éste sentimiento en muchos sectores desde la óptica del morbo, más no desde la óptica de tomar acción.

¿Por qué manifiesto que las causas de su muerte aún persisten? El exceso de velocidad, el conducir bajo los efectos del alcohol y el no uso del cinturón de seguridad siguen causando muertes 26 años después, y no cualquier causa de muerte, la inseguridad vial se está llevando la vida de nuestra población más joven y en su máxima edad productiva. Seguimos normalizando los siniestros viales, seguimos dejando al azar nuestra suerte al volante y creyendo que se trata de “accidentes”, cuando claramente no son accidentes, pues los accidentes son sucesos no previsibles, en realidad estamos ante siniestros viales y todos los siniestros son evitables y previsibles tomando acción.

Se estima que los choques en las vías a nivel mundial causan 1,3 millones de muertes que pudieron ser prevenibles, y alrededor de 50 millones de lesionados cada año, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Así que el llamado siempre será a la prevención y a los gobiernos tanto nacionales como locales a concentrar todos los esfuerzos en salvar vidas en las vías. De nada sirve conducir el auto más lujoso y con la mejor tecnología, sino vamos a hacer el mínimo esfuerzo por salvarnos, esfuerzo que se traduce en: utilizar cinturón de seguridad y verificar que los demás ocupantes del vehículo también lo usen, hacer las revisiones previas a los vehículos antes de arrancar, respetar los límites de velocidad evitando a toda costa la mezcla fatal de alcohol y gasolina.

P.D. Quise con éste artículo invitar a la reflexión sobre el siniestro vial que vivió una mujer emblemática, icono de la belleza y de la moda, para que quede claro que a todos y todas nos podría pasar y que tenemos a la mano herramientas para evitar que nos suceda. ¡Que no te pase a ti, que no me pase a mi!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Jairo Torres Oviedo.

Rector: Universidad de Córdoba.

 

Colombia cuenta con una de las democracias más estables y duraderas de la región, a pesar del descontento democrático que agita las sólidas democracias occidentales; resultado de programas sociales irrealizables, pobreza, desempleo, desigualdades aberrantes, entre otros males sociales y económicos; lo que ha generado el surgimiento de caudillismos, populismos y expresiones libertarias con narrativas negacionistas del Estado y las instituciones; tanto de izquierda como derecha. En medio de este contexto internacional de agitación democrática y polarización política nacional, los colombianos nos aprestamos a concurrir nuevamente a las urnas para elegir autoridades gubernamentales a nivel de gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales; es decir, los poderes políticos territoriales que conducirían la institucionalidad regional en los próximos cuatro años.

Elecciones territoriales en un momento de la historia política nacional con un Gobierno de izquierda que ha propuesto una agenda progresista con énfasis en lo social; que incluye, reformas sociales, económicas y políticas como son: la reforma a la educación, la salud, pensiones y lo laboral; que de una u otra forma requieren los acuerdos y consensos para su viabilidad y aprobación por parte del Congreso de la República. En consecuencia, es ineludible que las agendas programáticas territoriales incorporen e integren la apuesta social aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo alrededor de los grandes temas y problemas que padecen las regiones; en especial, las más rezagadas e inequitativas.

Un tema central de estas agendas regionales debe ser la educación como factor de igualdad, progreso y desarrollo; concebir la educación como un factor esencial en el desarrollo humano y, como un fin en sí mismo, que permite preservar la vida; sin olvidar, que, la educación es un factor fundamental de la libertad de los seres humanos.

En este orden, la construcción de políticas públicas deben hacer énfasis en el acceso a la educación de calidad y pertinente a las necesidades sociales y económicas; de esta forma, la educación se convierte en un movilizador del desarrollo humano, social y del crecimiento económico. Es paradójico e irracional, que, conociendo la importancia de la educación como un factor de desarrollo humano, Colombia sea uno de los países del mundo, que, durante décadas y, de manera persistente haya mantenido tanta desigualdad social. Igualmente, una profunda desproporción en el acceso a la educación; situación más acentuada en las zonas rurales, población afrodescendiente, indígenas y familias extremadamente pobres; con hijos, quienes desde temprana edad se niega el acceso a una educación de calidad, condenándolos a una desigualdad perpetua entre una generación y otra. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – Ocde «En Colombia la movilidad social es muy baja; un niño que nace en un hogar de bajos ingresos tardaría 11 generaciones en alcanzar el nivel de ingreso medio del país». Esta es la forma como podemos entender la persistencia de la alta desigualdad social y la baja productividad en Colombia.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario, como imperativo social y moral, situar la educación en el centro de la vida pública y la agenda social de los gobiernos a nivel central y regional; para de esta forma lograr altos niveles de igualdad, crecimiento y desarrollo humano. Persistir en la lógica contraria, es una tragedia consciente que nos condena a una violencia perpetua.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

La educación es una necesidad personal y una condición para el desarrollo social. Tal como nos lo indica el filósofo español Fernando Savater en su célebre libro ‘El valor de educar’, la educación además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.

Brindar a los monterianos espacios de aprendizaje de calidad ha sido una de nuestras apuestas. Hemos visionado una ciudad con una infraestructura educativa de espacios renovados, los cuales posibiliten ambientes de aprendizaje óptimos, que contribuyan a incrementar el rendimiento de los estudiantes matriculados y a generar nuevas oportunidades de formación en todos los niveles educativos.

Estamos convencidos de que los espacios físicos de aprendizaje son parte indispensable para la consecución de las metas y objetivos trazados; razón por la que hemos tenido la firme iniciativa de realizar inversiones superiores a los $150.000 millones, con el fin de crear una atmósfera óptima que promueva los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la que también se impulse el desarrollo de talentos y competencias en el ámbito artístico, deportivo y cultural.

El CIS – Universidad del Sur es una de esas grandes apuestas. Un sueño que estamos construyendo con todo el cariño y las ganas, porque sabemos la importancia que tendrá durante décadas para las próximas generaciones. Me emociona contarles que la estructura de los bloques 1A y 1B, el puente de conexión, la cafetería y la subestación eléctrica están terminados, así como las redes principales de distribución eléctricas, contra incendios e hidrosanitarias.

Me regocija decirles que con la ampliación del CDI Los Araújos, logramos el objetivo de mejorar la calidad de vida de más de 300 niños y niñas; así como lo hicimos con la infraestructura de la sede primaria de la Institución Educativa El Dorado, donde más de 1.000 estudiantes retornaron a clases en medio de sonrisas y entusiasmo.

Además de estos dos hermosos proyectos, ejecutamos obras de cerramiento para una mayor seguridad en el Colegio Nacional José María Córdoba y en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, así como adecuaciones y mantenimientos en la Institución Educativa Guillermo León Valencia y en la Institución Educativa La Manta.

Le estamos cumpliendo a la educación en zona rural. Mejoramos aulas, techos, baños y patio salones en las instituciones de Santa Isabel, Patio Bonito, Caño Viejo, Los Garzones, Santa Fe y Leticia. Iniciamos trabajos en la institución San José de Loma Verde. Socializamos los mejoramientos que se adelantarán en la Institución Educativa de Tres Piedras. Adquirimos los terrenos para la construcción de los colegios de Aguas Negras y El Cerrito y gestionamos los recursos para hacer realidad estas estructuras ante el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. Además, estamos próximos a adjudicar un proyecto para el mejoramiento de 15 instituciones.

Durante los cuatro años de nuestra gestión, realizamos el pago de las inscripciones de las pruebas Saber 11 en las Instituciones Educativas oficiales, impactando a más de 18.000 estudiantes, quienes se han destacado y logrado excelentes resultados; de allí que en la actualidad seamos el mejor municipio del Caribe, trabajo que hemos hecho posible gracias al compromiso de rectores, coordinadores, docentes y estudiantes; entregamos más de 26.000 Guías Saber y nos enorgullece destacar que más de 11.000 estudiantes se han beneficiado de la doble titulación en zona urbana y rural.

Siendo fieles en la búsqueda incesante del desarrollo cultural, intelectual y moral de nuestra sociedad, que valorice nuestra condición humana, desde el Gobierno de la Gente, hemos contribuido y desarrollado estrategias para el fortalecimiento del trabajo académico y el proceso educativo; realizando inversiones inteligentes, innovadoras y ambiciosas en infraestructura y formación educativa que, sin duda, en el corto, mediano y largo plazo impactarán positivamente la educación y la competitividad de nuestra Montería Grande.

 

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector: Universidad de Córdoba

 

El debate educativo nacional, en los últimos meses ha estado centrado en la reforma de la educación superior relacionado con la Ley 30 de 1992; la cual regula la educación superior; además, un proyecto de ley estatutaria que la reconozca como un derecho fundamental progresivo por parte del Estado.

En el marco de este debate es necesario integrar la iniciativa emprendida por la Iglesia Católica bajo el liderazgo de su santidad; el papa Francisco, quienes lideran un pacto global por la educación; esto, con el propósito de sumar e integrar esfuerzos que propicien una transformación cultural a través de la educación.

El mundo atraviesa tiempos complejos, centrados en formas, etiquetas, superficialidades y un narcisismo envolvente que nos desvincula de la realidad, conduciéndonos a una sociedad del vacío que requiere ser pensada en su esencia y contenido para su transformación humana y social. En este sentido, la apuesta por un pacto educativo global, el papa Francisco invita a dialogar sobre las formas en que estamos construyendo el futuro del planeta y la necesidad de educar en talentos y capacidades humanas, porque los cambios requieren de la educación que nos hace conscientes, solidarios y fraternos; por ello, la iniciativa de un acuerdo educativo global, cuyo centro sean los jóvenes que representan las presentes generaciones; con el fin de construir una educación abierta, incluyente y dialógica, que permita integrar y reconstruir un horizonte de sentido para enfrentar los desafíos que nos interpelan.

El mundo actual, en permanente transformación atraviesa por multiplicidad de crisis políticas, religiosas, morales y económicas que, tienen como factor común la violencia, desesperanza y la muerte; que hoy precipitan transformaciones culturales, antropológicas y nuevas formas de lenguaje que descartan y anulan lo existente sin ninguna reflexión; como señala el Papa Francisco en su carta encíclica Laudato si’ «La educación afronta la llamada rapidación, que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia.

En este contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante que contrasta la natural lentitud de la evolución biológica». Asistimos, a un mundo de la inmediatez y rapidez, del menor esfuerzo posible, las salidas y repuestas fáciles; este enfoque antropológico y cultural de la existencia, nos desvincula, atomiza e individualiza.

En consecuencia, el pacto por la educación global que propone el Papa involucra a todos los actores de la sociedad en función de un gran acuerdo educativo centrado en siete vías:

1. Poner a la persona en el centro. Contra la cultura del descarte, poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, para hacer emerger su especificidad y su capacidad de estar en relación con los demás.

2. Escuchar a las jóvenes generaciones. Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna de toda persona.

3. Promover a la mujer. Favorecer la plena participación de las niñas y las jóvenes en la educación.

4. Responsabilizar a la familia. Ver en la familia al primer e indispensable sujeto educador.

5. Abrirse a la acogida. Educar y educarnos en la acogida, abriéndonos a los más vulnerables y marginados.

6. Renovar la economía y la política. Estudiar nuevas formas de entender la economía, la política, el desarrollo y el progreso, al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral.

7. Cuidar la casa común. Custodiar y cultivar nuestra casa común, protegiendo sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y apostando por las energías renovables y respetuosas del medio ambiente.

Esta iniciativa debe hacer parte de la reflexión y debate sobre la reforma a la educación en Colombia.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

 

El sugestivo título de la columna de hoy me permite expresar lo que ha sido mi comportamiento como persona en el respeto hacia cada ciudadano, amigo o familiar. Considero que la dignidad es un valor intrínseco del ser humano, que implica la necesidad de que todos seamos tratados en pie de igualdad.

En medio del fragor de los tiempos presentes hay quienes, sin recato alguno, con fines miserables y malévolos y desvergüenza moral, desconocen todo tipo de principios para denigrar y vituperar el honor de los demás.

Esta lamentable situación la expreso con un gran sentimiento de tristeza al constatar que el aprovechamiento inescrupuloso de las redes sociales y quienes las instrumentan han destronado los principios éticos y morales de la sociedad, y las han convertido en una plataforma para enlodar la honra de la gente; con el único objetivo de causar daño, utilizando oscuras artimañas para aprovecharse de la nobleza e inocencia de personas humildes a las que engañan de manera vil para mentir y generar desesperanza y zozobra. Ese proceder, además de repugnante, es delictivo.

Nos duele lo que le han hecho a Luis Fernando Ramos, Lucho, como cariñosamente le decimos. Una persona sencilla y de calidad humana extraordinaria. Un arenero berraco e incansable, que me impuso la banda el 1º de enero de 2020, cuando iniciamos el camino del Gobierno de la Gente. Hecho que significó un gran orgullo y responsabilidad para mí, además de convertirse en un recuerdo imborrable que siempre llevaré en el corazón.

Más allá de ese acto simbólico, con Lucho hemos construido una gran amistad y trabajado de la mano, para darle visibilidad a familias que tenían la preocupación que no iban a poder trabajar. En mi casa, en la suya y en el despacho de la Alcaldía nos hemos reunido, en múltiples oportunidades, con el propósito de seguir construyendo el camino que todos los monterianos como él merecen recorrer.

El viernes pasado, me expresó su preocupación sobre un tema que lo ha expuesto al escarnio público. Al vernos, con total valentía y sinceridad, me dijo: «Fui utilizado, me pagaron para grabar un video en el que me fueron induciendo a decir mentiras; se aprovecharon de mí» . Esto que le hicieron a este humilde trabajador es una canallada.

En el Gobierno de la Gente nos hemos caracterizado por brindar soluciones para todos, por escuchar a quien levanta la mano, por llevar el desarrollo a barrios y corregimientos a los que nunca había llegado. En ese trabajo con la gente nos hemos sentado con el gremio de areneros para buscar alternativas que dignifiquen sus vidas.

Logramos la compensación con un grupo de la margen izquierda y realizamos la caracterización de 79 lavadores de carros, dueños de puertos y bloquerías, con quienes ya se adelanta un proceso de pago, con el propósito de que puedan realizar otro tipo de actividad que les genere más beneficios para sus familias.

Sin duda alguna, es menester hacer un alto en el camino para que, como sociedad, reflexionemos sobre lo peligroso que resulta utilizar las redes sociales sin la responsabilidad necesaria. No podemos caer en el engaño de los perfiles falsos y las informaciones amañadas, carentes de rigurosidad, objetividad y veracidad.

Por el contrario, a través de estos canales digitales se pueden articular acciones y soluciones en beneficio de las comunidades. La mejor manera de aprovecharlos es siendo propositivos, mediante conversaciones y debates con altura, respeto y argumentos.

En el Gobierno de la Gente tenemos absoluta tranquilidad, porque nuestras acciones han sido transparentes. La luz y el brillo que nos cubre siempre prevalecerá sobre las tinieblas. Estamos seguros de que la verdad y la justicia social imperarán en todo momento sobre la calumnia y la injuria. Las buenas acciones que hemos logrado en la consolidación de una Montería Grande están por encima de toda mezquindad.