Categoría: Opinión

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

La seguridad es un valor democrático indispensable, que incluimos en el Plan de Desarrollo, como parte fundamental de las líneas de acción con las que construimos una ciudad sostenible para todos.

Las premisas indiscutibles del Gobierno de la Gente, son la confianza ciudadana, el poder de escucha social y una administración reflexiva al clamor y deseo desde lo colectivo. Estas, han sido la guía y punto de partida de la ejecución de los objetivos que nos trazamos para mejorar la calidad de vida de los monterianos.

Hoy nuestro propósito y afán es seguir disminuyendo la ocurrencia de actos delictivos en los barrios y corregimientos, razón por la que decidimos iniciar la estructuración del documento técnico para la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Una secretaría como esta, nos permitirá, a través de observatorios de criminalidad, analizar todo lo que pasa en la ciudad; lo cual brindará los insumos indispensables para la labor del nuevo secretario, persona que tendrá la misión de articular, vigilar y anticiparse para así fracturar y desarticular cada una de las redes criminales dedicadas a la extorsión, el sicariato y el microtráfico.

Proyectamos una Secretaría de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social robusta y fuerte, para tener mayores resultados, y destacamos que esta iniciativa no demandará gastos adicionales para el municipio, toda vez que los programas de seguridad, que hoy se encuentran adscritos a la Secretaría de Gobierno, pasarían a la nueva dependencia.

Entre los principales objetivos que hemos trazado, se encuentra el monitoreo 24 horas de la ciudad con equipos de tecnología avanzada; brindando así mayores herramientas para facilitar la ejecución de planes y estrategias previamente coordinados entre la administración municipal, la Policía Metropolitana de Montería, la Decimaprimera Brigada del Ejército y la Fiscalía, con el propósito de reforzar la lucha contra el crimen y abrir más espacios de concertación y diálogo para las comunidades.

Hemos sido meticulosos en la creación de estrategias de prevención y en la implementación de acciones de protección y vigilancia, porque sabemos la importancia que reviste salvaguardar la integridad de los habitantes del municipio.

Junto con las fuerzas del orden, de manera implacable, hemos desplegado todas las capacidades para darle golpes certeros a la delincuencia común y al crimen organizado. Las acciones conjuntas entre la Fuerza Pública y nuestra administración han dado resultados positivos, que se traducen en las cifras que hoy tienen a Montería como la capital más segura del Caribe y como una de las ciudades con menor incidencia del delito en el país.

En los dos primeros meses del año se logró una reducción importante en el número de homicidios en la ciudad, teniendo en cuenta que se han registrado 16 casos menos que en 2022, lo que representa una reducción del 64%. A lo que sumamos, que cerramos la vigencia anterior como la capital del Caribe con el menor número de homicidios por cada 100 mil habitantes: Santa Marta, 34.5; Cartagena, 33.4; Sincelejo, 26.8; Barranquilla, 25.4; Valledupar, 23.9; Riohacha, 21.9, y Montería, 21.2.

Indudablemente, una ciudad segura conlleva a mayores oportunidades para la región, porque atrae la mirada de más inversionistas dispuestos a generar empresa y empleo, en una de las capitales del país con mayor proyección. También abre las puertas a miles de turistas que, con sus visitas, dinamizan la economía de la ciudad y la microeconomía de los barrios y corregimientos.

No bajaremos la guardia ni un segundo en temas trascendentales de seguridad y convivencia. ¡Seguimos consolidando una Montería Grande y Segura!

 

Por: Jairo Torres Oviedo 

Rector de la Universidad de Córdoba 

Desde su configuración espacial, el sur de Córdoba ha sido un territorio estratégico en el contexto del Caribe colombiano. Por el occidente se accede al Mar Caribe, Golfo de Urabá y Océano Pacífico; además, se comunica por vía terrestre con el norte del Chocó y Panamá, donde cuenta con 300 kilómetros de frontera. Por el Oriente limita con el Bajo Cauca, Nordeste antioqueño y sur de Bolívar; zonas mineras productoras de oro desde la época de la colonia.

El contexto minero y social del sur del departamento de Córdoba está determinado por la gran cuenca de minería aurífera del Bajo Cauca antioqueño; que tiene sus extensiones en los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada, Ayapel y Planeta Rica; donde existe una histórica extracción de oro, que en estos tiempos se ha hecho violenta; debido al control que sobre esta actividad ejercen actores armados ilegales bajo dominio del narcotráfico; labor realizada en una extensión aproximada de 20 mil hectáreas.

Importante señalar, que las personas que se dedican a esta actividad económica informal e ilegal, lo hacen ante la inexistencia de otros medios de producción que les permita subsistir dignamente; debido a que estos territorios están caracterizados por condiciones de pobreza multidimensional, necesidades básicas insatisfechas e informalidad en la tenencia de la tierra; en donde la presencia del Estado, ha sido ausente, impidiendo la realización de derechos; y con ello, el dominio de actores “paraestatales” al servicio del tráfico ilegal de drogas.

La minería como actividad económica ilegal genera alrededor de dos toneladas de oro al año, comercializada en algunos municipios del Bajo Cauca; entre estos: Caucasia, Nechí y Tarazá; lo cual produce millones de pesos al año; lo que, sin duda, se convierte en un modelo económico y productivo ilegal que configura, nuevas formas de relaciones socioeconómicas, dependencia y control territorial; construidas sobre el miedo y la pobreza. A esto se suma, la generación de problemas ambientales, como lo es la contaminación de ecosistemas acuáticos, deforestación, erosión; convirtiendo ríos en corrientes de mercurio, destrucción y alteración del sistema hídrico, animal y humano.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Los rostros de felicidad de los estudiantes, rectores, docentes, ediles y concejales que nos acompañaron al evento en el que sellamos el Convenio con la Esap, para la operación de la sede que tendrán en la Universidad del Sur, son la mayor manifestación genuina de aprobación de este sueño que entre todos estamos haciendo realidad.

Las emotivas palabras de varios jovencitos y jovencitas, sobre lo que significa este espacio que se construye para la cristalización de sus anhelos educativos, no tiene precio alguno. Escucharlos fue gratificante, porque sus palabras venían cargadas de fe, esperanza y confianza. Cada una de ellas nos las llevamos guardadas en el corazón, porque reflejan ese respaldo desinteresado a lo que venimos haciendo y porque nos hacen ver que ha valido la pena todo el esfuerzo del Gobierno de la Gente.

Con la Universidad del Sur la ciudad gana. Esta es la primera infraestructura de Montería, para la prestación de servicios de educación superior, que se construye con recursos propios. No dudamos un segundo en hacer esta importantísima inversión, simplemente, porque estamos convencidos de que la educación es el mejor camino para cerrar brechas y lograr verdaderos cambios sociales, que nos potencien como sociedad y que contribuyan al desarrollo económico y cultural de la Montería Grande que le estamos dejando a todas las comunidades.

Cuando recorremos los barrios y corregimientos, entendemos todas sus necesidades y ponemos todo para brindarles soluciones efectivas. La educación es una de las mayores preocupaciones y, por eso, este multicampus es trascendental para la generación de nuevas oportunidades y la formación profesional de nuestros estudiantes.

Con este proyecto, que nace de los sueños de cientos de ciudadanos, hemos abierto una puerta gigantesca para que las futuras generaciones de bachilleres de escasos recursos, tengan posibilidad de acceder a la oferta institucional de universidades públicas y privadas, que hace décadas era impensado que hicieran presencia en nuestra región.

La construcción de la primera fase registra en este momento un avance de obra del 18,1%. Esta se compone de un bloque de tres pisos con 4.609 m2, en los que se encuentran 15 aulas para la Esap y su área administrativa, oficinas públicas, cancha de tenis y canchas polideportivas, gimnasio al aire libre, área de juegos infantiles y parqueadero. Además, se incluyó en el diseño un amplio espacio para el funcionamiento de la primera gran biblioteca pública municipal.

La Esap, con sus grandes programas académicos y de investigación, se unió a este proyecto para traer una nueva oferta de programas para la formación de profesionales con mayores capacidades para desempeñar cargos en las entidades del Estado. La institución ha destinado una inversión de $10 mil millones para la dotación de estos ambientes de aprendizaje con equipos de alta tecnología.

Lo que pretendemos con la Universidad del Sur es darle más facilidades a nuestra gente y mejores condiciones de capacitación, acordes con los más altos estándares de calidad y tecnología que hoy demanda la cuarta revolución industrial.

Hoy, la ciudadanía está unida en torno a este gran sueño de la Universidad del Sur, un proyecto que marca un antes y un después en la historia educativa del municipio. Esta es una gran alternativa, que se convertirá en uno de los grandes epicentros de pensamiento e investigación para crear de generación en generación un futuro promisorio para los monterianos.

 

“Ya es hora que los políticos y mandatarios del caribe, bajen el volumen a sus redes sociales y pasen de la retórica a la acción”

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

El reporte del DANE para febrero sobre la variación anual del índice de Precios al Consumidor señala que la electricidad registró un aumento de precios anual del 19,51%. Dice, además, que en Sincelejo, Montería y Valledupar los incrementos superaron el 32%, mientras que, en Villavicencio la variación fue solo del 6,36%. Seguimos siendo los usuarios del caribe las victimas preferidas de los altos costos de los servicios de energía.

Las gestiones del actual gobierno para bajar las tarifas en el caribe han sufrido un fracaso estrepitoso y ello constituye un argumento irrefutable para apoyar la intención del presidente Gustavo Petro de asumir las funciones constitucionales para regular las tarifas de servicios públicos.

Mientras tanto los políticos y mandatarios costeños siguen haciendo bulla en redes sociales, pero no adelantan acciones contundentes que ayuden a disminuir las tarifas. Ya es hora que esos políticos y mandatarios bajen el volumen a sus redes sociales y pasen de la retórica a la acción.

¿Por qué los congresistas y mandatarios que alzan la voz en el Twitter, no convocan a un plantón frente a las instalaciones de Afinia e invitan a los ciudadanos a una especie de operación tortuga en el pago de las tarifas? Ya es hora que estos políticos, alcaldes y gobernadores del caribe se sumen a los ciudadanos para armar un solo bloque de protesta contra Afinia.

¿Dónde está el comunicado de los alcaldes, gobernadores, y congresistas del caribe apoyando al presidente Gustavo Petro en su intención de asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG? ¡No se atreven! Pero si trinan contenidos (pura retórica) rechazando el exagerado incremento de las tarifas. ¡Valientes para trinar, pero cobardes para actuar!

El alcalde de Medellín dio el ejemplo.

Uno que si pasó del dicho al hecho fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien, en su calidad de presidente de la junta directiva de EPM, le solicitó al presidente Gustavo Petro, autorización para congelar la Tarifa de Servicios Públicos de EPM.

“Como gobernantes es cada vez más difícil dormir tranquilos cuando vemos cómo se ha encarecido el costo de vida para nuestros ciudadanos: mercar vale el doble, la gasolina no para de subir y los servicios públicos tienen precios irracionales. Llegar a fin de mes es cada vez más difícil para las familias, en especial las más pobres” señaló Quintero en su carta al presidente.

“En mi condición de alcalde de la ciudad de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM he recibido con optimismo el Decreto Presidencial No.0227 del 16 de febrero de 2023, mediante el cual como presidente reasume las funciones en materia de servicios públicos domiciliarios que antes estaban en cabeza de la CREG”, aseguró Quintero en la citada misiva al presidente.

Sin embargo, la euforia por las nuevas reglas del juego en la regulación de las tarifas fue efímera ante la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que le permitía al presidente Gustavo Petro intervenir la CREG.

Ahora que se conoce el informe del DANE donde se confirma que el corrientazo de Afinia nos está quemando el bolsillo a los usuarios del caribe, es cuando se necesita el apoyo al presidente por parte de los políticos y mandatarios costeños.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con datos e información verídica entre todos podemos mejorar la realidad de la seguridad vial y movilidad en la perla del Sinú.

Por: Bernardo Grandett Durango.

Consultor en Transporte.

Para el análisis de la movilidad en la ciudad hay que colectar y registrar diversos hechos, llevar realidades a datos e indicadores, y de la calidad de esos datos dependerá también la toma de decisiones para transformar y mejorar la seguridad, tiempos de desplazamiento y contaminación, eso que desde la movilidad aporta a la calidad de vida de los ciudadanos.

Montería cuenta con un Centro Inteligente desde donde se gestionan servicios relacionados con el Sistema Estratégico de Transporte Público, la movilidad y la seguridad ciudadana, cómo el centro semafórico, video vigilancia policial, atención de emergencias y monitoreo del tráfico en diversos puntos de la ciudad. Este centro debería ser el que encabece la generación de datos de la movilidad, al menos para ponerlos a disposición del gobierno local, la academia, las entidades que realizan planes de seguridad vial y comunidad en general.

La accidentalidad y los indicadores relacionados con esta, cómo la mortalidad y gravedad de lesiones y daños generados en los siniestros, son muy importantes para saber de la calidad de la cultura vial, infraestructura y demás factores que son causa de los accidentes. Y en este punto hay que ajustar el sistema de atención y registro de los eventos, pues situaciones como la no existencia temporal de convenio para el control del tránsito y oportuna atención de siniestros para el debido levantamiento de informes técnicos de los hechos dificulta conocer, a través de los datos, la realidad de las calles Monterianas.

Más allá de los datos, es una realidad que cuando no hay control del tránsito, la gran mayoría de choques simples no se registran oficialmente, igual que una importante porción de aquellos dónde hay lesiones menores, y se abre espacio a conductas peligrosas como la «justicia por propia mano» dónde los más violentos generalmente se imponen.

Con esto, el llamado a las autoridades locales es a ajustar el sistema de control y seguimiento de la movilidad, que además del seguimiento en tiempo real, se generen datos e indicadores de calidad. La academia puede aportar con el análisis y estudios, y todos los actores viales podríamos tener mayores herramientas para revisar nuestras conductas individuales y colectivas. Con datos e información verídica entre todos podemos mejorar la realidad de la seguridad vial y movilidad en la perla del Sinú.

 

 

 

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Desde los albores del Gobierno de la Gente comenzamos a construir las sólidas bases de la Montería Grande, como ciudad de progreso social y sostenible a largo plazo. Cimentamos una convergencia social participativa y proactiva, y fomentamos una verdadera y sólida cultura ciudadana que, a través del diálogo, nos permitió visualizar un desarrollo urbano con equidad social; fomentando como premisas fundamentales, la legalidad, la solidaridad, la tolerancia, la confianza y la seguridad ciudadana. Sin este entrelazamiento del Gobierno de la Gente y la ciudadanía, no habría sido posible alcanzar la consolidación de esta era de progreso de nuestro municipio.

Son los deseos y las esperanzas de los monterianos los que nos han inyectado toda la energía necesaria para llevar el bienestar a los lugares donde se requería mayor inversión. De esta manera, comenzamos a cerrar brechas sociales y estamos logrando un crecimiento urbanístico, cultural, turístico y ambiental que día a día es más visible por propios y visitantes.

Mantenernos por tercer año consecutivo como un municipio de primera categoría nos pone al nivel de las capitales intermedias más importantes del país y nos abre mayores posibilidades para ofrecer mejores oportunidades y calidad de vida en barrios y corregimientos; impulsar la economía y microeconomía de la ciudad; generar más ingresos para la inversión en infraestructura, educación, salud y seguridad; mayor confianza del sector bancario y atraer a nuestra región más empresas privadas e industrias que generen empleo y dinamicen la economía.

Las proyecciones de nuestras inversiones son palpables y se han sentido positivamente en el progreso, no solo de Montería sino del departamento de Córdoba. Como ciudad capital, estamos abiertos a alianzas estratégicas con los demás municipios, en pro de brindar garantías a los cordobeses que ven a nuestra ciudad como ese punto de encuentro en el que tienen la posibilidad de acceder a una gran oferta, que hace 10 o 15 años no había y los obligaba a viajar a Bogotá o Medellín.

Resaltamos el compromiso de nuestros empresarios, de las industrias y comerciantes con la construcción de una mejor ciudad para todos. Sus contribuciones han sido determinantes para los procesos que adelantamos desde el Gobierno de la Gente, encaminados al bienestar y la felicidad de niños, niñas, jóvenes, adultos y, por supuesto, de la población de la tercera edad.

Es de resaltar que tan solo seis municipios fueron categorizados como especiales y que Montería hace parte de los 27 municipios que fueron incluidos en primera categoría, de los 1.152 municipios categorizados en el país. Al margen de que cumplimos con los parámetros de población e ingresos corrientes anuales de libre destinación, tenemos que indicar que mantener esta categoría no habría sido posible sin la disciplina fiscal de nuestra administración municipal y sin la confianza de los monterianos en el Gobierno de la Gente, reflejada en sus contribuciones, fundamentales para las inversiones en las obras entregadas, las que se están ejecutando y las que están ad portas de iniciar.

Las cifras de las finanzas durante estos tres años son muy alentadoras. Los ingresos totales en 2022 llegaron a $1.2 billones, lo que significa un aumento del 31,5 % con relación a 2019, año anterior a la pandemia. En materia de ingresos tributarios se logró un crecimiento del 30 % con relación a 2019; en la vigencia 2022, los monterianos hicieron una contribución de $170.939 millones. Y ni qué hablar del impuesto de industria y comercio, que en la vigencia anterior llegó a una cifra nunca antes vista de $51.679 millones, para un alza del 35 % con relación a 2019.

El esfuerzo compartido nos ha fortalecido como sociedad, una sociedad próspera con una proyección de crecimiento estupenda. Este es un gobierno que ha sentado unas bases sólidas de lo que se debe tener en cuenta en los próximos 50 años. Ver a los monterianos orgullosos de su ciudad nos impulsa a seguirles cumpliendo y a continuar construyendo de manera asertiva ese gran camino de desarrollo que merecen trasegar todas nuestras comunidades.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

El Plan Nacional de Desarrollo – PND 2022-2026 Colombia potencia mundial de la vida, concibe la educación como un derecho fundamental progresivo, soportado en cuatro pilares: 1. Educación superior de calidad; pertinente y gratuita con una apuesta de ampliación de cobertura. 2. Educación básica y media de calidad; que incluye formación y vinculación de nuevos docentes, mejorar condiciones de infraestructura física, reformas curriculares y reforma del SGP. 3. Plan de alimentación escolar que garantice seguridad alimentaria a los niños y niñas en el sistema escolar; la alimentación de los niños no puede seguir siendo la fuente de enriquecimiento de contratistas y politiqueros regionales. 4. Educación para la paz y convivencia. Estos pilares están bien definidos, trazan la hoja de ruta por donde debe avanzar la educación; define, qué se debe hacer; pero, no señala el cómo lo vamos a lograr.

El nuevo PND tiene como propósito la dignidad y justicia social de los jóvenes que históricamente han sido excluidos del acceso a este derecho. Por ello, para la educación superior, el enfoque concebido en el PND es fortalecer la universidad pública centrada en la ampliación de cobertura; 500 mil nuevos cupos en condiciones de gratuidad para avanzar en cierre de brechas sociales y regionales. Desde el Sistema Universitario Estatal – SUE, hemos insistido, en que, la ampliación de cobertura implica un modelo de regionalización de la universidad pública con enfoque territorial; es decir, las regiones del país donde el indicador de cobertura está por debajo de la media nacional; lo que exige un plan de infraestructura física y tecnológica que modernice y amplíe los campus universitarios; además, la reforma de los Artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que permita un nuevo modelo de sostenibilidad financiera del SUE.

En relación con lo anterior, la ampliación de nuevos cupos como compromiso del Gobierno es un paso en la progresividad de un derecho fundamental en condiciones de calidad, pertinencia y gratuidad. Además, se requiere avanzar en una gratuidad de la educación superior pública integral, que incluya, matrícula, alimentación y transporte.

 

¿Por qué no se ha reglamentado la ley de seguridad vial en un gobierno que ha declarado la protección de la vida como el centro de gravedad de sus políticas públicas?

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob.

Mientras las vías del país se volvieron un campo santo por la cantidad de muertos que a diario dejan los siniestros viales, la ley de seguridad vial que da herramientas para frenar esa mortandad en las carreteras del país sigue en las oficinas del Ministerio de Transporte esperando su reglamentación.

Es algo parecido al paciente que el médico le recetó un medicamento para superar su enfermedad, pero no tiene acceso al mismo debido a los tramites que se deben surtir entre la EPS y la IPS que entrega la medicina (mientras eso sucede la salud del paciente se sigue deteriorando).

Los expertos consideran que todas las muertes en siniestros viales se pueden evitar, y que el exceso de velocidad es el principal factor de riesgo. Debido a ello, la academia, algunas ONG, organizaciones internacionales y sectores políticos lograron que en el Congreso de la República se aprobara en junio de 2022 la Ley 2251 “Julián Esteban”, en homenaje al niño ciclista que murió arrollado por un vehículo en una vía de Zipaquirá (Cundinamarca), cuando practicaba ese deporte.

La Ley Julián Esteban que busca reducir los siniestros viales señala en el eje central de su contenido que en Colombia la velocidad máxima permitida en vías urbanas será de 50 km/h, excepto zonas escolares y residenciales que tendrán un límite de 30 km/h. En carreteras intermunicipales (en algunos corredores estaba permitido hasta 100 km/h, ahora será de 90km/h.)

¿Qué hace falta para implementar en Colombia la Ley de seguridad vial o Ley Julián Esteban?

Le hice la pregunta a la experta en estos temas, Mari Bottagissio, directora de la Fundación Liga Contra la Violencia Vial, y esto me respondió, “Yo formularía mejor la pregunta: ¿Por qué no se ha reglamentado la ley Julián Esteban en un gobierno que ha declarado la protección de la vida como el centro de gravedad de sus políticas públicas? Como bien lo dijo el señor presidente, Gustavo Petro, hay políticas públicas que matan y otras que hacen vivir y al tenor de los resultados esta está matando.

Hemos escuchado al ministro de Transporte desde hace casi medio año declarando la importancia que tiene para este gobierno la seguridad vial, la protección de las vidas en las vías, y dijo en el congreso del sector asegurador que dicha ley sería reglamentada al cumplir los 100 días de gobierno, pero han pasado ya 189 días, y en esos días hemos deplorado cerca de 3 mil 500 vidas. No solamente cerramos el año 2022 como el más mortífero de la historia de Colombia y claro, si bien el gobierno anterior nos dejó 5 mil muertos, recordar que acabamos de cerrar tan solo el mes de enero del 2023 con casi 600 vidas deploradas.

600 vidas que están demostrando que el mes de enero más mortífero de los últimos 5 años en Colombia ha sido este el de Colombia Potencia Mundial de la Vida. Del dicho al hecho hay mucho trecho y no dudo de la legitimidad y la buena intención del ministro Reyes, pero este no es un tema de buenas intenciones, es un asunto de acciones y no se ha reglamentado porque no hay voluntad política, mientras las vías se están desangrando silenciosamente por cuenta de las muertes y lesiones en siniestros viales”.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Córdoba se apagaron 312 vidas durante el 2022 como consecuencia de los siniestros viales. La mayoría de esas muertes se hubieran podido evitar solo bajando la velocidad. De esas 312 personas que murieron en las carreteras, 100 corresponden a siniestros ocurridos en Montería.

La violencia vial en el departamento no para, y este año ya han muerto 34 personas en siniestros viales. El sueño de la paz total en las vías no se puede seguir aplazando.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector: Universidad de Córdoba

 

El pasado 6 de febrero, el Gobierno del presidente Petro radicó ante el Congreso de la República, el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”. De acuerdo con el Artículo 341 de la Constitución Política y la Ley 152 de 1994, “que establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo” a través de la cual, el Gobierno elaboró dicho Plan; trazando la línea estratégica de las políticas públicas para el cumplimiento del Plan de Gobierno centrado en las reformas y cambios que el país demanda.

La importancia de este instrumento de planeación, que incidirá en la transformación de la vida de los colombianos; la Constitución ordena que, en su construcción participen las diferentes autoridades de planeación, entidades territoriales, actores institucionales y la sociedad civil organizada. Permitiendo disponer de una herramienta para el seguimiento y control social.

Estos lineamientos legales y constitucionales, con la participación de las comunidades en todo el territorio nacional; a través de la metodología de diálogos regionales vinculantes, se realizaron 51 encuentros en los que colaboraron más de 250 mil personas. Donde poblaciones y comunidades expresaron sus necesidades y demandas en materia de: vías terciarias, ordenamiento territorial, calidad de vida, acceso y apoyo a la educación; sobre todo, la universitaria, agua potable, saneamiento básico, justicia social, seguridad, vivienda, salud mental, conflicto armado, atención a las víctimas, apoyo al adulto mayor y a las personas con discapacidad, seguridad alimentaria, estímulo a los proyectos productivos, cambio climático, energía limpia, desarrollo económico, medio ambiente y oferta de servicios públicos para las zonas rurales.

El propósito del PND es convertir a Colombia en líder de la protección de la vida, a partir de la elaboración de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias, la garantía de derechos, la justicia social, la dignidad humana y la paz; de igual manera, la no repetición del conflicto y una transformación productiva sustentada con el conocimiento en armonía con la naturaleza. El fundamento esencial del PND es la paz en los territorios; para ello, se deben hacer los cambios y las reformas que la hagan posible.

 

*Por Carlos Ordosgoitia Sanin
*Alcalde de Montería

La premisa fundamental de nuestro gobierno siempre ha sido estar del lado de la gente, porque entendemos que la ciudadanía es el actor principal de la democracia y, como gobernantes, nos debemos a su bienestar, procurando que sus clamores de progreso y desarrollo social sean atendidos y colmados sin pausa.

No podemos estar bien si todos no estamos bien. La inequidad del precio del kilovatio hora que pagamos, con relación al interior del país, pone en serias dificultades la calidad de vida de los casi 12 millones de habitantes del Caribe Colombiano, de los que más de 8 millones pertenecen a los estratos 1 y 2. Esta situación no la podemos seguir permitiendo, porque el Caribe es una región estratégica del país, que merece un trato digno y una mayor inversión para su desarrollo, industrialización y competitividad.

De manera constante, con todos los equipos de trabajo de la administración, articulamos acciones y ponemos sobre la mesa proyectos de corto y mediano plazo, encaminados a resolver esta dificultad que vienen padeciendo los habitantes de los 199 municipios del Caribe, donde se concentran poco más de 2.900.000 hogares, atendidos por Afinia y Air-e.

Uno de los factores que impactan negativamente la tarifa tiene que ver con las pérdidas no técnicas, las que se registran en gran proporción por conexiones ilegales. Acción frecuente en aproximadamente 1.700 barrios del Caribe, que se encuentran en la subnormalidad y en los que hay un registro de unos 354.000 hogares, de los cuales hacen parte más de 2 millones de personas, que no están conectadas al servicio de energía eléctrica.

Teniendo en cuenta la transición energética propuesta por el Gobierno Nacional, incluida como uno de los puntos esenciales del Plan Nacional de Desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, desde el Gobierno de la Gente le planteamos al nivel central iniciar esta transición con la instalación de paneles solares en los sectores subnormales; con el objetivo de lograr una solución integral en la que estos hogares podrían gozar del servicio de energía, no se arriesgarían las vidas de los integrantes de los núcleos familiares que habitan en lugares con conexiones fraudulentas y se reduciría más del 90% el porcentaje de pérdidas no técnicas, que en la actualidad oscila entre el 20% y el 25%.

Estimamos que esta iniciativa puede tener un costo de poco más de $5 billones, teniendo en cuenta que los paneles solares por unidad familiar oscilan entre $10 millones y $25 millones. Sin duda, la transición energética que se plantea debe contemplar la eliminación de esa pesada carga que hoy lleva a cuestas la Costa Caribe por los elevados costos de la energía. Nuestra iniciativa le apunta a ese cambio, porque estamos convencidos de que los ciudadanos del Caribe, en especial los que hacen parte de los hogares más vulnerables, merecen que se destinen recursos importantes del Plan Nacional de Desarrollo para aliviar sus economías familiares.

En el corto plazo continuaremos articulando acciones con los demás gobernantes del Caribe, así como con los congresistas de la región, para que el Gobierno incluya las propuestas que hemos venido planteando, como asumir pérdidas e inversiones, la creación de una prima de clima y la creación de un fondo de recursos públicos para estabilizar las tarifas.

La lucha que hemos emprendido desde el Gobierno de la Gente por lograr tarifas de energía justas no cesará. Seguiremos alzando la voz, las veces que sea necesario, por todas las comunidades. Nuestro propósito siempre ha sido claro y está enfocado en hacer el llamado al Gobierno Nacional para que tome cartas en el asunto y dé una solución definitiva, que conlleve a la disminución del excesivo costo de este servicio público esencial, sobre todo para la región Caribe, donde las familias, industrias y empresas tienen una mayor dependencia energética.