Categoría: Opinión

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

En los últimos años, el Sistema Universitario Estatal SUE ha incluido los temas y problemas de la educación pública superior en la agenda nacional para su deliberación; esto, con el propósito de que el país político y el Gobierno construyan las reformas y políticas públicas que garanticen el derecho a la educación superior en condiciones de calidad, pertinencia y gratuidad. Hemos insistido, en el desfinanciamiento estructural del SUE sostenido en una autofinanciación de la universidad pública; en donde el 45% de los recursos de funcionamiento de las 34 universidades oficiales es generado por venta de servicios. Este desfinanciamiento ha impedido, entre otros: incremento de la cobertura, fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológico, el bienestar estudiantil, el incremento de profesores de planta e investigación. Con estas limitaciones, la universidad pública ha mantenido su misión y responsabilidad social. Por ello, la importancia de tramitar la reforma a los Artículos 86 y 87 de la Ley 30; de esta forma, implementar un nuevo modelo de transferencia de recursos financieros acorde con el crecimiento y sostenibilidad de las universidades.

Lo anterior, es un imperativo social para avanzar y garantizar el derecho a la educación a 2 millones de jóvenes excluidos del mismo. En esta apuesta, el Gobierno nacional ha propuesto incrementar la cobertura en educación superior de 500 mil nuevos cupos en los próximos cuatro años. Un propósito ambicioso, pero justo, que requiere: acuerdo políticos y sociales, repensar el modelo de aseguramiento de la calidad, estructura normativa que supere el plano del control y sanción, construcción de capacidades tecnológicas, currículos pertinentes, tiempos de formación; sobre todo, un modelo de regionalización que facilite la ampliación de cobertura soportado en el sistema mixto, donde se ha prestado el servicio de educación superior, como servicio público. La ampliación de cobertura debe hacer énfasis en las regiones del país más rezagadas; situación actual en la región Caribe, pacífica y sur del país. Para ello, el SUE señala la experiencia académica y pedagógica en modelos de regionalización de muchas de sus universidades. Igualmente, toda la capacidad del Sistema Universitario Estatal representada en investigación, programas tecnológicos, pregrado y posgrado que puedan ofertarse acorde a la pertinencia y necesidades de formación que las regiones demanden.

Consideramos que, no es necesarios crear nuevas universidades; con el sistema mixto de educación superior que tiene Colombia podemos construir un modelo de regionalización que brinde educación superior a nivel técnico, tecnológico y profesional en condiciones de calidad y pertinencia; debido a esto, el enfoque de regionalización debe ser territorial; es decir, territorios que, por décadas han padecido la exclusión y ausencia social del Estado. Construir un modelo de regionalización de la universidad para ampliación de cobertura, no es una tarea fácil, pero realizable, que requiere de un acuerdo nacional, un pacto social y político por el derecho a la educación. La educación superior en Colombia soportada en un sistema mixto tiene los elementos para construir un modelo de regionalización para ampliar cobertura en 500 mil nuevos cupos; pero, requiere fortalecer las condiciones y capacidades instaladas; propósito del Gobierno nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Educación. Desde el SUE y ASCUN brindamos nuestro concurso y capacidades para alcanzar este propósito transformador y dignificante.

 

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

No bajaremos la guardia y seguiremos trabajando incansablemente en la búsqueda de soluciones a la crítica situación que padecen los ciudadanos del Caribe, a causa de las exorbitantes tarifas de energía, que le están arrebatando la tranquilidad a la gente y “electrocutando” la esperanza.

Los alcaldes del Caribe sostuvimos una importante reunión con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, en la que tuve la oportunidad de mostrar una radiografía del padecimiento que están afrontando 10 millones de habitantes del Caribe, en especial más de 7 millones de ciudadanos que hacen parte de las familias de menores ingresos y se encuentran en los estratos 1 y 2, lo que corresponde al 79% de la población de la región.

El encuentro con la ministra Vélez fue productivo. Avanzamos en la estructuración de acciones y nos dio detalles del Pacto por la Justicia Tarifaria, en el que pondrán en marcha un cronograma para que todos los actores construyamos un plan que marque el inicio de la disminución de las tarifas.

Por nuestras condiciones climáticas, somos una región que demanda energía. Lo corrobora así el aumento en el primer trimestre de 2022, que creció en promedio mensual un 4,39%; teniendo en cuenta que, según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la demanda comercial energética en la Costa Caribe, a corte de 2021, fue de 20.107 millones de Kilovatios/hora.

El crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) energético del Caribe da cuenta del hueco financiero que se le está haciendo a los hogares de nuestra región. La media nacional fue del 25,9%, mientras que la del Caribe fue de más del 50%. En Montería, 40,39%; Cartagena, 39,24%; Valledupar, 40,39%; Sincelejo, 40,67%; Barranquilla, 44,42%; Riohacha, 47,09%, y Santa Marta, 49,94%.

Además, el Índice anual de Precios al Productor (IPP) pasó del 17,61% en 2021 al 30,02% en 2022, situación reflejada en los aumentos de las tarifas, toda vez que esta medición la utilizan las generadoras en su fórmula para establecer el precio de la energía que venden a los operadores.

En el Caribe, las pérdidas técnicas representan el 7% de lo que se cobra en la tarifa, a lo que se suma un 21% de pérdidas por fraude. Cifras que impactan negativamente la tarifa.

Por este motivo, le he planteado al Gobierno que en el Plan Nacional de Desarrollo incluya un artículo que defina que estas pérdidas, y las inversiones por las que ya pagaron los usuarios, sean asumidas por el nivel central, ahorrándole así gran cantidad de miles de millones de pesos a los ciudadanos.

Propuse también que el Gobierno evalúe la posibilidad de expedir unos bonos de deuda que puedan ser negociados en el exterior, con el objetivo que los generadores, productores y comercializadores alivien de manera inmediata la tarifa de energía.

Sumado a lo anterior, nos preocupa la situación de los barrios subnormales, por lo que he sugerido que se destinen recursos Prone para lograr la electrificación legal en estas zonas.

El arduo trabajo de los últimos meses ha empezado a tener eco. En primer lugar, por el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro, quien indicó que se analizará la fórmula tarifaria para adecuar un nuevo modelo que logre una disminución significativa. En segunda medida, por el pronunciamiento del gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien aseguró que se brindará apoyo inmediato a los usuarios para generar alivio en las tarifas y estudiará la posibilidad de cambiar el indexador de los contratos de energía, que es uno de los causantes del aumento.

Hemos alzado la voz, y la seguiremos alzando cuantas veces sea necesario, porque merecemos un trato digno, equitativo y justo con el que se logre el bienestar de las comunidades y la competitividad de la región, en cuanto a empleo formal y salarios dignos. Las comunidades pueden tener la confianza en que seguiremos luchando hasta lograr la estabilización tarifaria que alivie el bolsillo de los ciudadanos del Caribe.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado primero de septiembre, los rectores del Sistema Universitario Estatal sostuvimos en la Universidad de Sucre, con el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación; doctor, Arturo Luna Tapia, una conversación acerca de los retos y desafíos de la ciencia en Colombia; donde reafirmamos que no es posible concebir y generar desarrollo sin la ciencia, que persistir en este divorcio es continuar condenados al subdesarrollo. Asistimos a un debate público alrededor de la ciencia y la investigación científica; algo que no es nuevo, viene desde hace décadas y ha sido una insistencia de la comunidad científica que tiene como argumento la necesidad de construir una política de Estado relacionada con investigación, ciencia, tecnología e innovación.

En este sentido, el Gobierno saliente constituyó la misión de Sabios que entregó las recomendaciones que el país debe implementar en materia de ciencia e investigación científica y los focos estratégicos en los que Colombia debe volcar todo su esfuerzo científico para avanzar y convertirse en una economía y sociedad del conocimiento; además, los Departamentos del país definieron sus focos estratégicos donde deben centrarse sus esfuerzos en investigación para resolver problemas estructurales que han padecido las regiones. Para ello, el liderazgo de Minciencias en la construcción de política pública en ciencia, investigación e innovación como hoja de ruta en los planes de desarrollo nacional y regional. En este contexto, hacemos especial relevancia a la región Caribe con sus potencialidades y limitaciones para ser pensada, planificada y proyectada desde un enfoque diverso e integral alrededor de sus problemas estructurales; de esta forma, construir un plan de desarrollo soportado en la ciencia, que resuelva dichos problemas en el mediano y largo plazo. El Caribe debe priorizar en una apuesta de desarrollo centrada en asuntos como: agua potable y saneamiento básico, contaminación y degradación de los ecosistemas, acceso a la salud, educación y en especial, acceso a educación superior; de igual manera, vocación productiva de acuerdo con las particularidades de cada subregión, modelo productivo, primera infancia, turismo, biodiversidad, energías renovables, entre otros.

Hemos insistido y continuaremos haciéndolo, que, desde las universidades tenemos la infraestructura científica representada en sus investigadores, grupos de investigación, laboratorios, centros e institutos de investigación en distintas disciplinas científicas. Desde las cuales hemos estudiado y diagnosticado los distintos problemas que padece el país en sus diferentes regiones. La universidad como centro de pensamiento y producción de ciencia; desde la cual, se piense, impulse y jalone el desarrollo regional y nacional, lo hemos entendido y asumido como nuestro deber ser, como un imperativo científico y moral impostergable. Nuestra misión ha sido acompañar la institucionalidad aportando ciencia, saber y conocimiento para estudiar alternativas de solución. Sin el papel central de la universidad como el ente portador de ciencia, no es posible pensar y mucho menos concebir el desarrollo. Los países que hoy tienen altos niveles de desarrollo humano y bienestar social entendieron y pusieron en marcha esta articulación. Es el momento de que nuestro país actúe en esta dirección. Construir una sociedad del conocimiento.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Vivimos tiempos de cambio. La ciudad y el país avanzan a buen ritmo en su reactivación económica, luego de una pandemia cuyos efectos sociales y económicos todavía estamos padeciendo.
 
Como alcalde, siempre he mantenido un diálogo constante con la gente. Estoy seguro de que todos somos parte esencial de la solución de los problemas y estoy convencido de que la fuerza solidaria y la voluntad son más potentes que las dificultades que podamos tener; aunque sean históricas.
 
Trabajamos lo que nos corresponde para saldar las deudas de muchísimos años, las cuales hemos heredado, y no eludimos responsabilidad alguna; esas mismas que las comunidades han tenido que padecer. Afortunadamente, tenemos una ciudadanía trabajadora y que en su gran mayoría tiene un sentido cívico poderoso, al lado de un gobierno que trabaja sin descanso por el bien común.

La época de lluvias que afrontamos es la más fuerte de los últimos 12 años. Avanzamos según los tiempos establecidos. Es claro que hay multiplicación de frentes por la ola invernal y hay algunos procesos contractuales que no son tan rápidos como quisiéramos. Lo seguro es que no dejamos de buscar alternativas para lograr los objetivos y darle tranquilidad a la población.

Hay unos pocos que ven en los retos difíciles que enfrentamos como sociedad una oportunidad para distorsionar el ideario ciudadano y malograr a la ciudad. En los últimos días se han registrado en el país manifestaciones atípicas que buscan desestabilizar y desinformar, acerca de lo que se está construyendo con las comunidades.
 
A esos que se oponen al progreso de Montería les decimos que el Gobierno de la Gente no para, y no papará de llevar el desarrollo a todo el municipio, en especial a las poblaciones que han sido afectadas por el olvido estatal, durante décadas.
 
Somos una administración con un talante propositivo y en mí siempre encontrarán una persona que escucha a la ciudadanía y trabaja sin descanso. Siempre hemos hecho frente a todos los retos que se han presentado y hemos mirado a los ciudadanos a los ojos con la convicción de que vamos por el camino indicado.
 
Estamos trabajando hacia el campo como nunca antes. De allí que firmamos el Pacto por la Ruralidad, porque entendemos las necesidades de nuestra zona rural. Lo estamos cumpliendo con una inversión gigante, destinando el 40% del presupuesto (más de $200.000 millones) para el mejoramiento de vías, saneamiento básico, infraestructura y apoyo a los pequeños productores.
 
En zona rural hemos intervenido 300 km de vías terciarias y están garantizados 41 km de pavimentación por un valor de $109.000 millones, de los que destacamos que acabamos de adjudicar una de las vías más importantes del departamento en competitividad y alcance poblacional como es la vía de Leticia-Martinica, por valor de $46.900 millones, obra que beneficia también a Pueblo Bujo y Loma Verde
 
Paralelo a ello, con Montería a Toda Máquina adelantamos 73 frentes de obra de Cemento con Corazón en los que ejecutamos $400.000 millones en todo el municipio. Le devolvimos el poder de decisión a los ciudadanos.
 
Construimos una Montería Grande para la Gente, una ciudad incluyente y sostenible, alejada de cualquier tinte político, abierta al diálogo y fiel a la ciudadanía, porque a ella nos debemos.
Invito a los monterianos a seguir trabajando con todas nuestras fuerzas para construir cada día una mejor ciudad que le sirva a todos. Trabajemos juntos y rompamos las barreras juntos. Esa es la esencia del Gobierno de la Gente.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba

La lectura sobre el informe de la Comisión de la verdad desnuda y devela las atrocidades y barbaries del conflicto armado en Colombia, donde describe los relatos de las víctimas y victimarios que horrorizan y provocan un sentimiento de vergüenza e indignación; pero, necesarios para reconstruir, sistematizar, no olvidar y difundir la verdad. Estos relatos del conflicto evidencian los alcances de la condición humana; impulsada y manipulada por relatos del desencuentro, odios e ideologías; además, la ausencia de democracia y Estado que, hacen que los derechos fundamentales sean privilegio de pocos.

En los últimos 60 años de conflicto armado han surgido todo tipo de narrativas, teorías y discursos de un lado y del otro, quienes reconocen su existencia y negacionistas. Estos últimos han construido un discurso de las consecuencias del conflicto, desconociendo sus causas y orígenes; asunto que esclarece la Comisión de la verdad. Corroborando de esta forma, la existencia de un conflicto social, económico, político y cultural, que ha tenido expresiones armadas. Un largo conflicto que ha generado una guerra de perdedores; los bandos en disputa no pudieron vencer militarmente al otro, ocasionando una degradación del conflicto, donde las víctimas principales siempre han salido de una población civil empobrecida y excluida. La estrategia de los actores armados consistió en controlar a la población civil como forma de ejercer poder sobre territorios y regiones del país; con ello, nos condenaron a vivir en guerra, como lo expresa la Comisión de la verdad: “En Colombia no ha existido una sola generación que haya vivido en un país en paz”. Reafirmado por el Centro Nacional de memoria Histórica, la cual señala que, cerca del 80% de personas muertas en el conflicto fueron civiles y el 20% combatientes. Es decir, de cada 10 personas muertas violentamente en el conflicto armado, 8 eran civiles. Para la comisión de la verdad, los principales responsables de homicidios son: grupos paramilitares con aproximadamente el 45% de la responsabilidad (205.813 víctimas). Guerrillas responsables del 27% de las víctimas (122.813 víctimas) y, agentes estatales directamente, el 12% (56.094 víctimas).
Los anteriores datos revelados por la Comisión de la verdad permiten una comprensión trascendental que encarna y representa el dolor humano, barbaries, heridas, cicatrices que se resisten a desaparecer y ser olvidadas. La Comisión insiste en la necesidad del perdón y reconciliación “Cuando una sociedad renuncia al esfuerzo de la comprensión que proviene de la inteligencia y la sensibilidad que nos enseña a reconocer al otro y a la otra, y a la naturaleza, esta se vuelve acrítica, pierde la capacidad de distinguir entre los valores que la hacen crecer en su humanidad y los antivalores que la destruyen. La cultura permeada por la violencia se vuelve un campo de disputas y expulsiones”. Al respecto, el papa hace referencia a esto cuando dice “Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos”. Por ello, es Imperioso construir una cultura del diálogo que permita convivir en verdadera paz.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

En los últimos meses, mucho se ha hablado del relleno sanitario de Loma Grande. Desde el Gobierno de la Gente estamos con la comunidad articulando acciones porque sabemos lo que han tenido que padecer durante muchísimos años y día a día trabajamos, no solo en recuperar la fe y la esperanza de toda esta población, sino en buscar una solución integral.

A nuestro Gobierno le ha correspondido afrontar esta situación heredada y, siendo responsables con los habitantes de Loma Grande y la ciudadanía de Montería, estamos haciendo lo que nos corresponde para brindarles alternativas y garantizar la debida prestación del servicio de aseo.

Debemos recordar que la disposición de las basuras se hacía en el botadero a cielo abierto El Purgatorio, clausurado por la CVS en 2005. Entidad que ese mismo año concedió licencia ambiental a Parques Nueva Montería para la construcción del relleno sanitario Loma Grande y autorizó, en 2006, la cesión de derechos para la operación a Servigenerales.

La vida útil del relleno se estableció a 20 años y Servigenerales, en 2010, solicitó su extensión de 3,5 a 8 hectáreas, a raíz de la gran cantidad de toneladas de residuos que llegaba. La petición fue avalada en marzo de 2015, por parte de la ANLA. A lo que debemos sumar que, una vez se cumpla la vida útil del relleno, por disposición del nuevo POT la zona queda inhabilitada para este tipo de actividades.

La batalla jurídica de la comunidad es de vieja data y ha tenido especial trascendencia a tal punto que llegó a la Corte Constitucional que, mediante la Sentencia SU-217 de 2017, ordenó la creación de una mesa de trabajo para evaluar con base en estudios técnicos las alternativas para la disposición de los residuos sólidos. Mesa conformada por representantes de la comunidad de Loma Grande, Alcaldía de Montería, ANLA y Servigenerales; esta última cambió su nombre a Urbaser, mediante escritura pública 1124 de junio de 2020.

Es importante resaltar que el máximo tribunal constitucional en su pronunciamiento advirtió que tiene que existir un espacio de diálogo constante, que se deberá extender durante la vida útil del relleno sanitario. Y ello es lo que estamos haciendo.

El pasado martes en reunión con Gustavo Guerrero Ruiz, procurador delegado para asuntos ambientales, a través de nuestro equipo de infraestructura y la oficina jurídica, concertamos una serie de acciones con CVS, Urbaser y miembros de la comunidad, que se hicieron presentes en la audiencia. Se requirió la elaboración de un plan de acción concreto para resolver los represamientos de aguas, se ordenó a la CVS el estudio de los permisos de vertimiento que radique Urbaser y se estableció la realización de una Audiencia Pública Ambiental el próximo 26 de septiembre.

Se han hecho varias visitas técnicas al relleno, por parte de la Alcaldía y la autoridad ambiental, y se ha requerido a la empresa Urbaser para que no solo nos informe sobre los planes de contingencia y las acciones que adelanta, sino para que cumpla a cabalidad con el contrato.

Además, hemos acompañado a la CVS en la toma de muestras de las aguas para corroborar si hay presencia de lixiviados y, sobre todo, se ha escuchado cada una de las peticiones de la comunidad.

Nuestro propósito es la protección del medio ambiente y las condiciones de vida de los habitantes de la zona, así como exigir que la empresa cumpla cada una de las acciones a las que se comprometió. Estamos brindando el apoyo necesario a la comunidad y hemos reforzado nuestro compromiso de no desfallecer un solo minuto en asegurar que se tomen las decisiones acertadas, por el bienestar de Loma Grande.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado 10 de agosto, en el auditorio Alfonso López Pumarejo de la Universidad Nacional de Colombia, en presencia de los rectores del Sistema Universitario Estatal colombiano SUE y de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN; se llevó a cabo el acto en el cual, la comisión de la verdad, coordinada por el padre Vicente de Roux entregó a las universidades colombianas la presentación del informe final y del legado de la comisión de la verdad a la universidad colombiana. Recordemos, que la comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición quedó consignada en el Acuerdo de Paz, como un organismo extrajudicial, temporal y, como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición; del que también hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP y, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD. Los once comisionados seleccionados iniciaron trabajo en mayo de 2018; esta comisión recibió el mandato de esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado interno que vivió Colombia, promover el reconocimiento de responsabilidades, así como el diálogo social y la convivencia, con la finalidad de dejar la guerra para siempre.

En los cuatro años de vida que tuvo la Comisión; se realizaron 14.000 entrevistas y se establecieron conversaciones con más de 30.000 personas de todos los sectores sociales, regiones, identidades étnicas, experiencias de vida, dentro de nuestras fronteras; tanto, por fuera, como dentro de ellas. Adicionalmente, se recibieron más de mil informes de las instituciones públicas, de entidades privadas y de movimientos sociales. De igual manera, se activaron conversaciones inéditas entre sectores, antiguamente enemigos, entre víctimas y responsables, entre partes de la sociedad que piensan diferente, y que nunca se pudieron encontrar para un diálogo constructivo y sereno. En este sentido, las verdades que los comisionados entregaron al país son un conjunto de verdades históricas, extrajudiciales, complejas y centradas en las víctimas. Este Informe Final se suma al conocimiento acumulado que tiene el país respecto a su conflicto. Recoge buena parte de lo producido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la justicia colombiana e internacional; en especial, la justicia transicional, las diversas ONG y, sin dejar a un lado, las de derechos humanos, las organizaciones de víctimas y la academia.

El Informe Final de la Comisión de la Verdad contiene una parte importante de esa verdad necesaria para transitar de un pasado traumático a un porvenir civilizado, donde las diferencias se resuelvan en democracia, y se superen los factores de inequidad, corrupción e inhumanidad que nos ha condenado una y otra vez a la repetición del conflicto. La Comisión de la Verdad es un acontecimiento que no finaliza con la entrega del Informe. El acontecimiento continúa, porque la verdad es una construcción colectiva, plural, histórica, conflictiva y apasionante. Para que las futuras generaciones no repitan la historia de sangre y dolor. Que pueda existir verdad y reconciliación sin renunciar al olvido.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

El viernes pasado adelantamos la actividad Alcaldía con la Gente en Los Garzones. Durante la jornada compartí con los habitantes los esfuerzos e inversiones que estamos haciendo desde el Gobierno de la Gente y tomamos atenta nota de las nuevas obras y políticas públicas que proponen para seguir construyendo una mejor ciudad.

Sin duda, el común denominador de todas las personas que asistieron tiene que ver con que sus bolsillos están asfixiados por el excesivo costo del servicio de energía. Inconformismo que no solo expresan en Los Garzones sino millones de familias del Caribe.

Las tarifas le están arrebatando la tranquilidad a los ciudadanos, en especial a los de estratos 1 y 2, que se ven en la encrucijada de destinar lo poco que ganan para pagar una factura que llega más cara que el valor del arriendo. Gasto que también afecta la compra de productos básicos de la canasta familiar de consumo diario.

Los gobernantes del Caribe estamos en la obligación de seguir alzando la voz ante este atropello y unirnos para trabajar por un mismo objetivo: lograr que las tarifas sean equitativas.

Estamos saliendo de la pandemia del Covid-19, y hoy en el Caribe debemos hacerle frente a esta otra dificultad que está «electrocutando» la esperanza y las finanzas de los ciudadanos. No podemos ser indolentes y quedarnos de brazos cruzados, más aún teniendo en cuenta que desde inicios de 2021 nos enfrentamos a un incremento del 30% de las tarifas, el más elevado en los últimos 10 años.

Ante el anterior panorama, invito a toda la bancada Caribe del Congreso, en especial a nuestros seis senadores y seis representantes cordobeses, a ponerse la camiseta de esta región que clama por una pronta solución.

Tenemos que lograr estructurar un proyecto de ley sólido que deje establecidos recursos y financiaciones en el Plan Nacional de Desarrollo por parte del Gobierno Nacional para que asuma las pérdidas de energía y las inversiones por las que ya pagamos.

Debemos insistirle al nivel central sobre la urgencia de articular acciones para contrarrestar el exorbitante crecimiento del Índice de Precios al Productor, que registró un incremento anual del 32,85% según la última medición del Dane, índice que se toma en cuenta para establecer el componente de distribución que hace parte de la fórmula que establece el valor de la prestación del servicio. A lo que sumamos la modificación de esa fórmula, razón por la que demandamos las resoluciones de la Creg.

El tema energético tiene que ser ese punto de partida para que actuemos unidos por las necesidades más apremiantes de la Región Caribe. En nuestras manos está sacar adelante proyectos como el Tren del Caribe, conexiones viales de doble calzada para reducir los tiempos de viaje entre las ciudades capitales, mejoramientos de vías terciarias, puertos profundos, proyectos de energías limpias que reduzcan las emisiones de gases y la generación de industrias para el crecimiento de nuestra economía y la generación de empleo.

Es hora de fortalecernos en todos los estamentos, trabajando mancomunadamente entre sociedad civil, agremiaciones, gobernantes y legisladores. Alejados de colores políticos y enfocados en ser muy propositivos en aras de aumentar la calidad de vida de las comunidades y elevar el nivel de competitividad para abastecer al país con nuestros productos y abrirnos a mercados internacionales.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado 8 de agosto, el ministro de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de reforma tributaria: “Para la igualdad y la política social” dicha reforma está soportada sobre principios constitucionales de progresividad, equidad y eficiencia del sistema impositivo; esto, con el propósito de implementar medidas encaminadas a fortalecer la tributación de sujetos con mayores capacidades contributivas, robustecer los ingresos del Estado, reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y la elusión; además, promover el mejoramiento de la salud pública y el medio ambiente. Esta reforma permite apoyar el gasto social en la lucha por la igualdad y la justicia social. El propósito esencial de la presente reforma es, contribuir a reducir la deuda social histórica que tiene el Estado colombiano con sus habitantes a través del aumento de los ingresos tributarios con el fin de erradicar: el hambre, disminuir la pobreza y desmontar las preferencias tributarias de los más pudientes.

Para ello, el Estado necesita de unos recursos financieros que permitan hacer realidad un paquete de reformas sociales que, amplios sectores de la sociedad demandan para garantizar la justicia social; la cual establece, como imperativo social y moral, poner en práctica principios de justicia y solidaridad. La justicia hace referencia al respeto y reconocimiento de los derechos de los individuos, la solidaridad exige reconocimiento y preocupación por el bienestar de los demás. La vulnerabilidad humana se crea, cuando desconocemos y dejamos de poner en práctica, valores como la solidaridad; que permite la cohesión y construcción de una mejor comunidad; solo así, es posible un orden social que proteja nuestra vulnerabilidad.

En los distintos momentos de la historia humana, independiente de las crisis o fatalidades vividas; se ha necesitado de un sentido de lo humano ejercido en términos práctico. Lo humano, no como una condición fisiológica, sino como, humanidad, la cual se construye desde una dimensión inmanente; es decir; lo humano y la humanidad son el resultado de nuestros actos. Es a partir de lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo que determina el resultado de nuestras acciones y comportamientos que se reflejan colectivamente. Cuando esto se realiza, la convivencia se armoniza, contribuyendo al reconocimiento de los derechos y dignidad de las personas; pero, igualmente tenemos que reconocer, que una comunidad requiere en sus procesos de socialización y convivencia vincular los aspectos de derecho y dignidad, que son necesarios e indispensables; pero no suficientes.

En cuanto la calidad de la convivencia, esta no se mide solamente por el grado de solidaridad y por el nivel de bienestar, sino también, atendiendo hasta qué punto los intereses de cada individuo particular se tienen en cuenta por igual en el interés general. De aquí que, necesitamos la acción del Estado en función de la inclusión y justicia social; un país, que actué en función de todos y para todos, independiente a la condición social, económica, política, geográfica, cultural, étnica, religiosa o sexual. En este sentido, requerimos de una reforma tributaria justa y solidaria para que el Estado vuelque su capacidad en función de proteger a los más vulnerables.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Los alcaldes de Asocapitales tuvimos la Primera Cumbre Regional con el Presidente Gustavo Petro. Reunión que resultó muy constructiva por dos razones fundamentales: nos dio a conocer su visión de país, que indudablemente engrana con los procesos que se desarrollan en las regiones, y se mostró muy interesado en trabajar los puntos que le planteamos por el bienestar de las comunidades y fortalecimiento de la Nación.

Acordamos el inicio de mesas conjuntas entre Asocapitales, el equipo ministerial y demás entidades administrativas para viabilizar lo más pronto posible los proyectos que se encuentran en fase tres. Necesarios para la generación de empleo y el crecimiento de las ciudades.

Uno de los temas que podría traer mayor beneficio ciudadano es la armonización de los periodos, que concebimos desde Asocapitales. Los gobiernos locales alinearlos con el Gobierno Nacional. Debemos lograr que inicien al mismo tiempo para gozar de un Estado articulado, con Planes de Desarrollo conjuntos.

Durante un extenso y provechoso espacio de la reunión, hablamos de la búsqueda de soluciones al tema energético. Los alcaldes del Caribe fuimos reiterativos en la urgente necesidad de equilibrar las elevadas tarifas que están afectando la competitividad y asfixiando a las familias más pobres del País, que se encuentran en los estratos 1 y 2 del Caribe Colombiano. El Presidente mostró total interés para trabajar en conjunto y solicitó las demandas que en Montería y Barranquilla interpusimos en contra de las resoluciones de la Creg.

Coincidimos con el Presidente en que es indispensable implementar mecanismos para la generación de energías limpias, que excluyan las emisiones de gases causantes del cambio climático. A lo que sumamos el diseño de políticas para cuidar el agua, los páramos y la selva amazónica.

El primer guardián de la democracia es la seguridad, motivo por el que el Presidente planteó una revisión de la operatividad de los cuadrantes, de acuerdo a los flujos poblacionales, para que haya una mayor efectividad de la Policía en función de la ciudadanía. Esto nos lleva a una reorganización de las estrategias para continuar combatiendo con contundencia la delincuencia y el crimen organizado.

Nos parece de suma importancia la iniciativa del Gobierno de implementar una taza de subsidio al transporte y aumentar los transportes masivos, como lo son vías férreas, tranvías y metrocables, en las ciudades que lo permitan. Lo que abre la puerta para garantizar el tren del Caribe, desde La Guajira hasta Córdoba, con la petición de que llegue hasta Urabá, para aumentar la competitividad, teniendo en cuenta los puertos.

Uno de los temas finales tuvo que ver con el gran beneficio del catastro multipropósito, el que aumenta ingresos y nos da una visión exacta y veraz del territorio, más aún cuando nuestro municipio tiene una gran extensión rural. Lo que contribuirá a una mayor inversión para fortalecer el campo eficientemente.

Estos son los primeros pasos que damos como alcaldes de ciudades capitales, en las que vive cerca del 50% de la población y se genera el 55% del PIB nacional, para robustecer los procesos y apoyos que se requieren del Gobierno del Presidente Petro, a quien le vemos total voluntad para construir una agenda conjunta que beneficie las políticas públicas, enfocadas en lo social, para seguir llevando el progreso a los territorios.