Categoría: Opinión

Hoy se celebra el Día mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

El mejor homenaje que le podemos hacer a las miles de víctimas en sinestros viales, además de recordarlas, es seguir insistiendo para que los gobiernos ayuden a transformar la cultura de la seguridad vial, y que el Congreso de la República apruebe con mensaje de urgencia la Ley de Seguridad Vial, llamada “Julián Esteban” (en memoria del niño ciclista admirador de Egan Bernal que perdió la vida en la vía Zipaquirá-Cajicá), la cual busca que las vías sean más seguras implementando una política pública de seguridad vial.

En el Retiro de Los Indios corregimiento de Cereté, muchas cosas cambiaron después de aquella trágica noche del 3 de junio de 1917, cuando Claudia Guerra Sánchez, junto a sus dos hijas, Esther y Valeria, perdieron la vida al ser arrolladas por un vehículo conducido en exceso de velocidad, cuando salían de una iglesia y se disponían a pasar la calle.

Todavía, en el pueblo se preguntan ¿Por qué una señora tan buena, humilde y entregada a los asuntos de la iglesia, tenía que perder la vida junto a sus hijas de esa forma tan brutal? Estuve recorriendo las calles del corregimiento días después de aquel accidente, y observé que entonces muchas personas mantenían el luto en su interior y se referían al caso con tanta nostalgia, que la tristeza les apagaba las palabras. “Ahora se le tiene miedo a la carretera, a la velocidad de los irresponsables”, me dijo un morador del corregimiento.

La historia de este siniestro vial en el Retiro de Los Indios es una más en el álbum que registra luto y dolor de quienes han perdido un ser querido en las vías de Córdoba. Sueños frustrados, vidas apagadas, y una consigna que duele, “muertes que se pudieron evitar”.

El gobierno nacional acaba de prender las alarmas porque desde que comenzó la temporada de lluvias han fallecido más de 100 personas en medio de inundaciones, derrumbes y desastres naturales. Al tiempo, en un evento en Bogotá donde se les rindió un homenaje a las víctimas en siniestros viales, se conoció que a septiembre de este año han muerto en las vías del país 6.746 personas. Queda la horrible percepción que duelen e importan más las muertes por la emergencia de las lluvias. ¡Todas las muertes nos tienen que doler!

Solo en Córdoba, hasta el 10 de noviembre han perdido la vida en vías del departamento 308 personas (la cifra puede variar algo, según la fuente de la información). Hasta agosto en Montería habían muerto en sus vías 55 motociclistas. Duele que las autoridades, los gobiernos y amplios sectores de la vida nacional estén normalizando las muertes en accidentes de tránsito. ¿Quién dijo que las personas tienen que morir mientras se movilizan?

En Montería les rendiremos homenaje a las víctimas de accidentes de tránsito.

En el marco de los tres años de Burbuja Política, donde abordamos constantemente el tema de la accidentalidad vial, en coordinación con la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería, se realizará un acto académico este martes 22 de noviembre, con la participación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte y de la experta Mary Bottagisio, directora de la Fundación Liga Contra la Violencia Vial.  

En el evento tendremos la oportunidad de escuchar el testimonio de Maríangel Castro Llorente, la niña que antes de cumplir 4 años sufrió un accidente de tránsito en la vía Lorica-al corregimiento La Peinada, cuando  la motocicleta en que viajaba en brazos de su mamá, Miguelina del Carmen Llorente, fue impactada por un vehículo. En el lugar del accidente murió su señora madres y ella volvió a la vida después de 90 días en Cuidados Intensivos.

Hoy a sus 15 años, con una lesión medular, es un ejemplo de vida, de transformación y de resiliencia. Maríangel nos necesita, porque en medio de su humildad y pobreza no tiene recursos para acceder a un tratamiento especializado que le ayude a seguir recuperando su movilidad.

Hoy se celebra “El Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Sinestros Viales”. Enciendan una luz por el vecino que murió en un accidente en motocicleta, por el profesor que perdió la vida en la vía cuando se desplazaba a su institución educativa, por el niño que murió por la irresponsabilidad de un conductor borracho y por la madre comunitaria que no pudo sobrevivir cuando la motocicleta donde se desplazaba, chocó con un vehículo en la vía Montería (km 15)-Tierralta.

Por: Antonio José Correa Jiménez

Senador de la República

En Colombia la concepción de justicia se ha asimilado con la cárcel. De modo que solo cuando una persona está en un centro carcelario, se percibe de manera generalizada el ejercicio de “hacer justicia”. Todas las alternativas para la aplicación de la justicia que no sea la carcelaria derivan en una falsa idea de injusticia. En consecuencia, el uso de la prisión sigue siendo la forma predilecta de “castigo” ante la comisión de delitos y el punto central de la política criminal en el país.

Bajo esta premisa, no podremos tener otra cosa que el resultado perverso del uso de la alternativa carcelaria; el hacinamiento. Lo anterior, se refleja en el porcentaje de sobrepoblación tanto para las penas de prisión como para las detenciones preventivas. Según datos del INPEC, en el primer trimestre del 2020 el hacinamiento en los centros carcelarios llegó a estar en un 64,5%, con un total de 122.079 personas reclusas en establecimientos penitenciarios. El panorama actual según los datos pareciera ser diferente, ya que ese hacinamiento ha disminuido en un 22%, no obstante, el porcentaje de personas recluidas ha aumentado en URI´s y Estaciones de Policía llegando a un 60%. Esto se conoce como un fenómeno de inversión de hacinamientos, siendo a su vez inconstitucional.

Para empezar a hablar de una verdadera resocialización en Colombia debemos comenzar por el respeto al Estado Social de Derecho y a los Derechos Humanos. Actualmente, en los Centros Carcelarios no existe la institucionalidad y mucho menos el cumplimiento de los deberes que tiene el Estado para garantizar la dignidad humana. Los detenidos han sido violentados en aspectos tales como la salud, alimentación, entre otros a través de un órgano burocratizado como lo es la USPEC. Los prisioneros no tienen oportunidad para la inserción en educación y, mucho menos para la generación de emprendimientos; ejes fundamentales para la verdadera resocialización.

Es el momento de que en este gobierno del cambio se introduzcan profundas transformaciones de la política criminal en cabeza del Ministro de Justicia y del señor Presidente de la República. Se debe propender porque las medidas sustitutivas sean verdaderamente utilizadas y las penas restaurativas sean incorporadas; no solo con fines de tipo de penas, si no también que sirvan a ese gran fondo para la resocialización de la población penitenciaria. Se debe buscar la eliminación de un ente que no aporta al país, pero si cuesta, como lo es la USPEC.

Considero la importancia de estructurar una política criminal integral, con miras a modificar el fundamento de las medidas sustitutivas y para mejorar el cumplimiento de la relación especial de sujeción. Se debe propender por un efectivo incremento en la vigilancia, el cumplimiento de las medidas establecidas, la creación de alternativas de resocialización para los penados, el fortalecimiento de la casa por cárcel y otras medidas sustitutivas; incluidas el cumplimiento de pena de los fines de semana, las granjas agrícolas, entre otras. Así mismo, se debe buscar la implementación de la ficha penitenciaria digital, con cumplimiento de libertades y redenciones inmediatas, y evitar el letargo que hoy representan los Jueces de Ejecución de Penas, figuras que hoy deben ser revisadas ante el Congreso de la República, debido a los mantos de duda que representa su gestión y poca ayuda en el des-hacinamiento carcelario.

Por: Jairo Torres Oviedo.
Rector de la Universidad de Córdoba.

Desde el día 6 al 18 de noviembre en la ciudad Sharm el- Sheikn- Egipto estará desarrollándose la COP27; acontecimiento que transcurre en medio de un ambiente de esperanza, frustraciones y expectativas en cumplimiento de la voluntad política de los Estados que hacen presencia en dicho evento durante dos semanas de negociaciones, acuerdos, promesas y compromisos entre 197 países; se trata de la cumbre climática más importante a nivel global: COP27. El resultado que arroje este histórico encuentro será una hoja de ruta que decidirá el futuro del planeta. Cumplirla podría ser una salvación en contra del calentamiento global; pero, no alcanzarlo sería catastrófico para la humanidad.

De igual modo, el secretario general de la ONU, António Guterres ha hecho un llamamiento a los casi 200 países que participan en la COP27, con el fin de aumentar sus compromisos de reducción de emisiones y el dinero destinado a la lucha contra el cambio climático. “La humanidad tiene elección: cooperar o perecer”. Guterres ha pedido a los países, que lleguen “a un histórico pacto entre países desarrollados y economías emergentes, un Pacto de Solidaridad Climática”.
Ese acuerdo supondría que los países más ricos y las instituciones financieras internacionales ofrecerían asistencia económica y técnica para ayudar a las economías emergentes a acelerar su propia transición energética hacia las renovables”. Asimismo, ese pacto debe permitir el final del uso de combustibles fósiles y plantas de carbón para los países de la Ocde en 2030 y en el resto del mundo en 2040. “O tenemos un Pacto de Solidaridad Climática o tenemos un Pacto de Suicidio Colectivo”.

Asimismo, los acuerdos, que logren alcanzarse en la COP27, jurídicamente no son vinculantes, por lo que aplicarlos dependerá de la voluntad política de los gobiernos. Por ahora, los avances de la cumbre en Sharm el- Sheikn- Egipto son: compromisos para reducir emisiones de metano, en cuanto a deforestación, transporte o abandono del carbón, acercarían 25 % las metas climáticas de 2030. Países comprometidos a eliminar los coches de combustión para 2035, entre estos, los principales fabricantes de automóviles, como Estados Unidos, China, Japón, Alemania. Esto indicaría que los vehículos de gasolina y diésel dejarán de ser fabricados y se reemplazarán por los de cero emisiones. También, muchos gobiernos nacionales acordaron poner fin a la concesión de nuevas licencias para la exploración y explotación de petróleo y gas en sus territorios y, a la eliminación paulatina de las ya existentes. Estos compromisos son importantes y están en la dirección de los planteados en el Acuerdo de París y el protocolo de Kioto; pero desafortunadamente, “No estamos donde tendríamos que estar, ni siquiera cerca”, como lo han dicho líderes, activistas y ambientalistas. Esto, porque, aunque se cumplieran todas las metas, la humanidad aún está lejos de mantener el aumento de las temperaturas por debajo de 1,5 grados centígrados. Y si, para finales de siglo, las temperaturas aumentan 2°C, 1.000 millones de personas se verán afectadas por una “combinación fatal de calor y humedad”. Lo anterior, si se mantienen los índices actuales de deforestación, degradación de suelo e incendios forestales, la mayor selva tropical del planeta; el “Amazonas” podría perder hasta 700 % de su vegetación nativa y convertirse en desértica para mitad de siglo.

Finalmente, el compromiso desde el Acuerdo de París es que los países desarrollados deben financiar anualmente a los más pobres; de esta forma contribuir con la resiliencia climática a través del Fondo de Países Menos Desarrollados.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Montería no para. Semana tras semana, la ciudad abre sus puertas para la realización de eventos de talla regional, nacional e internacional. Este fin de semana el deporte y el emprendimiento han sido los grandes protagonistas.

Noviembre llega con una nueva temporada del Béisbol Profesional Colombiano, torneo en el que Montería se destaca por contar con uno de los mejores diamantes del país y por su apasionada y fiel afición, sin duda, la mejor del país.

Las gradas del estadio 18 de Junio quedaron listas para que los amantes de la pelota caliente acudan en familia y con amigos a apoyar a Vaqueros. Además, renovamos la zona de camerinos para que los peloteros de nuestra novena y los de los equipos visitantes se sientan cómodos, antes, durante y después de los partidos.

La temporada de béisbol dinamiza la economía de la ciudad. Abre nuevas plazas de empleo directo e indirecto, contribuye con el sector hotelero y gastronómico, y aumenta el flujo de pasajeros de transporte público.

Sumado a este gran evento beisbolero, me enorgullece decir que somos epicentro del deporte departamental. Hemos habilitado todos nuestros escenarios deportivos, para acoger con los brazos abiertos a los más de 4.000 deportistas de los 30 municipios de Córdoba, que participan en la segunda versión de los Juegos Deportivos Departamentales y Paradepartamentales.

Es satisfactorio y placentero ver que nuestras pistas de atletismo y patinaje, la piscina olímpica, los estadios de sóftbol, el estadio de fútbol Jaraguay y las canchas de la Villa Olímpica estén al servicio de la formación de deportistas y de las competencias de las 21 disciplinas deportivas que se desarrollan en nuestra ciudad, la que se ha vestido de gala con este gran evento.

Además de la nutrida programación establecida, los deportistas y sus familias han podido disfrutar de nuestros espacios verdes, como la Ronda del Sinú; así como de una amplia oferta gastronómica, cultural y de emprendimiento con la Tercera Versión de la Feria Montería Conecta, la que este año cuenta con 100 emprendedores que ofrecen a los monterianos sus nuevas e innovadoras ideas de negocio.

Hay que destacar que la primera versión se realizó en 2020, feria que alojó 20 emprendedores y logró ventas por encima de los $40 millones. En la segunda versión, 80 emprendedores concretaron ventas cercanas a los $200 millones. Y este año esperamos triplicar esas cifras, porque los monterianos hoy tienen un gobierno que trabaja por el emprendimiento, por mejorar los ingresos de las familias, por la generación de empleo; objetivos que venimos consiguiendo, precisamente, abriendo este tipo de espacios.

Desde el inicio del Gobierno de la Gente, hemos tenido la firme convicción de ser una administración abierta, incluyente y comprometida con el apoyo a todos los sectores. Somos un gobierno que no le apuesta únicamente a las obras de infraestructura; porque estamos seguros de que la cultura, el deporte, el turismo y el emprendimiento hacen un grandísimo y valioso aporte al desarrollo de Montería, la que en la actualidad es vista como una de las ciudades del Caribe con mayor proyección y crecimiento.

Después de 90 días en cuidados intensivos comenzó a dar señales de vida, ¡fue un milagro de Dios! Hoy a sus 15 años acepta el reto de vivir con una lesión medular y reclama ayuda profesional para el tratamiento que necesita. Una historia de vida: “El Valor del Esfuerzo”.

Por: Oswaldo Marchena Mendoza.

@marchenojob

En nuestras vidas hay ángeles que se aparecen en los momentos más difíciles. Aquel 24 de septiembre del año 2010, Mariángel, sin haber cumplido los 4 años, quedó tirada a la orilla de la carretera en medio de la maleza, cuando se transportaba en los brazos de su mamá de Lorica al corregimiento La Peinada en una motocicleta, y fueron impactadas por un vehículo. Su señora madre, Miguelina del Carmen Llorente Tordecilla, falleció en el lugar del accidente, mientras que ella fue rescatada por un motociclista que la llevó al hospital de Lorica, desde donde fue trasladada a una clínica en Montería. Ahí volvió a la vida después de 90 días en cuidados intensivos, “fue un milagro de Dios”.

Esa fue la primera batalla que tuvo que enfrentar en la vida, y de la que salió victoriosa gracias a la ayuda de ese ángel que se le apareció y la llevó al hospital. Después de vencer la muerte tuvo una recaída que también logró superar gracias a Dios y al esfuerzo de los galenos. Hoy a la edad de 15 años afirma textualmente: “Yo siento que desde aquel trágico momento Dios me dio una nueva oportunidad y tiene un propósito en mi vida”.

Por esas extrañas coincidencias de la vida, la víspera de mi visita al corregimiento La Subida en Lorica para conocer y hablar con Mariángel Castro Llorente, me llegó a mi WhatsApp una conferencia denominada “El valor del esfuerzo”, de Tony Nadal, el tío entrenador del tenista Rafael Nadal, quien ha pulverizado muchos de los récords en ese deporte. Tony, como tío y entrenador forjó un gran carácter en Rafael y le enseñó el valor del esfuerzo y el sacrificio. Esos valores fueron fundamentales para los logros del tenista.

Cuando encontré a Mariángel sentada en una rústica mecedora de madera con tapizado rojo, me llamó la atención el dibujo de su sonrisa espontánea y sincera. Entonces, por un momento olvidé que estaba ante una niña, que le toca convivir con una lesión medular y limitaciones en su movilidad. No ha sido fácil la vida de ella, su testimonio e historia de vida me recuerda aquella conferencia: “El valor del esfuerzo”.

La historia de Mariángel, es la de las víctimas de sinestros viales en Colombia; olvidadas por un Estado que no las protegió y las dejó sumidas en el olvido. En su caso, como en la mayoría, no hubo justicia porque la persona que le causó esta tragedia a ella y su familia no pagó un día de cárcel, no hubo reparación. Llama la atención que el vehículo que originó la tragedia y que fue inmovilizado el día del accidente (un vitara color vino tinto de placas 547), días después desapareció como por arte de magia de los patios en Lorica.

Es tanto el olvido y la injusticia que su atención en salud se limita a la que le brinda la EPS. Y ustedes saben cómo es la atención de esas entidades.

Alumna destacada y con figuración en un proyecto internacional

Mariángel, actualmente se encuentra estudiando en la Institución Educativa Jesús de Nazareth, donde la acogieron desde sus estudios secundarios, y ha ocupado siempre el primer puesto, con muchas menciones de honor por ser una estudiante integral. Las limitaciones de movilidad no le afectan sus deseos de progreso. También está estudiando un programa técnico en “Auxiliar Administrativo” el cual está próximo a finalizar.

Asimismo, hace parte de un equipo de trabajo que concursa en un programa internacional de la Universidad Tecnológica de Bolívar, LACCEI, donde tras la evaluación de más de 200 proyectos en la primera ronda, quedaron entre los 10 seleccionados para competir en la instancia final.

Atención especializada.

Mariángel recuerda las tribulaciones de sus primeros años. “Al principio fue muy difícil, muy complicado, porque la vida me planteó una nueva forma de adaptarme, pero con el tiempo, y el apoyo de mi familia y la sabiduría de Dios, digamos que pude salir adelante y lograr acostumbrarme a interactuar con los demás y a no sentirme rechazada”.

Varios profesionales de la salud la han visto y han emitido conceptos, y algunos de esos diagnósticos sugieren que un tratamiento especializado le puede ayudar a mejorar su movilidad, pero debido a la falta de recursos no ha podido acceder a los mismos. ¿Por qué negarle esa oportunidad? ¿Acaso porque vive en un hogar humilde en zona rural de Lorica?

Mariángel Castro Llorente, requiere para sus desplazamientos una silla de ruedas moderna (eléctrica o motorizada), la cual le ayudaría mucho a seguir triunfando en su batalla contra la adversidad. La imagino con su sonrisa inocente si alguien se toca el corazón y la premia por “El valor de su esfuerzo”.

Por: Jairo Torres Oviedo.
Rector: Univeridad de Córdoba

El Covid-19 agudizó problemáticas relacionadas con la disponibilidad, acceso, calidad, inocuidad y valor nutricional de los alimentos para la población cordobesa; generando de esta forma, una disminución de la productividad y competitividad del sector agroalimentario. A pesar de que, la vocación agropecuaria y agroindustrial de este sector solo contribuye alrededor del 10 % del PIB departamental, reflejando problemas de productividad y competitividad; los resultados obtenidos por el departamento en materia de competitividad e innovación siguen siendo bajos, como lo muestra el Índice Departamental de Innovación y Competitividad que le otorgó a Córdoba un puntaje de 4.2 en una escala de 0 a 10, ubicándolo en la posición 19 a nivel nacional.

Córdoba presenta problemas de seguridad alimentaria, lo cual coincide con lo estimado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 2019 el 5,5 % de la población latinoamericana presentaba riesgo de desnutrición, donde los niños menores de 5 años son quienes están en mayor grado de vulnerabilidad.

Pese a la vocación agropecuaria del Departamento y la importancia del sector en el PIB, persisten problemas -agudizados por Covid-19- que afectan su competitividad y productividad, que tienen que ver con el acceso a mercados y estándares de calidad, entre otros factores. Lo anterior, debido a la baja implementación de paquetes tecnológicos de producción. De hecho, cerca del 4,5% de las Upas de Córdoba en 2019 introdujeron alguna innovación en procesos de actividades agrícolas y pecuarias, solo el 0,8% del total incluyeron algún tipo de innovación con la finalidad específica de incrementar productividad. Esto evidencia la necesidad de contar con procesos de transferencia tecnológica y de conocimiento en los sectores agropecuario y agroindustrial, para que, a través del uso y apropiación de tecnologías, se fortalezcan los procesos productivos con miras a mejorar la productividad y competitividad del territorio.

A raíz de esta situación, la UniCórdoba ha fortalecido su capacidad instalada para la realización de procesos de I+D y ha reestructurado líneas de trabajo con el propósito de atender las problemáticas identificadas. De manera específica ha hecho énfasis en el desarrollo de tecnologías relacionadas con los encadenamientos productivos priorizados, de tal forma, que se puedan transferir y apropiar por parte de los productores y organizaciones locales.

Para contribuir en la solución de la problemática expuesta, la Unicor viene ejecutando el proyecto: “Fortalecimiento de procesos de transferencia y apropiación tecnológica y conocimiento para atender problemas asociados a la reactivación económica y seguridad alimentaria derivadas de la emergencia por el Covid-19 en Córdoba”. Beneficiando 3120 familias de 13 municipios: (Montelíbano, Planeta Rica, Chimá, Cotorra, Lorica, Canalete, Moñitos, Montería, Cereté, Tuchín, Chinú, Tierralta y Valencia).

El proyecto de transferencia consiste en la implementación de un modelo de Agricultura Familiar urbana, periurbana y rural; mediante el establecimiento de “Agroecosistemas diversos” compuestos por un sistema de producción integrado de gallinas ponedoras, ovinos, ovino-caprino, hortalizas y frutales con baja dependencia de insumos externos. En esto consiste la estrategia de Agricultura Familiar para mejorar la situación de inseguridad alimentaria de las familias intervenidas.

Por: Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Escenarios como el 6º Foro Internacional de Energías Renovables son trascendentales para la construcción de reflexiones tendientes a establecer una hoja de ruta para la elaboración de una sólida política pública que cambie las condiciones desfavorables que padecen los ciudadanos a causa de los elevados costos de las tarifas de energía.

Los ciudadanos a pesar de tener el mismo consumo de energía en kilovatios hora, han visto un incremento elevadísimo en su factura, lo que ha influido en su presupuesto mensual, disminuyendo la compra de alimentos y otros servicios.

El costo del kilovatio hora en el Caribe es escandaloso. En mayo de 2022 los usuarios de Afinia lo pagamos a $924 y los de Air-e a $946, mientras que en Bogotá el valor fue de $638 y en Medellín de $729.

Reconocemos la voluntad del Gobierno por lograr tarifas justas, pero en el Caribe necesitamos una disminución significativa; reducción del 2,7% es insuficiente.

En el último año los hogares del Caribe han tenido que soportar un incremento de las tarifas del 30%. Una familia que pagaba un recibo de $182.000 hoy está pagando $260.000, es decir, que el recibo se incrementó $78.000. Con la disminución propuesta, esa familia tendría que pagar $253.000, lo que refleja una mínima rebaja de tan solo $7.000.

Igual sucede con las industrias y grandes empresas, con el agravante que ese sobrecosto del servicio energético genera desempleo y afecta la competitividad. Por ejemplo, una empresa que venía pagando un recibo de energía de $21 millones, en el último año se le incrementó $9 millones. Hoy, pagan un recibo de $30 millones y tan solo tienen un alivio de $810.000.

Destacamos que el nivel central logró la renegociación de 952 contratos entre generadores y comercializadores, de los cuales el 54% se asocian al mercado regulado y el 46% al mercado no regulado, y que se incluyó nuestra propuesta de impactar positivamente las tarifas con la regulación del IPP, tomando el de diciembre de 2020 y actualizando los cargos con la menor variación del IPC.

La energía es indispensable para que los ciudadanos puedan tener tranquilidad, especialmente en el Caribe donde tenemos una dependencia energética más fuerte. Es necesario que se incluya una Prima de Clima a manera de alivio, debido a que en el Caribe se consume mucha más energía que en otros sitios de Colombia. A lo que agregamos, con mensaje de urgencia, que se requiere un mayor presupuesto para darle solución a las pérdidas no técnicas y a las inversiones para el mejoramiento de las redes.

Las puertas de Montería están abiertas para atraer alternativas que conduzcan a la revolución y puesta en marcha de las energías renovables. Conocemos la visión del Gobierno con relación a la transición energética y estamos seguros que funcionará muy bien en nuestra ciudad gracias a todo lo que venimos adelantando y aprovechando en materia de inversión, entendiendo el territorio y haciendo de los retos nuestra gran fortaleza.

Estamos convencidos que los procesos de transición energética tienen que empezar a verse reflejados durante los próximos años. En Montería lo estamos haciendo. Con el apoyo del gobierno de Suiza se instalaron 72 paneles solares en la Institución Educativa Juan XXIII convirtiéndose así en el primer colegio bioclimático de la Costa Caribe. Además, adelantamos un proyecto de $5.000 millones para llevar paneles solares a seis Instituciones Educativas de la zona corregimental.

Lo que estamos trabajando desde el Gobierno de la Gente, de la mano con las demás ciudades capitales del Caribe y el Gobierno Nacional en busca de soluciones al tema energético; la articulación de acciones con los empresarios y la realización de foros académicos como este, nos abren el panorama para tener una visión compartida de lo que debemos hacer para seguir dinamizando la economía y generando mayores oportunidades para los ciudadanos. Si así lo seguimos haciendo y si logramos una tarifa de energía justa, no me queda duda que el Caribe Colombiano será una de las regiones más competitivas de América Latina.

Por: Jairo Torres Oviedo
Rector: Universidad de Córdoba

Una de las apuestas del actual Gobierno Nacional es el desarrollo y bienestar del sector rural colombiano, históricamente excluido y marginado de los beneficios del bienestar social. Para ello, es necesario comprender y hacer posible un enfoque de la ruralidad; que tenga como propósito atender la diversidad socioeconómica, cultural, étnica y ambiental en los territorios con enfoque específico. En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación estableció las categorías de ruralidad en Colombia, soportado en tres criterios: Ruralidad dentro del sistema de ciudades. Densidad poblacional y Relación de población urbano-rural.

Estos criterios determinaron la clasificación de “categoría de ruralidad” en “ciudades y aglomeraciones”, intermedios, rural y rural disperso. Con base en esta metodología y según datos del DNP para el año 2002, de los 1100 municipios del país, en categoría rural se encuentran 368 municipios con una población aproximada de 5.362.000 habitantes, y en la categoría rural disperso, se encuentran ubicados 261 municipios con una población aproximada de 3.368.000 habitantes. Es decir, más de la mitad del territorio nacional es rural. En este sentido, se crearon mediante Decreto Ley 893 de 2017, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial consagrados en el punto 1 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera; esto, con el propósito de lograr la transformación estructural del campo y generar un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, que garantice el bienestar social, la identidad cultural y la economía campesina.

Lo anterior, es un compromiso del Estado colombiano que, dicho sea de paso, aún está por realizar y que impide hablar de paz; porque la paz implica, hacer lo que se ha dejado de hacer en los territorios. En consecuencia, es imperioso que el Gobierno Nacional atienda de manera urgente, tres problemas que afrontan las zonas rurales en materia de educación superior a saber: baja cobertura, baja tasa de tránsito inmediato; además, falta de pertinencia en los programas de formación. La cobertura de educación superior rural, la describe el Dane, que ilustra cómo en Colombia para el año 2018 existían cerca de 601.000 jóvenes entre 17 y 25 años quienes residían en zonas rurales, de los cuales, 504.000 no se encontraban asistiendo a un establecimiento educativo y, 485.000 no habían aprobado ningún año de educación superior.

En consecuencia, se trata de una alta demanda para el nivel de educación superior en zonas rurales; lo que requiere de políticas públicas que garanticen la educación superior como derecho fundamental en condiciones de pertinencia y calidad. Por consiguiente, es necesario la construcción de un modelo de regionalización de la universidad, que permita aumentar cobertura en zonas rurales del país. Solo garantizando el acceso a derechos podemos reducir las brechas de inequidad y desigualdad social; que han sido históricas en la ruralidad colombiana; quienes por el abandono estatal siguen padeciendo el conflicto armado.

Es impostergable integrar la ruralidad al desarrollo y bienestar social; ello implica políticas públicas en materia de educación, acceso a la tierra fértil y en condiciones de crédito, conocimiento y asistencia técnica para ser productivas.

Por: Marcos Daniel Pineda García

Estamos en un siglo de cambios en materia de desarrollo urbano y es indiscutible que los nuevos retos mundiales, se concentrarán en las ciudades. Y no es para menos, considerando que según las proyecciones de Naciones Unidas, para el año 2050 las ciudades albergarán el 70% de la población mundial.

A propósito del Día Mundial de las Ciudades, que se celebra mañana 31 de octubre, es importante analizar la trascendencia y el valor que toma el Derecho a la Ciudad, definido por ONU Habitat como “el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”.

Esta visión fue acogida en la Nueva Agenda Urbana, como el fundamento principal para la construcción de ciudad en los próximos veinte años, teniendo en cuenta los derechos individuales y colectivos de cada ciudadano, aplicados en un espacio urbano que les ofrece garantías y que al mismo tiempo, tiene una relación equitativa con el mundo rural.

El Derecho a la Ciudad supone ocho aspectos principales, que les quiero resumir brevemente: ciudades sin discriminación, igualdad de género, ciudadanía inclusiva, participación ciudadana, accesibilidad y asequibilidad, servicios y espacios públicos de calidad, economías diversas e inclusivas, vínculos urbano-rurales.

Además, hay un aspecto muy importante en la planeación de las ciudades: la armonía con la naturaleza. La nueva realidad nos exige volver a pensar en los modelos de entornos urbanos que se están construyendo en todo el mundo. La presencia de espacios verdes en las ciudades, es fundamental, no solo como epicentros de convivencia social, sino también como aliados del bienestar de los ciudadanos, porque ayudan a mitigar la contaminación, reducir las olas de calor, minimizar el riesgo de inundaciones y mejorar la calidad del agua y del aire.

En un mundo ideal, cada ciudad debería ofrecer por lo menos 9,2 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, para considerarse saludable (Organización Mundial de la Salud). Eso sin contar, que la cercanía a zonas verdes, genera hábitos de vida saludable y valoriza las propiedades.

En nuestro país aún nos falta mucho para decir que el derecho a la ciudad es una realidad, pero debemos empezar, paso a paso y con la participación de todos, a caminar hacia esa meta, para construir mejores ciudades para el futuro y formar mejores ciudadanos para convivir en ellas.

Por: Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Asocapitales cumple 10 años de conformación y, sin duda alguna, desde su inicio se ha convertido en un faro que, con luz diáfana y clara, guía el destino de nuestros pueblos, en estos momentos de incertidumbre social y económica. Es un centro de pensamiento, que estudia y propone proyectos con el firme propósito de buscar soluciones a las diferentes problemáticas que aquejan las regiones.

Las capitales representan un poco más del 59% de la población del país, motivo por el cual cobra vital importancia el arduo trabajo que día a día adelanta todo el equipo de Asocapitales para desarrollar las ideas en los territorios.

En conmemoración de su décimo aniversario, trae al país al profesor y urbanista Carlos Moreno, creador del concepto de la “Ciudad de los 15 minutos”, el que buscamos replicar en Montería con una visión de sostenibilidad que estamos construyendo.

En el municipio promovemos los desplazamientos pedestres, impulsando un modelo de ciudad que disminuya los traslados de un punto a otro. Estrategia que definimos desde el ordenamiento territorial y con la que pretendemos la mezcla de áreas de actividades comerciales con corredores verdes y una red de ciclo infraestructura; para que todos los ciudadanos tengan muy cerca de sus casas los servicios básicos urbanos como tiendas, sucursales bancarias, restaurantes y oficinas de atención, entre otros.

Además, hemos agregado el concepto de «cinco minutos caminando», que consiste en que en ese espacio de tiempo todas las personas tengan espacios públicos cercanos a sus viviendas, que propicien la práctica de actividades recreativas y deportivas. Con lo que mejoraremos la calidad de vida de los ciudadanos, con mayores indicadores de salud pública.

Visionamos una Montería Grande a 2033, consolidada como una de las Biodiverciudades más importantes de América Latina; con mayores áreas verdes urbanas, apuntando a la carbono neutralidad e implementando soluciones basadas en la naturaleza y los ecoservicios.

Nos hemos propuesto pasar de 3.1 m2 de espacio público por habitante, a 7 m2. Disminuir un 51% las emisiones generadas y mejorar la movilidad sostenible, apostando a los modos alternativos de movilidad y a los modos no motorizados, como la bicicleta.

Destacamos que en la actualidad la ciudad cuenta con una red de ciclo infraestructura articulada de 42 km, los que a 2033 deben incrementarse a 142 km; con espacios públicos que permitan una integralidad urbana acorde a las condiciones climáticas de la ciudad.

Sin duda, la charla de Carlos Moreno le aportará a las ciudades un panorama más amplio de esta integración entre lo urbano y la naturaleza, y nos aportará nuevas ideas para el modelo que estamos implementando. Este tipo de eventos dan cuenta del compromiso de Asocapitales, desde donde se marca una línea diferencial con un enfoque de apoyo directo a los alcaldes para cumplir las metas propuestas, gracias a que conocen las características y el comportamiento de las comunidades y sienten como propias las necesidades de las regiones.

Le extendemos un fuerte abrazo a la directora ejecutiva Luz María Zapata, al actual presidente Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, y a todo el equipo de trabajo de Asocapitales, quienes hacen un trabajo excelente y de gran beneficio para las regiones.

Durante todos estos años, y desde mi responsabilidad como presidente en el año 2021, puedo dar fe de que Asocapitales es un gran articulador con el Gobierno Nacional y el Congreso de la República, convirtiéndose en una voz autorizada para emitir conceptos sobre los temas de debate trascendentales para el país, encaminados al desarrollo y progreso de las regiones.