Categoría: Opinión

Por Carlos Ordosgoitia Sanin

Alcalde de Montería

Escucharnos es la clave fundamental para llegar a procesos de planificación y construcción de lo que requieren las comunidades. Así quedó demostrado en el Gran Diálogo que adelantamos con los representantes de las comunidades campesinas, indígenas, afros, víctimas y líderes sociales del municipio de Montería.

Logramos convocar en tiempo récord a representantes de alto nivel del Gobierno Nacional, la Gobernación de Córdoba, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para sentarnos en dos importantes mesas de trabajo, en la búsqueda de soluciones a las peticiones hechas.

Con los representantes del “Convite Étnico y Ecológico” iniciamos la construcción de una hoja de ruta de atención y tomamos la determinación de dejar abierta, y de manera permanente, la mesa de construcción en la que cada entidad territorial tiene plenamente identificados los puntos que son de su competencia.

Gabriel Calle, jefe de Gabinete del Ministerio del Interior, y José Jaramillo, secretario privado del Consejero Presidencial para las Regiones, hicieron presencia en este Gran Diálogo y tomaron atenta nota de temas de territorio, acceso a la tierra, reconocimientos de las comunidades, Plan Nacional de Desarrollo 2023, educación con enfoque para la población campesina, consultas previas y protección de líderes sociales amenazados. El propósito es empezar de inmediato un trabajo conjunto entre los Ministerios encargados de cada uno de estos puntos para estructurar acciones y brindar alternativas de atención a corto, mediano y largo plazo.

El ente departamental, representado por el secretario del Interior, Jairo Vaquero, también adquirió compromisos en materia de una adición de recursos al presupuesto de 2023 para la atención de procesos de las comunidades, cofinanciación de las guardias indígenas del departamento en conjunto con el Ministerio del Interior, entrega de ayudas humanitarias e instalación de reductores de velocidad en las vías departamentales donde se requiera.

De nuestra parte, tenemos la competencia para trabajar en los procesos de inclusión y acceso de estas comunidades a la Universidad del Sur; entregas de ayudas humanitarias; proyecto del relleno sanitario en Patio Bonito, del que piden claridad; mejoramiento de vías terciarias; Plan de Alimentación Escolar; información sobre los recursos utilizados en el manejo de residuos sólidos, y los controles al transporte público ilegal y las plataformas digitales que lo promocionan.

Por otra parte, en reunión conjunta, a la que acudieron otros líderes de comunidades étnicas y sociales, entre gobernadores y capitanes de cabildos, junto con las autoridades nacionales y departamentales, tratamos temas de sumo interés; como certificaciones de juntas directivas de cabildos indígenas, servicios de salud en la zona rural, vías terciarias, saneamiento básico, educación, rellenos sanitarios y licencias ambientales. Acordamos una reunión la próxima semana para articular y darle celeridad a los procesos que vienen solicitando desde hace muchos años.

Montería es ejemplo nacional, porque desde el primer día de nuestro gobierno le hemos apostado al diálogo, le volvimos a dar cabida y poder de decisión a la gente; esfuerzo que se ve reflejado en este tipo de espacios que convocamos con el propósito de trabajar mancomunadamente por el bienestar de todos.

Los monterianos pueden tener la certeza de que en el Gobierno de la Gente tenemos la voluntad de avanzar en cada una de las solicitudes de estas comunidades, porque entendemos todas las dificultades que durante décadas han tenido que padecer por el olvido y desfavorecimiento al que fueron condenadas.

Todas nuestras actuaciones y toda la inversión que hemos hecho son el producto no solo de oír, sino de escuchar con atención las necesidades de la gente para así construir colectivamente y entender de manera clara lo que pasa en el territorio.

Sin duda, seguiremos liderando estos procesos de diálogo y construcción permanente para la inversión del gasto público, porque ese ha sido el talante de nuestro gobierno. De esta manera, estamos logrando consolidar una Montería Grande, totalmente incluyente, para las presentes y futuras generaciones.

Por: Marcos Daniel Pineda García

Una de las metas más importantes que se ha trazado el nuevo gobierno, es entregar tres millones de hectáreas de tierra, una apuesta muy ambiciosa que puede salir muy bien, dejando un precedente para el futuro, o por el contrario, puede ser un fracaso, si no se aborda con una visión integral. Más allá de entregar tierras, el verdadero reto está en transformar la vida de las familias en las zonas rurales de Colombia.

En primera instancia, la entrega de tierras debe ser un proceso con orden social, por eso urge definir los parámetros para escoger a los beneficiarios y socializar la convocatoria en todos los territorios del país. Con esto, contrarrestaríamos la proliferación de invasiones ilegales en terrenos privados, que con el anuncio de este nuevo programa, han aumentado en los últimos meses por cuenta de personas inescrupulosas, que quieren sacar provecho de la situación.

Los criterios de selección deben ser estrictos, para que las tierras sean entregadas a los campesinos que realmente las necesiten, estableciendo condiciones que garanticen que a futuro estas no sean enajenadas. Nada haríamos si al final los terrenos entregados resultan alquilados, vendidos o en el peor de los casos, improductivos.

Para darle un buen uso a los terrenos entregados, hay que saber sincronizar su productividad con la vocación del suelo y las apuestas exportadoras de cada región del país. Esto no es algo que pueda quedar al libre albedrío, por ello se debe orientar al pequeño productor hacia la actividad que más le resulte rentable y conveniente.

Así mismo, considero que la entrega de tierras se debe acompañar con una política integral de desarrollo productivo, que incluya asistencia técnica, acceso fácil a créditos y fomento a la asociatividad, para facilitar la adquisición de maquinaria y canales de comercialización.

Otro reto social importante, será el crecimiento poblacional que se generará con este programa en las zonas rurales dispersas del país. Esto obliga a mejorar las condiciones mínimas de calidad de vida de los beneficiarios, como vivienda digna, agua potable, energía eléctrica, conectividad y la ampliación de la oferta de educación y salud para estas comunidades.

Un último reto para mejorar la competitividad de nuestro campo, es sin lugar a dudas la conexión a través de vías terciarias. Nos ilusiona pensar que nuestro proyecto de ley para crear la Agencia de Vías Comunitarias para la Paz, sea por fin la solución que tanto necesitan los olvidados y maltrechos caminos rurales.

Estamos ante una oportunidad histórica, para redescubrir y aprovechar todo el potencial de nuestras tierras y el valor de nuestros campesinos, impulsando el desarrollo económico, no solo de los terrenos que se entregarán, sino de todo el campo colombiano, consolidándolo como uno de los más fuertes e importantes activos del país.

El pasado 22 de septiembre, a través de un acto público realizado en el municipio de San Juan de Sahagún, con presencia de los estamentos universitarios: profesores, trabajadores y estudiantes; de igual forma, autoridades políticas, como el señor gobernador de Córdoba, el alcalde de Sahagún y demás miembros de la comunidad. Allí se llevó a cabo el acto de entrega de la infraestructura física universitaria, donde funcionará la nueva sede de la Universidad de Córdoba, localidad perteneciente a la subregión de la Sabana Cordobesa.

Es importante hacer memoria histórica en estos tiempos de inmediatez y amnesia colectiva; acerca de la génesis de este proyecto que inició en el año 2015 como iniciativa del Gobierno departamental de la época, caracterizado por altos niveles de corrupción pública; lo que provocó una estigmatización sobre la institucionalidad del Departamento y su dirigencia política. Durante largos años el Departamento truncó su dinámica de desarrollo social; creando de esta forma una crisis de gobernabilidad y legitimidad institucional; asimismo, despojándonos del respeto y dignidad, imponiéndonos gobernantes ajenos a nuestra territorialidad y sin respaldo ciudadano. Fueron tiempos oscuros que reflejaron la expresión más degradante e irracional de malos gobiernos y gobernantes; lo que han hecho y siguen haciendo de la política un negocio, y de la democracia, una transacción económica para perpetuar intereses particulares. Pero, en medio del abismo pudimos salir adelante, característica de los pueblos que resisten con fuerza y tenacidad de su gente; especialmente, los jóvenes, quienes avanzan con sus utopías a cuestas y el pleno convencimiento de que la educación es la fuerza más poderosa para la lograr una verdadera transformación social.

Con el impulso y perseverancia de los jóvenes de Sahagún, junto al liderazgo de la Universidad de Córdoba y la voluntad política del Gobernador permitieron que, después de siete años de espera, indiferencia y desidia, la Universidad, a través de la firma de un convenio interadministrativo de cooperación, entre el Departamento y el municipio de Sahagún, se pudiera recibir finalizada en su infraestructura física la mencionada sede. Ahora, solo falta la dotación que, por medio de un proceso licitatorio adquiriremos e instalaremos para tener una sede universitaria con todas las condiciones físicas, tecnológicas y humanas; desde la cual se pueda prestar un servicio educativo con los más altos estándares de calidad. Esta sede hace parte de la política de regionalización de la Universidad de Córdoba para generar cobertura; es decir, acceso a la educación superior pública. Esta obra tiene que ver el con modelo de regionalización que hemos propuesto al Gobierno nacional.

El país requiere de una política pública urgente, que garantice el derecho a la educación superior; recordemos que, en córdoba, de cada 100 jóvenes que finalizan la secundaria, solo 23 ingresan a la universidad, lo que representa una cobertura del 23%; cuando la media nacional está en el 50.77%; por ello, es necesario llevar la Universidad a cada subregión del Departamento, para que los jóvenes ingresen a una educación superior pública de calidad y gratuita. Esto significa garantizarles un derecho fundamental. Nuestra propuesta, la ofertamos para que constituya un tema central en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Para las regiones, el verdadero nombre de la paz es la educación.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Por mandato constitucional, los alcaldes y gobernadores son la primera autoridad de policía de las regiones. Es nuestra función conservar el orden público, requerir el auxilio de las Fuerzas Armadas en los casos permitidos por la Constitución y la Ley, y actuar como jefes de la Policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadana. Sin embargo, en la práctica no es así porque no estamos incluidos en la organización jerárquica de la Fuerza Pública, que toma las decisiones operativas.

Varios de los alcaldes y gobernadores del país sentimos que la política pública de seguridad ciudadana no parte directamente de las regiones. Por el contrario, observamos que es una responsabilidad, hoy mucho mayor, del Gobierno Nacional.

Desde los territorios estamos luchando con coraje y valentía contra las bandas criminales, las estructuras del narcotráfico, el microtráfico, la extorsión y el gota a gota, que según las líneas de investigación es financiado con dinero del narcotráfico para desestabilizar la tranquilidad de los ciudadanos.

Para seguir por ese camino, y con el ánimo de poner en marcha acciones más rápidas, se requiere que los mandatarios tengamos total control en la toma de decisiones de las operaciones que estimemos más convenientes para preservar la seguridad en nuestros territorios, entendiendo que cada región presenta dificultades con estos flagelos. No podemos bajar la guardia y tenemos que reforzar todo el andamiaje necesario para continuar cerrando los caminos de la criminalidad, razón por la que el Gobierno Nacional, a través de sus ministerios de Defensa y del Interior, debe iniciar prontamente un trabajo de articulación de acciones y planes con los entes municipales y departamentales para ser más certeros y efectivos en las operaciones tendientes a perseguir, capturar y judicializar a quienes se dedican al crimen organizado y la delincuencia común.

Más aún cuando vemos que en los últimos días, en diversas zonas del país, se han multiplicado las invasiones y las vías de hecho, por parte de personas que piden que se salden deudas históricas que están afrontando desde hace décadas. Dificultades que se han evidenciado mucho más luego de la pandemia y las que no son fáciles de subsanar en un solo momento, por la escasez de presupuesto. No obstante, desde el Gobierno de la Gente hemos hecho lo imposible para lograr inversiones importantes en el sur de Montería y en la zona corregimental, con el objetivo de ir dejando atrás esas épocas de olvido y desatención.

A pesar del esfuerzo hecho por llevar mejores condiciones de vida a los ciudadanos y del constante diálogo que se mantiene con las comunidades para rendir informes de lo que se está haciendo, vemos con mucha preocupación que hay quienes insisten en recurrir a las vías de hecho. Actuaciones que atentan contra la vida de las personas y la seguridad ciudadana.

En este momento, la responsabilidad real para la atención y disuasión de manifestaciones violentas y bloqueos ilegales de corredores viales está en manos del presidente de la República, el ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional, quienes autorizan o deniegan el uso de unidades de intervención.

El largo trámite para solicitarlas hace que los tiempos de reacción ante alteraciones del orden público no sean inmediatos y se tarden considerablemente. Razón por la que urge un pronunciamiento del Gobierno Nacional, en el que queden claras las herramientas expeditas que se requieren para garantizar intervenciones de la Fuerza Pública, con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo de actividades cotidianas como la educación y la salud.

Somos conscientes de que la gente quiere inmediatez en la resolución de sus peticiones; sin embargo, es necesario que tengan presente que las vías de hecho no son justificables desde ningún punto de vista, porque desdibujan la esencia de lo que es el derecho constitucional de la manifestación pública, la que por principio rector es pacífica. La violencia, no se puede imponer sobre la voluntad de construir entre todos un mejor futuro para las comunidades.

Por: Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

Nuestros campesinos, a lo largo de la historia, son quienes han tenido que padecer la crudeza del conflicto armado y sobrevivir llevando a cuestas el olvido de las administraciones y la falta de inversiones que mejoren su calidad de vida.

Pese a ese panorama, las comunidades rurales con resiliencia, con tenacidad, con el sudor de sus frentes y la fuerza de sus manos siguen surtiendo las centrales de abastos de las cabeceras municipales. Sin duda, son ese primer eslabón de la cadena alimentaria, necesaria para la subsistencia de todos.

En el Gobierno de la Gente sabemos de las adversidades que por décadas ha tenido que afrontar la zona corregimental, razón por la que hemos volcado nuestra mirada, esfuerzos, trabajo e inversiones hacia el campo; porque esas dificultades las miramos como oportunidades. De allí nuestra determinación de destinar el 40% del presupuesto para mejores vías, el impulso de proyectos productivos y para llevar obras de saneamiento básico.

Ver las caras de satisfacción y alegría de las comunidades de los corregimientos de San Anterito, San Isidro y siete veredas al abrir las llaves del agua no tiene precio. La entrega de este acueducto y el modelo de desarrollo e inversión que estamos implementando en Montería es el camino indicado.

Esperamos que ello no solo sea de beneficio para nuestro municipio, sino que pueda ser visto como un referente para los modelos y planes que construyan las presentes y futuras administraciones del Caribe, en pro del beneficio de los territorios rurales. Es nuestra obligación persistir, trabajar con esfuerzo y responsabilidad, dejar de lado los espejos retrovisores y sobre todo enaltecer la labor de nuestros campesinos con más y mayor inversión; además, con políticas públicas que ofrezcan soluciones y conlleven a una seguridad alimentaria.

Las cifras hablan por sí solas. La más reciente Encuesta Nacional Agropecuaria del Dane da cuenta de la importancia de los siete departamentos del Caribe para la producción agrícola y pecuaria, ítems trascendentales para el desarrollo económico colombiano.

El informe nos indica que la región Caribe cuenta con más de 171 mil UPA, que son aquellas unidades económicas de producción que comprenden todas las actividades agrícolas y pecuarias. En estas, hay un uso de suelo de poco más de 9 millones 750 mil hectáreas, de las que se estima que alrededor de 8 millones 300 mil son para uso pecuario y 786 mil, para actividades agrícolas.

A nivel nacional, según los datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, en 2021 se sembraron 5,3 millones de hectáreas, de las que se obtuvo una producción de 73 millones de toneladas; 34 millones de toneladas de solo alimentos. El Censo Pecuario del ICA nos indica que el país en 2022 totaliza 29 millones de cabezas bovinas, estando unos 8 millones 700 mil en los siete departamentos del Caribe, de los que aproximadamente 3 millones se encuentran en Córdoba. Y en cuanto a producción agrícola, debemos sumar los miles de toneladas de maíz blanco, maíz amarillo, arroz, plátano, yuca, ñame, piña y mango; más los cultivos agroindustriales de algodón, aceite de palma y caña panelera.

Estamos en la obligación de saldar las deudas históricas con nuestros campesinos. Si todos en el Caribe entendemos las bondades de la tierra en la que estamos situados y luchamos para lograr la competitividad del campo, una mejor productividad y la tecnificación de los cultivos, nos convertiremos en una gran despensa para el mundo y obtendremos como resultado ser una de las regiones más ricas en la historia del país.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba 

En los últimos años, el Sistema Universitario Estatal SUE ha incluido los temas y problemas de la educación pública superior en la agenda nacional para su deliberación; esto, con el propósito de que el país político y el Gobierno construyan las reformas y políticas públicas que garanticen el derecho a la educación superior en condiciones de calidad, pertinencia y gratuidad. Hemos insistido, en el desfinanciamiento estructural del SUE sostenido en una autofinanciación de la universidad pública; en donde el 45% de los recursos de funcionamiento de las 34 universidades oficiales es generado por venta de servicios. Este desfinanciamiento ha impedido, entre otros: incremento de la cobertura, fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológico, el bienestar estudiantil, el incremento de profesores de planta e investigación. Con estas limitaciones, la universidad pública ha mantenido su misión y responsabilidad social. Por ello, la importancia de tramitar la reforma a los Artículos 86 y 87 de la Ley 30; de esta forma, implementar un nuevo modelo de transferencia de recursos financieros acorde con el crecimiento y sostenibilidad de las universidades.

Lo anterior, es un imperativo social para avanzar y garantizar el derecho a la educación a 2 millones de jóvenes excluidos del mismo. En esta apuesta, el Gobierno nacional ha propuesto incrementar la cobertura en educación superior de 500 mil nuevos cupos en los próximos cuatro años. Un propósito ambicioso, pero justo, que requiere: acuerdo políticos y sociales, repensar el modelo de aseguramiento de la calidad, estructura normativa que supere el plano del control y sanción, construcción de capacidades tecnológicas, currículos pertinentes, tiempos de formación; sobre todo, un modelo de regionalización que facilite la ampliación de cobertura soportado en el sistema mixto, donde se ha prestado el servicio de educación superior, como servicio público. La ampliación de cobertura debe hacer énfasis en las regiones del país más rezagadas; situación actual en la región Caribe, pacífica y sur del país. Para ello, el SUE señala la experiencia académica y pedagógica en modelos de regionalización de muchas de sus universidades. Igualmente, toda la capacidad del Sistema Universitario Estatal representada en investigación, programas tecnológicos, pregrado y posgrado que puedan ofertarse acorde a la pertinencia y necesidades de formación que las regiones demanden.

Consideramos que, no es necesarios crear nuevas universidades; con el sistema mixto de educación superior que tiene Colombia podemos construir un modelo de regionalización que brinde educación superior a nivel técnico, tecnológico y profesional en condiciones de calidad y pertinencia; debido a esto, el enfoque de regionalización debe ser territorial; es decir, territorios que, por décadas han padecido la exclusión y ausencia social del Estado. Construir un modelo de regionalización de la universidad para ampliación de cobertura, no es una tarea fácil, pero realizable, que requiere de un acuerdo nacional, un pacto social y político por el derecho a la educación. La educación superior en Colombia soportada en un sistema mixto tiene los elementos para construir un modelo de regionalización para ampliar cobertura en 500 mil nuevos cupos; pero, requiere fortalecer las condiciones y capacidades instaladas; propósito del Gobierno nacional bajo el liderazgo del Ministerio de Educación. Desde el SUE y ASCUN brindamos nuestro concurso y capacidades para alcanzar este propósito transformador y dignificante.

Por Carlos Ordosgoitia Sanin
Alcalde de Montería

No bajaremos la guardia y seguiremos trabajando incansablemente en la búsqueda de soluciones a la crítica situación que padecen los ciudadanos del Caribe, a causa de las exorbitantes tarifas de energía, que le están arrebatando la tranquilidad a la gente y “electrocutando” la esperanza.

Los alcaldes del Caribe sostuvimos una importante reunión con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, en la que tuve la oportunidad de mostrar una radiografía del padecimiento que están afrontando 10 millones de habitantes del Caribe, en especial más de 7 millones de ciudadanos que hacen parte de las familias de menores ingresos y se encuentran en los estratos 1 y 2, lo que corresponde al 79% de la población de la región.

El encuentro con la ministra Vélez fue productivo. Avanzamos en la estructuración de acciones y nos dio detalles del Pacto por la Justicia Tarifaria, en el que pondrán en marcha un cronograma para que todos los actores construyamos un plan que marque el inicio de la disminución de las tarifas.

Por nuestras condiciones climáticas, somos una región que demanda energía. Lo corrobora así el aumento en el primer trimestre de 2022, que creció en promedio mensual un 4,39%; teniendo en cuenta que, según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la demanda comercial energética en la Costa Caribe, a corte de 2021, fue de 20.107 millones de Kilovatios/hora.

El crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) energético del Caribe da cuenta del hueco financiero que se le está haciendo a los hogares de nuestra región. La media nacional fue del 25,9%, mientras que la del Caribe fue de más del 50%. En Montería, 40,39%; Cartagena, 39,24%; Valledupar, 40,39%; Sincelejo, 40,67%; Barranquilla, 44,42%; Riohacha, 47,09%, y Santa Marta, 49,94%.

Además, el Índice anual de Precios al Productor (IPP) pasó del 17,61% en 2021 al 30,02% en 2022, situación reflejada en los aumentos de las tarifas, toda vez que esta medición la utilizan las generadoras en su fórmula para establecer el precio de la energía que venden a los operadores.

En el Caribe, las pérdidas técnicas representan el 7% de lo que se cobra en la tarifa, a lo que se suma un 21% de pérdidas por fraude. Cifras que impactan negativamente la tarifa.

Por este motivo, le he planteado al Gobierno que en el Plan Nacional de Desarrollo incluya un artículo que defina que estas pérdidas, y las inversiones por las que ya pagaron los usuarios, sean asumidas por el nivel central, ahorrándole así gran cantidad de miles de millones de pesos a los ciudadanos.

Propuse también que el Gobierno evalúe la posibilidad de expedir unos bonos de deuda que puedan ser negociados en el exterior, con el objetivo que los generadores, productores y comercializadores alivien de manera inmediata la tarifa de energía.

Sumado a lo anterior, nos preocupa la situación de los barrios subnormales, por lo que he sugerido que se destinen recursos Prone para lograr la electrificación legal en estas zonas.

El arduo trabajo de los últimos meses ha empezado a tener eco. En primer lugar, por el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro, quien indicó que se analizará la fórmula tarifaria para adecuar un nuevo modelo que logre una disminución significativa. En segunda medida, por el pronunciamiento del gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, quien aseguró que se brindará apoyo inmediato a los usuarios para generar alivio en las tarifas y estudiará la posibilidad de cambiar el indexador de los contratos de energía, que es uno de los causantes del aumento.

Hemos alzado la voz, y la seguiremos alzando cuantas veces sea necesario, porque merecemos un trato digno, equitativo y justo con el que se logre el bienestar de las comunidades y la competitividad de la región, en cuanto a empleo formal y salarios dignos. Las comunidades pueden tener la confianza en que seguiremos luchando hasta lograr la estabilización tarifaria que alivie el bolsillo de los ciudadanos del Caribe.

Por: Jairo Torres Oviedo

Rector de la Universidad de Córdoba

El pasado primero de septiembre, los rectores del Sistema Universitario Estatal sostuvimos en la Universidad de Sucre, con el señor ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación; doctor, Arturo Luna Tapia, una conversación acerca de los retos y desafíos de la ciencia en Colombia; donde reafirmamos que no es posible concebir y generar desarrollo sin la ciencia, que persistir en este divorcio es continuar condenados al subdesarrollo. Asistimos a un debate público alrededor de la ciencia y la investigación científica; algo que no es nuevo, viene desde hace décadas y ha sido una insistencia de la comunidad científica que tiene como argumento la necesidad de construir una política de Estado relacionada con investigación, ciencia, tecnología e innovación.

En este sentido, el Gobierno saliente constituyó la misión de Sabios que entregó las recomendaciones que el país debe implementar en materia de ciencia e investigación científica y los focos estratégicos en los que Colombia debe volcar todo su esfuerzo científico para avanzar y convertirse en una economía y sociedad del conocimiento; además, los Departamentos del país definieron sus focos estratégicos donde deben centrarse sus esfuerzos en investigación para resolver problemas estructurales que han padecido las regiones. Para ello, el liderazgo de Minciencias en la construcción de política pública en ciencia, investigación e innovación como hoja de ruta en los planes de desarrollo nacional y regional. En este contexto, hacemos especial relevancia a la región Caribe con sus potencialidades y limitaciones para ser pensada, planificada y proyectada desde un enfoque diverso e integral alrededor de sus problemas estructurales; de esta forma, construir un plan de desarrollo soportado en la ciencia, que resuelva dichos problemas en el mediano y largo plazo. El Caribe debe priorizar en una apuesta de desarrollo centrada en asuntos como: agua potable y saneamiento básico, contaminación y degradación de los ecosistemas, acceso a la salud, educación y en especial, acceso a educación superior; de igual manera, vocación productiva de acuerdo con las particularidades de cada subregión, modelo productivo, primera infancia, turismo, biodiversidad, energías renovables, entre otros.

Hemos insistido y continuaremos haciéndolo, que, desde las universidades tenemos la infraestructura científica representada en sus investigadores, grupos de investigación, laboratorios, centros e institutos de investigación en distintas disciplinas científicas. Desde las cuales hemos estudiado y diagnosticado los distintos problemas que padece el país en sus diferentes regiones. La universidad como centro de pensamiento y producción de ciencia; desde la cual, se piense, impulse y jalone el desarrollo regional y nacional, lo hemos entendido y asumido como nuestro deber ser, como un imperativo científico y moral impostergable. Nuestra misión ha sido acompañar la institucionalidad aportando ciencia, saber y conocimiento para estudiar alternativas de solución. Sin el papel central de la universidad como el ente portador de ciencia, no es posible pensar y mucho menos concebir el desarrollo. Los países que hoy tienen altos niveles de desarrollo humano y bienestar social entendieron y pusieron en marcha esta articulación. Es el momento de que nuestro país actúe en esta dirección. Construir una sociedad del conocimiento.