Categoría: Política Córdoba

Por los niños con cáncer y sus familias, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, se sumó este domingo 24 de mayo a la Media Maratón Dorada 2026, MMD, de la Fundación IMAT y acompañó a centenares de corredores que madrugaron para correr por la vida.

La jornada deportiva, además de promover hábitos saludables y la integración ciudadana, tuvo un propósito solidario: recaudar recursos para ayudar a reconstruir las viviendas de Zharick, Damián, Samuel y Valeria, cuatro niños diagnosticados con cáncer que resultaron afectados por las inundaciones generadas por el frente frío.

Desde las 4:00 de la mañana comenzaron a llegar los participantes al punto de concentración, donde realizaron sesiones de calentamiento previas a la competencia. La jornada inició oficialmente a las 4:55 a. m. con la salida del pelotón integrado por miembros del Ejército Nacional y personas con discapacidad. Posteriormente, se dio la partida a las diferentes categorías: 21 kilómetros a las 5:00 a. m.; 10 kilómetros a las 5:10 a. m.; y 5 kilómetros a las 5:20 a. m.

Durante el recorrido, los corredores tuvieron la oportunidad de hacer sonar la campana de la esperanza, un acto cargado de simbolismo que representa una de las mayores victorias en la lucha contra el cáncer. En la Fundación IMAT, esta campana es tocada por los pacientes cuando reciben la noticia de que han superado la enfermedad, convirtiéndose en un mensaje de fe, fortaleza y vida para quienes continúan su tratamiento.

El recorrido de la Media Maratón Dorada atravesó algunos de los principales corredores viales de la ciudad, incluyendo la avenida Circunvalar en sentido sur-norte, la calle 48, la calle 42, la carrera Segunda, la avenida Primera, la calle 41 y el puente Segundo Centenario, permitiendo a los atletas disfrutar de un circuito exigente y emblemático.

Para garantizar el desarrollo seguro de la actividad, las autoridades implementaron cierres viales temporales desde las 3:00 de la madrugada, medida que permitió el tránsito ordenado de los participantes y el adecuado acompañamiento logístico durante toda la competencia.

• La directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina y el alcalde de San Antero, Córdoba, Dennys Chica fuentes, con el ciento por ciento de ejecución física, pusieron en marcha de manera oficial los 9.033 metros cuadrados del Malecón de San Antero.

• La megaobra portuaria menor y urbana fue financiada en su totalidad mediante asignaciones del Fondo Regional para los Pactos Territoriales de Planeación Nacional.

• Con una inversión sin precedentes, el Gobierno Nacional reporta una inyección presupuestal histórica en Córdoba que supera los $45 billones de pesos.

• Gracias a las políticas de focalización técnica, el departamento registró una reducción histórica de 4,3 puntos en pobreza

En una jornada marcada por el rigor técnico y la consolidación de la infraestructura regional, la directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina Posso, realizó un recorrido de apertura oficial del nuevo Malecón Ecoturístico de la Bahía de Cispatá. Acompañada por el alcalde de San Antero, Dennys Chica Fuentes, la directora constató la culminación al ciento por ciento de la obra civil y vial, un complejo estructural diseñado para transformar la dinámica socioeconómica y la competitividad de este nodo del Caribe colombiano.

Esta obra representa uno de los resultados del gobierno del presidente Gustavo Petro, en la región. Durante el recorrido, en el cual se verificó el inicio operacional de los muelles para embarcaciones menores, las plazoletas culturales y el faro mirador, se destacó la celeridad técnica del proyecto, el cual logró pasar de un 4,40% de avance físico en enero de 2025 al 95% en diciembre del mismo año, completando este año su ciclo de entrega definitiva a satisfacción.

De cara a las comunidades locales reunidas en el muelle, la directora Natalia Irene Molina, entregó un balance enfático sobre el significado de esta entrega estructural en el marco del ordenamiento territorial:

» El día de hoy ponemos en marcha el malecón ecoturístico de la Bahía de Cispatá en San Antero, una obra con una inversión de más de $25.000 millones, financiada por el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, a través del Fondo de Pactos Territoriales de Planeación Nacional. Es una obra que cuenta con tres muelles, con embarcadero, con zona de juegos infantiles, zona de comidas, locales comerciales, pero sobre todo es una obra que seguirá potenciando la vocación turística de todo el Golfo de Morrosquillo y que permitirá que las comunidades y que la economía popular se asocie para hacer un buen aprovechamiento de esta infraestructura que fue ejecutada en un ciento por ciento ejecutada durante el gobierno del presidente Petro».

A su turno, el alcalde Dennys Chica Fuentes destacó el papel articulador de Planeación Nacional para dotar al municipio de un activo estratégico que potenciará

la pesca artesanal, el transporte marítimo menor y el turismo de conservación. La infraestructura cuenta con un diseño de inclusión universal que incorpora pasillos con losetas táctiles para personas con discapacidad visual, rampas de acceso especial y un parque biosaludable.

Balance de logros del Gobierno Nacional en Córdoba: Cifras de impacto real

Más allá de la entrega técnica en San Antero, la Directora Natalia Irene Molina Posso presentó una rendición de cuentas macroeconómica y social que evidencia el volumen histórico de inversión pública descentralizada destinado al departamento de Córdoba. Con corte al presente año, el Gobierno Nacional ha inyectado recursos bajo un esquema de planeación estructural que incluye $11,7 billones provenientes del Presupuesto General de la Nación (PGN), sumados a $17,4 billones a través del Sistema General de Participaciones (SGP) y $5,1 billones de pesos asignados mediante el Sistema General de Regalías (SGR), para un total aproximado de $45 billones.

Este esfuerzo fiscal sin precedentes en la historia del departamento ha permitido consolidar indicadores sociales de alto impacto, verificados por los sistemas de seguimiento técnico de Planeación y el DANE:

• Disminución de la pobreza: La pobreza monetaria general en Córdoba se redujo del 53,9% al 49,6%, logrando un descenso de 4,3 puntos porcentuales, mientras que la pobreza monetaria extrema bajó del 24,4% al 21,3%. Así mismo, el índice de pobreza multidimensional urbana mostró una mejora notable al pasar del 16,5% al 13%.

• Dinámica laboral: La tasa de desocupación y desempleo abierto en el departamento registró una tendencia a la baja, descendiendo del 12,5% al 10,9% como consecuencia directa de la reactivación por obras de infraestructura pública.

• Salud y primera infancia: En una de las mayores victorias por la vida, la tasa de mortalidad infantil se contrajo sustancialmente, pasando de 24,55 a 16,84 casos por cada 1.000 nacidos vivos, salvando la vida de cientos de niños cordobeses.

Justicia agraria y habitacional en San Antero

Específicamente en el municipio de San Antero, el balance de gestión sectorial reporta la entrega efectiva de 177 hectáreas de tierra productiva a través del Fondo de Tierras, a las cuales se suman la formalización de otras 94 hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural. De igual forma, las familias rurales y pescadoras de la Bahía de Cispatá han sido respaldadas con 435 colocaciones de crédito agropecuario directo, 15 titulaciones prediales definitivas y la ejecución de 40 proyectos de mejoramiento estructural de vivienda.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, lanzó un fuerte cuestionamiento al Instituto Nacional de Vías (Invías) respecto al manejo y la destinación de los recursos económicos que la Nación recauda en el departamento. En una dura réplica institucional, el mandatario departamental exigió claridad pública sobre el paradero de los dineros que ingresan diariamente a través de las estaciones de recaudación locales, denunciando que estos recursos no se están traduciendo en el mantenimiento ni en el desarrollo de la infraestructura vial de la región.

Zuleta Bechara fue enfático al señalar directamente los puntos de recaudo que generan mayor preocupación por la falta de reinversión estatal. El jefe del gobierno departamental emplazó a la entidad nacional para que explique detalladamente a dónde se están enviando los fondos recaudados en las estaciones de peaje de Mateo Gómez, Garzones y Carimagua, activos viales ubicados en puntos estratégicos del territorio cordobés que se encuentran bajo la administración directa del Gobierno Central.

El eje central del reclamo del mandatario radica en la evidente contradicción entre el flujo de dinero que aportan los conductores cordobeses y el estado actual de las carreteras nacionales. Según denunció el gobernador, mientras el recaudo continúa de manera ininterrumpida, estos importantes corredores viales registran un deterioro progresivo y notable, advirtiendo además que en la zona no se vislumbran inversiones estratégicas ni obras de impacto que mitiguen los daños en la malla vial.

Finalmente, el gobernador contrastó esta situación con el esfuerzo presupuestal que le ha tocado asumir a la administración regional debido a las omisiones de la Nación. Zuleta recordó que, mientras los recursos de los peajes locales se centralizan, a la Gobernación de Córdoba le tocó financiar con el presupuesto de los cordobeses unos 300.000 millones de pesos para intervenir dos vías que eran responsabilidad neta de Invías: el tramo Chinú – Lorica – San Bernardo y el paso urbano por Lorica, configurando un escenario donde la región aporta recursos que no se ven reflejados en sus propias carreteras.

El tablero político local sufrió su primer gran movimiento de cara a las próximas elecciones locales. Tras 14 años en la corporación, el experimentado concejal progresista Gilberto Arrieta presentó su renuncia oficial a la curul con un objetivo claro: dedicarse de lleno a la carrera por la Alcaldía Municipal.

Arrieta, quien es uno de los líderes más longevos del cabildo local tras encadenar cuatro periodos consecutivos desde su primera elección en 2012, fundamentó su decisión en la necesidad de concentrar sus esfuerzos en la construcción de una propuesta nacida desde la ruralidad. El ahora exconcejal, que sigue residiendo en el campo, busca consolidar un proyecto respaldado por organizaciones campesinas, pescadores, jóvenes y las bases populares del municipio.

“Tomamos esta decisión con el propósito de trabajar sin distractores en un proyecto enfocado en el desarrollo social y en buscar soluciones reales a las problemáticas que golpean a Moñitos», señaló Arrieta en declaraciones para El Reportero.

El respaldo de la línea progresista

La jugada política no tardó en generar reacciones en las altas esferas del progresismo. Uno de los primeros en manifestar su apoyo público fue el senador Antonio Correa, con quien Arrieta hizo equipo en las pasadas elecciones al Congreso. Correa calificó la decisión como «valerosa» y ratificó su respaldo de cara a la contienda que se avecina.

El panorama y los «escollos» dentro del oficialismo

Aunque para muchos analistas locales la precandidatura de Arrieta es vista como la carta más viable y orgánica para dar continuidad a la coalición que hoy lidera el alcalde José Félix Martínez —debido a su fuerte arraigo popular y su capacidad de movilización sin depender de grandes maquinarias financieras—, el camino no estará libre de obstáculos.

Para convertirse en el candidato único del oficialismo, Arrieta deberá sortear tres frentes internos de peso:

El factor familiar: Dos sobrinos del actual mandatario local ya han manifestado su intención de entrar en la puja por el aval.

La experiencia en el ruedo: En el camino también asoma la figura del exalcalde Waymar Petro Espitia, quien busca repetir mandato.

Con la salida de Arrieta del Concejo, Moñitos abre oficialmente una etapa de intensas negociaciones, alianzas y un reordenamiento de fuerzas donde el voto rural y de las bases comunitarias promete ser el verdadero juez de la contienda.

La crisis por el desabastecimiento de agua potable volvió a detonar la indignación ciudadana en el departamento de Córdoba, provocando un nuevo bloqueo vial en el sector conocido como Punta Piedra, en la carretera que comunica a los municipios de San Bernardo del Viento y Moñitos.

Cansados de las promesas incumplidas y de pasar semanas sin recibir el líquido vital, los habitantes de la zona decidieron tomar vías de hecho obstruyendo el paso vehicular con ramas, troncos y barricadas improvisadas.

La protesta, que mantiene paralizada esta importante arteria vial y ha dejado varados a transportadores, motociclistas y vehículos de carga pesada, es un llamado desesperado de la comunidad hacia las administraciones municipales y las empresas prestadoras del servicio público para que den una solución definitiva e inmediata a una problemática que ya consideran insostenible para su dignidad y calidad de vida.

Este dato que aparece en la página de Medicina Legal es bastante preocupante, y el mismo indica que en Montería estamos perdiendo la batalla contra los siniestros viales.

De acuerdo a informes de la entidad, en Montería se registraron durante el primer trimestre del presente año, 14 homicidios, 25 muertes en eventos de transporte (siniestros viales), 14 decesos por algún tipo de accidentes y 6 suicidios.

Un análisis simple indica que en Montería las muertes por siniestros viales superan a los homicidios. De esas 25 personas que perdieron la vida en las vías de Montería en este primer trimestre del 2026, 7 corresponden a adultos mayores y 2 a niños, niñas y adolescentes.

La población adulta de Montería y la de niños, niñas y adolescentes, no está segura en las calles.

En una urgente radiografía sobre la estabilidad económica y laboral del sur de Córdoba, los sindicatos Sintracerromatoso y Sintramineros emitieron un contundente llamado al Gobierno Nacional ante el inminente riesgo de parálisis de la operación de Cerro Matoso. A través de una carta dirigida a los ministerios de Minas y Energía, y del Trabajo, así como a las superintendencias de Sociedades y de Servicios Públicos, las organizaciones sindicales alertaron que la viabilidad de una de las industrias minero-ambientales más importantes del país pende de un hilo debido a una grave afectación en el suministro de gas natural, un insumo crítico que alimenta más del 80% de los secadores y hornos calcinadores que operan ininterrumpidamente en la planta.

La crisis tiene su origen en el proceso de insolvencia y reestructuración que adelanta la proveedora Canacol Energy, sumado a una solicitud de terminación del contrato de suministro de gas radicada ante un tribunal en Canadá. De materializarse el corte del fluido, el impacto técnico en la infraestructura de Cerro Matoso sería crítico e irreversible, estimándose daños estructurales en los hornos principales cuyas reparaciones oscilarían entre los 550.000 y 730.000 millones de pesos por unidad, con tiempos de recuperación superiores a los diez meses.

Ante este panorama, los sindicatos expresaron su profunda preocupación porque, mientras la empresa minera venía respaldando la estabilidad de Canacol mediante acuerdos transitorios y tolerando incumplimientos parciales en las entregas, hoy se pretenda liquidar un contrato que consideran esencial para la cuenca del Caribe.

Las repercusiones socioeconómicas proyectadas por las organizaciones de trabajadores dibujan un escenario devastador para la región. Una eventual suspensión afectaría directamente a más de 2.000 empleos entre personal directo y contratistas, impactando indirectamente a más de 50.000 personas que dependen de esta cadena productiva en el departamento.

En términos financieros, las pérdidas fiscales serían mayúsculas, teniendo en cuenta que cada día de inactividad operativa le costaría cerca de 5.100 millones de pesos a la compañía y aproximadamente 1.000 millones de pesos diarios al Estado colombiano, que dejaría de percibir los significativos aportes que en 2025 superaron los 334.570 millones de pesos en impuestos y regalías, fondos destinados históricamente a proyectos sociales, de vivienda y educación en las comunidades vecinas.

Frente a la magnitud de esta amenaza, los presidentes de las agremiaciones, Jamer Ledesma Villareal de Sintracerromatoso y Alexander Assia Uribe de Sintramineros, firmaron la misiva solicitando una intervención institucional inmediata y articulada. Entre sus peticiones clave exigen que se priorice la protección del empleo y la continuidad de Cerro Matoso como un activo estratégico para la nación, que la Superintendencia de Sociedades evalúe con rigor el impacto laboral y económico de la terminación del contrato de gas, y que el Ministerio de Minas y Energía explore con prontitud las vías regulatorias y técnicas necesarias para blindar el abastecimiento energético y salvaguardar la estabilidad social de todo el territorio cordobés.

El proceso de diálogo sociojurídico entre el Gobierno nacional y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), estructura conocida también como Clan del Golfo, sumó un paso clave tras confirmarse la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural de este municipio del sur de Córdoba.

El anuncio fue detallado por Ricardo Andrés Giraldo, apoderado legal de la organización armada, durante un espacio de socialización comunitaria en el que se expusieron los alcances de una iniciativa que proyecta la concentración de por lo menos 400 combatientes y la consecuente salida de circulación de igual número de fusiles.

El espacio territorial, que ya se encuentra debidamente georreferenciado bajo criterios de extensión delimitada acordados en la mesa, iniciará operaciones de manera oficial el próximo 25 de junio. Esta fecha estratégica se fijó con el propósito de blindar el proceso del debate electoral, ubicando su apertura justo después de los comicios presidenciales para evitar suspicacias políticas. De acuerdo con lo establecido, la institucionalidad estatal asumirá las responsabilidades plenas en materia de seguridad, logística y manutención de las personas que se concentren en el perímetro.

No obstante, el proyecto enfrenta un panorama de transición institucional. El decreto presidencial que otorga vida jurídica a la ZUT tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que significa que la sostenibilidad de estos nueve meses de acercamientos y la posterior reintegración de los combatientes a la vida civil quedarán supeditadas a la voluntad política del mandatario que resulte electo en las urnas.

El avance de la agenda fue respaldado en el encuentro por delegados de la Oficina del Comisionado Consejero de Paz y voceros del grupo armado, quienes expusieron ante la ciudadanía tanto los logros de la negociación como los desafíos de orden legal y territorial que aún quedan por resolver.

Una tensa jornada de protesta social se proyecta para el próximo lunes 25 de mayo en el sur del departamento, luego de que diversos sectores comunitarios y líderes del corregimiento de Bijao anunciaran la convocatoria a un paro indefinido contra la empresa termoeléctrica Gecelca. La movilización, que se viene coordinando a través de asambleas locales y cadenas informativas en redes sociales, surge como respuesta a un acumulado de inconformidades relacionadas con la contratación de mano de obra local, la inversión social en el territorio y los presuntos impactos ambientales de la operación energética.

El eje central del descontento radica en las oportunidades laborales. Los organizadores de la jornada afirman que, a pesar de los años de presencia de la planta en el municipio, los habitantes locales siguen enfrentando barreras para acceder al empleo formal, argumentando que una parte considerable de las plazas de trabajo son asignadas a personal foráneo. A este reclamo socioeconómico se suman las alarmas de los residentes de las zonas de influencia directa, quienes denuncian supuestas afectaciones en la salud y el entorno ambiental derivadas de la actividad de la central térmica.

Con los preparativos en marcha, las comunidades no solo dirigen sus exigencias a la compañía, sino que también demandan una postura más firme y fiscalizadora por parte de las autoridades institucionales frente al desarrollo y bienestar de Puerto Libertador.

El Gobierno del presidente Petro, a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dispuso 3.515 hectáreas para comunidades campesinas de Córdoba, en una jornada realizada en Montería que reunió a cerca de 7.000 campesinos y organizaciones rurales del departamento.

Durante la asamblea liderada por la ANT en el Coliseo Miguel ‘Happy’ Lora, fueron entregadas tierras, títulos y procesos de formalización enfocados en fortalecer el acceso efectivo a la propiedad rural, la seguridad jurídica y la reparación histórica de comunidades campesinas y víctimas del conflicto.

La jornada, desarrollada en el marco de la estrategia 24/7 por el campo, incluyó la entrega de 1.360 hectáreas recuperadas en distintos municipios de Córdoba, 748 hectáreas provenientes de compra a privados, 175 hectáreas correspondientes a 63 títulos de seguridad jurídica y 1.232 hectáreas tituladas en zonas focalizadas.

Durante el encuentro, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman Ortiz, aseguró que la Reforma Agraria continúa siendo una de las principales apuestas del Gobierno nacional para transformar el campo colombiano.

“Hoy, después de más de 100 años de luchas campesinas, hemos vuelto a hablar de Reforma Agraria y no vamos a ceder esta bandera hasta que la podamos profundizar de forma colectiva en todo el país”, afirmó el funcionario.

Harman Ortiz también destacó las movilizaciones realizadas recientemente por organizaciones campesinas en respaldo a la Jurisdicción Agraria, al considerar que reflejan la defensa del derecho a la tierra y la implementación de la Reforma Agraria.

La ANT informó que durante el Gobierno del presidente Petro se han entregado alrededor de 27.070 hectáreas en Córdoba, beneficiando a 4.970 familias mediante la expedición de 958 títulos de propiedad, incluidos predios ya registrados.

Adicionalmente, la entidad indicó que se han titulado 176 predios a entidades de derecho público en 11 municipios del departamento. Entre ellos se encuentran 28 canchas, 81 escuelas, 9 predios para infraestructura, 20 puestos de salud, 20 espacios destinados a saneamiento básico y 18 para servicio comunitario.

En Córdoba también han sido constituidos cinco resguardos indígenas y titulados tres consejos comunitarios, reconociendo derechos territoriales sobre más de 617 hectáreas.

Según la ANT, estas acciones representan oportunidades de acceso a la tierra, fortalecimiento comunitario y reparación histórica para familias campesinas que durante años esperaron garantías sobre sus territorios.