Categoría: Política Córdoba

El alcalde de Montería presentó formalmente ante el presidente electo, Abelardo de la Espriella, una agenda prioritaria de proyectos estratégicos estructurados para la capital cordobesa, buscando concretar el respaldo técnico y financiero del Gobierno Nacional.

 En el marco de una mesa de trabajo conjunto, el mandatario local expuso iniciativas clave que ya cuentan con estudios y diseños, entre las que destacan la construcción del puente peatonal sobre el río Sinú, la edificación de nuevos colegios, planes de vivienda, el Mercado de los 4 Patios, el fortalecimiento del Hospital Camilo Torres, la ampliación del aeropuerto y el desarrollo de un sistema de transporte público 100% eléctrico.

Asimismo, enfatizó la necesidad del apoyo de la Nación para afrontar la emergencia climática y asegurar el desarrollo sostenible de la ciudad.

En un predio de aproximadamente mil hectáreas ubicado en el municipio de Cereté, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció la puesta en marcha del Centro Administrativo Integrado del Agro Turipaná, una megaoficina de gestión pública pensada para articular, en una sola sede, la oferta institucional del Gobierno destinada al sector rural.

​La propuesta busca congregar bajo un mismo techo a entidades clave como Agrosavia, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, el ICA, la UPRA, el Banco Agrario y Finagro. Con esta infraestructura, los productores agrícolas, ganaderos, pescadores y agroempresarios de la región ya no tendrán que desplazarse a múltiples dependencias dispersas para tramitar créditos, asistencia técnica o titulación de tierras, recibiendo una atención unificada en el corazón productivo de Córdoba.

​Según explicó el mandatario electo, la elección del icónico terreno de Turipaná responde al potencial agropecuario de la zona, proyectándola como un verdadero motor de ciencia, tecnología e innovación que optimice la relación entre el Estado y el campesinado para dinamizar la producción en todo el país.

La instalación de mesas técnicas entre el nuevo gobierno y la Gobernación de Córdoba para priorizar los principales proyectos de infraestructura vial del departamento, fue uno de los compromisos que asumió la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, durante la mesa de empalme territorial que se desarrolla en Montería con la participación del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Esta decisión fue el resultado de la petición realizada por el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, quien expuso varios proyectos que la administración departamental ha visionado con el propósito de mejorar la conectividad. Algunos de estos, se encuentran en fases avanzadas y con disponibilidad presupuestal.

Durante su presentación, Zuleta Bechara destacó vías estratégicas como el corredor Chinú– Lorica – San Bernardo del Viento y la Transversal del Sur, que conectará a los municipios del sur de Córdoba con el Urabá antioqueño.

“La vía Chinú – Lorica – San Bernardo del Viento, 73 kilómetros, es responsabilidad Invías, no la hizo. Con recursos del departamento de Córdoba adjudicamos este viernes una vía por 260.000 millones de pesos, para conectar al país con la zona costanera del departamento de Córdoba. Y con el alcalde de Lorica, vamos a empezar el paso urbano de Lorica”, indicó.

Sobre la Transversal de Sur explicó que “es la vía que conecta con el Urabá antioqueño. Le tengo una gran noticia: yo saco licitación el próximo mes de la primera fase del tramo Valencia – San Pedro de Urabá por 110.000 millones de pesos con recursos de departamento de Córdoba. Esto es una vía supremamente importante para desarrollar económicamente toda esta subregión del departamento de Córdoba y Antioquia”.

El mandatario departamental aprovechó la oportunidad para exponer la necesidad de encontrar una pronta solución a la situación de las concesiones. Señaló que son varios los corredores viales que presentan deterioro, por lo que la Gobernación ha tenido que destinar recursos propios para intervenir vías nacionales y ejecutar proyectos estratégicos de infraestructura que son fundamentales para la competitividad del departamento.

«El gobierno actual nunca hizo lo que le tocaba hacer en vías nacionales. Ya el departamento puso cerca de 400 mil millones de pesos en obras que le correspondían al Gobierno Nacional”, enfatizó el gobernador.

Y agregó: “necesitamos una solución para los concesionarios. La variante de Lorica, nos cobraron los peajes por 10 años y no hicieron, lo mismo ocurrió con el punto crítico de Puerto Rey que es un tramo concesionado”.

Frente a estas solicitudes, la ministra de Transporte designada, Elsa Noguera, mostró la disposición del nuevo gobierno en ejecutar un plan de priorización que permita avanzar en las obras de mayor impacto para la movilidad del departamento de Córdoba.

«Mi compromiso es iniciar con ustedes mesas de trabajo para revisar qué proyectos podemos sacar adelante en el corto y mediano plazo. Los recursos no son ilimitados, pero debemos priorizar aquellas obras que realmente generen competitividad para el departamento», afirmó la funcionaria designada.

*Otras solicitudes del gobernador en infraestructura vial*

Durante su intervención, el gobernador Erasmo Zuleta enlistó otros proyectos estratégicos para fortalecer la conectividad y la competitividad del departamento, que requieren el respaldo del Gobierno Nacional para su ejecución.

-Vía Pueblo Nuevo – Ayapel: solicitó al Gobierno entrante los recursos para su construcción, luego de que en el gobierno del expresidente Iván Duque se dejara financiado el puente Marralú, que forma parte de este corredor de 43 kilómetros.

-Corredor Los Córdobas – Puerto Escondido – Moñitos: la Gobernación ya inició una primera fase y proyecta una inversión de alrededor de 35.000 millones de pesos.

-El mandatario destacó que los puentes Palo de Agua–Las Flores y el cuarto puente de Montería, entre Garzones y Mocarí; ya cuentan con estudios y diseños, mientras que el puente de Pica Pica se encuentra en fase III de estudios y diseños, por lo que solicitó el respaldo del nuevo gobierno para su financiación, estimada en $90.000 millones.

-Terminación de los tramos de la doble calzada en Cereté – Lorica y en Ciénaga de Oro – Sahagún – Sampués, obras fundamentales para mejorar la movilidad.

-Mantenimiento de la vía Planeta Rica – Pueblo Nuevo

La Plataforma Departamental de Derechos Humanos de Córdoba expresó su firme rechazo y preocupación ante la decisión de la representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) del Sur de Córdoba, Laura Díaz, de respaldar políticamente al Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

​A través de un comunicado emitido desde Montería, la organización recordó que las Curules de Paz fueron creadas como un mecanismo exclusivo para representar de manera independiente a las víctimas y territorios afectados por el conflicto armado. En este sentido, cuestionaron que la congresista tomara una determinación unilateral de alineamiento político sin realizar procesos previos de consulta o deliberación con las organizaciones sociales y comunidades rurales que respaldaron su candidatura.

​Frente a la compleja situación de orden público y los desafíos de violencia que persisten en el Sur de Córdoba, la plataforma enfatizó que el mandato otorgado a las curules CITREP exige ejercer control político firme y no otorgar «cheques en blanco» a las administraciones de turno. Por ello, hicieron un llamado a la representante Díaz a rendir cuentas públicas sobre los compromisos de dicha adhesión y convocaron a las comunidades de la región a promover espacios de diálogo para evaluar la representación política de esta curul de paz.

El presidente electo Abelardo De la Espriella adelantará en Córdoba su sexta jornada de Empalme Territorial, un encuentro con las autoridades locales que se llevará a cabo este miércoles en Centro Verde, sede alterna de la Alcaldía de Montería. En la reunión participarán el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, el alcalde Hugo Kerguelén García y los 29 mandatarios municipales del departamento, con el fin de priorizar los proyectos estratégicos de la región e integrar las necesidades territoriales en la hoja de ruta del próximo Gobierno Nacional.

​Durante la jornada, que se suma a las ya realizadas en Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Yopal y Medellín, los mandatarios cordobeses expondrán sus propuestas de desarrollo. De igual forma, el gobernador Zuleta buscará afianzar compromisos de mayor impacto social con empresas clave del sector energético como Gecelca y Urrá, consolidando así el primer acercamiento formal entre la nueva administración nacional y los líderes de la zona.

Martha Ruiz, Juan David Rangel, Joche Abdala, Edgardo Espitia y Luis Fernando Ballesteros, son las caras nuevas de Córdoba en la Cámara de Representantes que inicia labores este 20 de julio en Bogotá, mientras que en el senado debutará el monteriano Edgardo Espitia, quién obtuvo la máxima votación en la lista de Cambio Radical.

Hay gran expectativa en el departamento por la gestión de los nuevos congresistas que inician su trabajo desde este 20 de julio en la instalación del Congreso de la República.

A este grupo de congresistas electos se le sumanlos conocidos Marcos Daniel Pineda, David Barguil, Nicolás Barguil, Fabio Amín y Ana Paola García, quien dejó su curul en la Cámara de Representantes y se hizo elegir en el senado.

Córdoba sigue soportando las tarifas más altas de energía en el país con un servicio muy irregular y esas es una de las tareas prioritarias que deberá asumir su bancada de congresistas.

La falta de comunicación entre el gobierno de Gustavo Petro que termina el próximo 7 de agosto y los mandatarios actuales de Córdoba, privó al departamento de importantes inversiones, y esa es una tarea que la bancada de congresistas de Córdoba deberán iniciar desde este 20 de julio.

La gestión administrativa de la Alcaldía de Los Córdobas continúa dando resultados. Por segundo año consecutivo, el municipio se ubicó en el segundo lugar del departamento de Córdoba en el Índice de Desempeño Institucional (IDI), consolidándose como una de las administraciones municipales con mejores resultados en materia de gestión pública, solo por detrás de Montería.

En la más reciente medición del Departamento Administrativo de la Función Pública, Los Córdobas obtuvo un puntaje de 79,2, superando ampliamente el promedio nacional, que fue de 65,8 puntos, y mejorando el resultado alcanzado en la vigencia anterior, cuando registró 73,3 puntos.

El Índice de Desempeño Institucional, evaluado en el marco del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), mide la capacidad de las entidades públicas para gestionar de manera eficiente sus procesos y recursos. Entre los aspectos evaluados se encuentran la planeación institucional, la integridad, la seguridad y el gobierno digital, la defensa jurídica, la participación ciudadana, la transparencia y el fortalecimiento del control interno.

El resultado obtenido no solo ratifica a Los Córdobas entre los municipios con mejor desempeño institucional del departamento, sino que también evidencia una tendencia de crecimiento, al incrementar su calificación frente al año anterior, reflejando el fortalecimiento continuo de los procesos administrativos y la consolidación de una gestión pública eficiente.

Este reconocimiento responde al liderazgo del alcalde Juan Carlos Yances y al compromiso de su equipo de gobierno, que ha orientado su trabajo hacia una administración responsable, transparente y eficiente de los recursos públicos, con resultados que hoy posicionan al municipio como referente de buena gestión en Córdoba.

En un giro simbólico para el departamento de Córdoba, la tierra que alguna vez representó los excesos de la corrupción política hoy se prepara para recibir semillas de cambio. El predio «El Papayo», una imponente hacienda de 268 hectáreas en la zona rural de Pueblo Nuevo, ha dejado de ser un bien bajo la sombra judicial de la extinción de dominio para convertirse en el nuevo hogar de 110 familias campesinas y afrodescendientes.

Este histórico traspaso, liderado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) bajo las directrices de la Reforma Rural Integral, marca un hito en la redistribución de tierras en el Caribe colombiano. Durante años, esta finca estuvo ligada al exgobernador Alejandro José Lyons Muskus, condenado por la Corte Suprema de Justicia y pieza clave en el destape del escandaloso «Cartel de la Toga», una red de sobornos que sacudió las más altas esferas del poder judicial del país. Tras ser vinculada a un proceso de extinción de dominio en 2017 y pasar por la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la hacienda finalmente cierra su capítulo penal para abrir uno enteramente productivo.

​La entrega del territorio se materializó priorizando el liderazgo de comunidades que históricamente han reclamado oportunidades en la región. Por un lado, la Asociación Afro Familia, integrada por 60 personas de San Marcos (Sucre) y que cuenta con una fuerte base de 50 mujeres lideresas comunitarias, asumirá la gestión de una parte del terreno. Por el otro, la Asociación de Campesinos Las Guamas, conformada por 50 habitantes del propio municipio de Pueblo Nuevo (Córdoba), incluidas diez mujeres cabeza de hogar, trabajará el área restante. Esta histórica transformación es un reflejo de cómo la justicia administrativa puede traducirse en reparación real para el campo, convirtiendo fortunas de origen ilícito en despensas agrícolas y autonomía económica para la población vulnerable.

​Con esta adjudicación, el Gobierno Nacional busca dar cumplimiento al Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, enfocado en dotar de recursos y territorio a quienes realmente labran la tierra. Lo que en el pasado fue un predio privado bajo sospecha de haber sido adquirido con recursos públicos desviados, ahora se perfila como un motor de desarrollo local y soberanía alimentaria, donde el cultivo, el arraigo comunitario y el empoderamiento de la mujer rural serán los verdaderos protagonistas del nuevo paisaje cordobés.

La Asociación Defensora de los Derechos Humanos, la Paz y la Memoria, Cordoberxia, emitió una alarmante denuncia pública este lunes 13 de julio de 2026, alertando sobre la crítica situación de seguridad que enfrentan las familias campesinas y organizaciones sociales beneficiarias de predios entregados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el departamento de Córdoba. Según la organización, el proceso de transferencia de tierras, enmarcado en la política de reforma agraria y democratización de activos confiscados a la criminalidad, se está viendo gravemente empañado y obstaculizado por violentas represalias provenientes de estructuras de poder heredadas del paramilitarismo, así como de sectores económicos tradicionales que se resisten activamente a la redistribución de la propiedad rural en la región.

​En su pronunciamiento, la fundación detalló un sistemático patrón de agresiones que pone en inminente peligro la vida de los nuevos adjudicatarios. Entre los hechos más graves se denuncian constantes hostigamientos, amenazas de muerte y la circulación de panfletos intimidatorios por parte de hombres armados que exigen a los líderes comunitarios la devolución de las tierras o el pago de extorsiones bajo la modalidad de «vacunas». Asimismo, la organización reportó intentos de despojo y reocupación ilegal de predios por la fuerza a manos de personas vinculadas a antiguos testaferros y actores al margen de la ley. A este hostigamiento se suma el sabotaje directo a la productividad agraria mediante la destrucción deliberada de cultivos, daños a la infraestructura de procesamiento de alimentos, envenenamiento de fuentes hídricas y tácticas de asedio diseñadas específicamente para forzar el desplazamiento y el abandono de los terrenos.

​Frente a este escenario de alta vulnerabilidad en zonas rurales donde la presencia estatal suele ser precaria, Cordoberxia criticó las fallas en la seguridad física y jurídica de los beneficiarios, advirtiendo que la adjudicación de las tierras no ha venido acompañada de un componente sólido de protección que evite que las comunidades queden en total estado de indefensión. Ante esto, la defensora de derechos humanos exigió al Estado colombiano garantías integrales de seguridad mediante protocolos específicos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fuerza Pública que prioricen la seguridad humana, una depuración jurídica inmediata por parte de la SAE para entregar los predios libres de conflictos pendientes, y una intervención célere de la Fiscalía General de la Nación para desarticular las redes de testaferrato que aún operan sobre estos bienes. Finalmente, la organización solicitó la creación de una mesa de seguimiento local y extendió un llamado urgente a la comunidad internacional, en especial a las misiones de la ONU y la MAPP/OEA, para que realicen una veeduría rigurosa sobre el proceso de paz y la entrega de tierras en Colombia, recordando que la democratización del territorio no puede convertirse en el detonante de nuevos ciclos de violencia en el departamento.

​A más de un año de que se lleven a cabo las próximas elecciones territoriales, el panorama político en el municipio de Cotorra, Córdoba, ya empieza a registrar importantes movimientos estratégicos entre las distintas colectividades. Uno de los sectores que ha decidido tomar la iniciativa de manera temprana es el Pacto Histórico, cuyos líderes y cabezas locales han puesto en marcha un plan estructurado con el firme propósito de construir una candidatura unificada de cara a la Alcaldía, además de fortalecer su representatividad y participación en el Concejo Municipal.

​Entre las figuras clave que impulsan esta articulación se destacan Iván Moreno Guevara, quien asumirá el rol de coordinador de campaña, junto al contador Alberto Guzmán Rodiño, el médico Miguel Galván Carrascal, Manuel Salvador Guzmán Espitia, José Luis Vergara Petro y Cristo Remigio Espitia Rodiño.

Este grupo de dirigentes ha venido sosteniendo diversos encuentros y reuniones en barrios y veredas del municipio para consolidar las bases del proyecto político, un escenario donde también cobran especial relevancia nombres como los de Yamid Castellanos Galván y el propio Miguel Galván Carrascal como fichas visibles del movimiento.

​Voceros cercanos a la coalición sostienen que la gran meta trazada por el Pacto Histórico en Cotorra es duplicar la votación obtenida en las pasadas elecciones presidenciales, tanto en primera como en segunda vuelta, logrando así ampliar el respaldo ciudadano necesario para recuperar el control de la administración municipal.

Aunque el calendario electoral de la Registraduría aún no ha comenzado de forma oficial, la temprana conformación de alianzas y los constantes acercamientos entre directivos locales reflejan que la actividad política ya se encuentra encendida en la localidad, por lo que los próximos meses serán determinantes para evaluar si esta apuesta por la unidad logra mantenerse sólida y consolidarse como una alternativa altamente competitiva frente a las demás fuerzas tradicionales que buscarán gobernar el municipio.