Categoría: Política Córdoba

Por: Oswaldo Marchena Mendoza

Si por las venas de este departamento corre sangre de justicia y humanidad, los contratistas de ambas vías deberán pronto rendir cuenta ante la justicia y delatar a sus cómplices.

@marchenojob

¿Qué tiene que ver la vía Ciénaga de Oro-Chimá-Tuchín, con la vía, Ciénaga de Oro-San Andrés de Sotavento? La respuesta es sencilla. De acuerdo a los plazos acordados en los contratos, las dos vías ya deberían de estar terminadas y beneficiando a la comunidad. Pero no es así, detrás de ambos procesos, hay una historia de presunta corrupción y fallas de planeación que no ha permitido su culminación.

Las obras en ambas vías han caminado a un ritmo paquidérmico impuesto por la negligencia de los contratistas, ante la mirada complacientes de los mandatarios que firmaron los contratos.

Vamos por parte. El 25 de mayo de 2018 el alcalde de Ciénaga de Oro, Alejandro Mejía y el consorcio CDO VIAL firmaron un contrato por valor de $102.548.945.171 para el mejoramiento de la vía entre los municipios de Ciénaga de Oro-Chimá y Tuchín,

Del Consorcio CDO VIAL S.A.S hacen parte: INTEC DE LA COSTA, INVERSIONES GRANDES VÍAS DE INGENIERÍA E INGENIERÍA, OBRAS MAQUINAIAS Y EQUIPOS TRES A, y MIGUEL CAMILO CASTILLO BAUTE y DBD INGENIERÍA.

El contrato tiene como fecha de inicio el 30 de junio de 2018, con un plazo de ejecución de 18 meses y se debería haber entregado el 29 de enero del 2020. Entre prorrogas y suspensiones la obra se fue paralizando y las lozas de algunos tramos empezaron a deteriorarse.

De acuerdo a la última prorroga se debió terminar el 10 de junio de 2022. Pero la misma sigue inconclusa.

Según informes de la Contraloría General de la República, el contrato reporta un hallazgo por $7.972.918.575. Además, señalo que, de acuerdo al análisis y material probatorio se evidenció la existencia de un daño patrimonial al Estado por $29.233.543.516, sin indexar sobrecostos económicos y deterioro de la vía.

Hay otra perla. El contrato tuvo una adición de $7.919.660.741 el día 28 sept 2021. Así las cosas, el valor total del contrato fue de $ 110.468.605.91

En plata blanca podemos decir que, a pesar de la adición, la obra no se culminó y muchas losas en los sectores donde se avanzó están en mal estado.

Vía Ciénaga de Oro-San Andrés de Sotavento: denuncian retrasos y sobrecostos.

El pasado 20 de diciembre del 2023 se inició el desarrollo del contrato 23670-LP-OP-143-2023, celebrado entre el Consorcio Punta de Yanez y la Alcaldía de San Andrés de Sotavento, para el mejoramiento de la vía que intercomunica a los municipios de Ciénaga de Oro y San Andrés de Sotavento por valor de $28.947.212.577.

El objeto del contrato es para intervenir 10,1 kilómetros en pavimento rígido, y el mismo debió finalizar el 20 de octubre de 2024, de acuerdo a los plazos contemplados.

La obra está suspendida y a pesar de varias reuniones con los involucrados en la misma en el espacio de diálogo social participativo de seguimiento al proyecto, propiciado por la Contraloría General de la República, los trabajos en la vía que llevan suspendidos más de año y medio, no se han reactivado.

De acuerdo a denuncias de la veeduría, Veeduchinú, del contrato se han pagado $25.689.248.729 aproximadamente, lo cual indica que la obra debería llevar un porcentaje de avance de 89,2% y 8,92 kilómetros intervenidos.

Sin embargo, habitantes aledaños a la vía sostienen que en la misma solo se han intervenido unos 7 kilómetros. A raja tabla se puede concluir que al contratista le habrían pagado actas por valores mayores a los ejecutados.

Si por las venas de este departamento corre sangre de justicia y humanidad, los contratistas de ambas vías deberán pronto rendir cuenta ante la justicia y delatar a sus cómplices.

En una multitudinaria jornada de volanteo y movilización ciudadana, el congresista electo Luis Fernando Ballesteros lideró este jueves una masiva toma de las calles del municipio de Sahagún, ratificando el crecimiento del Pacto Histórico en Córdoba y fortaleciendo la campaña presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué.

La actividad reunió a líderes sociales, jóvenes, militantes y ciudadanos que acompañaron el recorrido por distintos sectores del municipio, en una jornada marcada por el entusiasmo popular, la organización y el respaldo ciudadano al proyecto político del cambio.

Con banderas, mensajes de esperanza y diálogo directo con la comunidad, la jornada permitió consolidar el trabajo territorial que viene impulsando el Pacto Histórico en Córdoba de cara a las elecciones presidenciales.

Durante el encuentro, Luis Fernando Ballesteros reiteró la importancia de construir una campaña cercana a la gente y conectada con las necesidades reales de las comunidades.

“Hoy vemos cómo el pueblo cordobés se levanta con esperanza y decisión para defender un proyecto político que represente a la gente humilde, a los jóvenes, a las regiones y a quienes históricamente han sido excluidos”, expresó Ballesteros.

La masiva participación ciudadana evidenció el crecimiento del respaldo popular al Pacto Histórico en Sahagún y consolida a Córdoba como uno de los departamentos estratégicos para la campaña presidencial de Iván Cepeda.

El Pacto Histórico continúa fortaleciendo su presencia en los territorios, construyendo desde las bases populares una campaña participativa, cercana y comprometida con la transformación social del país.

Mientras la administración municipal de San Andrés de Sotavento prepara los micrófonos, los aplausos y los discursos de éxito para su jornada de rendición de cuentas, en la zona rural la realidad tiene otro color. Específicamente en la vereda Roma, donde un contrato de obra pública que prometía recreación digna para la infancia hoy se traduce en abandono y cuestionamientos comunitarios.

Los documentos oficiales no mienten. Se trata del contrato de aceptación de oferta No. 23670-MINC-OP-239-2024, suscrito el 13 de diciembre de 2024 bajo la firma del alcalde Barnaby Julio Urango Almanza. El objeto era claro: la construcción de un parque infantil en la vereda Roma, por un valor de $36.300.000 pesos, otorgado a la firma DC-ARQUITECTURA S.A.S.

​El plazo de ejecución pactado era de tan solo 15 días. Sin embargo, año y medio después, las evidencias físicas presentadas por la comunidad muestran un panorama desalentador.

Las cuentas que no cuadran

​En el papel y los anexos técnicos del contrato, el proyecto justificaba la inversión millonaria detallando especificaciones técnicas estrictas:

​Movimientos de tierra y excavaciones.

​Vigas de cimentación y mampostería (pañete y pintura de muros).

​Instalación del parque infantil.

​Dos bancas de concreto prefabricadas.

​Dos reflectores LED de 200W para la iluminación nocturna.

Hoy, la comunidad de la vereda Roma levanta la voz porque lo que recibieron dista mucho de lo que el municipio pagó. Las bancas prometidas no aparecen, los acabados de mampostería brillan por su ausencia y el entorno luce deteriorado, cubierto de maleza y arena descuidada, convirtiéndose en un espacio de riesgo más que de recreación para los niños.

​»Mire, ese parque costó 36 millones de pesos y vea cómo está. Nos prometieron bancas, muros bien terminados y mampostería que nunca aparecieron o jamás se terminaron. Es una obra a medias», denuncia un habitante del sector.

Este hallazgo enciende las alarmas sobre los criterios de supervisión de la Secretaría de Infraestructura Municipal, encargada por ley de vigilar que cada peso de los contribuyentes se ejecute al 100%.

​Ante el inminente balance de gestión que presentará el gobierno local, la ciudadanía exige respuestas concretas a dos preguntas fundamentales: ¿Dónde quedó la inversión y quién responde por una obra que no cumple con lo contratado?

En este sentido, los denunciantes también manifestaron que » las obras públicas no son favores personales ni regalos de los mandatarios de turno. Aplaudir a un alcalde por construir una vía o un parque con recursos del Estado es el equivalente a aplaudir a un cajero automático por entregarle al usuario su propio dinero», expresaron.

La vereda Roma exige transparencia, respeto y, sobre todo, que se completen los trabajos por los cuales ya se destinaron fondos públicos. Mañana se hablará de cifras macroeconómicas y metas cumplidas, pero la verdadera evaluación de una gestión se mide en el terreno, donde las comunidades rurales siguen esperando que el progreso deje de ser un asunto exclusivo del papel.

El panorama político en Córdoba se sacude con el anuncio del senador electo Edgardo Espitia Cabrales, quien confirmó su apoyo decidido a la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella. Espitia, quien consolidó su fuerza electoral con cerca de 75 mil votos en los pasados comicios, inclina la balanza en Montería y el resto del departamento al poner su estructura política al servicio del reconocido abogado.

Esta unión no solo responde a cálculos estratégicos, sino a un vínculo personal inquebrantable: ambos fueron compañeros de estudio desde la primaria hasta el bachillerato. «Más que política, es un respaldo a un hijo de Montería y un amigo de toda la vida», señaló Espitia, quien ya inició diálogos con sus cuadros directivos para movilizar su caudal de votos hacia De La Espriella.

En un acto político realizado en el municipio de San Antero, fue instalado oficialmente el comité municipal de apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, en fórmula con Juan Daniel Oviedo, consolidando así un nuevo espacio de organización territorial en el departamento de Córdoba.

Córdoba, 15 de mayo de 2026: La jornada fue liderada por el diputado y coordinador político en el departamento, Carlos Gómez, quien junto a líderes sociales, comunitarios y dirigentes locales formalizó la instalación de este comité, con el objetivo de fortalecer la presencia del proyecto político en el municipio y articular acciones de trabajo con la ciudadanía.

Durante el encuentro se destacó la participación de reconocidos líderes del territorio como concejales, dirigentes políticos como los excandidatos a la Alcaldía, Carlos Manuel Díaz y Marcela “Chela” Martelo, quienes manifestaron su compromiso con la consolidación de una estructura organizativa sólida que permita llevar el mensaje político a cada rincón del municipio.

Los asistentes coincidieron en la importancia de impulsar un trabajo cercano a la comunidad, basado en el diálogo, la organización social y la movilización ciudadana, con el propósito de fortalecer el respaldo a la propuesta política que representa esta fórmula presidencial.

Asimismo, se ratificó el compromiso de continuar avanzando en la conformación de equipos de trabajo, comités barriales y estrategias de participación ciudadana que permitan dinamizar la campaña en el territorio de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.

Los líderes presentes enfatizaron que este proceso no solo representa una acción política, sino también una oportunidad de articulación social y comunitaria para fortalecer la participación democrática en San Antero.

Con esta instalación, el municipio se suma activamente a la dinámica política regional, avanzando en la consolidación de un movimiento organizado que busca posicionar este proyecto presidencial en el escenario nacional.

La Fundación Social Cordoberxia ha encendido las alarmas en el departamento de Córdoba tras revelar su más reciente reporte estadístico sobre derechos humanos y paz, correspondiente al primer trimestre de 2026. Los datos, extraídos del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contraventivo y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional, muestran una tendencia ascendente y preocupante en casi todos los indicadores de criminalidad al comparar el cierre de marzo con las cifras registradas en diciembre de 2025.

El panorama es especialmente crítico en delitos de alto impacto como los homicidios intencionales, las extorsiones, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar, los cuales han experimentado incrementos significativos que ponen en entredicho la efectividad de las estrategias de seguridad actuales en la región.

En el análisis detallado del departamento, se observa que conductas como las lesiones personales pasaron de 81 casos en diciembre de 2025 a 95 en marzo de 2026, mientras que los delitos sexuales prácticamente se duplicaron en el mismo periodo. Esta misma dinámica de deterioro se replica en las denominadas «Áreas de Confianza» y Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) destinadas a la desmovilización del grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (EGC).

En municipios claves como Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta, la violencia intrafamiliar y las amenazas individuales han mostrado picos alarmantes; específicamente, Tierralta y Puerto Libertador concentran la mayor afectación en cuanto a amenazas y homicidios dentro de este corredor estratégico.

Ante la gravedad de los hallazgos, Cordoberxia ha hecho un llamado directo y urgente al gobernador Erasmo Zuleta Bechara para que se defina e implemente un «Plan de Choque» que involucre a la Policía de Córdoba y la Policía Metropolitana de Montería. La organización subraya que la comparación entre el último mes del año pasado y el inicio de 2026 evidencia un desbordamiento de las conductas delictivas que requiere una intervención institucional inmediata y diferenciada, especialmente en los territorios donde se adelantan procesos de paz y desmovilización, para evitar que el escalamiento de la violencia neutralice los esfuerzos de estabilización en el departamento.

Tras dos semanas de intensas consultas jurídicas ante diversas autoridades electorales, la Presidencia de la Asamblea Departamental de Córdoba, liderada por Gabriel Moreno Guerrero, oficializó este 14 de mayo de 2026 el llamamiento de Lina Marcela Jiménez Ramírez para ocupar la vacante dejada por el exdiputado Gustavo Ricardo Negrete Bonilla.

La decisión, plasmada en un comunicado oficial de la corporación, pone fin a la disputa por el escaño administrativo que también reclamaba el ciudadano Juan Gabriel García Ortega.

​El proceso de selección se basó en conceptos técnicos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y jurisprudencia del Consejo de Estado, que estipulan que el reemplazo no solo debe seguir el orden de la lista electoral, sino que el aspirante debe ostentar una militancia vigente en el partido titular al momento de la vacancia.

Bajo este marco, el CNE informó que García Ortega no registraba afiliación vigente en ningún movimiento político, mientras que certificó que Jiménez Ramírez sí cuenta con una militancia activa en el Partido Nuevo Liberalismo. Con esta resolución, la duma departamental asegura haber actuado con transparencia y respeto al debido proceso para garantizar la continuidad en la representación democrática del departamento.

En la noche de ayer, en el marco de la campaña presidencial, la Comuna 9 barrio Mocari ratificaron su respaldo al proyecto político del Pacto Histórico, diciendo sí a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué en primera vuelta.

Durante la jornada de volanteo y encuentro con la comunidad, una multitud de ciudadanos manifestó su compromiso con el cambio social y político que hoy representa el Pacto Histórico, consolidándose como la fuerza política más grande del departamento y de Colombia. El respaldo de las comunidades demuestra que el pueblo quiere transformaciones reales, justicia social y un gobierno que esté del lado de la gente.

La actividad fue liderada por el representante electo Luis Fernando Ballesteros, quien junto a líderes de base y militantes del Pacto Histórico continúa fortaleciendo la campaña presidencial desde los territorios, escuchando al pueblo y construyendo una campaña cercana a las necesidades de la ciudadanía.

El crecimiento de la campaña de Iván Cepeda en las calles y territorios refleja el panorama político nacional, donde cada vez más sectores sociales y populares se suman alrededor de la candidatura, perfilándose como la principal fuerza de cambio y liderazgo para convertirse en el próximo presidente de Colombia.

El Pacto Histórico sigue creciendo desde las bases populares, llevando un mensaje de esperanza, unidad y transformación para toda Colombia.

El Gobierno nacional anunció el inicio de la reconstrucción en Córdoba tras las afectaciones provocadas por el frente frío, con una inversión inicial de $46.000 millones destinados al mejoramiento de viviendas y programas de reasentamiento para familias damnificadas.

La estrategia será liderada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del programa Barrios y Veredas de Paz, que ya adelanta acciones en municipios como Montelíbano, Cereté, Moñitos, Puerto Libertador, Puerto Escondido, Canalete, Los Córdobas, San Bernardo del Viento y Purísima de la Concepción.

Durante las visitas técnicas realizadas por equipos interinstitucionales se consolidó el censo de hogares afectados y se definieron rutas de atención según el nivel de impacto en cada territorio, con el objetivo de avanzar en procesos de mejoramiento de vivienda y reasentamiento de familias.

El Ministerio explicó que los procesos de reasentamiento se desarrollarán mediante esquemas de autogestión con organizaciones sociales y comunitarias, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 0585 de 2025.

Los primeros recursos, correspondientes a la vigencia 2026, serán invertidos en proyectos de mejoramiento de vivienda en Canalete, Los Córdobas, San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, Cereté, Puerto Libertador y Montelíbano.

La cartera de Vivienda señaló que estas obras se ejecutarán bajo esquemas de gestión social contemplados en el Decreto 0413 de 2025, con el propósito de fortalecer las economías locales, impulsar a las ferreterías de cada municipio y generar capacidades técnicas para enfrentar fenómenos asociados a las variaciones climáticas.

Montería será piloto nacional de reasentamiento colectivo

Como parte de la estrategia, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Montería firmaron el Convenio Interadministrativo 1158 de 2026 para garantizar soluciones habitacionales dignas a las familias afectadas.

En este modelo, el municipio aportará los terrenos y el urbanismo, mientras que el Gobierno nacional entregará asistencia técnica y recursos para la construcción de viviendas.

Con este acuerdo, Montería se convierte en el primer territorio del país acompañado técnicamente por el ministerio para estructurar proyectos de reasentamiento colectivo del hábitat bajo esquemas de autogestión de vivienda urbana.

De manera paralela, el Gobierno del presidente Gustavo Petro también adelanta procesos de caracterización de municipios y hogares afectados en materia de vivienda rural y acceso a agua apta para consumo humano.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que en el departamento de Córdoba fueron designados un total de 28.279 jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, de los cuales 24.642 son principales y 3.637 son remanentes.

​Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.

​Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta jurado de votación’. Además, allí se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación.

​Es importante reiterar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar sus funciones o las abandonen podrán ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

​Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.