Categoría: Política Córdoba

La FM sigue repelando el entramado de corrupción de Armeca.

En las últimas horas el medio capitalino se refirió a contratos en Montelíbano, Córdoba.

Bajo el título «Los otros contratos en Córdoba» el medio capitalino señaló:

«Justamente en ese departamento hay otros contratos con Aremca que nunca se ejecutaron. Uno de ellos era para el fortalecimiento del sector ganadero mediante el suministro de pies de cría e implementación de sistemas productivos por 19.000 millones de pesos. Otro era para la construcción de pavimento en concreto hidráulico en zona urbana por 7.600 millones.

Las obras fueron contratadas por la alcaldía de José David Cura, pero no avanzaron y hacían parte de los recursos de la paz.

Cuando les preguntamos por qué las obras estaban inconclusas la respuesta fue que no estaban obligados con el municipio por el sistema de contratación de Ocad Paz”, dijo una fuente en la región que conoce la historia. Agregó que en las obras tendrían participación congresistas y políticos fuertes de Córdoba, hoy en ejercicio» concluyó la FM

Con un monto total de $3.630 millones de pesos, invertido a través del Grupo Fondo y de la territorial de la entidad en el departamento, se logrará que estas familias construyan su casa mediante la modalidad de autogestión.

La Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través del Grupo Fondo y la Dirección Territorial Córdoba, entregó en Montería, en articulación con el Ministerio de Agricultura, los recursos para 60 proyectos de vivienda que beneficiarán a víctimas de despojo y abandono forzado en distintos municipios de la región.

El evento de entrega, realizado el 15 y 16 de abril, fue liderado por Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la URT; Kathrin Lacayo Murillo, directora territorial de la Unidad en Córdoba; tal como César Clavijo, coordinador del Grupo de Vivienda en la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura.

Los directivos explicaron a decenas de familias campesinas que la entrega de $3.630 millones de pesos —$60,5 millones por proyecto— permitirá agilizar la construcción de sus casas, órdenes judiciales que venían rezagadas en otros gobiernos, pero que hoy se materializan gracias al mecanismo de autogestión.

“En anteriores administraciones, en las que se priorizaba el interés del capital por encima de la vida digna, se ponía a las víctimas de último, dándole el negocio de la construcción de vivienda a terceros; precarizando y demorando el cumplimiento de las órdenes judiciales. Hoy, el Gobierno de Gustavo Petro les entrega el subsidio a las víctimas, para que ellas mismas sean las constructoras de sus viviendas y por fin zanjar esas órdenes históricas, con más de nueve años a la espera de tener casa”, recalcó Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo.

Por su parte, Kathrin Lacayo Murillo, directora territorial de la URT Córdoba, señaló el amplio impacto de esta acción. “Esto marca un hito, ya que 749 personas se verán beneficiadas, tras ser postuladas por la URT para acceder a este mecanismo”, dijo.

Las familias campesinas que se hicieron presentes agradecieron a la Unidad por su compromiso: “les agradezco por el proyecto que nos ha dado la Restitución de Tierras. Este gobierno de ahora nos está ayudando con la casita, y estoy feliz por eso. Desde hace años lo esperábamos”, dijo Elvira Vertel.

En esta administración, la URT, a través de su Grupo Fondo, ha desembolsado más de $714.000 millones de pesos para las víctimas, ha entregado 1.168 predios y ha realizado el 43% de las compensaciones en toda la vigencia de la Ley 1448 de 2011. Esto demuestra que en el Gobierno Petro estamos cumpliendo con dignidad.

Unidad de Restitución de Tierras

Cra 13a # 29-24. Edificio Allianz. Bogotá, D.C. Teléfono: (601) 427 9299.

Las aulas de clase en el departamento de Córdoba permanecerán vacías este miércoles 15 de abril. La Asociación de Maestros de Córdoba (ADEMACOR) se une oficialmente al paro nacional de 24 horas, una jornada de protesta motivada por las persistentes fallas en la atención médica y el incumplimiento de acuerdos laborales con el magisterio.

Bajo la consigna «La salud no es una mercancía, es un derecho», los docentes buscan presionar al Gobierno Nacional y a los operadores del servicio para que se garantice el modelo de salud pactado en el Acuerdo 003 de 2024, el cual, según el gremio, ha presentado graves deficiencias en su implementación.

En la capital cordobesa, la jornada de protesta tiene como epicentro la sede del FOMAG (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), ubicada en la calle 24 con carrera 12. Allí, desde las 8:00 a.m., se concentran los educadores para iniciar una marcha pacífica que recorrerá las principales vías de la ciudad hasta culminar en el parque Laureano Gómez, frente a la Gobernación.

Además de la crisis sanitaria, el pliego de peticiones incluye:

Pagos oportunos: Exigen el cumplimiento de la Ley 91 de 1989 para el pago de primas y prestaciones sociales.

Garantías sindicales: Protección para el ejercicio de su labor y respeto a los acuerdos firmados a nivel territorial.

Fortalecimiento del modelo: Consolidación de una red prestadora de salud digna para el docente y su núcleo familiar.

ADEMACOR enfatizó que esta parálisis de actividades tiene un carácter estrictamente sindical. Se espera que durante la movilización se realicen asambleas informativas y jornadas de afiliación para nuevos docentes. Las autoridades de tránsito recomiendan a los monterianos tomar vías alternas, ya que el flujo vehicular en el centro de la ciudad se verá afectado durante la mañana.

En un movimiento que agita el panorama político del departamento, el exalcalde de Puerto Escondido, Camilo Torres Becerra, ha sido designado como el nuevo Procurador Provincial de Montería. Su posesión oficial está programada para este miércoles 15 de abril.

Torres Becerra, quien gobernó su municipio natal en el periodo 2012-2015, regresa a la escena pública en un cargo de control disciplinario clave para la capital cordobesa. Sin embargo, su nombramiento no pasa desapercibido debido a sus estrechos vínculos con el poder local actual.

El nuevo procurador provincial cuenta con un sólido respaldo político y familiar en la región:

Es el esposo de Ivis Marzola Redondo, actual alcaldesa de Puerto Escondido.

Es hermano y principal estratega de la excandidata a la Cámara de Representantes, Heidy Torres, a quien lideró políticamente en la pasada contienda electoral.

Con esta designación, Torres Becerra pasa de la arena de la gestión ejecutiva y las campañas políticas al rol de vigilar la conducta de los servidores públicos en Montería. Se espera que, tras su posesión formal este miércoles, inicie el empalme en una de las dependencias más estratégicas del Ministerio Público en Córdoba.

Un total de 15.037 personas que realizaron el trámite de su cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad en las diferentes sedes de la Registraduría en el departamento de Córdoba no se han acercado a reclamar su documento.

De los documentos pendientes por reclamar, 9.280 son cédulas de ciudadanía y 5.757 son tarjetas de identidad. Para reclamarlos, los ciudadanos deben acercarse a la sede de la Registraduría donde realizaron el trámite, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua.

Las personas que tramiten la cédula amarilla con hologramas tienen un plazo máximo de un (1) año para reclamarla, contado desde la fecha en la que el documento está disponible para entrega, y para quienes tramiten la cédula de ciudadanía digital en policarbonato, el plazo es de dos (2) años. Mientras que las tarjetas de identidad podrán ser reclamadas hasta su fecha de vencimiento. De no ser así, estas serán devueltas a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción, teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conlleva el mantenimiento, la custodia y el inventario de los documentos de identidad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil hace un llamado a los colombianos para que reclamen su documento de identidad, ya que es indispensable para realizar trámites, acceder a los servicios del Estado y en el caso de la cédula de ciudadanía, es el único documento válido para ejercer el derecho al voto.

Un inicio de semana complicado enfrentan los conductores en el departamento de Córdoba. Desde las primeras horas de este martes, líderes de las comunidades ribereñas mantienen un bloqueo total en la vía nacional que comunica a Lorica con Cereté y Montería, específicamente a la altura de la casilla de espera del corregimiento Cotocá Arriba.

La protesta, que impide el paso tanto de vehículos particulares como de motocicletas y transporte público, es una medida de presión de los habitantes hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El descontento social radica en la falta de intervención en los puntos críticos de la ribera del río Sinú. Según los manifestantes, la temporada invernal apenas comienza y el riesgo de nuevas inundaciones es inminente si no se realizan trabajos de mitigación inmediatos.

«No queremos más promesas, queremos máquinas trabajando. Si el río se sale, perdemos nuestros cultivos y viviendas nuevamente», manifestó uno de los líderes de la zona.

A esta hora se registran largas filas de vehículos en ambos sentidos de la carretera. Las autoridades de tránsito ya hacen presencia en el lugar para intentar mediar con las comunidades; sin embargo, los manifestantes aseguran que no levantarán la medida hasta recibir un compromiso formal y con fechas claras por parte del Gobierno Nacional.

Se recomienda a las personas que necesiten viajar hacia la capital cordobesa tomar rutas alternas (como la vía por San Pelayo si es posible) o postergar sus traslados, ya que el paso permanece completamente restringido.

Al final de los escrutinios, la lista a Cámara del Pacto Histórico en Córdoba, sumó en Montería 54.215 votos, el 24,79% del total de la votación en la ciudad. La colectividad solo fue superada en la capital de Córdoba por la coalición Primero Córdoba, que obtuvo 68.142 votos (lista apoyada por un grupo de congresistas y concejales).

El Pacto alcanzó esa histórica votación sin un concejal, sin congresistas, sin gobierno y casi que sin recursos. Gracias a ese respaldo en las urnas en Montería y todo el departamento alcanzaron una curul en la Cámara de Representantes.

El partido del presidente Gustavo Petro, se enfoca ahora en la campaña de Iván Cepeda, con el propósito de ganar em primera vuelta.

Este medio le preguntó a Claudia Jiménez y a Miguel Martín, si estaban pensando jugar un papel preponderante en las elecciones del 2027 (Alcaldías y gobernación). La respuesta es contundente, por ahora el trabajo se centra en la campaña de “Iván Cepeda, presidente”, pero es un hecho que van con candidatos a algunas alcaldías, sobre todo en aquellos municipios donde alcanzaron una importante votación (Montería, Lorica, Montelíbano y Sahagún).

Es un hecho que el aval del Pacto Histórico para ir por la Alcaldía de Montería, será por un candidato o candidata que venga del ejercicio de caminar los territorios defendiendo las propuestas del Cambio.

Si el pacto Histórico decide presentar un candidato o candidata a la Alcaldía de Montería, seguramente saldrá de los excandidatos que integraron la lista a Cámara del Pacto Histórico en Córdoba.

La pregunta es ¿Claudia Jiménez y Miguel Martín: ¿son Las cartas del Pacto Histórico para ir por la Alcaldía de Montería?

Por ahora habrá que esperar que pasa el próximo 31 de mayo con Iván Cepeda.

¡Sabemos de Política!

El Instituto Nacional de Vías (Invías) confirma la llegada de la infraestructura metálica al departamento de Córdoba, trasladada desde sus bodegas en Cundinamarca, con el propósito de habilitar el paso sobre el río Canalete, en el corregimiento de Popayán. La Entidad inicia la instalación de este puente modular para restablecer la conexión vial entre las comunidades de Popayán y Sisevan, luego de que la estructura anterior fuera arrastrada por una creciente súbita en febrero.

El puente tendrá una longitud de 48,76 metros, lo que permitirá el paso seguro de vehículos y garantizará la transitabilidad en la zona. Sobre esta intervención, el director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez, destacó: “Venimos atendiendo de manera oportuna las afectaciones ocasionadas por el frente frío. En departamentos como Antioquia y Magdalena, hemos obtenido resultados satisfactorios en corto tiempo, y estamos seguros de que en Córdoba también lograremos restablecer la movilidad, facilitando el transporte de productos y la conexión de esta ruta estratégica”.

Por su parte, la Alcaldía de Canalete se comprometió con la construcción de la cimentación y los estribos, así como con la realización de estudios y diseños, el apoyo logístico, la coordinación institucional y la sostenibilidad de la infraestructura.

​De manera paralela el Instituto avanza en las obras de los puentes Mulatos y San Juan, fundamentales para la conectividad entre Necoclí y San Juan de Urabá. La ministra Mafe Rojas destacó que es prioridad reactivar el transporte de productos y la movilidad en este corredor estratégico, por aquí sale ganado y productos agrícolas de los departamentos Antioquia y Córdoba para todo el país.

La inversión para atender las emergencias derivadas del frente frío se enmarca en el Decreto 0150 de febrero de 2026, mediante el cual se asignaron recursos por $626.000 millones para todo el país. Esta intervención contempla una atención conjunta y focalizada en 76 municipios declarados en emergencia, así como en las principales arterias del Sistema Integral de Vías (SIV).

De acuerdo con el reporte territorial de afectaciones, en el departamento de Córdoba se registran impactos en 25 municipios. Es importante señalar que el frente frío registrado en febrero llevó al Gobierno nacional a priorizar ocho departamentos, con énfasis en la región Caribe y el noroccidente colombiano, los cuales son: Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Bolívar, Antioquia, Cesar y Chocó.

​El sector transporte, bajo el liderazgo de la ministra Mafe Rojas, continúa trabajando en la atención de las zonas más afectadas del país, con el objetivo de recuperar la transitabilidad en condiciones seguras en el menor tiempo posible en los distintos departamentos.

El Resguardo Indígena Zenú ha declarado el estado de asamblea permanente y confirmó que iniciará una minga pacífica a partir del próximo lunes 20 de abril. La protesta, motivada por el presunto incumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno Nacional, se concentrará en el estratégico Puente San Jorge, punto neurálgico que conecta al departamento con el interior del país.

La comunidad indígena señala que la movilización es una respuesta al «olvido institucional» y a la falta de avances en materia de tierras y derechos humanos. Los líderes del resguardo fueron enfáticos: la vía no será despejada hasta que se instale una mesa de diálogo de alto nivel en el sitio de la protesta.

Para levantar la medida de hecho, el Resguardo exige la presencia inmediata de funcionarios con poder de decisión, entre ellos:

Agencia Nacional de Tierras (ANT): En cabeza de su director nacional.

Derechos Humanos: Delegados de la Comisión Nacional.

Gobierno Central: Representantes directos de la Presidencia de la República.

El Consejo de Estado, a través de su Sección Cuarta, profirió un fallo definitivo que obliga al municipio de Planeta Rica a reintegrar una millonaria suma a la cooperativa Colanta, tras determinar que los cobros tributarios realizados por la administración local carecían de fundamento legal.

La disputa jurídica se centró en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA). En el año 2021, la Alcaldía de Planeta Rica pretendió cobrar a la empresa sumas que supuestamente habían sido declaradas pero no pagadas durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020. Sin embargo, el alto tribunal de lo contencioso administrativo concluyó que dichos cobros no eran procedentes, dándole la razón a la cooperativa.

El fallo no solo representa un alivio para la caja de la cooperativa, sino que impone un reto mayúsculo para las arcas del municipio, que ahora deberá desembolsar exactamente $3.171.182.000.

La administración municipal deberá ajustar su presupuesto para cumplir con la devolución, lo que podría afectar la inversión en obras públicas para este año. Los magistrados enviaron un mensaje claro a los entes territoriales sobre la rigurosidad necesaria al interpretar y aplicar normas tributarias, evitando cobros arbitrarios que terminen en costosas demandas contra el Estado.