Categoría: Política Córdoba

El dirigente campesino Rosmy Rojas, presidente nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), presentó una propuesta orientada a proteger al campesinado afectado por la actual emergencia ambiental en Córdoba y por los impactos históricos derivados del manejo del río Sinú.

La iniciativa ha recibido el respaldo de Luis Fernando Ballesteros Meza, cabeza de lista a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico Córdoba, quien calificó la propuesta como oportuna, necesaria y coherente con la defensa del campo.

Participación campesina en la junta directiva de Urrá

La propuesta plantea garantizar representación de organizaciones campesinas y ribereñas en la junta directiva de Urrá S.A. E.S.P., empresa operadora del Embalse de Urrá I.

Según la ANUC, las comunidades que han vivido durante décadas los efectos sociales, productivos y ambientales de la represa deben tener participación directa en las decisiones estratégicas relacionadas con el manejo del recurso hídrico y sus impactos territoriales.

Activación urgente del FONSA como plan de choque

La segunda medida consiste en la activación inmediata del FONSA como instrumento financiero de emergencia, con el objetivo de evitar la quiebra de pequeños productores afectados por las inundaciones.

Este mecanismo permitiría:
• Reestructuración de créditos agropecuarios.
• Periodos de gracia para productores damnificados.
• Suspensión temporal de cobros y reportes negativos.
• Acceso a líneas especiales para la recuperación productiva.

Ballesteros señaló que el país cuenta con herramientas financieras para atender la crisis rural, y que lo que se requiere es voluntad política para activarlas con rapidez y proteger a miles de familias campesinas que hoy enfrentan pérdidas significativas.

A través de sus canales oficiales, el diputado de Córdoba, Gabriel Calle, fijó una contundente postura sobre la diferencia entre el ejercicio legítimo del control político y lo que calificó como una «obstrucción politiquera». Para el asambleísta, el papel de los concejales y diputados no debe confundirse con el bloqueo sistemático por cálculos electorales, especialmente cuando el bienestar de la ciudadanía está en juego.

Calle fue enfático al señalar que aquellos cabildantes que frenan inversiones necesarias bajo «leguleyadas» o intereses personales no están castigando al mandatario de turno, sino que están afectando directamente a la población. «En tiempos de emergencia, obstaculizar es actuar de mala fe y cerrar oportunidades a la comunidad», advirtió el dirigente.

El diputado definió la verdadera oposición como un ejercicio de vigilancia rigurosa que prioriza la transparencia y el cuidado del erario. Según su visión, la labor de un opositor serio consiste en:
* Vigilar la ejecución de los proyectos.
* Exigir transparencia absoluta en los procesos.
* Cuidar cada peso público para que llegue a su destino.

«Eso es defender al pueblo. Lo demás es simple obstrucción», concluyó Calle, enviando un mensaje directo a los cuerpos colegiados del departamento en un momento donde la agilidad administrativa es clave para atender las urgencias sociales y de infraestructura en la región.

 En medio de una emergencia que mantiene a más de 40.000 familias fuera de sus hogares, la Comisión de Presupuesto del Concejo decidió no aprobar una herramienta que buscaba agilizar el traslado de recursos para atender con mayor rapidez a los damnificados por las inundaciones.

Los concejales que votaron negativamente la propuesta fueron Trino Hoyos, Emery Hernández, Juan Vargas y Anyi Pacheco, mientras que los concejales Carlos Verbel, Beto Payares y Julio Hoyos decidieron respaldar la medida radicada por la Alcaldía de Montería.

La iniciativa planteaba permitir, exclusivamente en el marco de la calamidad pública, una mayor flexibilidad para mover recursos hacia donde hoy son urgentes: alimentación, alojamientos temporales, saneamiento, recuperación educativa y atención social en los barrios de la Comuna 1 y 2, así como en la zona rural, incluyendo Las Palomas, Guasimal, Loma Verde y Pueblo Bujo; y para las familias que se encuentran en los alojamientos temporales.

Miles de familias atraviesan hoy una de las situaciones más difíciles que ha afrontado Montería y, luego de esta decisión del Concejo, en distintos sectores de la ciudad se percibe una sensación de desamparo. Comunidades que esperaban respaldo sienten que sus representantes en el Concejo no respondieron con la urgencia que la crisis demandaba.

Hay que indicar que la propuesta no implicaba nuevos recursos ni endeudamiento. Buscaba reducir tiempos, evitar trámites que pueden tardar hasta diez días en momentos en los que cada minuto cuenta para proteger a los monterianos damnificados.

Desde la administración municipal indicaron que el proyecto de acuerdo se ajusta plenamente a la Constitución y a las sentencias del Tribunal Administrativo de Córdoba, cumpliendo los criterios jurídicos establecidos, entre ellos el de solicitar estas facultades por un período de seis meses.

Sin embargo, la mayoría de la Comisión de Presupuesto del Concejo decidió no respaldar la iniciativa de la Alcaldía de Montería. La decisión se produce cuando hay niños en riesgo y familias que dependen de una respuesta oportuna.

En el momento más crítico para miles de monterianos, la prioridad es actuar con agilidad humanitaria, situación que no han entendido los concejales que hoy se han opuesto a una atención inmediata. La emergencia no espera debates prolongados. No espera cálculos políticos y requiere acciones humanitarias urgentes. Hoy, las comunidades sienten que el Concejo los ha dejado solos y les has dado la espalda.

El municipio de Sahagún es hoy escenario de un gran torneo que reúne a diferentes municipios, consolidándose como ejemplo de integración, recreación y dinamización económica para la región.

Detrás de estos espacios hay una convicción clara. Davo Pastrana, hoy candidato al Senado, ha hecho del deporte una bandera permanente de su trabajo público, impulsando cada disciplina como herramienta de transformación social y desarrollo regional.

Estos torneos no solo fortalecen la sana competencia, también generan oportunidades para emprendedores, activan la economía local y abren caminos para niños y jóvenes que ven en el deporte una oportunidad de futuro.

En Sahagún queda claro: el deporte no es discurso de campaña, es una apuesta real que Davo Pastrana quiere seguir defendiendo desde el Senado de la República.

En el marco de la emergencia invernal que afecta a la región Caribe, la Defensoría del Pueblo adelanta jornadas de verificación en los alojamientos temporales habilitados en Montería. La entidad, en su función de velar por los derechos humanos, realiza un seguimiento estricto a las condiciones de cientos de familias del área rural y urbana que resultaron damnificadas por las recientes inundaciones.

Durante los recorridos, servidores de la entidad han constatado la situación humanitaria de las comunidades que se vieron obligadas a abandonar sus viviendas. El rol de la Defensoría se centra en garantizar que la respuesta institucional priorice la dignidad y el bienestar de los afectados, actuando como invitado permanente en los Puestos de Mando Unificado (PMU).

La labor de vigilancia de la Defensoría del Pueblo incluye la evaluación de puntos críticos para la población vulnerable:
Condiciones de habitabilidad: Verificación de espacios seguros para niños, niñas y personas mayores.
Servicios básicos: Supervisión del acceso a agua potable y alimentación suficiente.
Salud y salubridad: Evaluación de riesgos de contaminación y disponibilidad de atención médica.

Además de su función de control, la Defensoría actúa como enlace directo entre la comunidad y las autoridades locales, elevando las peticiones de los ciudadanos para que reciban el trámite correspondiente. La institución reafirmó que continuará con este seguimiento permanente en Córdoba y otros territorios del país para asegurar que la atención humanitaria sea integral, oportuna y respetuosa de los derechos fundamentales.

El diputado Gabriel Calle Aguas cuestionó con firmeza la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026, una norma que había establecido un aumento cercano al 23% para millones de trabajadores en Colombia.

El dirigente cordobés afirmó que no puede normalizarse que decisiones que impactan directamente a millones de trabajadores queden en manos de organismos percibidos como politizados y desconectados de la realidad social y productiva del país. Según sostuvo, cuando la justicia pierde sintonía con las necesidades urgentes de la ciudadanía, deja de ser un instrumento de equilibrio democrático y se convierte en un obstáculo para la justicia social.

Calle Aguas indicó que las altas cortes deben garantizar el control constitucional y legal, pero también actuar con sensibilidad institucional frente al contexto económico y social que vive la nación. A su juicio, la legitimidad de la justicia no depende solo de su autonomía, sino también de su cercanía con el pueblo y de la transparencia en la elección de sus magistrados.

En ese sentido, planteó la necesidad de abrir una discusión seria sobre una reforma estructural de la justicia que incluya:

• Mecanismos de elección más transparentes.
• Menor incidencia de cuotas políticas.
• Mayor rendición de cuentas.
• Una justicia que no sea un poder cerrado sobre sí mismo.

Finalmente, el diputado advirtió que la democracia exige equilibrio entre poderes, pero también coherencia con el mandato popular y las urgencias sociales del país, señalando que si las instituciones no evolucionan con Colombia, terminan perdiendo legitimidad ante la ciudadanía.

En el marco de la contingencia generada por la ola invernal en el departamento de Córdoba, Nueva EPS activó un plan integral de gestión del riesgo para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud en los municipios afectados.

En mutuo acuerdo con las diferentes aseguradoras, la entidad asumirá la responsabilidad de la caracterización poblacional y el reporte de actividades de gestión del riesgo en Tierra Alta, Valencia, San Carlos, Buena Vista y Puerto Libertador, garantizando que la atención y seguimiento a los usuarios se realice de manera organizada y efectiva.

Adicionalmente, se desplegará talento humano de Nueva EPS en los 24 municipios afectados, con el apoyo de personal adicional proveniente de otros departamentos, asegurando cobertura integral del territorio afectado y reforzando la estrategia para la entrega de medicamentos, atención médica y acompañamiento a los afilados en albergues y zonas rurales.

Esta estrategia permitirá garantizar el acceso oportuno a consulta médica general, seguimiento de pacientes crónicos, atención materno-infantil y manejo de condiciones prioritarias, logrando así que la población continúe recibiendo atención sin interrupciones.

En zonas rurales dispersas la entidad de salud ha dispuesto la recepción de fórmulas médicas mediante promotores de salud y la entrega domiciliaria en articulación con las Secretarías de Salud municipales, con el fin de evitar interrupciones en tratamientos de enfermedades crónicas, patologías de alto riesgo y condiciones prioritarias.

Adicionalmente, Nueva EPS garantiza la continuidad de los esquemas de vacunación en puntos habilitados en municipios afectados, albergues temporales e IPS públicas y privadas de la red. A través del equipo extramural se realiza la canalización activa de personas con esquemas incompletos, priorizando población infantil, mujeres gestantes, adultos mayores, pacientes con comorbilidades y otros grupos de riesgo específicos, con el objetivo de prevenir brotes epidemiológicos asociados a las condiciones propias de emergencias invernales.

Dentro de las acciones complementarias se destacan el censo poblacional en albergues, la identificación de población afiliada y no afiliada, el seguimiento a condiciones de salud prioritarias, el pago oportuno a la red primaria para garantizar la continuidad operativa y el monitoreo permanente de las condiciones en salud por la situación en territorio.

Finalmente Nueva EPS reafirmó su compromiso con la protección de la salud y el bienestar de sus afiliados y de la comunidad en general, especialmente en contextos de emergencia. La entidad continuará trabajando de manera articulada con autoridades locales, Secretarías de Salud, IPS públicas y privadas y organismos de gestión del riesgo para asegurar una respuesta integral, oportuna y humanizada frente a la contingencia.

Policía Nacional refuerza la seguridad en albergues y zonas de riesgo

 La Policía Nacional en Montería, participó de manera activa en el Consejo de Seguridad extraordinario convocado para atender las situaciones derivadas del frente frío atípico que afecta la región. En esta mesa de trabajo, en la que también intervinieron la Fiscalía General y la oficina de Gestión del Riesgo, la Institución definió la hoja de ruta operativa para garantizar el orden público y la protección de las familias damnificadas durante la contingencia.

Como resultado de este comité, la Policía Nacional ha desplegado un componente de vigilancia especial para acompañar a las cerca de 7.000 personas que se encuentran actualmente en albergues temporales. El personal uniformado mantiene una intervención constante en estos puntos con el objetivo de mitigar problemas de convivencia y prevenir cualquier tipo de violencia que pueda surgir debido a la situación de emergencia. Estas acciones se enmarcan en el censo oficial que ya registra a 23.700 ciudadanos afectados, a quienes se les brinda atención y seguridad de forma prioritaria.

Aunque el nivel del río ha iniciado su descenso y el riesgo en la represa ha disminuido significativamente, la Institución mantiene patrullajes perimetrales para evitar el ingreso de civiles a zonas de peligro. Asimismo, unidades policiales brindan seguridad técnica durante las labores de verificación del fluido eléctrico en los sectores críticos.

El señor coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, señaló que: “Desde la Policía Nacional participamos activamente en este Consejo de Seguridad extraordinario, donde definimos la hoja de ruta operativa para garantizar el orden público y la protección de las familias damnificadas. Nuestro componente especial permanece en los albergues y en las zonas críticas, priorizando la seguridad y la convivencia ciudadana durante esta emergencia.”

La Policía Nacional reafirma su compromiso de mantener el control territorial y la seguridad ciudadana. La Institución hace un llamado a la tolerancia y a la calma entre los habitantes de los sectores afectados, recordando que todas las capacidades institucionales están desplegadas para proteger la vida y los bienes de los monterianos.

Sincelejo fue escenario de múltiples reuniones multitudinarias donde líderes políticos, empresariales y ciudadanos expresaron su respaldo a esta candidatura al Senado.

Juancho Torres, Yuris Barrera, Dina Pérez, Álvaro Abad y Víctor González reunieron a diferentes sectores que creen en una propuesta firme para impulsar el empleo, fortalecer la economía y defender a Sucre desde el Congreso.

 “Seré la voz de Sucre y de las regiones”, reafirmó Davo.El respaldo en Sincelejo confirma que esta candidatura sigue creciendo.

¡La voz de las regiones se fortalece!