Burbuja Política
Valentín de la Barrera Barrios se convirtió en el único candidato de Córdoba inscrito para aspirar al Senado en la consulta del Pacto Histórico, del próximo 26 de octubre.
La consulta del 26 de octubre servirá no solo para definir la lista definitiva del Pacto Histórico, sino también para establecer la ubicación en el tarjetón, lo cual es de gran importancia teniendo en cuenta que la misma será cerrada.
El Pacto Histórico en Córdoba reveló los nombres de los ocho aspirantes que participarán en la consulta del 26 de octubre, para definir los candidatos que integrarán la lista oficial a la Cámara de Representantes y el orden de la misma que será cerrada.
Los precandidatos confirmados son:
•Luis Fernando Ballesteros Meza
•Claudia Leonor Jiménez Martínez
•Álvaro Augusto Márquez González
•Miguel Leonardo Martín Peña
•Osmany Vanessa Martínez González
•Manuel Enrique Navarro Díaz
•Cristian Javier Hernández Pérez
•María Clemencia García Sanclemente
El precandidato a la Cámara de Representantes y líder social Luis Fernando Ballesteros acompañó al escritor Óscar Vega Benito-Revollo en el lanzamiento de su libro Nuestra historia 8000 a.C. a 1956: hechos trascendentales en los pueblos del Sinú, San Jorge y Sahagún, realizado en el Pueblito Cordobés.
La obra recupera episodios clave de la memoria regional, mostrando la riqueza social, cultural y política que ha marcado a Córdoba desde tiempos ancestrales.
Ballesteros destacó que conocer la historia es esencial para recuperar la identidad del pueblo cordobés. Señaló que, a lo largo del tiempo, intereses de poder debilitaron la cultura sinuana al afectar sus ríos, ciénagas y fuentes de abundancia, generando condiciones de escasez que aún hoy impactan a la región.
“Defender nuestra memoria es también recuperar la grandeza de la cultura sinuana. Solo un pueblo consciente de su historia podrá cambiar el sistema y construir un futuro con dignidad. Nuestra cultura no debe ocultarse: debe convertirse en un motor de turismo y desarrollo para Córdoba y para Colombia”, afirmó Ballesteros.
El líder social cerró recordando una frase citada en la obra:
“Solo una comunidad que se conoce a sí misma puede aspirar al progreso” —Confucio.
Un operativo de desalojo masivo en Montelíbano ha generado indignación y preocupación en la comunidad. La Alcaldía municipal, en un trabajo conjunto con la UNDMO, ejecutó la orden de desalojar a cerca de 30 familias campesinas que, durante más de diez años, habían trabajado 24 hectáreas de tierra que estaban abandonadas.
La acción, ordenada por el alcalde Gabriel Calle, ha sido criticada por la falta de alternativas de reubicación o sustento para los afectados, quienes se dedicaban al cultivo de yuca, arroz y la cría de animales de corral. A pesar de los llamados de la comunidad para un diálogo y una solución concertada, el desalojo se llevó a cabo con maquinaria pesada que arrasó con los «cambuches» y los cultivos, dejando a estas familias en total incertidumbre.
La decisión ha suscitado serios cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades, como la ausencia de gestiones previas que pudieran haber evitado la pérdida total del trabajo de los campesinos y la falta de un plan de ayuda para las familias. Muchos se preguntan por qué administraciones anteriores no habían intervenido y por qué no se ofrecieron soluciones preventivas antes de llegar a esta drástica medida.
El municipio de Puerto Libertador enfrenta una controversia que debería encender las alarmas de todos los órganos de control. Una demanda de nulidad simple contra el Acuerdo Municipal 006 de 2023 —con el que la administración local obtuvo un empréstito por más de 18 mil millones de pesos— fue admitida desde el 4 de agosto por el Juzgado Cuarto Administrativo Mixto del Circuito de Montería. La demanda incluye una medida cautelar para suspender de inmediato los efectos del acuerdo, pero la jueza Jhoana del Carmen Ruiz aún guarda un silencio que empieza a ser más escandaloso que el caso mismo.
El trasfondo no es menor: el demandante sostiene que la alcaldesa usó en 2025 un acuerdo que había perdido vigencia en diciembre de 2023, lo que, de confirmarse, no solo comprometería la legalidad del empréstito, sino que podría configurar un delito. No estamos hablando de simples tecnicismos jurídicos, sino de la suerte de los recursos públicos de un municipio que en el último año ha sido golpeado por varios escándalos de corrupción.
Pero mientras la ciudadanía espera respuestas, la justicia parece haberse ido de vacaciones. Más de mes y medio después de la admisión de la demanda, la jueza Ruiz no ha resuelto la solicitud de suspensión provisional. ¿Por qué tanta demora? ¿Quién gana con el silencio? Y sobre todo, ¿quién pierde? El pueblo.
En un país donde se proclama la independencia judicial y la defensa del interés general, resulta inadmisible que un proceso de esta magnitud esté varado en un despacho. La lentitud no es neutral: cada día sin decisión es un día en el que se siguen comprometiendo recursos públicos bajo la sombra de la duda.
El caso de Puerto Libertador no solo expone la posible irregularidad de una administración municipal, sino también la fragilidad de una justicia que, en teoría, debería ser la primera línea de defensa de los ciudadanos. Y la pregunta sigue en el aire, cada vez más incómoda: ¿qué pasa con nuestra justicia? ¿Quién defiende los intereses del pueblo cuando hasta los jueces callan?
La reciente Ley 2385 de 2024, que prohíbe las corralejas y riñas de gallos en todo el país, ha encendido las alarmas en el departamento de Córdoba debido al fuerte impacto económico que se avecina. Según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en la región, esta tradición mueve más de 120.000 millones de pesos anuales y sostiene alrededor de 18.000 empleos directos e indirectos.
A pesar de que la ley establece un período de transición de tres años, el gremio empresarial expresa su preocupación por la falta de un plan claro para la reconversión laboral de miles de personas. Luis Martínez García, director de Fenalco Córdoba, explicó que la afectación no solo golpea a los ganaderos, sino a toda una cadena que incluye a vendedores ambulantes, operarios de montaje y comerciantes locales.
Fenalco, si bien respeta la decisión legislativa en favor del bienestar animal, hace un llamado urgente al Gobierno para implementar programas que permitan a los trabajadores afectados incorporarse a otros sectores, como el agrícola y comercial. Como alternativa, el gremio propone que los escenarios de corralejas se transformen en espacios para eventos culturales que no involucren maltrato animal, lo que permitiría mantener una parte de la actividad económica y cultural. La Ley 2385, que entrará en plena vigencia en 2027, representa un desafío económico para una región donde las corralejas son una pieza clave de las fiestas patronales.
Integrantes del Cabildo Indígena de Punta Verde, la Junta de Acción Comunal de Medio Rancho y la comunidad afro de la zona mantienen bloqueadas las vías de acceso a la operación minera de Queresas y Porvenir (Q&P), lo que ha generado el cese de actividades de la empresa Cerro Matoso.
Las comunidades, que mantienen la protesta desde ayer, exigen respuestas a la empresa sobre una serie de incumplimientos en acuerdos previos. En un pliego de peticiones, las comunidades solicitan a la empresa una mayor inversión social y ambiental, así como mejores oportunidades laborales para los habitantes de la zona.
Entre las peticiones se destacan:
* Acceso prioritario al empleo de mano de obra calificada y profesional de las comunidades.
* Cumplimiento de acuerdos sociales y ambientales previamente pactados.
* Mejoramiento de la infraestructura comunitaria, como colegios y escuelas.
* Implementación de proyectos de acceso al agua potable.
* Acceso a formación técnica y profesional de manera continua para los jóvenes de la zona.
La situación ha generado preocupación en la empresa minera y en las autoridades locales. Se espera la instalación de mesas de diálogo en las próximas horas para buscar una solución al conflicto y evitar que se agrave la situación.
Comunidades de Planeta Rica bloquean operaciones de Cerro Matoso por incumplimientos
Integrantes del Cabildo Indígena de Punta Verde, la Junta de Acción Comunal de Medio Rancho y la comunidad afro de la zona mantienen bloqueadas las vías de acceso a la operación minera de Queresas y Porvenir (Q&P), lo que ha generado el cese de actividades de la empresa Cerro Matoso.
Las comunidades, que mantienen la protesta desde ayer, exigen respuestas a la empresa sobre una serie de incumplimientos en acuerdos previos. En un pliego de peticiones, las comunidades solicitan a la empresa una mayor inversión social y ambiental, así como mejores oportunidades laborales para los habitantes de la zona.
Entre las peticiones se destacan:
* Acceso prioritario al empleo de mano de obra calificada y profesional de las comunidades.
* Cumplimiento de acuerdos sociales y ambientales previamente pactados.
* Mejoramiento de la infraestructura comunitaria, como colegios y escuelas.
* Implementación de proyectos de acceso al agua potable.
* Acceso a formación técnica y profesional de manera continua para los jóvenes de la zona.
La situación ha generado preocupación en la empresa minera y en las autoridades locales. Se espera la instalación de mesas de diálogo en las próximas horas para buscar una solución al conflicto y evitar que se agrave la situación.
Más de 200 personas se dieron cita en Pueblo Nuevo para recibir al líder social y precandidato a la Cámara de Representantes, Luis Fernando Ballesteros Meza, en un encuentro marcado por el entusiasmo y el compromiso político de las comunidades campesinas.
La reunión contó con la presencia de diversas asociaciones rurales que ratificaron su respaldo a Ballesteros. El evento inició con la intervención del dirigente campesino Félix Urango, quien destacó la importancia de elegir con responsabilidad a los representantes del pueblo. Invitó a los campesinos a despojarse del miedo y a crear conciencia en cada ciudadano sobre la necesidad de defender sus derechos desde el Congreso de la República.
Posteriormente, tomó la palabra el precandidato Luis Fernando Ballesteros, quien afirmó que la convocatoria no solo define el futuro de Córdoba, sino también el de todo el país. “Lo que está en juego no es una persona, sino un proyecto político que hoy se encuentra en cuidados intensivos, porque no contamos con una mayoría en el Congreso de la República”, expresó.
Ballesteros recordó que el presidente Gustavo Petro anunció recientemente la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, como respuesta al bloqueo sistemático de las reformas por parte del Congreso. “El pueblo eligió un presidente con visión transformadora, pero la experiencia nos ha demostrado que el verdadero poder está en el Congreso. Allí se deciden las leyes, las reformas constitucionales y hasta los magistrados de la Corte Constitucional, quienes muchas veces han fallado en contra de los cambios que pide la gente”, señaló.
Como ejemplo, mencionó la reforma pensional, donde la oposición se negó a reconocer un bono pensional para campesinos y adultos mayores, mientras millones de trabajadores informales siguen sin acceso a seguridad social. También criticó la reforma laboral, aprobada de manera incompleta y sin contemplar a la mayoría de los sectores más vulnerables. “Ese es el reflejo de un Congreso que legisla para unos pocos, mientras bloquea los derechos del pueblo”, puntualizó.
En su intervención, el precandidato destacó la importancia de la reforma agraria, contemplada en los Acuerdos de La Habana. Resaltó la voluntad política del presidente Petro, quien se comprometió a entregar 3 millones de hectáreas de tierra. No obstante, advirtió que las trabas políticas han frenado ese proceso. “Hasta ahora se han adjudicado unas 648.000 hectáreas en el país, de las cuales más de 38.000 están en Córdoba. Es un avance, pero insuficiente frente a la magnitud del desafío”, afirmó.
Finalmente, Ballesteros hizo un llamado a la organización campesina y a la conciencia ciudadana. “No se trata de votar por una persona, sino por un ideal”, dijo, recordando que “por donde pasa la plata, se concentra el poder político”, razón por la cual es clave empoderar al campesino organizado como eje de transformación social.
El precandidato cerró con una invitación a la movilización del próximo 26 de octubre, fecha de la consulta del Pacto Histórico. “Ese día será el pueblo quien decida quién nos representará en el Congreso. Ese es el paso que necesitamos para hacer realidad el cambio en Córdoba y en Colombia”, concluyó Ballesteros.
Una publicación reciente en las redes sociales del exalcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, ha generado especulaciones sobre un posible respaldo a la campaña de Edgardo Espitia al Senado de la República. El exmandatario compartió una fotografía junto a Espitia, en la que incluso se le ve usando una gorra con la marca del candidato.
Este gesto público, que ocurre tras un periodo de distanciamiento entre ambos sectores, sugiere que las diferencias del pasado podrían haberse superado. En su publicación, Ordosgoitia destacó que la reunión sirvió para «compartir experiencias en movilidad, seguridad y turismo», buscando así impulsar el futuro de Montería y Córdoba.
¿Podría esta fotografía ser el inicio de una nueva alianza política en la región?