Categoría: Política Córdoba

Algunos habitantes de Bonga Mella(San Pelayo) manifiesta nuevamente su preocupación por el notable deterioro del puente que conecta esta zona rural, justo cuando inicia la temporada de lluvias en la región. Los habitantes aseguran que la estructura presenta otra vez daños visibles que ponen en riesgo la movilidad de peatones y vehículos.

La alerta crece al recordar que el año pasado las cabeceras del puente colapsó apenas diez meses después de su inauguración, generando una emergencia que dejó a la población incomunicada.

Hoy, a pesar de las reparaciones realizadas, el temor vuelve a instalarse entre los campesinos y transportadores que dependen de esta vía para sacar sus productos. Líderes comunitarios piden a las autoridades municipales y departamentales una intervención urgente y definitiva, antes de que las lluvias agraven el estado de la estructura.

La Concesión Ruta al Mar ha emitido un comunicado oficial para deslindarse de la responsabilidad del siniestro vial ue dejó una víctima fatal el pasado 26 de agosto en la avenida Bicentenario del municipio de Lorica. La concesión argumenta que el tramo donde sucedió el suceso de tránsito no está bajo su jurisdicción, ya que forma parte del casco urbano de la ciudad.

En el comunicado, Ruta al Mar afirma que no tiene responsabilidad en la operación, mantenimiento o mejoramiento de la avenida Bicentenario, puesto que no existe un acuerdo contractual que se lo permita.

A pesar de esto, la empresa asegura que ha colaborado con la Alcaldía de Lorica en el marco de un plan de responsabilidad social, donando elementos como reductores de velocidad, pintura de demarcación y conos para mejorar la seguridad vial.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta ha reaccionado a la trágica muerte de Gabriel Pérez Martínez en la avenida Bicentenario de Lorica, arrollado por un tractocamión, cuestionando duramente la falta de inversión en las vías nacionales del departamento.

Zuleta calificó a Córdoba como un «departamento sitiado de peajes, pero sin soluciones reales en las vías nacionales», y lamentó que los ciudadanos sigan muriendo en corredores que son responsabilidad del Gobierno Central.

El mandatario expresó su «solidaridad con la familia de Gabriel Pérez y con todos los loriqueros que hoy sienten dolor e impotencia» y anunció que volverá a reunirse con el alcalde de Lorica y el Gobierno Nacional para definir soluciones a la situación de las carreteras.

Este llamado de atención se produce en medio de un ambiente de indignación en la comunidad, que ha bloqueado la vía Lorica-Montería para exigir acciones concretas que mejoren la seguridad vial.

• El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que este proceso hace parte de la preparación del Pilar Solidario, que en 2026 atenderá a 3,1 millones de personas mayores en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad: recibirán 230.000 pesos mensuales
• Se espera encontrar e inscribir a 1,4 millones de personas mayores en todo el país.
• Para quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera, no es necesario realizar este proceso.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya (@mao_rodriguez1), informó que la entidad inició la búsqueda de 1,4 millones de personas mayores en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, como parte de la transición del programa Colombia Mayor a la renta básica solidaria.

Actualmente, con Colombia Mayor se atienden alrededor de 1,7 millones de personas mayores: 1,2 millones reciben 80.000 pesos, y más de 500.000 adultos reciben un monto diferencial de 225.000 pesos, desde el año 2024, como parte de la transformación del programa por una vejez digna y justa.

Con la renta básica solidaria se entregarán 230.000 pesos mensuales, que el Pilar Solidario les otorgará a 3,1 millones de personas mayores en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad que cumplan con los siguientes requisitos:

• Hombres a partir de los 65 años y mujeres desde los 60 años.
• Hombres desde los 55 años y mujeres desde los 50 con pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, que no tengan pensión.
• Campesinos.
• Indígenas, raizales, negros, afrocolombianos y rom.
• Cuidadores de personas con discapacidad que no cuenten con ingresos.

“Desde la gerencia regional de Córdoba estamos totalmente comprometidos con la búsqueda de más de 12.800 personas mayores en situación de vulnerabilidad. Nuestro propósito es garantizar que cada uno de ellos sea tenido en cuenta en la transición hacia la renta básica solidaria, esta iniciativa hace parte del compromiso del presidente Gustavo Petro de brindarles una vejez digna y con justicia social a esta población que trabajó

toda la vida, aportó al desarrollo del país, pero no goza de una pensión”, afirmó Dalila Tamayo, gerente regional.

El proceso se llevará a cabo mediante la búsqueda activa e inscripción, liderada por Prosperidad Social a través de las 35 gerencias regionales, en articulación con alcaldías municipales y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En Córdoba , se buscarán en San Antero (284), Ciénaga de Oro (479), Canalete (129), Puerto Libertador (211), Sahagún (988), San Carlos (176), Montelíbano (672), Planeta Rica (623), Montería (3047), San Andrés de Sotavento (195), San Pelayo (501), Cereté (910), Tuchín (170), Chinú (424), Cotorra (137), Tierralta (436), Pueblo Nuevo (210), Moñitos (164), Buenavista (142), San Bernardo del Viento (291), San José de Uré (73), La Apartada (103), Lorica (1213), Chimá (124), Momil (164), Puerto Escondido (190), Los Córdobas (99), Ayapel (339), Purísima de la Concepción (150), Valencia (219).

Los equipos recorrerán zonas rurales y apartadas para identificar, registrar y recopilar información clave sobre las condiciones de vida de las personas mayores.

Inscripción y preinscripción gratuita sin intermediarios

Las inscripciones están habilitadas en todo el país. Los interesados que cumplan con los requisitos deben presentar su documento de identidad de forma presencial en las gerencias regionales de Prosperidad Social, en las oficinas del adulto mayor del municipio, en las ferias de servicios o en las brigadas móviles.

En Montería , los interesados podrán acercarse a la oficina de la entidad ubicada en la calle 34 #636.

Las personas mayores que cumplan con los requisitos y no puedan trasladarse a los lugares establecidos por la entidad para realizar el proceso de inscripción podrán realizar una preinscripción para la actualización de los datos de contacto y ubicación, que permitirá atender de manera efectiva el proceso. Esto lo puede realizar en el siguiente enlace: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/?id=433.

Estos procesos, administrados por Prosperidad Social, que custodia la información a través del Sistema de Información de Colombia Mayor, son gratuitos y no requieren ningún tipo de intermediación.

No implican vinculación automática a la oferta institucional de la entidad. Una vez recopilada la información, se realizará la verificación y validación de datos y posteriormente se comunicarán los resultados y los pasos a seguir.

Para quienes ya hacen parte del programa Colombia Mayor o se encuentran en lista de espera, no es necesario realizar ninguno de estos procesos.

Las autoridades han confirmado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre a orillas del río Sinú, en el sector El Arenal, cerca de la vereda Carrizola en el municipio de Tierralta, Córdoba. La víctima fue identificada como José Andan Ramírez, de 32 años y originario de esta localidad.

Ramírez fue encontrado vistiendo una camisa oscura, un jean y estaba descalzo. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte. Las autoridades llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer los hechos.

Con el motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto, diversas instituciones se unen en Córdoba para ofrecer una respuesta integral a las familias afectadas. La Mesa Departamental de Trabajo para la Prevención, Asistencia y Atención a Víctimas de la Desaparición y entidades aliadas han organizado dos jornadas de atención integral y actos de memoria para los días 28 y 29 de agosto.

El objetivo es claro: brindar un acceso directo a servicios esenciales y, al mismo tiempo, reivindicar el incansable trabajo de las familias que buscan a sus seres queridos.
Estas jornadas contarán con la participación de entidades como la Gobernación de Córdoba, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Defensoría del Pueblo, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Procuraduría delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Alcaldía de Montería, Alcaldía de Valencia y Personería de Montería, entre otras.

La primera jornada se llevará a cabo el jueves 28 de agosto en el auditorio de la Defensoría del Pueblo de Córdoba, ubicado en la Cra. 16 Cll. 22 A esquina, barrio Costa de Oro. La segunda, el viernes 29 de agosto, se desarrollará en el Centro Regional de Atención y Reparación a las Víctimas (CRAV), en la Carrera 7 No. 18-05 del barrio La Granja en Montería. En ambas actividades, el horario de atención es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. La entrada es gratuita y no requiere de intermediarios, lo que garantiza un acceso directo a todas las familias que necesitan estos servicios.

Una realidad que persiste

La desaparición forzada sigue siendo una dolorosa realidad en Colombia y, particularmente, en Córdoba. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha documentado 126.895 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado antes de diciembre de 2016. En Córdoba, la cifra es alarmante: 3.278 personas desaparecidas, siendo los municipios de Tierralta (915), Montería (690) y Valencia (338) los más afectados.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también ha registrado 1.929 casos ocurridos después de 2016, lo que evidencia que esta atrocidad no es solo un recuerdo del pasado.

Estas jornadas son una invitación abierta a todas las personas con un ser querido desaparecido para que se acerquen y conozcan las herramientas y servicios disponibles. Recordar a las personas desaparecidas es un acto de solidaridad y resistencia. La memoria no es un hecho estático, sino un motor de lucha que reconoce la valiente labor de quienes no se rinden en la búsqueda. Porque, como bien lo expresan las familias y las entidades, «donde estén, les seguiremos buscando».

En el municipio de Cereté se llevó a cabo la asamblea departamental de delegados de la Colombia Humana.

En este escenario se ratificó la solidez y posicionamiento de la candidatura del líder social Luis Fernando Ballesteros, quien fue presentado como el único aspirante inscrito y aprobado por el Comité de Garantías Electorales nacional.

Mientras los demás seis precandidatos continúan en proceso de subsanación de requisitos, Ballesteros cumplió con los tiempos establecidos y su candidatura se consolida con respaldo institucional y ciudadano.

A pesar de ser el único aprobado, los delegados decidieron escoger el máximo permitido de cinco candidatos, respetando el derecho a participar en el proceso ya que en el filtro no fueron eliminados, por lo tanto participarán hasta el momento en la consulta interna del Pacto Histórico programada para el próximo 26 de octubre de 2025.

Aquí no se define nada aún, ya que falta un filtro final, una última reunión de delegados por regiones, donde también estarán revisando las hojas de vida de los precandidatos.

Las autoridades capturaron a un hombre conocido como «El Chamo» o «Douglas» , quien sería el presunto responsable del brutal ataque contra Luz Marina Miranda Macea, conocida cariñosamente como Luzma.

El hecho, ocurrido la madrugada de este sábado, había conmocionado a la comunidad de Sahagún, que colaboró activamente en la detención del sospechoso.

Según los reportes iniciales, el agresor habría atacado a Luzma con un machete y a golpes, causándole graves heridas en varias partes del cuerpo. La violencia del acto desató la alarma en la población, que desde las primeras horas del día exigía la captura del responsable.

La detención, llevada a cabo por la Policía, se logró gracias a la rápida reacción y el valioso aporte de la comunidad. Ahora, la Fiscalía deberá iniciar el proceso judicial para que este «acto de barbarie» no quede impune. La comunidad de Sahagún ha hecho un llamado a la justicia para que actúe de manera oportuna y ejemplar en este caso.

Mientras tanto, Luz Marina Miranda continúa recibiendo atención médica en un centro asistencial de Montería.

Una familia en el barrio Santa Teresa de Ciénaga de Oro fue víctima de un violento robo la madrugada de este sábado, cuando delincuentes armados irrumpieron en su vivienda, donde amordazaron y ataron a la única persona que se encontraba en el lugar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 a.m. cuando varios hombres armados ingresaron a la casa. La víctima, a quien por su seguridad no se le revela el nombre, fue sometida mientras los asaltantes saqueaban la residencia.

De acuerdo con información publicada por un medio local de la municipalidad, los asaltantes se llevaron dinero en efectivo, una caja fuerte y otros artículos de gran valor.

El esposo de la víctima descubrió la escena horas más tarde, al regresar de su trabajo, encontrando a su pareja inmovilizada y alertó de inmediato a la Policía.

Las autoridades han iniciado una investigación para dar con los responsables de este asalto que ha conmocionado a la comunidad del municipio.

Un juez de la República condenó a Ángel Custodio Monte a 31 años de prisión por el feminicidio de su esposa, la profesora Edilma Guzmán. El crimen, ocurrió meses atras en Puerto Libertador.

Además de la pena privativa de la libertad, Montes recibió una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos. La condena se cumplirá en un establecimiento carcelario aún por definir.

La pena impuesta a Montes fue reducida debido a que este aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía. Esta decisión ha generado indignación entre los familiares de Edilma Guzmán, quienes consideran que la condena no es proporcional a la gravedad del crimen cometido.

Colectivos de mujeres y organizaciones sociales han reiterado su llamado a las autoridades para que se refuercen las políticas públicas contra la violencia de género, a fin de evitar que este tipo de crímenes queden en la impunidad o reciban penas que no se ajustan a la magnitud del delito.