Las autoridades turcas han detenido a más de 150 personas vinculadas a la comunidad LGBTIQ+ y a decenas de manifestantes en una operación coordinada que arrancó el domingo 13 de septiembre en varias ciudades del país. El Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan presenta las redadas como una campaña para “proteger a los niños y a la institución de la familia”. Organizaciones de derechos humanos las describen como la ofensiva más amplia contra el colectivo en años.
La operación, bautizada “Mi familia está a salvo”, se inició de madrugada con registros simultáneos en oficinas de asociaciones LGBTIQ+ y de prevención del VIH, bares, discotecas y domicilios particulares en Estambul, Ankara, Esmirna, Aydın y Mersin, entre otras provincias. El ministro de Justicia, Akın Gürlek, anunció que las pesquisas alcanzan a 162 sospechosos, nueve asociaciones y 13 empresas en 15 provincias, acusados de facilitar material “obsceno”, prostitución y, según la fiscalía, de influir en menores sobre orientación sexual e identidad de género.
Ser homosexual no es delito en Turquía.
Las relaciones entre personas del mismo sexo son legales desde el siglo XIX. Las detenciones se apoyan, en cambio, en el artículo 226 del Código Penal, que castiga la “obscenidad” y la exposición de menores a ese tipo de contenidos, un tipo penal de definición vaga que las autoridades han aplicado de forma expansiva contra activistas, periodistas y organizaciones.
La fiscalía de Estambul informó del decomiso de equipos digitales, drogas y un arma de fuego. El Ejecutivo sostiene además que algunas asociaciones reciben financiación extranjera y que sus actividades “debilitan la estructura familiar turca”. Gürlek lo resumió así: el Estado no tolerará “ninguna organización criminal, red de abuso o actividad ilegal que apunte a niños, jóvenes o familias”.
Entre los afectados figuran integrantes de Kaos GL, una de las organizaciones LGBTIQ+ más antiguas del país; miembros de Hevi LGBTI+, Pozitif-iz, SPoD y Lambdaistanbul; activistas por el VIH; y al menos una periodista, Tuğba Tekerek, detenida por una entrevista sobre la situación del colectivo en Georgia. Varios fueron enviados a prisión preventiva.
Cifras de grupos de abogados y de derechos humanos sitúan en torno a 60 o más las personas encarceladas a la espera de juicio, aunque el recuento sigue actualizándose.
Las redadas desataron protestas. En Estambul, la policía impidió una rueda de prensa frente al palacio de justicia de Çağlayan y detuvo a más de 150 personas. En Ankara hubo decenas de arrestos adicionales. En Esmirna se usó gas lacrimógeno contra cientos de manifestantes. Parte de los detenidos en las protestas fue puesta en libertad después; otros permanecen bajo medidas cautelares.
La ofensiva no se limita a las calles. Un tribunal de Estambul ordenó bloquear el acceso a 419 cuentas de redes sociales acusadas de difundir “contenido obsceno”. También se restringieron sitios web de asociaciones y perfiles de activistas. La Comisión Europea expresó preocupación por las detenciones, los procesos contra organizaciones y el bloqueo de contenidos en internet.
Human Rights Watch calificó la operación como “una escalada dramática” y denunció que el Gobierno mezcla la defensa de derechos LGBTIQ+ con acusaciones de prostitución, drogas y obscenidad para estigmatizar a todo el colectivo.
En el interior del país, la Asociación de Derechos Humanos afirmó que no se trata de una investigación judicial ordinaria, sino de una operación política para imponer un único modelo de familia.
«Este artículo contó con la asistencia de IA para la recopilación de datos y estructuración de párrafos, bajo estricta revisión y edición editorial de un periodista»
