Categoría: Política Internacional

Antes que el Departamento de Justicia de los EEUU desmintiera la existencia del cartel de los soles, ya el presidente de Colombia Gustavo Petro, había negado la existencia de tal cartel.
Es oportuno recordar un
trino del presidente, Gustavo Petro «el cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen»

En esa oportunidad todos todos los periodistas y políticos de este país le cayeron encima por decir que el cartel de los soles no existía.
Pues efectivamente el cartel de los soles no existe, y ello fue confirmado por el propio departamento de justicia de los EEUU y por el The New York Times.

Tras el reciente operativo militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump ha girado su atención hacia el norte, consolidando la adquisición de Groenlandia como una «prioridad de seguridad nacional». La Casa Blanca confirmó a la agencia Reuters que el mandatario y su equipo de asesores están evaluando formalmente las opciones para tomar el control de la isla, advirtiendo que, de ser necesario, el uso del ejército estadounidense permanece sobre la mesa como una alternativa estratégica.

Para Washington, el control de la isla más grande del mundo es una pieza clave para contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China en la región ártica. «Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional; Dinamarca no tiene la capacidad para defenderla», afirmó Trump, quien además se burló de los recursos defensivos daneses. El mandatario calificó la zona como un punto crítico donde barcos de potencias rivales operan con frecuencia, lo que convierte a este territorio autónomo en una «necesidad existencial» para la defensa de EE. UU.

La postura de Trump ha desatado una crisis diplomática con Dinamarca, aliado histórico de la OTAN. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rechazó tajantemente las pretensiones de anexión, recordando que Groenlandia no es una mercancía y que Estados Unidos ya goza de amplias facilidades militares en la zona. Frederiksen instó a Washington a cesar las amenazas contra un socio estratégico, subrayando que la soberanía del pueblo groenlandés no es negociable.

Más allá de lo militar, Groenlandia posee un valor incalculable en el contexto del cambio climático y la economía global. Ubicada geográficamente más cerca de Nueva York que de Copenhague, la isla es considerada el «termómetro del mundo» y su deshielo está abriendo nuevas rutas comerciales y acceso a recursos minerales. Expertos como David Holland han descrito la región como una «puerta de refrigerador abierta» en un planeta que se calienta, lo que explica por qué, tras la II Guerra Mundial y ahora con renovado ímpetu en 2026, la Casa Blanca insiste en redibujar el mapa del Ártico.

Durante la sesión de este martes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, Mauricio Jaramillo Jassir, repudió las “declaraciones difamatorias y sin sustento en contra de nuestro Jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro Urrego».

El diplomático colombiano subrayó que “ese tipo de actos intimidatorios desconocen las normas fundamentales que garantizan la convivencia pacífica entre las naciones».

De igual manera, rechazó las “amenazas de uso de la fuerza contra Colombia, acciones que se encuentran proscritas por el derecho internacional».

La convocatoria de esta sesión extraordinaria –celebrada en la sede del organismo en Washington–, se realizó a solicitud de Colombia, con el copatrocinio de Brasil, Chile, Guatemala, México y Uruguay, en el marco de los mecanismos de diálogo político y concertación previstos en la Carta de la OEA.

Durante el encuentro, el viceministro Mauricio Jaramillo Jassir reiteró el categórico rechazo de Colombia a las acciones que atentan contra la soberanía, la integridad territorial y la autonomía política de Venezuela.

Asimismo, afirmó que este tipo de actos son incompatibles con el derecho internacional, incluida la Carta de la OEA, y que abren la puerta a “un orden internacional regido por la imposición y no por el derecho, con graves consecuencias para la seguridad regional y global».

Colombia también resaltó la profunda preocupación que le asiste respecto a la situación de la población civil e informó sobre las medidas adoptadas para preservar la estabilidad en la frontera, atendiendo las eventuales necesidades de la población, en particular de los migrantes.

El viceministro reiteró el ofrecimiento de los buenos oficios del país para contribuir a una salida diplomática a la actual crisis en Venezuela.

A la sombra del Puente Internacional Simón Bolívar, el paso que une a Cúcuta con San Antonio del Táchira, se vive una jornada de vigilia y esperanza. Decenas de familias colombianas se han concentrado con fotografías en mano para exigir la liberación de sus seres queridos, muchos de los cuales llevan entre 6 y 10 años detenidos en centros penitenciarios venezolanos, a menudo bajo condiciones precarias y procesos judiciales cuestionados.

Para estas familias, la reciente captura de Nicolás Maduro y el inicio de una transición política representan la oportunidad más clara que han tenido en una década para lograr un reencuentro.

Entre lágrimas y pancartas, los manifestantes piden a las autoridades de ambos países y a los organismos internacionales que el tema de los presos políticos y ciudadanos extranjeros detenidos sea una prioridad en la nueva agenda de transición.

«No pedimos impunidad, pedimos justicia y el derecho a volver a abrazarlos», expresó una de las madres presentes en la frontera.

El Gobierno nacional informó que los flujos migratorios de ciudadanos venezolanos en la frontera se mantienen dentro de los rangos de normalidad, de acuerdo con el más reciente reporte de monitoreo de flujos y dinámicas migratorias, elaborado por Migración Colombia con corte al 4 de enero de 2026.

Según el informe, durante los últimos 30 días —entre el 5 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026— se registraron 83.308 ingresos y 77.976 salidas de ciudadanos venezolanos a nivel nacional, lo que representa un 6,8 % más de entradas que de salidas, comportamiento que fue calificado como normal y consistente con la dinámica observada a lo largo de 2025.

El reporte explica que el monitoreo distingue entre flujos migratorios regulares, que corresponden a movimientos realizados cumpliendo los requisitos legales por los puestos de control migratorio, y flujos migratorios pendulares, asociados a cruces frecuentes en zonas de frontera por motivos laborales, comerciales o familiares. Para ambos tipos de flujo se establecen rangos que permiten identificar escenarios de normalidad, contingencia o situación crítica, en articulación con los planes de coordinación interinstitucional liderados por el Gobierno nacional.

En cuanto a los primeros días de enero de 2026, el análisis muestra que entre el 1 y el 4 de este mes se registraron 6.117 entradas y 5.390 salidas, lo que equivale a 727 registros más de entrada que de salida, comportamiento que el documento señala como acorde con las dinámicas propias de la temporada festiva de fin de año.

Por puestos de control migratorio en frontera con Venezuela, el informe detalla que los mayores volúmenes de flujo regular se concentran en la Regional Oriente, particularmente en los pasos del Puente Francisco de Paula Santander, el Puente Internacional Simón Bolívar y el Puente de la Unidad, mientras que en la Regional Guajira el principal punto de monitoreo es el puesto migratorio de Paraguachón, y en la Regional Orinoquía el Puente Internacional Páez y el puesto fluvial de Puerto Carreño.

Finalmente, el reporte señala que el análisis comparativo de las entradas registradas en enero de 2026 frente al histórico de enero de 2025 evidencia una tendencia similar e incluso inferior en algunos momentos, y que el comportamiento de los flujos pendulares entre el 1 y el 4 de enero no muestra incrementos súbitos o anormales que indiquen cambios en el patrón habitual de la dinámica migratoria en la frontera colombo-venezolana.

El embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo, remitió una nota de protesta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que expresó el rechazo del Gobierno de Colombia a las recientes declaraciones del presidente Donald J. Trump en contra del mandatario, Gustavo Petro, al considerar que “afectan la dignidad del Jefe de Estado colombiano y el respeto debido a una nación soberana”.

En la comunicación diplomática, el embajador manifestó “nuestra más enérgica protesta por los términos irrespetuosos utilizados por el presidente Donald J. Trump contra el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y por las acusaciones formuladas contra el Jefe de Estado de nuestra nación soberana, elegido democráticamente”.

La nota recordó que el presidente Petro fue elegido en 2022 “mediante elecciones libres y transparentes, liderando la democracia más antigua de América Latina bajo instituciones legítimas y sólidas”, y calificó como ofensivas las expresiones del mandatario estadounidense.

En particular, cita la afirmación en la que Trump señaló que “Colombia también está muy enferma. Gobernado por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos, y no lo va a hacer por mucho tiempo”, que “es profundamente ofensiva para el pueblo colombiano, para nuestros principios democráticos y para la Oficina de la Presidencia de la República, que encarna la dignidad, la autoridad y la plena representación del Estado”.

El documento sostuvo que el presidente de la República, en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, “ha liderado la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales con convicción nacional y en cumplimiento del derecho internacional”, y expuso cifras sobre los resultados de la política antidrogas.

Según la nota, desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2025, las autoridades colombianas han incautado más de 2.512 toneladas de cocaína, y solo en 2025 se interceptaron cerca de 1.000 toneladas, “un hito histórico equivalente a aproximadamente 12 mil millones de dosis que se impidió que llegaran a los mercados de consumo”.

La comunicación agregó que estos esfuerzos han contado con el apoyo de socios internacionales, incluidos los Estados Unidos, y detalló que se han desmantelado más de 18.000 laboratorios, incautado más de 12 millones de galones de precursores líquidos y 10 millones de kilogramos de precursores sólidos, así como la neutralización de 13.971 personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales y de narcotráfico.

En el texto, el embajador anotó que Colombia y Estados Unidos continúan compartiendo inteligencia en materia de seguridad y defensa “en el marco de nuestra larga asociación bilateral, basada en el respeto mutuo como naciones soberanas y democráticas”, y precisó que, conforme al ordenamiento jurídico colombiano y al Derecho Internacional, no se ha compartido ni se compartirá información de inteligencia relacionada con recientes incidentes con embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico.

En el cierre de la comunicación diplomática, el Gobierno colombiano expresó que “rechazamos enérgicamente, una vez más, las amenazas de cualquier acción que viole nuestra soberanía nacional” y subrayó que “las amenazas no contribuyen al respeto mutuo ni al diálogo constructivo que debe prevalecer entre naciones soberanas con el fin de encontrar las mejores vías de cooperación”.

Finalmente, indicó que “Colombia exige respeto” y reafirmó la disposición de entablar “un diálogo serio y constructivo con el presidente Trump, con usted y con la Administración estadounidense”.

El embajador de Uruguay ante la OEA, Edison Lanza, marcó una posición de principios frente a la reciente intervención militar en Venezuela. El diplomático sostuvo que, aunque su país mantiene una postura crítica frente a la crisis de derechos humanos y no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones, esto no otorga una «licencia» para intervenciones externas.

Lanza fue enfático al calificar las acciones de Estados Unidos como una “flagrante violación al derecho internacional”, señalando que los ataques vulneran los pilares fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA. Con esta declaración, Uruguay busca diferenciar su rechazo al régimen chavista de su compromiso con la autodeterminación y el respeto a las normas que rigen la convivencia entre los Estados americanos.

En un extenso análisis sobre la crisis diplomática entre Colombiay EE.UU, el diario The New York Times afirmó que no existen evidencias que vinculen al presidente Gustavo Petro con estructuras delictivas. Según el medio estadounidense, los señalamientos que han circulado recientemente en el ámbito internacional, impulsados en gran medida por la retórica confrontacional de Donald Trump, responden a una «disputa política» y no a hallazgos penales concretos.

El diario subraya que, aunque las diferencias ideológicas sobre cómo abordar el narcotráfico son profundas, estas no deben confundirse con complicidad criminal. De hecho, el informe destaca que durante el gobierno de Petro las incautaciones de cocaína han alcanzado niveles récord, lo que demuestra la continuidad de la cooperación en seguridad a pesar de la fricción discursiva.

El medio concluye que la narrativa de confrontación carece de pruebas verificables y advierte que señalar las fallas de una política pública es distinto a probar vínculos con el crimen organizado.

Lo que por años fue el pilar de la política sancionatoria de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro ha sido rectificado. Un análisis de The New York Times sobre documentos oficiales del Departamento de Justicia señala que las autoridades estadounidenses ya no consideran al Cartel de los Soles como una organización terrorista o criminal formal. En su lugar, la justicia estadounidense describe ahora la situación como una «cultura de corrupción» y un sistema de beneficios económicos derivados del narcotráfico que permea diversas instituciones.

Esta rectificación otorga un nuevo peso a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha sido uno de los críticos más vocales de esta narrativa. Petro ha insistido en que las investigaciones en Colombia no arrojan pruebas de la existencia de dicho cartel, argumentando que la droga que transita por Venezuela proviene de zonas del centro de Colombia bajo lógicas de mercado ilegal. Según el informe de The New York Times, esta revisión judicial debilita la retórica utilizada anteriormente para justificar intervenciones basadas en una estructura criminal que, según los fiscales, no tiene mando único ni jerarquía real.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio confirmó que este martes se desarrollará una reunión con Jhon McNamara, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, con el fin de presentar una nota verbal de rechazo a las injurias y amenazas que se han hecho contra Colombia y contra el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

La ministra de Relaciones Exteriores explicó que el encuentro hace parte de las acciones diplomáticas del Gobierno nacional para expresar su posición frente a los señalamientos dirigidos al país y al jefe de Estado.

Durante su declaración, la canciller reiteró que “una ofensa al presidente es una ofensa al país”, y afirmó que este tipo de hechos “representa un desconocimiento de todos los procesos democráticos que se han hecho en Colombia”.

Villavicencio indicó que la nota verbal será presentada a través de los canales diplomáticos correspondientes, en el marco del respeto a las relaciones bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos.