Categoría: Política Internacional

Una ciudadana venezolana conocida con los alias de ‘Kata’ o ‘Katherine’, prófuga de la justicia de su país por el delito de trata de personas, fue ubicada por oficiales de Migración Colombia en Medellín y posteriormente expulsada para que responda ante las autoridades venezolanas por una condena en firme en su contra.

La mujer se movía entre discotecas y establecimientos nocturnos del Parque Lleras, en el barrio El Poblado, donde presuntamente se camuflaba como trabajadora de estos lugares mientras conectaba a locales y extranjeros con servicios de prostitución y venta de drogas en una de las principales zonas de rumba de la ciudad.

De acuerdo con información del Centro Operativo Anti Trata de Personas (COAT) del Ministerio del Interior, la extranjera realizaba estas actividades principalmente durante las horas de la tarde y la noche en este sector turístico de Medellín.

Las autoridades señalaron que la mujer no registraba antecedentes delictivos en Colombia; sin embargo, contaba con un proceso judicial en Venezuela con sentencia ejecutoriada por trata de personas, lo que encendió las alertas sobre las actividades que estaría desarrollando en el país.

“Oficiales de Migración Colombia, en cumplimiento de sus funciones y competencias, desarrollaron un operativo articulado con las autoridades para ubicar a la acusada, verificar su estatus migratorio e identificación de antecedentes, y determinar solicitudes ante autoridades internacionales”, explicó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.

La funcionaria agregó que durante el procedimiento, realizado en el marco de una orden de allanamiento en una reconocida discoteca del barrio El Poblado, se logró establecer que la ciudadana tenía delitos pendientes con la justicia venezolana.

Alias ‘Kata’ residía en Colombia desde 2023 y, según las autoridades, habría obtenido documentos de manera fraudulenta para permanecer en el país. En Venezuela fue condenada a nueve años de prisión por un Juzgado de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas por el delito de trata de personas.

Tras confirmar la autenticidad de la sentencia a través del Consulado General de Venezuela, Migración Colombia aplicó la medida administrativa de expulsión y coordinó con unidades de Interpol el traslado de la mujer en un vuelo en el que fue entregada a las autoridades del vecino país para que cumpla la condena impuesta por la justicia venezolana.

En una decisión fulminante, el Papa León XIV ordenó la destitución inmediata de Emmanuel Shaleta, obispo de la Iglesia Católica Caldea en San Diego, California. La medida se tomó tras la captura del jerarca a comienzos de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Diego, justo cuando intentaba abordar un vuelo con destino al exterior.

La caída del alto prelado ha sacudido los cimientos de la comunidad religiosa en Estados Unidos, no solo por su jerarquía, sino por la gravedad de los cargos presentados por la oficina del alguacil del condado.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades estadounidenses, a Shaleta se le imputan delitos de: Malversación de fondos : Presunto desvío de recursos pertenecientes a la diócesis.
Blanqueo de capitales: Operaciones financieras irregulares para ocultar el origen de fondos ilícitos.

Sin embargo, el componente más polémico de la investigación señala una presunta doble vida del obispo. Los informes de inteligencia lo vinculan como un «cliente frecuente» del Hong Kong Gentlemen’s Club, un reconocido burdel ubicado en la ciudad fronteriza de Tijuana, México.

La Santa Sede, bajo el pontificado de León XIV, ha mantenido una política de «tolerancia cero» ante escándalos de corrupción y conductas inmorales en el clero.

El mandatario colombiano participará este lunes en la Sesión Anual de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND). Se trata del principal órgano multilateral encargado de definir las políticas globales frente al problema mundial de las drogas.

La Comisión funciona bajo el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) y tiene sede en Viena. Es la instancia que supervisa la aplicación de los tratados internacionales de fiscalización y adopta resoluciones que orientan la acción de los estados miembros.

En este foro participan jefes de Estado, ministros y delegaciones técnicas. Allí se examinan tendencias mundiales, se revisan clasificaciones de sustancias y se acuerdan lineamientos que impactan las políticas públicas de los países.

Colombia integra la Comisión como miembro electo para el período 2026–2029, designación que ratifica el reconocimiento internacional al papel que ha asumido el país en el debate global sobre drogas.

Durante su intervención, el presidente Petro expondrá la experiencia colombiana frente a los efectos territoriales y sociales del narcotráfico. También insistirá en la corresponsabilidad internacional y en la necesidad de avanzar hacia políticas que integren seguridad, salud pública y desarrollo sostenible.

Colombia, ejemplo mundial

El más reciente Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), advierte que la producción de cocaína mantiene niveles históricamente altos.

El documento señala que el fenómeno continúa generando impactos sociales, económicos y de seguridad a escala global, lo que exige respuestas coordinadas.

No obstante, el presidente Petro ha insistido en que Colombia es un ejemplo mundial con incautaciones históricas que superan las de anteriores gobiernos e inclusive del mundo.

De hecho, en el ámbito operativo, las autoridades nacionales han reportado resultados históricos en la lucha contra las economías ilícitas.

Según datos del Ministerio de Defensa y el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional, entre 2022 y 2025 se han incautado más de 7.279 toneladas de sustancias ilícitas.

El promedio anual supera las 1.800 toneladas, lo que ubica este período entre los más efectivos en materia de decomisos en la historia reciente del país, de acuerdo con los reportes oficiales del sector Defensa.

Con esta participación en Viena, Colombia reafirmará su compromiso con políticas basadas en evidencia y cooperación internacional.

El país proyectará una voz que recoge su experiencia y la convierte en propuesta. Una participación que sintetiza un propósito claro: Con Dignidad Cumplimos y consolidamos a Colombia, país de las oportunidades, progreso en la agenda internacional.

El financiamiento están destinados al apoyo de las labores de desminado humanitario y el fortalecimiento institucional en las zonas más afectadas por minas antipersonal en Colombia, a través de un proyecto implementado por el Servicio de Naciones Unidas para la Acción contra las Minas (UNMAS).

La formalización de esta cooperación se realizó durante una ceremonia de canje de notas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre el Servicio de Naciones Unidas para la Acción contra Minas (UNMAS) y el Gobierno de Japón, mediante la cual se oficializó el proyecto destinado a fortalecer los esfuerzos del Estado colombiano en la lucha contra las minas antipersonal.

El acto fue presidido por la directora de Asuntos Políticos Multilaterales de la Cancillería, embajadora Adriana Mendoza Agudelo, y contó con la participación del embajador de Japón en Colombia, Toru Shimizu; el representante residente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) en Colombia, Akihiko Yamada; y la directora global de UNMAS, Kazumi Ogawa.

La iniciativa denominada ‘Proyecto para Promover la Acción contra Minas en Áreas Afectadas por el Conflicto’ tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales y operativas en los territorios impactados por minas antipersonal, así como impulsar el desarrollo y la implementación de políticas públicas nacionales y territoriales en esta materia.

La iniciativa se ejecutará en algunos de los departamentos más afectados por la presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, entre ellos, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, con la posible inclusión de Guaviare y Meta.

La contribución del Gobierno japonés permitirá avanzar en la protección de las comunidades afectadas, mejorar las condiciones de seguridad en los territorios y consolidar los esfuerzos de construcción de paz, al garantizar la continuidad y sostenibilidad de las acciones de desminado humanitario en el país.

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), creada en 1974, coordina la asistencia oficial para el desarrollo de Japón y tiene como objetivo contribuir al progreso económico y social de los países en desarrollo, así como promover la cooperación internacional.

Por su parte, el Servicio de Naciones Unidas para la Acción contra Minas (UNMAS), establecido en 1997, actúa como punto focal del sistema de las Naciones Unidas en esta materia, con el propósito de avanzar hacia un mundo libre de la amenaza de minas terrestres y municiones sin detonar, donde las comunidades puedan vivir en entornos seguros y los sobrevivientes estén plenamente integrados en sus sociedades.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó formalmente este sábado al anuncio del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre el reconocimiento legal y diplomático de su administración. A través de un mensaje institucional, Rodríguez calificó la postura de la Casa Blanca como un triunfo político para el país tras meses de tensiones diplomáticas y militares.

«Recibimos esta decisión como un reconocimiento al pueblo de Venezuela y a su justa causa por la verdad de nuestro país», afirmó Rodríguez, subrayando que este paso formal abre una nueva etapa en el vínculo bilateral entre Caracas y Washington.

La declaración oficial no solo celebra el reconocimiento, sino que plantea la hoja de ruta para los próximos meses. Rodríguez enfatizó la voluntad del gobierno venezolano de establecer una relación de largo plazo con los Estados Unidos, marcando un distanciamiento del histórico tono de confrontación.

Según la mandataria, el nuevo ciclo debe regirse bajo los principios de:
Respeto mutuo y soberanía.
Igualdad entre las naciones.
Cumplimiento estricto del derecho internacional.

La reacción se produce en un momento clave, tras el anuncio de Trump en Miami sobre el restablecimiento de relaciones y la emisión de nuevas licencias para actividades comerciales, especialmente en el sector del oro. Rodríguez concluyó reiterando su disposición para impulsar una agenda de trabajo que afiance la cooperación técnica y económica, asegurando que estos acuerdos traerán «beneficio para ambos países» y estabilidad a la región.

La «Princesa del Pop», Britney Spears, vuelve a ser el centro de la polémica tras confirmarse su detención en el condado de Ventura, California, la noche del miércoles 4 de marzo. Según registros oficiales de la Oficina del Sheriff, la cantante fue arrestada a las 9:28 p. m. (hora local) bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol (DUI).

Tras ser fichada durante la madrugada, Spears fue liberada a las 6:07 a. m. del jueves. No obstante, deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo para responder por estos cargos. Hasta el momento, sus representantes legales no han emitido un pronunciamiento oficial, mientras que sus redes sociales su principal canal de comunicación han sido desactivadas recientemente.

Este incidente ocurre casi dos décadas después de sus conocidos problemas viales de 2007, cuando enfrentó cargos por chocar y darse a la fuga, además de conducir sin licencia; situaciones que precedieron a la polémica tutela legal de 13 años ejercida por su padre, Jamie Spears, la cual finalizó en 2021.

La noticia del arresto llega en un momento de aparente fragilidad emocional para la estrella. Recientemente, su exesposo Kevin Federline expresó en sus memorias, You Thought You Knew, una profunda preocupación por el bienestar de la cantante, llegando a sugerir que la situación de Britney avanzaba hacia algo «irreversible». Estas declaraciones fueron calificadas por la artista en su momento como una forma de «manipulación psicológica» dolorosa y agotadora.

El arresto también coincide con el reciente acercamiento de Spears a su hijo menor, Jayden, tras dos años de distanciamiento. A pesar de este breve alivio familiar, la cantante ha mantenido una postura hostil hacia sus parientes cercanos, a quienes acusó en febrero de haberle causado un «trauma increíble» y de haberla explotado durante años.

Este nuevo episodio legal enciende las alarmas entre sus seguidores y la prensa internacional, quienes ven con preocupación este retroceso en la estabilidad de la artista, justo cuando intentaba reconstruir su vida tras años de control institucional y familiar.

Colombia impondrá aranceles del 50% a más de 100 nuevos productos provenientes de Ecuador, en respuesta a la medida similar que adoptó el vecino país argumentando “falta de acciones en la frontera común en materia de seguridad».

Así lo establece el borrador de proyecto que publicó para comentarios hasta el próximo jueves 5 de marzo de 2026 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “Por el cual se modifica el Decreto 0170 del 20 de febrero de 2026″.

Con esa norma, Colombia ya había aumentado a 30% los aranceles a las importaciones de productos desde el vecino país, en respuesta a una decisión similar del gobierno del presidente Daniel Noboa del pasado 21 de enero.

En esa ocasión, Ecuador limitó el ingreso de productos colombianos únicamente al paso por el puente internacional de Rumichaca, mientras que el transporte de petróleo crudo de Ecopetrol solo puede hacerse por el paso fronterizo de San Miguel.

Para Colombia, estas medidas “constituyen restricciones en los términos del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, causando un serio perjuicio a los productores nacionales que compiten con productos ecuatorianos en el mercado intrasubregional andino».

Posteriormente, Ecuador aumentó sus aranceles a importaciones colombianas a partir del pasado 1 de marzo hasta en 50%, decisión que para el Gobierno nacional “impide que cualquier exportación colombiana a ese país sea económicamente viable», “profundiza significativamente la afectación de seguridad nacional a Colombia» y “agrava aún más la tensión internacional» ya que “deja en alto grado de vulnerabilidad económica a los exportadores colombianos que derivan su sustento de exportar mercancías a Ecuador».

En la Memoria Justificativa del proyecto de decreto se advierte que, con estas medidas, “las importaciones de Colombia de productos ecuatorianos caerían 75% (USD 640 millones menos según los datos de 2025). De los principales 20 productos afectados, 15 tenderían a reducir completamente sus importaciones. Y el escenario las exportaciones colombianas caerían 79% (USD 1.452 millones menos de exportaciones según los datos de 2025), y de los 20 principales productos exportados, 12 se dejarían de exportar completamente al país vecino».

Por esas razones, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, recomendó aumentar la tasa de aranceles de Colombia a productos ecuatorianos hasta en 50%, “medida que reviste carácter estrictamente urgente, inmediato e inaplazable».

En general, se verían afectados cerca de 185 subpartidas arancelarias que incluyen productos como tableros de madera, preparaciones y conservas, pescado, atún, camarones y langostinos, sal, azufre, aceite de palma, arroz y productos relacionados, productos agropecuarios altamente sensibles, papeles para acanalar y productos con riesgo fitosanitario o de contrabando.

Colombia exporta al vecino país productos como energía eléctrica, medicamentos para consumo humano y azúcares de caña o de remolacha en estado sólido, vehículos para el transporte de personas y cafés sin tostar y sin descafeinar, entre otros.El borrador de decreto señala que la norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación oficial.

La tensión en Oriente Medio ha alcanzado un nuevo pico de incertidumbre diplomática. Tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el nuevo liderazgo iraní estaba dispuesto a sentarse a la mesa de votación, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, desmintió categóricamente cualquier intención de reanudar contactos con la Casa Blanca.

«No negociaremos con Estados Unidos», fue la respuesta contundente desde Teherán, cortando de raíz la narrativa de Washington sobre un posible deshielo diplomático tras la ofensiva militar del pasado sábado.

Horas antes, Trump había afirmado en una entrevista para The Atlantic que el gobierno persa había buscado un acercamiento. «Quieren hablar y yo he aceptado», señaló el mandatario, añadiendo con su característico tono que los líderes iraníes «se pasaron de listos» al no pactar antes del ataque conjunto entre EE. UU. e Israel.

Trump incluso reveló que varios funcionarios iraníes que participaban en antiguas negociaciones nucleares perdieron la vida en lo que denominó el «gran golpe», el operativo que acabó con la vida del líder supremo Alí Jameneí y otros cuatro altos mandos militares.

Mientras las palabras van y vienen, los hechos en el terreno son de confrontación total. Irán respondió al bombardeo del sábado con oleadas de misiles balísticos dirigidos a Israel y a bases estadounidenses en la región. La postura de Larijani refuerza la idea de que, lejos de una rendición o un diálogo, la República Islámica ha optado por la resistencia tras la pérdida de su máxima autoridad religiosa y política.

Los máximos organismos del Sistema Andino de Integración (SAI), encabezados por la Comunidad Andina (CAN) y el Parlamento Andino, emitieron este jueves 26 de febrero un comunicado conjunto de urgencia dirigido a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Daniel Noboa. El objetivo: detener la escalada de tensiones comerciales que hoy amenaza con desestabilizar la economía de ambos países.

En un tono de profunda preocupación, las instituciones advirtieron que las recientes medidas restrictivas adoptadas por Bogotá y Quito están «afectando seriamente el proceso andino de integración». Según el documento, el impacto no se limita a las cifras macroeconómicas, sino que golpea directamente el bienestar de los ciudadanos y debilita el tejido socioeconómico binacional en un momento crítico para la región.

El SAI fue enfático al solicitar un «entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio». Para los organismos multilaterales, la solución debe darse bajo tres ejes fundamentales:
1. El marco jurídico de la CAN: Respetar los acuerdos de libre comercio ya establecidos.
2. Compromisos internacionales: Honrar los tratados firmados por ambas naciones.
3. Seguridad regional: No permitir que las diferencias comerciales entorpezcan la lucha conjunta contra la delincuencia organizada transnacional.

El comunicado, emitido desde Lima, se produce en un contexto de fricciones en los pasos fronterizos y trabas arancelarias que han generado pérdidas millonarias para exportadores y transportadores de carga. Hasta el momento, ninguna de las dos casas presidenciales ha emitido una respuesta oficial al llamado del bloque andino.

En un esfuerzo por robustecer la atención a las familias damnificadas por el frente frío, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),
Carlos Carrillo, lideró una mesa técnica de alto nivel con las principales agencias de cooperación internacional y organismos de las Naciones Unidas.

El encuentro, que contó con la participación de entidades como OCHA, PNUD, OIM, ACNUR, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y la OPS/OMS, tuvo como objetivo principal coordinar capacidades técnicas y operativas. Esta articulación busca complementar la respuesta que el Gobierno Nacional ya despliega en los territorios más golpeados, con especial énfasis en el departamento de Córdoba.

Durante la reunión, Carrillo fue enfático en aclarar que, si bien el país mantiene sus capacidades nacionales activas y continúa respondiendo a la crisis, la magnitud de la emergencia derivada de los fenómenos climáticos actuales requiere una estrategia organizada de asistencia internacional.

«Colombia nunca ha rechazado la ayuda internacional. Por el contrario, avanzamos en un trabajo coordinado con la Cancillería y la APC (Agencia Presidencial de Cooperación) para canalizar de manera eficiente los recursos y ampliar la cobertura a las familias afectadas», señaló la UNGRD a través de sus canales oficiales.

La cooperación se centrará en áreas críticas como la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable, salud y protección de la infancia. La participación de organismos como USAID (Foreign Assistance) y el acompañamiento de la Cancillería de Colombia garantizan que la ayuda que llegue desde el exterior se sume de forma técnica a los esfuerzos locales, evitando duplicidad de acciones y asegurando que los suministros lleguen a las zonas de difícil acceso en la periferia cordobesa.