Categoría: Política Nación

El Gobierno Nacional anunció una directriz administrativa que obliga a todas las entidades públicas del país a adquirir y consumir de manera exclusiva café producido en Colombia, con el propósito de fortalecer la cadena agroindustrial e incrementar las utilidades de las familias cafetaleras. La medida fue oficializada por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond, durante la apertura de la 90.ª Cumbre Cafetera de Asoexport en la ciudad de Cartagena, donde precisó que la restricción a las importaciones del grano ya comenzó a aplicarse en las dependencias de su cartera institucional.

​La iniciativa gubernamental contempla además la evaluación técnica para incorporar el grano de origen nacional dentro de la minuta del Programa de Alimentación Escolar (PAE), incentivando el consumo interno desde la infancia. Ante el anuncio, directivos de Asoexport señalaron que este esquema de compras institucionales demandará cerca de cinco millones de sacos adicionales de 60 kilogramos al año, acercando la cifra nacional a los 20 millones de sacos anuales para dinamizar los precios locales y dinamizar la comercialización en las regiones productoras.

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se pronunció a través de sus canales oficiales sobre la controversia desatada por la difusión de un video que vincula al expresidente Gustavo Petro con Deicy Jiménez, desplazando la discusión mediática hacia el impacto de las reformas laborales en el país. El dirigente político antioqueño afirmó que los aspectos pertenecientes a la esfera privada del exmandatario resultan irrelevantes frente a las decisiones gubernamentales que afectan de manera directa los ingresos de los sectores asalariados en Colombia.

​En su declaración, Quintero contrapuso las posturas en materia laboral y defendió los avances alcanzados mediante la Ley 2466 de 2025, normativa que estipuló el incremento progresivo en el pago de domingos y festivos hasta alcanzar un recargo del 90 % en la actualidad y del 100 % programado para mediados de 2027. Las afirmaciones del exmandatario local reavivaron la confrontation de tesis económicas entre los sectores de oposición y la actual administración nacional, situando el poder adquisitivo de los trabajadores en el centro de la agenda pública del país.

En el marco de los recientes señalamientos e investigaciones que involucran al expresidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda hizo público un pronunciamiento a través de su cuenta de X para fijar la postura oficial sobre los deberes éticos y legales que rigen a los integrantes del Pacto Histórico. El dirigente político enfatizó que el manejo escrupuloso, responsable y transparente de los recursos públicos y de la contratación estatal constituye un principio fundamental del movimiento, el cual exige un rechazo absoluto a la corrupción, al abuso de poder y a la utilización indebida de responsabilidades públicas.

Frente a las denuncias y requerimientos de los organismos de investigación, Cepeda sostuvo que «quienes integramos el Pacto Histórico tenemos la obligación de asumir nuestra defensa con plena disposición, comparecer ante las autoridades competentes y responder por nuestros actos, siempre con la verdad y con sujeción a la ley». Asimismo, hizo referencia directa a la postura del exmandatario al manifestar que «el expresidente Gustavo Petro Urrego lo ha expresado con toda claridad frente a su propia situación: está dispuesto a comparecer ante la justicia y responder con la verdad», añadiendo que esa disposición debe convertirse en una convicción compartida por todos los miembros de la colectividad.

No obstante, el congresista subrayó la necesidad de garantizar los derechos constitucionales de las personas sometidas a indagación previa o juzgamiento. En ese sentido, recordó que «es imprescindible el respeto irrestricto de las garantías al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa», concluyendo que la búsqueda de transparencia frente a la justicia debe ser inmarcesible y concurrir siempre con la independencia e imparcialidad en cada una de las actuaciones que adelanten las autoridades judiciales.

En medio de la compleja crisis fiscal que atraviesa el país, la Procuraduría General de la Nación anunció que reintegrará al Ministerio de Hacienda una suma cercana a los 102.000 millones de pesos al cierre de este año 2026.

El procurador general, Gregorio Eljach, explicó el origen de estos recursos al señalar que «vamos a devolver en promedio 102 mil millones de pesos correspondientes a 404 vacantes que no hemos utilizado».

Como parte de estas mismas directrices de austeridad en el gasto público, el jefe del ente de control confirmó de forma contundente que «la Procuraduría no hará fiesta de Navidad este año».

Frente a la cancelación de los festejos institucionales y los recortes aplicados, el jefe del Ministerio Público dirigió un mensaje a los funcionarios de la entidad señalando que «a los servidores de la Procuraduría les pido comprensión, pero tenemos que dar el ejemplo de verdad», al tiempo que enfatizó en la necesidad de ofrecer una conducta transparente al sostener que «tenemos que dar el ejemplo de verdad, verdad, verificable».

El Presidente Abelardo De La Espriella anunció este viernes la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros que fueron identificados durante una intervención de las autoridades en 15 localidades de Bogotá, como parte de la estrategia del Gobierno Nacional para combatir la delincuencia y fortalecer los controles migratorios.

El operativo –informó el Mandatario- fue adelantado de manera coordinada por Migración Colombia, la Fuerza Pública y la Alcaldía de Bogotá. Las personas expulsadas acumulaban más de 1.100 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia, pero además registraban antecedentes relacionados con diferentes actividades delictivas.

“He dado una instrucción clara: quienes vengan a Colombia a delinquir no pueden encontrar refugio en nuestro territorio”, afirmó el Jefe de Estado.

Asimismo, el Mandatario advirtió que su Gobierno mantendrá una posición de firmeza frente a quienes incurran en actividades al margen de la ley. “¡En la era del Tigre, Colombia no es refugio de criminales!”, aseveró.

El Presidente indicó que uno de los resultados relevantes de la operación fue la captura en Venezuela de 10 de los ciudadanos expulsados cuando llegaron a ese país, debido a que tenían órdenes de captura vigentes allí.

Hurto, extorsión y tráfico de estupefacientes

Entre las conductas delictivas dadas a conocer por el Mandatario se destacan hurto, tráfico de estupefacientes, extorsión, concierto para delinquir, porte de armas cortopunzantes, consumo de sustancias psicoactivas e irrespeto a la autoridad.

El Jefe de Estado explicó la diferencia entre los extranjeros que llegan a Colombia a trabajar y contribuir al desarrollo nacional y quienes pretenden utilizar el territorio para perpetrar acciones criminales.

“Nuestro país tiene las puertas abiertas para los extranjeros que llegan a trabajar honradamente, respetar nuestras leyes y aportar al progreso de nuestra nación”, enfatizó el Jefe de Estado al destacar la importancia de la intervención en Bogotá.

Finalmente, el Presidente se refirió al respeto por la institucionalidad y la autoridad, al afirmar que la prioridad de su Gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos.

“Aquí se respeta la ley, se ejerce la autoridad y se protege a los colombianos”, concluyó.

Las mujeres que integran la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República emitieron un pronunciamiento oficial ante los recientes señalamientos y denuncias de presuntas conductas de naturaleza sexual e irregularidades en la contratación estatal atribuidas al expresidente Gustavo Petro. En el comunicado, las congresistas señalaron que su postura busca ser coherente, responsable y respetuosa de los principios feministas y democráticos que defienden, enfatizando que este tipo de denuncias no deben ser ignoradas ni minimizadas por conveniencia política.

El documento recalca que toda denuncia requiere ser escuchada con respeto y que las mujeres que acuden a la justicia no pueden ser objeto de descalificaciones ni de juicios sobre su vida privada. Asimismo, la bancada solicitó a instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección (UNP) que brinden las garantías necesarias, seguridad y acompañamiento a las denunciantes, prestando especial atención a los casos donde existan asimetrías de poder o subordinación.

De igual manera, el pronunciamiento hace un llamado a respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, subrayando que el material difundido no ha sido sometido a peritaje judicial y confiando en que las instancias competentes actúen con total independencia. En el ámbito de la contratación pública, exigieron que la justicia revise los convenios bajo criterios técnicos y objetivos, separando los asuntos personales de la gestión pública.

Hacia el final del comunicado, la bancada enfatizó una postura firme frente a la independencia de su labor política: «Nuestra defensa de los derechos de las mujeres no está condicionada por quién sea señalado, por el cargo que ocupe o por el proyecto político al que pertenezca», agregando que el feminismo no puede utilizarse como un mecanismo para encubrir o justificar conductas por afinidades ideológicas. Finalmente, solicitaron que esta coyuntura no sea instrumentalizada y pidieron mantener la atención en los debates legislativos prioritarios del país.

La Fiscalía General de la Nación ha presentado una acusación formal ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró. Este proceso judicial avanza tras detectarse presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo firmado en diciembre de 2022 con la entidad Aldesarrollo, el cual superaba los 4.950 millones de pesos. El objeto principal de dicho contrato era la implementación de un sistema tecnológico destinado a controlar el ingreso y validar la identidad de los aficionados en los estadios de fútbol del país.

El ente investigador señala que la exfuncionaria habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según la indagación, se habría recurrido a una contratación directa sin garantizar la pluralidad de oferentes requerida por la normativa, además de evidenciarse una posible selección anticipada de un particular para ejecutar el proyecto mediante subcontratación. Asimismo, se advierte que no se realizaron estudios de mercado adecuados ni procedimientos idóneos para fijar el valor del contrato y sus costos.

La investigación también detalla que la entonces ministra desatendió de manera presunta las advertencias y alertas emitidas por los equipos jurídicos y técnicos de su cartera respecto a las fallas en el proceso contractual, optando por firmar el acuerdo a finales de diciembre de 2022. Adicionalmente, se hallaron inconsistencias en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación, documentos públicos donde, de acuerdo con la Fiscalía, se habrían plasmado hechos contrarios a la realidad, por lo que el proceso se adentra ahora en la fase de juicio para definir la responsabilidad penal de la exministra.

La joven, señalada en su momento por presuntas irregularidades en la Aerocivil, sostiene que un video de dos adultos demostrando afecto no constituye por sí solo prueba de delito y pide que el caso se resuelva en los tribunales, no en redes sociales.

La publicación de un video de 54 segundos en el que aparece el expresidente Gustavo Petro besando y abrazando a Deicy Jiménez sigue generando reacciones. Esta vez se pronunció Gabriela Muñoz Olaya, una de las jóvenes que estuvo en el centro de cuestionamientos durante el gobierno Petro por su vinculación y la de varios familiares a la Aeronáutica Civil.

A través de un mensaje en la red social X, Muñoz reconoció el derecho de cualquier persona a denunciar, pero expresó su inconformidad con el tratamiento del caso:

“Todas las personas tienen derecho a denunciar. Lo que no comprendo es cómo un asunto tan delicado termina convertido en un espectáculo mediático. ¿Desde cuándo unos videos de dos personas adultas demostrándose cariño constituyen, por sí solos, prueba de un delito?

Si existe una denuncia ante la Fiscalía, las pruebas deben ser valoradas por las autoridades competentes, con todas las garantías del debido proceso, pero no sometidas al juicio de un país que muchas veces prefiere el morbo a la verdad.

La exposición mediática no invalida automáticamente una prueba, pero sí puede afectar derechos fundamentales y comprometer la integridad de una investigación. La justicia se administra en los tribunales, NO en las redes sociales”.

Muñoz también pidió que se discutan con la misma intensidad las leyes que se aprueban en el Congreso, las propuestas tributarias y las decisiones que pueden afectar el bolsillo de los colombianos, y cerró señalando que “Colombia necesita seriedad, no más espectáculos”.

El expresidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a través de su cuenta de X ante la reciente publicación de Noticias Caracol sobre la familia Santo Domingo y la situación médica de Angie Rodríguez, calificando la información divulgada como una «calumnia» impulsada por el medio televisivo y sectores vinculados al abogado Abelardo de la Espriella.

Petro desmintió categóricamente que el documento presentado por el noticiero corresponda a conversaciones de su autoría o represente una prueba de un presunto envenenamiento; por el contrario, sostuvo que el dictamen médico expone el cuadro psiquiátrico que explicaría la conducta de Rodríguez y la manipulación a la que, según él, ha sido sometida por la prensa tradicional.

En su pronunciamiento, Petro detalló que las sustancias químicas halladas en los exámenes de laboratorio corresponden a componentes presentes en medicamentos psicotrópicos comercializados bajo estricta vigilancia médica —como la amitriptilina—, los cuales son indicados para pacientes que padecen ansiedad severa, insomnio, fobia social e incluso esquizofrenia. Al cuestionar la rigurosidad informativa del canal por insinuar acusaciones en su contra sin una investigación científica previa, el exmandatario reclamó una protección médica y especializada para la joven en lugar de esquemas de seguridad privada. Finalmente, Petro hizo un llamado al respeto de los derechos de los pacientes y anunció que su equipo jurídico interpondrá demandas civiles y penales contra el noticiero en defensa de su buen nombre y del derecho a la verdad.

A menos de tres meses de haber asumido la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella registra 47 quejas o denuncias radicadas ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Según la información entregada por la propia Comisión a Caracol Radio en respuesta a un derecho de petición, estos expedientes “se encuentran bajo el respectivo reparto”.​

La cifra contrasta con el inventario de procesos que maneja la misma corporación sobre otros mandatarios. El expresidente Gustavo Petro tiene 335 denuncias penales y disciplinarias vinculadas a hechos de su mandato (2022-2026) que cursan en etapa de investigación previa o preliminar —ninguna ha avanzado a la fase de instrucción formal—, además de 50 procesos archivados. También aparecen procesos activos contra Iván Duque Márquez (104), Álvaro Uribe Vélez (47) y Juan Manuel Santos Calderón (34).