Categoría: Política Nación

El presidente Abelardo De La Espriella responde al presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien advierte sobre las dificultades que podría generar para la jurisdicción el presupuesto previsto para 2027. La JEP solicita $947.642 millones, mientras el proyecto de Presupuesto General de la Nación contempla $821.803 millones, una diferencia de $125.839 millones. Ramelli sostiene que estos recursos resultan necesarios para cerrar investigaciones, avanzar en los procesos y atender a las víctimas.

De La Espriella defiende el monto incluido en el proyecto y afirma que la decisión responde a criterios fiscales. El mandatario señala que la JEP recibe más de $3 billones desde 2018 y plantea que los recursos adicionales deben dirigirse también a la justicia ordinaria, donde el Gobierno identifica problemas de congestión y limitaciones para atender los procesos. La discusión continúa dentro del trámite del presupuesto de 2027 y enfrenta dos posiciones sobre las necesidades de financiación de la jurisdicción.

El expresidente Gustavo Petro responde a una carta de algunos residentes del conjunto Sierras del Moral, en el norte de Bogotá, quienes expresan preocupación ante la posibilidad de que establezca allí su residencia. Los firmantes aclaran que no cuentan con documentos que confirmen una negociación o contrato de arrendamiento y solicitan una revisión jurídica previa de cualquier eventual operación.

La carta menciona la inclusión de Petro en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la OFAC, aunque los propios residentes precisan que esta situación no equivale a una condena penal ni establece por sí sola una prohibición general para arrendar una vivienda en Colombia. Petro responde en X que tiene derecho a establecer su residencia donde quiera.

La Defensoría del Pueblo se pronuncia sobre el protocolo que prepara el Gobierno Nacional para regular la actuación de la Fuerza Pública dentro de las universidades. La entidad pide que cualquier intervención respete la autonomía universitaria y los derechos fundamentales, y recuerda que la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles y la deliberación académica no justifican por sí mismas el ingreso de las autoridades a los campus.

La Defensoría también aclara que la autonomía universitaria tiene límites y contempla circunstancias excepcionales, como los casos de flagrancia. Además, pide que el protocolo defina con claridad cuándo puede intervenir la Fuerza Pública y establezca mecanismos de coordinación, diálogo y mediación, bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció que Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción, fue trasladado anoche a las 11:30 a la cárcel de Villahermosa. Hasta ahora permanecía en el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali.​

En un mensaje publicado este domingo, el mandatario afirmó que Abadía “se creía intocable” y que, desde ese recinto, “participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos”. Dijo haber ordenado personalmente el traslado. Según su relato, el condenado simuló un episodio cardíaco, fue llevado a una clínica y de allí salió por instrucción presidencial hacia “una cárcel de verdad”.​

Abadía fue hallado responsable de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en un convenio de 2010 para dotar 40 bibliotecas escolares. La Corte Suprema dejó en firme la condena el 10 de junio de 2026 y fijó un desvío de 817 millones de pesos. El alto tribunal dispuso reclusión en establecimiento carcelario, pero un juez de ejecución de penas lo envió a Carabineros, con el argumento de padre cabeza de familia. Veedurías y medios habían denunciado que desde allí seguía influyendo en la política vallecaucana.​

El anuncio se alinea con la línea de De la Espriella, en el cargo desde el 7 de agosto, de endurecer el cumplimiento de penas de condenados con poder. Queda por confirmar ante el Inpec y el juez de ejecución el acto formal del traslado y si el beneficio de reclusión especial queda revocado de manera definitiva.

El Presidente Abelardo De La Espriella anunció este sábado en Cartagena que uno de los propósitos de su Gobierno es incorporar un dique flotante con capacidad de levante superior a las 13 mil toneladas de peso, de manera que permita fortalecer la capacidad del país para atender buques de gran calado y ampliar los servicios de la industria naval colombiana.

El Mandatario estableció este compromiso al término de su visita a las instalaciones de la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar).

Al respecto el Mandatario precisó: “Colombia va a incorporar un dique flotante a la capacidad de levante superior a 13 mil toneladas. Hablamos de una infraestructura de 180 a 220 metros de eslora y de una manga interna de por lo menos 36 metros. No es un hierro más en la Bahía. Es la diferencia entre ver pasar los barcos y hacer que esos barcos trabajen y generen recursos para Colombia».

De acuerdo con el Jefe de Estado, “esto es capacidad estratégica, es una gran inversión, es la industria nacional creciendo, es la autonomía», porque –agregó– “una república seria no improvisa su poder marítimo», sino que “lo construye, lo cuida, lo expande».

Cabe indicar que el dique flotante se define como una estructura naval sumergible que sirve para elevar buques fuera del agua y dejarlos en tierra seca para realizar reparaciones o mantenimiento.

Durante su recorrido, el Presidente De La Espriella destacó que Cotecmar es una empresa orgullo de la patria y la oficina de diseño naval más grande de Latinoamérica.

“Aquí se construyen los buques de nuestra Armada, embarcaciones hospitales para las regiones sin muelle y fragatas imponentes que exportamos a cuatro países vecinos y que surcarán los mares a partir del 2030″, dijo.

“Somos potencia mundial en ingeniería naval y muchos aún no lo saben; por eso hay que contarle al mundo que el talento y el patriotismo colombiano no tienen techo», puntualizó el Jefe de Estado.

La eventual llegada del expresidente Gustavo Petro al conjunto residencial Sierras del Moral, ubicado en el norte de Bogotá, desencadenó un tenso debate político tras la divulgación de un comunicado en el que varios vecinos manifestaron su oposición a su llegada. La controversia cobró un nuevo impulso tras la fuerte reacción del excongresista Gustavo Bolívar, quien cuestionó severamente los argumentos de los propietarios y calificó la postura de la comunidad como una expresión de discriminación.

Bolívar señaló lo que considera un trato inequitativo y un doble rasero por parte de los residentes, al recordar que en ese mismo sector de la capital ha residido el también expresidente Iván Duque sin que se generara un rechazo similar. A través de sus canales oficiales, el dirigente político planteó serios interrogantes sobre las verdaderas motivaciones de la oposición y sugirió que detrás del impedimento existen actitudes abiertamente clasistas.

En su pronunciamiento, el exsenador cuestionó si la pretensión de estos sectores es promover una suerte de destierro para el exmandatario y criticó que se intente limitar la libre elección de vivienda. Bolívar enfatizó que restringir la movilidad y el acceso a la propiedad privada contradice los mismos principios del modelo económico que esos grupos afirman defender, al tiempo que recordó que durante la presidencia de Petro se respetaron plenamente las garantías y derechos de toda la ciudadanía.

Por ahora no existe confirmación oficial de que Petro vaya a concretar su traslado a la copropiedad en Sierras del Moral. No obstante, las declaraciones de Bolívar han puesto en el centro de la opinión pública el debate sobre la polarización política y los límites de las normas de convivencia en las urbanizaciones privadas.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, expresó su reconocimiento al acompañamiento del Gobierno Nacional en la gestión de la crisis provocada por el reciente terremoto que afectó a la región.

En sus declaraciones, la mandataria territorial destacó la presencia permanente de las autoridades centrales en la zona golpeada y el monitoreo continuo de las medidas adoptadas para atender a la población damnificada.

“Ha estado en todo momento acompañando la emergencia y haciéndole seguimiento a las decisiones que se van tomando”, afirmó Córdoba al referirse al despliegue institucional.

La exministra de Educación Viviane Morales Hoyos denunció ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía presuntas irregularidades en el FOMAG, el fondo que administra la salud de los maestros.

En un oficio del 4 de septiembre, enviado al contralor Jorge Eliécer Laverde Vargas, Morales —entonces presidenta del Consejo Directivo del fondo— afirma que el FOMAG tendría un déficit de al menos 1,4 billones de pesos y deudas superiores a 8 billones. Anexó informes de la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia Financiera, la Contraloría y el Ministerio de Educación.

Según el documento, el costo de la salud de docentes y afiliados pasó de 3,5 a más de 5,2 billones de pesos con el modelo puesto en marcha desde 2024. La Fiduprevisora habría advertido que se necesitan hasta 5,31 billones este año, frente a 3,83 billones presupuestados.

La denuncia también habla de patrimonio negativo, cuentas por pagar con la red de salud y pagos que, a juicio de la exministra, carecerían de sustento suficiente. Morales pide investigar la responsabilidad fiscal de quienes, por acción u omisión, habrían llevado al fondo a esa situación.

La Procuraduría ya abrió indagación previa. Los hechos siguen en trámite y no hay fallos en firme

A un mes del inicio de la nueva administración presidencial, la oposición política y diversos movimientos sociales en Colombia alistan una serie de manifestaciones en las calles tras manifestar su rechazo a las primeras decisiones del mandatario Abelardo de la Espriella.

El detonante del anuncio fue una declaración del senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) advirtió que una amplia variedad de sectores de la sociedad civil afirman sentir vulnerados sus derechos bajo la gestión actual.

Entre los colectivos mencionados por el congresista se encuentran damnificados de desastres naturales, comunidades campesinas e indígenas, gremios del magisterio y la educación universitaria, centrales de trabajadores, periodistas y organizaciones de la diversidad sexual.

Frente a este escenario de creciente disconformidad, el legislador fue enfático sobre la postura que asumirá su bancada en el Congreso: “Comienzan a prepararse ya las movilizaciones sociales que contarán con nuestro respaldo decidido”, aseveró Cepeda.

Aunque el senador no fijó fechas ni itinerarios específicos para estas jornadas de protesta, las declaraciones se suman a los llamados realizados de manera paralela por centrales obreras como la CUT y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Estas organizaciones ya han proyectado una jornada nacional de marchas para el próximo 14 de octubre, al tiempo que evalúan la convocatoria a un paro nacional en el mes de noviembre.