Categoría: Política Nación

Durante el debate de moción de censura adelantado en el Senado de la República, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, defendió con firmeza la actuación de la Fuerza Pública y se refirió al complejo panorama del reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales. El alto funcionario enfatizó que cada menor que cae en las filas de estas estructuras es, en esencia, una víctima inocente de la guerra, lamentando profundamente su instrumentalización pero responsabilizando de manera directa a las organizaciones criminales que se encargan de reclutarlos, entrenarlos y armarlos.

Asimismo, el jefe de la cartera de Defensa subrayó que las operaciones militares nunca se planifican ni se ejecutan bajo la premisa de atacar a un menor por su condición de reclutado, sino que responden estrictamente a la identificación de amenazas armadas reales respaldadas por labores de inteligencia. En su intervención ante el Congreso, Mora recalcó que el accionar de los uniformados se rige de manera rigurosa por los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario (DIH), destacando la aplicación permanente de criterios como la distinción, la proporcionalidad y la precaución en la planeación táctica.

Finalmente, el ministro aseguró que su trayectoria institucional y su hoja de vida se mantienen limpias de investigaciones formales en materia de derechos humanos, a pesar de haber liderado múltiples operaciones contundentes contra las cúpulas de organizaciones subversivas como las Farc y el ELN.

Durante el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, el senador David Barguil cuestionó con firmeza la postura de quienes hoy critican las operaciones militares, señalando que esos mismos sectores guardaron silencio frente al incremento de flagelos como el reclutamiento forzado de menores, las masacres, los homicidios de líderes sociales y la extorsión en el país.

El congresista enfatizó que no se puede tolerar la expansión territorial de los grupos criminales ni permitir que continúen sembrando zozobra entre los colombianos. Por esta razón, el legislador hizo un llamado enérgico a respaldar la labor de la Fuerza Pública frente al combate a la criminalidad, al tiempo que insistió en que la seguridad debe constituirse como un pilar fundamental para la estabilidad de la nación.

• _La inversión total es de 346.342 millones de pesos y beneficiará a 804.478 hogares en pobreza._

• _Se vincularon 72.382 nuevos hogares y unidades de intervención indígena, cerca del 92 % con niños menores de seis años._

• _La entrega se realizará del 21 de septiembre al 6 de octubre._

Prosperidad Social entregará la *cuarta transferencia monetaria de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.*

La entidad garantiza la atención en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. Para este ciclo Prosperidad Social destinó *346.342 millones de pesos, para atender a 804.478 hogares.* Esto representa *un incremento del 5,4 % en presupuesto (17.604 millones de pesos adicionales), y del 4,3 % en cobertura (32.924 nuevos hogares) con relación al ciclo 3 de 2026.*

Así se realizó la distribución por líneas de atención:

• 605.064 hogares recibirán beneficio por ser cuidadores de niños o niñas menores de 6 años.

• 55.722 hogares serán atendidos por ser cuidadores de personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

*Segunda focalización e incorporación de nuevos beneficiarios*

Como resultado del segundo proceso de focalización de 2026, Prosperidad Social identificó 833.139 hogares y unidades de intervención indígena como potenciales beneficiarios de la Línea Valoración del Cuidado. De este grupo, 72.382 hogares ingresaron como nuevos participantes al programa: 64.457 mediante Sisbén IV y 7.925 de comunidades indígenas. Cerca del 92 % de estas incorporaciones corresponde a familias priorizadas con niños menores de seis años.

*Garantía de protección durante la transición al RUI*

En este proceso de focalización, *la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI) generó efectos en la operación que incidieron en los tiempos previstos para la entrega del ciclo.* Ante esta situación, Prosperidad Social realizó un análisis técnico y jurídico para garantizar la continuidad de la atención a las familias vinculadas, en el marco del período de transición que estableció el Departamento Nacional de Planeación para la implementación del RUI. Como resultado, para esta entrega se utilizaron las bases de información del Sisbén IV con cortes al 18 de mayo de 2026, y al 27 de julio del mismo año, facilitando además el ingreso de nuevos hogares en pobreza extrema.

La verificación de corresponsabilidades en esta cuarta entrega registró resultados favorables en salud y educación:

*Aseguramiento en salud:* 99,2 % de cumplimiento entre los integrantes de los hogares sujetos a verificación y 98 % por hogar.

*Vacunación:* 95,3 % de cumplimiento entre los niños y niñas menores de seis años sujetos a verificación y 95 % por hogar.

*Educación:* 90 % de cumplimiento entre los integrantes de 5 a 18 años sujetos a verificación y 86 % por hogar.

Estos resultados muestran el cumplimiento de las corresponsabilidades establecidas por Renta Ciudadana para promover el acceso a la salud de todos los integrantes del hogar, la vacunación de la primera infancia y la permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes.

*Condiciones de entrega*

Las transferencias se entregan en el municipio asignado, de acuerdo con la programación establecida para cada transferencia. No se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

En el marco del proceso de optimización operativa y financiera, *esta entrega se realizará mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF y en* http://prosperidadsocial.gov.co/gestor-de-informacion…/ La modalidad de giro tendrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

Prosperidad Social hace un llamado a los hogares beneficiarios para que acudan a los puntos autorizados dentro de los plazos establecidos. Las transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores.

Cayeron ‘Los Buitres’ en Bogotá! En la Operación Rapaz, nuestra Policía Nacional desarticuló esta estructura criminal que operaba en Suba, Usaquén y Engativá. Fueron capturadas seis personas, tres por orden judicial y tres en flagrancia, por secuestro, concierto para delinquir y hurto. Entre los capturados está alias ‘Homero’, cabecilla de la organización».

Así lo destacó este miércoles el Presidente Abelardo De La Espriella al informar que ‘Los Buitres’ tenían una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años y obtenían ingresos ilícitos cercanos a los 200 millones de pesos mensuales, mediante actividades delictivas que afectaban la seguridad de los ciudadanos en el norte y occidente de Bogotá.

Según las autoridades, ‘Los Buitres’ están relacionados con el secuestro y hurto de un vehículo que tenía en su interior a una menor de edad, hecho ocurrido el pasado 6 de abril. Este caso se convirtió en una de las principales líneas investigativas que permitió avanzar en la identificación de los integrantes de la red y en la recopilación de elementos probatorios para materializar las capturas.

El Presidente De La Espriella reiteró que la política de seguridad de su Gobierno mantiene como una de sus prioridades la persecución de las organizaciones criminales que afectan la tranquilidad ciudadana.

El Mandatario también envió un mensaje contundente a las estructuras criminales y resaltó los avances de la Fuerza Pública en distintas regiones del país.

“En Bogotá vamos detrás de las estructuras que secuestran, roban y aterrorizan a los ciudadanos. Una por una. Cabecilla por cabecilla. Felicitaciones a nuestra Policía Metropolitana de Bogotá, al Gaula y a Inteligencia Policial por este resultado. ¡El que la hace, la paga!», manifestó.

Balance nacional

El resultado de la Operación Rapaz se suma a otros golpes propinados por la Fuerza Pública en distintas regiones del país durante las últimas 24 horas.

En Convención, Norte de Santander, fueron rescatados ocho ciudadanos que permanecían secuestrados por integrantes del Eln, mientras que en Morales, Bolívar, tropas del Ejército Nacional dieron de baja en combate a cinco miembros de esa organización narcoterrorista, entre ellos alias ‘Niche’, señalado cabecilla de la compañía Simón Bolívar de este grupo criminal.

En esa operación también fueron incautadas 6 armas largas, munición y material de intendencia.

El balance nacional incluye, además, 30 capturas, la incautación de 8 armas largas, 4 armas cortas, 349 municiones y 5 granadas.

Las autoridades también reportaron afectación de las economías ilícitas mediante la incautación de 497 kilogramos de estupefacientes, la incautación de 5.753 galones de combustible y la destrucción de 2 minas ilegales.

De acuerdo con las cifras entregadas por el Jefe de Estado, desde el 7 de agosto hasta la fecha, las operaciones de la Fuerza Pública han permitido realizar 20.278 capturas, incautar 85.060 kilogramos de drogas, erradicar 1.996 hectáreas de coca y decomisar 2.122 armas de fuego.

La representante a la Cámara por Bogotá María del Mar Pizarro (Pacto Histórico) cuestionó este 16 de septiembre la distribución departamental de la inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027.

Afirmó que, de 32 departamentos, solo seis reciben un aumento y que eso desmiente el discurso de descentralización y de “gobierno desde las regiones”.​

“Ahí quedó la descentralización y el supuesto ‘gobierno desde las regiones’. Mucho discurso, pero en el presupuesto regionalizado las regiones más afectadas por el terremoto quedan sin milagro”, escribió en X, junto a dos tablas comparativas de inversión 2026 versus 2027.

Pizarro contrastó esos recortes regionales con dos cifras del proyecto del Gobierno de Abelardo de la Espriella: un aumento de cerca del 10% en el presupuesto total y un plan de endeudamiento que ella cifró en 238 billones de pesos.

El proyecto reformulado del PGN 2027, radicado por el Ministerio de Hacienda, suma 634,9 billones de pesos, 59,3 billones más que la propuesta de 575,6 billones que había presentado la administración de Gustavo Petro.

El Gobierno ha argumentado que el sismo del 10 de agosto y el descuadre fiscal heredado obligaron a reformular las cuentas. En esa versión, la inversión nacional baja de unos 90 billones a 86,9 billones.​

Las tablas que difundió la congresista, con fuente del DNP (regionalización inicial, preliminar e indicativa), muestran que el total de inversión regionalizada pasa de 88,76 billones en 2026 a 86,96 billones en 2027: una caída nominal del 2% y real del 7,6%, si se descuenta una inflación esperada del 6%.

En variación real, los aumentos aparecen sobre todo en Cundinamarca (+6,8%), Putumayo (+8,8%), Amazonas (+10,8%), La Guajira (+1,8%) y Risaralda (+1,6%). En varios departamentos golpeados por el terremoto la inversión cae: Valle del Cauca (−10,4% real), Antioquia (−14,2%), Chocó (−16,1%), Cauca (−14,3%), Nariño (−11,7%), Tolima (−26,1%), Huila (−19,2%) y Quindío (−17,1%). Caldas, también afectado, queda casi plano en pesos corrientes (0%) y cae 5,6% en términos reales.

El Gobierno ha dicho que la reconstrucción se canalizará por el Fondo Milagro y no solo por la regionalización ordinaria de la inversión. Pizarro sostiene que, en las cifras publicadas por departamento, esa prioridad no se refleja.

El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó al presidente Abelardo De La Espriella el informe sobre la reunión interministerial de la Misión Crecer. Esta estrategia busca impulsar la economía colombiana y establecer las condiciones necesarias para alcanzar un crecimiento del 6 % del PIB. La iniciativa une a 10 ministerios, el sector privado, la academia y la ciudadanía, orientándose hacia acciones enfocadas en inversión, productividad, empleo y dinamización económica.

El informe destaca cuatro áreas clave: ofrecer incentivos y establecer estabilidad jurídica para la inversión, crear un banco de proyectos, simplificar normas y trámites, y aumentar la productividad mediante la formalización laboral. Con estas propuestas, el Gobierno pretende trazar una hoja de ruta que atraiga inversiones y fortalezca tanto la creación de empleo como el crecimiento económico.

El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, oficializó y posesionó a Ilva Myriam Hoyos como la nueva ministra de Educación Nacional, en reemplazo de Viviane Morales.

​La modificación en el gabinete ministerial se originó tras la dimisión voluntaria de Morales, quien debió apartarse del cargo debido a una situación de carácter personal vinculada al cuidado y la salud de una de sus hijas. Ante su salida, el primer mandatario aceptó la renuncia y destacó su gratitud y afecto hacia ella, aclarando que las puertas del Ejecutivo se mantienen abiertas.

​Con la expedición del Decreto 1395, asumió formalmente el liderazgo de esta cartera estratégica. Durante el acto de posesión, el jefe de Estado le encomendó la misión de consolidar una educación de excelencia fundamentada en el conocimiento, los valores, la libertad y el carácter para las futuras generaciones del país.

La Corte Suprema de Justicia emitió dos decisiones trascendentales que involucran a congresistas del Pacto Histórico. Por un lado, la Sala de Instrucción resolvió no imponer medida de aseguramiento al senador David Racero en el marco del denominado caso Fruver; sin embargo, el alto tribunal aclaró que la investigación en su contra continúa abierta por presuntas irregularidades ligadas a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo que habrían cumplido funciones en una tienda de verduras de su familia.

 En contraste, la situación legal del senador Álex Flórez dio un giro drástico al ser formalmente acusado por la Corte para enfrentar un juicio ante la Sala de Primera Instancia por el delito de presunta violencia intrafamiliar en contra de su ex pareja, a pesar de que la presunta víctima había negado públicamente la ocurrencia de los hechos. De esta forma, mientras Racero esquivó la reclusión preventiva pero sigue bajo la lupa judicial, Flórez deberá responder penalmente en las próximas etapas del proceso.

La Fiscalía General de la Nación trasladó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes un expediente para que se investigue una presunta conducta punible del expresidente Gustavo Petro, relacionada con la divulgación de datos reservados de la historia clínica de un menor de edad.

​El oficio, enviado en agosto de 2026 al entonces presidente de dicha célula legislativa, Carlos Alberto Cuenca Chaux, detalla que el exmandatario habría incurrido en el delito de violación de datos personales agravado. De acuerdo con el ente acusador, la presunta infracción se configuró al hacerse públicos apartes del historial médico de Kevin Acosta, incluyendo afirmaciones sobre la negativa de la madre a autorizar un procedimiento quirúrgico, información que contaba con reserva legal y carecía de los permisos requeridos para su exposición pública.

​Debido al fuero constitucional que cobija al expresidente, el caso quedó en manos de la Comisión de Acusación, órgano encargado de evaluar el material probatorio remitido y definir el rumbo procesal que tomará el asunto. La entidad judicial aclaró que esta compulsa de copias no equivale a una declaratoria de responsabilidad penal, sino al inicio del cauce institucional para que el Congreso determine si existen méritos suficientes que ameriten abrir una investigación formal.

El abogado cordobés Julio Jair Mizger Díaz, oriundo del municipio de Chinú, consiguió un fallo histórico en el ámbito jurídico nacional al ganar una acción de tutela que interpuso en contra del Presidente de la República.

​El proceso legal nació luego de que el actual mandatario participara en un acto de índole religiosa donde coronó a una virgen, una situación que llevó al jurista a exigir formalmente la protección del principio de neutralidad religiosa del Estado colombiano.

​La decisión judicial, emitida por el Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá D.C., le dio la razón al accionante y ordenó expresamente al doctor Abelardo Gabriel De la Espriella Otero, en su condición de jefe de Estado, abstenerse de participar en este tipo de ceremonias religiosas mientras se encuentre en el ejercicio de sus funciones oficiales.

​Tras conocer el fallo, Mizger Díaz destacó que esta providencia representa un precedente fundamental para consolidar la separación entre las creencias religiosas y las obligaciones institucionales del poder público, resaltando además el impacto del talento jurídico de su región en la defensa de la Constitución.