Categoría: Política Nación

El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella celebra la selección del colombiano Diego Mesa Puyo como próximo director ejecutivo y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), principal fuente internacional de financiamiento público para la protección del medio ambiente.

Mesa Puyo ejercerá un mandato inicial de cuatro años y dirigirá la familia de fondos del GEF durante un periodo decisivo para el cumplimiento de los objetivos mundiales en materia de biodiversidad, cambio climático y contaminación. Se prevé que asuma el cargo a comienzos de octubre de 2026.

El nuevo director ejecutivo y presidente del GEF cuenta con una destacada trayectoria en política energética, desarrollo económico y sostenibilidad. Fue ministro de Minas y Energía de Colombia entre 2018 y 2022 y, antes de esta selección, se desempeñaba como subjefe de la División de Política Climática del Fondo Monetario Internacional.

Esta designación, resultado de un proceso internacional riguroso, transparente y basado en el mérito, representa un reconocimiento al talento y al liderazgo de los colombianos. El Gobierno de la Patria Milagro felicita a Diego Mesa Puyo y le desea éxitos en la misión de promover inversiones y soluciones concretas para proteger el planeta y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

La Fiscalía General de la Nación ordenó practicar un examen toxicológico a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y quien se desempeñó como gerente del Fondo Adaptación, luego de que la exfuncionaria ampliara su denuncia por presuntas amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones.

La decisión se conoció este miércoles 5 de agosto de 2026, después de una diligencia que se extendió por más de seis horas. En ella participaron investigadores y una médica de la Fiscalía. Rodríguez actuó en calidad de denunciante y entregó nuevos elementos relacionados con sus señalamientos.

Según el relato de la exfuncionaria, durante su paso por el Gobierno habrían existido intentos de afectar su salud y alterar su comportamiento mediante el suministro de medicamentos o sustancias, con el propósito de influir en sus decisiones. Su abogado, Manuel Villanueva, explicó que este tema formó parte central de la ampliación de la denuncia y que la Fiscalía consideró necesario el examen toxicológico para establecer si existió dicho suministro.

Villanueva indicó que los hechos están respaldados por siete declaraciones de funcionarios del Dapre y del Fondo Adaptación, además de la historia clínica de Rodríguez, registros médicos y otros documentos. Agregó que durante la diligencia se identificó a un presunto responsable, aunque la identidad de esa persona y de otros posibles implicados permanece bajo reserva por tratarse de una investigación en curso.

El Concejo de Medellín aceptó la renuncia de Claudia Carrasquilla a su curul por el partido Centro Democrático, con un total de 15 votos, para que asuma el viceministerio de Defensa a partir de este viernes. El ofrecimiento del cargo lo recibió la semana pasada en Ibagué por parte del general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa designado, durante un empalme regional del electo presidente Abelardo de la Espriella. Con este movimiento, Carrasquilla deja en pausa sus aspiraciones a la Alcaldía de Medellín por el uribismo, mientras la incertidumbre persiste sobre si mantendrá su militancia partidaria en medio de las tensiones recientes con el nuevo gobierno.

La trayectoria de Carrasquilla despegó en la década pasada cuando lideró la unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía en Medellín, persiguiendo estructuras como el Clan del Golfo, lo que le valió el apodo de «la dama de hierro». Tras su salida de la entidad en 2020 y un intento fallido al Senado con Cambio Radical en 2022, llegó al Concejo de Medellín en 2023 bajo las toldas del uribismo, integrando la coalición gobiernista del alcalde Federico Gutiérrez. Actualmente, la nueva funcionaria afronta un proceso judicial tras ser acusada por la Fiscalía en noviembre de 2024 por presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público relacionados con la presunta manipulación de testigos en un caso antiguo, aunque su defensa ha aplazado las audiencias y ella sostiene su inocencia. En su nueva labor dentro del Ministerio de Defensa, acompañará al general (r) Mora en la implementación de la estrategia de mano dura contra los grupos armados y el fortalecimiento de los bloques de seguridad urbana en el país.

A través de un derecho de petición radicado el 4 de agosto de 2026, la primera dama Verónica Alcocer García, representada por el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón que le informe si existe alguna indagación o investigación penal en su contra relacionada con los audios atribuidos a Eva Ferrer.

En el documento, el apoderado especial de Alcocer explica que diversos medios difundieron grabaciones en las que se menciona el nombre de la primera dama en relación con hechos que, en abstracto, podrían revestir características de conductas punibles. Señala, además, que ha trascendido la intención de algunos congresistas de promover una denuncia penal por esos hechos.

El derecho de petición se fundamenta en el “legítimo interés” de Alcocer de “restablecer prontamente su buen nombre y el de su familia”, acreditar la falsedad de las afirmaciones que la involucran, ejercer su derecho de defensa y promover las acciones judiciales a que haya lugar contra quienes hubieren formulado, denunciado o divulgado imputaciones “falsas o carentes de sustento”.

Si la respuesta es afirmativa, el abogado solicita el número de la noticia criminal y el despacho asignado, la incorporación del poder especial al expediente, que se le tenga como defensor de confianza, que se le cite a las audiencias de control posterior y que se le remita copia de la noticia criminal, denuncia, informe o petición que dio inicio a la actuación.

La ministra designada de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, anunció este miércoles un plan de choque que se implementará durante los primeros meses del nuevo Gobierno para aliviar la acumulación de pacientes en espera de atención y la demora en la entrega de medicamentos.

“El sistema no se salva solo”, afirmó Vesga, al subrayar que la prioridad será avanzar en la reconstrucción del sistema de salud y resolver, en primer lugar, su crisis de financiamiento.

La designada, quien asumirá el cargo el 7 de agosto junto al presidente electo Abelardo de la Espriella, ha reiterado en declaraciones recientes que el enfoque inicial no será una reforma estructural, sino la estabilización del sector. Según explicó, el sistema se encuentra en una situación crítica, con una “represa grande” de deudas y problemas de acceso que requieren una respuesta inmediata.

El plan de choque, anticipado por el presidente electo al momento de anunciar su nombramiento, busca garantizar atención oportuna, asegurar el abastecimiento de medicamentos, brindar estabilidad al talento humano en salud y avanzar en el saneamiento financiero del sector.

Vesga, abogada y ex presidenta ejecutiva de Acemi (el gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo), llega al Ministerio con el reto de recuperar la confianza en un sistema que enfrenta dificultades operativas y de liquidez.

En declaraciones previas, la designada ha insistido en que “la salud se salva entre todos” y que los resultados no serán inmediatos, sino que tomarán meses de trabajo coordinado.

El anuncio se produce a dos días de la posesión del nuevo Gobierno, en un momento en el que el sector sanitario atraviesa una de sus crisis más profundas en los últimos años.

El senador Camilo Torres Villalba, del Partido Liberal, advirtió este miércoles que la reducción a la mitad de las operaciones de Cerro Matoso por falta de gas natural constituye una señal de alarma para la seguridad energética y económica de Colombia.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el congresista señaló que “lo que ocurre en Cerro Matoso debe encender todas las alarmas”. Explicó que la seguridad energética de un país no se mide únicamente cuando se interrumpe el servicio eléctrico, sino también cuando una industria se ve obligada a apagar sus hornos.

La minera, ubicada en Montelíbano (Córdoba) y principal productora de ferroníquel del país, anunció el martes 4 de agosto que redujo de manera indefinida el 50 % de su operación debido a las restricciones en el suministro de gas por parte de Canacol Energy. Según la empresa, en las últimas semanas el proveedor le ha entregado menos de 4.000 MBTUD, cifra que representa menos de una cuarta parte del volumen contratado.

Torres subrayó que esta decisión impacta a cientos de familias cordobesas que hoy viven en incertidumbre y golpea las finanzas de un departamento productor que depende de los impuestos y regalías generados por la operación.

La compañía ha indicado que la medida afecta a más de 570 empleos entre personal directo y contratistas, obliga a pasar de un funcionamiento continuo a jornada diurna y genera una pérdida estimada de 40 toneladas diarias de níquel.

El senador enfatizó que, aunque la Superintendencia de Sociedades deberá tomar una decisión de fondo sobre el litigio que involucra a Canacol Energy (que busca terminar anticipadamente sus contratos de suministro en el marco de un proceso de reestructuración en Canadá), existe una prioridad innegociable: “primero está Colombia”.

Para Torres, el caso confirma las advertencias que se han hecho sobre la necesidad de un equilibrio energético en el país. “Más renovables, sí, pero también gas suficiente, infraestructura, respaldo y reglas claras”, afirmó.

El presidente electo Abelardo de la Espriella expresó su agradecimiento a través de su cuenta en la red social X tras recibir la banda presidencial de manos de veteranos y reservistas de la fuerza pública, a quienes calificó como símbolos de unidad, servicio, honor y amor por el país. De la Espriella destacó que el emblema patrio adquiere un significado aún más especial al haber sido confeccionado por el maestro Luis Abel Delgado, un exmilitar y reconocido artesano con décadas de trayectoria vistiendo a mandatarios y pontífices. Al asumir este símbolo con humildad, gratitud y sentido del deber, el mandatario electo rindió homenaje al compromiso de quienes defendieron la libertad de Colombia y reiteró su inspiración en el legado de servicio de la reserva militar bajo el lema «¡Firme por la Patria!».

El Congreso de la República emitió una tajante respuesta dirigida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de que este aceptara una demanda que pretende tumbar la posesión de Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali.

En el documento oficial, firmado por el secretario general del Senado, Diego Alejandro González González, la corporación advierte que acceder a la solicitud cautelar carece del soporte probatorio mínimo exigido por la ley y representaría una indebida «interferencia anticipada» sobre una decisión bicameral adoptada constitucionalmente, afectando la autonomía parlamentaria y la separación de poderes.

Asimismo, el Legislativo defendió que el traslado temporal de la sede a Cali se cumplió bajo estricta competencia constitucional y legal, por lo que solicitó negar las medidas cautelares pedidas en el proceso.

Ante la ola de señalamientos y el debate público generado por su reciente intervención en la Casa de Nariño, la cual giró en torno a la presentación de cifras y argumentos que respaldan una tesis de presunto fraude electoral, la cual ha sido respaldada por el Gobierno nacional, Carlos Oñoro utilizó su cuenta en la red social X para rechazar categóricamente las acusaciones de vulneración informática.

El empresario y promotor musical aclaró de forma tajante que no es un hacker de ninguna clase, desmintiendo haber burlado sistemas de seguridad o ingresado de manera irregular a plataformas digitales.

En su mensaje, Oñoro defendió su actuación al asegurar que su labor consistió estrictamente en ejercer su derecho al acceso a la información pública y al control político. Argumentó que el análisis se llevó a cabo en un sitio web de carácter público que pertenece a la ciudadanía en general, por lo que su ejercicio se enmarcó dentro de los canales legítimos de consulta ciudadana.

Estas declaraciones buscan disipar las dudas sobre los métodos utilizados para obtener las cifras que presentó inicialmente como parte de la tesis de presunto fraude electoral respaldada por el Gobierno.

Mutual Ser, Emssanar, Proteger y Nueva EPS Ante la revisión sistemática del estado de las Entidades Promotoras de Salud en el país, la Procuraduría General de la Nación sacó los resultados de las actuaciones de vigilancia preventiva y control de gestión adelantadas a las EPS: Mutual Ser, Emssanar, Proteger EPS (antes Cajacopi) y Nueva EPS, con el objeto de adelantar las investigaciones respecto a las posibles faltas disciplinarias de los diferentes servidores públicos y privados que prestan servicios públicos.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social evidenció que se mantienen las barreras de acceso en la atención de los pacientes, y que se sigue presentando un importante deterioro en las condiciones financieras que comprometen la sostenibilidad y continuidad de estas entidades; si bien, cada una de ellas presentan particularidades propias de su situación administrativa y el impacto al sistema no guarda las mismas proporciones, comparten problemáticas estructurales que continúan afectando la prestación oportuna y efectiva de los servicios de salud, tales como el incremento sostenido de las peticiones, quejas y reclamos (PQR), tutelas e incidentes de desacato, asociados principalmente a demoras en la asignación de citas médicas especializadas, dificultades en la autorización de servicios y tecnologías en salud, retrasos en la entrega de medicamentos y otras barreras administrativas que limitan el acceso efectivo a la atención.

El Ministerio Público concluyó que en la Nueva EPS continúa un riesgo sistémico y estructural para la garantía del derecho fundamental a la salud y para la sostenibilidad financiera, puesto que, los estados financieros de la entidad aún no cuentan con dictamen favorable de la revisoría fiscal y, con corte a 2024, registran pasivos superiores a $22 billones y pérdidas acumuladas que superan los $11 billones. Contando con una alta rotación de agentes especiales interventores, cinco en un periodo de veinticuatro (24) meses. Además, los indicadores de acceso a los servicios de salud muestran un deterioro progresivo, en el primer trimestre de 2026 en el que se registraron 40.668 acciones de tutela, lo que equivale al 60 % del total de tutelas presentadas durante toda la vigencia 2023.

De igual forma, se reportaron 10.031 incidentes de desacato, con cerca del 36 % aún sin atender. Dentro de los resultados también se incorporaron presuntas responsabilidades disciplinarias por parte del Ministerio de Salud y Protección Social debido a su posible inactividad en la promulgación de directrices para optimizar el flujo de recursos dentro del SGSSS y de la Superintendencia Nacional de Salud por las falencias en sus procesos de inspección, vigilancia y control frente a estas aseguradoras y finalmente, al seguimiento a los agentes interventores nombrados para administrarlas.