Categoría: Política Nación

En el marco de la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, realizada en la Casa de Nariño y liderada por el presidente Gustavo Petro, la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique, presentó las acciones que adelanta el Gobierno nacional para enfrentar los efectos del Fenómeno del Niño, entre ellas la estructuración de tres proyectos tipo para garantizar el abastecimiento de agua en las zonas más vulnerables.

La funcionaria explicó que el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico definió estas iniciativas a partir de las nuevas disponibilidades presupuestales que se deriven de las decisiones adoptadas durante el Consejo.

El primero corresponde a la construcción de una planta desalinizadora, con una inversión estimada de 35.000 millones de pesos. El segundo es un proyecto de captación de aguas lluvias, con un costo aproximado de 1.800 millones de pesos, diseñado para zonas rurales dispersas y territorios periféricos de centros urbanos, mediante sistemas alimentados con paneles solares. El tercero contempla la rehabilitación de pozos profundos, una estrategia que este Gobierno ha desarrollado principalmente en La Guajira, con una inversión promedio de 400 millones de pesos por intervención.

Durante la sesión, la viceministra también informó que el Ministerio espera dejar en ejecución 878.000 millones de pesos, mediante un convenio con el Fondo Potencia Mundial de la Vida, liderado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la recuperación de infraestructura afectada por un frente frío en 159 municipios de la región Caribe.

Asimismo, señaló que el Ministerio identificó 140 municipios en alto riesgo de sequía como consecuencia del Fenómeno del Niño. Para atender esta situación se dispone de más de medio billón de pesos en recursos ordinarios destinados a acciones de prevención y respuesta.

Finalmente, indicó que cerca de 500 municipios presentan un alto riesgo de afectaciones catastróficas, especialmente en el departamento de La Guajira y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo que el Gobierno nacional avanza en la articulación de medidas preventivas con las autoridades territoriales.

En lo que analistas consideran un claro mensaje de independencia y rigor institucional, el recién electo presidente del Congreso, Honorio Henríquez, respondió a la llamada de felicitación del mandatario electo Abelardo de la Espriella fijando desde el primer momento las reglas de juego entre el Legislativo y el Ejecutivo.

​Durante la conversación, Henríquez enfatizó que su gestión al frente de la corporación estará supeditada de forma estricta a la Constitución, asegurando que su labor velará por el cumplimiento de las garantías democráticas para todas las corrientes políticas. A través de sus canales oficiales, el parlamentario precisó que le reiteró al nuevo jefe de Estado su compromiso de garantizar los derechos tanto de la bancada de gobierno como de las colectividades independientes y de oposición.

​La posición asumida por la cabeza del Senado cobra especial relevancia por el contexto de su elección, en la que logró consolidar una mayoría tras vencer al candidato respaldado por el propio De la Espriella. Pese a recalcar la importancia de mantener una «colaboración armónica» entre los poderes públicos para tramitar las reformas que demanda el país, la postura de Henríquez marca una clara distancia con el Palacio de Nariño, dejando sentado que el Congreso mantendrá su autonomía y contrapeso durante el periodo gubernamental que inicia.

El senador Iván Cepeda confirmó que encabezará un acto público en Barranquilla de manera paralela a la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto.

​La convocatoria surge como respuesta a una iniciativa de diversas organizaciones sociales de la región Caribe, cuyo propósito es sentar una postura crítica frente a las pautas y planteamientos que exponga el nuevo mandatario al asumir el poder ejecutivo.

Quedó definida la distribución de la bancada de congresistas del departamento de Córdoba en las distintas comisiones constitucionales permanentes de la Cámara de Representantes para el nuevo periodo legislativo, asegurando presencia en mesas clave para la agenda regional.

​En la Comisión Primera, encargada de tramitar reformas a la Constitución y leyes orgánicas, asumirán gestión Martha Ruiz Solera (Colombia Renaciente) y Laura Díaz Cura.

Por su parte, la representación en la Comisión Tercera, centrada en el análisis del presupuesto general, tributos y asuntos económicos, estará a cargo de José Luis Abdala Olivera (Cambio Radical).

​En los asuntos relacionados con el sector agropecuario, medio ambiente, minería y desarrollo rural, Córdoba contará con dos voceros en la Comisión Quinta: los representantes Juan David Rangel Yánez (Colombia Renaciente) y Luis Fernando Ballesteros (Pacto Histórico).

​Asimismo, la representación cordobesa alcanzó una posición destacada en la mesa directiva con la elección del conservador Nicolás Barguil como presidente de la corporación.

El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, se pronunció públicamente para rechazar de manera categórica las recientes publicaciones periodísticas sobre supuestas denuncias por casos de abuso contra menores de edad. A través de un comunicado oficial, el dirigente político sostuvo que no ha sido notificado formalmente de ninguna actuación en su contra, calificando los señałamientos como un «linchamiento mediático» que busca condenarlo públicamente sin permitirle ejercer su derecho a la defensa.

​En su declaración, Caicedo atribuyó estos señalamientos a una presunta estrategia coordinada para descalificarlo políticamente y cuestionó directamente la participación del abogado Julián Quintana Torres. Según el exmandatario, no es coincidencia la actuación del jurista —quien ha impulsado acciones en su contra en el pasado—, mencionando además que este sostiene vínculos contractuales con la actual Alcaldía de Santa Marta.

​Asimismo, el exgobernador recordó que a lo largo de más de dos décadas ha enfrentado diversos procesos e investigaciones en los que ha demostrado su inocencia, destacando que incluso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo reconoció como víctima del conflicto armado bajo la modalidad de persecución política y judicial. Finalmente, expresó que confía en las instituciones, en el debido proceso y en la presunción de inocencia, reiterando que ejercerá su defensa exclusivamente por las vías legales para proteger su buen nombre.

El anuncio de establecer la sede de la estrategia de seguridad «Escudo de las Américas» en Medellín por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella desató una fuerte reacción política por parte del presidente Gustavo Petro. A través de un pronunciamiento oficial, el jefe de Estado rechazó enfáticamente la iniciativa, advirtiendo que el incremento de la intervención estatal de corte militar en los barrios populares corre el riesgo de repetir episodios trágicos en la historia reciente de la ciudad, como los violentos operativos en la Comuna 13 y las desapariciones en La Escombrera.

​Petro defendió los resultados de su gestión en materia de seguridad regional, destacando que, bajo la implementación de políticas orientadas al diálogo en cárceles, el trabajo en sectores populares y la inclusión de las juventudes, Medellín ha registrado reducciones históricas en sus índices de homicidios, incluso por encima de indicadores de la capital del país. En su mensaje, el mandatario argumentó que la violencia institucional solo incitará mayor espiral de conflicto en las comunidades barriales.

​Asimismo, el Presidente hizo un llamado directo a las organizaciones populares y a la juventud trabajadora de la capital antioqueña para organizarse frente a lo que calificó como presiones de gentrificación y despojo urbano promovidas por intereses inmobiliarios. En su postura, subrayó que la verdadera resistencia comunitaria frente a las lógicas del crimen organizado no proviene de la militarización ni de las fronteras invisibles, sino del fortalecimiento del tejido social, la cultura comunitaria y las redes interbarriales de diálogo.

Con el liderazgo de la congresista Esmeralda Hernández, la bancada del Pacto Histórico radicó formalmente un proyecto de ley dirigido a prohibir de manera definitiva la fracturación hidráulica en el país. La propuesta, respaldada por ambientalistas y la Alianza Colombia Libre de Fracking, busca proteger los recursos hídricos y prevenir riesgos como la sismicidad inducida y las emisiones de metano en los territorios.

​Esta movida parlamentaria revive un debate que naufragó cuatro años atrás por falta de agenda en el Congreso, y fija desde ya un claro punto de fricción con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Desde la bancada opositora enfatizaron su rechazo a los planes de la administración entrante de impulsar la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante este método, asegurando que no permitirán que se negocien los ecosistemas estratégicos del país con multinacionales petroleras.

Con 4 proyectos de ley que impactan en el bolsillo de la gente, el senador David Barguil presentó sus cartas de presentación al regresar al senado. El «flaco» no pierde tiempo y llega a trabajar.

Llama la atención la foto que muestra a 4 alcaldes de Córdoba, al presidente de la Cámara Nicolás Barguil y a la representante de la curul de paz del sur de Córdoba Laura Díaz, al lado de David Barguil durante la instalación del nuevo Congreso de la República.

La imagen se puede interpretar como un mensaje de unión y fortaleza para afrontar las elecciones territoriales del 2027, donde este sector del partido Conservador buscará mantener las alcaldías donde ejerce el poder local y alcanzar nuevos triunfos en otros municipios del departamento.

Los alcalde de Planeta Rica, Ramón Calle, de Tierralta, Jesús David Contreras, de Cereté Said Bitar y de Purísima César Casarrubia, acompañaron el acto de posesión del senador David Barguil.

El mensaje es claro y contundente, el Barguilismo jugará fuerte en las elecciones territoriales del 2027.

​El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, realizó este martes en Medellín, en el marco del empalme regional con el alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián Rendón y mandatarios locales del departamento, un anuncio de alto impacto para la seguridad nacional: la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que el nuevo Gobierno suscribirá con los Estados Unidos para la lucha conjunta contra el crimen organizado y el narcotráfico, estará ubicada en Medellín.

​»Vamos a tener la sede principal del Escudo de las Américas en Medellín, porque aquí está la cabeza de la serpiente del narcotráfico y el crimen organizado. Desde Medellín y desde el área metropolitana se darán la mayoría de las órdenes al resto del país. Nos vamos a concentrar aquí para luchar contra el crimen como debe ser», afirmó el presidente electo, con la claridad y la firmeza que han caracterizado su postura frente a la seguridad desde el primer día de campaña.

​La decisión de instalar en Medellín la sede de esta operación estratégica no es casual: es un reconocimiento de la realidad territorial y un acto de determinación institucional. El mensaje del presidente electo a las estructuras criminales fue directo: «Se someten o se les da de baja, como en derecho corresponde».

El partido Centro Democrático anunció este miércoles su disposición a respaldar las iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella que coincidan con sus tesis en seguridad, dinamismo de la empresa privada, reducción del Estado y políticas sociales.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (@CeDemocratico

), la colectividad política manifestó:

«Desde el Centro Democrático acompañaremos las iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella que coincidan con nuestras tesis en seguridad, recuperación de la dinámica de la empresa privada, estado reducido y políticas sociales.

Con respeto, expresamos nuestra preocupación por la intervención percibida del gobierno entrante en la elección del Presidente del Senado y por ciertos gestos de confrontación con nuestro partido.

Juntos sacaremos adelante a Colombia.”

El pronunciamiento llega tras anuncios previos en los que el Centro Democrático se había declarado como partido de gobierno y había manifestado su voluntad de trabajar de manera conjunta con la nueva administración en temas como seguridad, crecimiento económico y oportunidades para los colombianos.

Esta declaración matizada refleja tanto la alineación en principios compartidos como las tensiones derivadas del proceso de elección del nuevo Presidente del Senado y de ciertos gestos percibidos como confrontacionales por parte de la colectividad.

El Centro Democrático cuenta con una bancada significativa en el Congreso y su posicionamiento resulta clave en la configuración de las mayorías legislativas para el próximo periodo presidencial.

El mensaje concluye con un llamado a la unidad nacional: “Juntos sacaremos adelante a Colombia”