Categoría: Política Nación

El presidente electo Abelardo De La Espriella y su designado ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, anunciaron la creación de la “Ruta Milagro”, una estrategia gubernamental enfocada en brindar acompañamiento integral, fortalecimiento técnico y alternativas de financiación a microempresarios del país. La iniciativa iniciará de forma simbólica con Luis Felipe Yagüe, comerciante de panela de Florencia (Caquetá) que se hizo viral en días pasados, quien recibirá un plan de asistencia de 120 días liderado por la nueva administración para impulsar su negocio. Además, De La Espriella confirmó que el comerciante caqueteño asistirá como invitado de honor a la tarima principal durante el acto de posesión presidencial en Cali.

El Gobierno nacional destacó el ascenso del mayor Castellanos, un oficial del Ejército Nacional que, tras perder ambas piernas en cumplimiento del deber, continúa sirviendo al país y consolidando una ejemplar trayectoria militar.

Su promoción de capitán a mayor representa un avance en el compromiso institucional de garantizar que los militares heridos en combate puedan seguir desarrollando su carrera profesional y ascender de acuerdo con sus méritos, capacidades y liderazgo.

“El año pasado asumimos el compromiso de cerrar la brecha que impedía a nuestros militares heridos en combate continuar su carrera y ascender por sus méritos», dijo el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, al destacar este logro que reconoce la dedicación y el servicio de quienes han sacrificado su integridad física en defensa de la Nación.

El mayor Castellanos sufrió graves heridas durante el cumplimiento de su deber, perdiendo ambas piernas como consecuencia de las acciones propias de la misión militar. Sin embargo, lejos de apartarse del servicio, fortaleció su vocación y continuó aportando su experiencia al fortalecimiento institucional. Actualmente presta sus servicios en El Salvador, desde donde sigue representando a Colombia y contribuyendo al cumplimiento de importantes responsabilidades estratégicas.

Para el oficial, este ascenso constituye un reconocimiento al esfuerzo y la perseverancia de todos los uniformados que han enfrentado la adversidad sin renunciar a su compromiso con el país. “Perder mis piernas no significó perder mi propósito de servir. Este ascenso me motiva a seguir trabajando por Colombia y demuestra que los sueños y las metas pueden alcanzarse incluso en las circunstancias más difíciles», expresó el mayor Castellanos desde El Salvador en llamada telefónica con el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa resaltó que la historia del mayor Castellanos es un ejemplo de resiliencia, liderazgo y amor por la patria. “Es un honor saludar a este héroe de la patria, que hoy continúa sirviendo a Colombia desde El Salvador. Su historia nos recuerda que ninguna limitación física puede detener a quien mantiene intacto su compromiso con la Nación», concluyó el ministro, al destacar que el mérito seguirá siendo el principal criterio para el desarrollo de la carrera militar en Colombia.

A través de la Resolución 1697 del 27 de julio de 2026, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público oficializó la designación en encargo de Javier Pava Sánchez como gerente general del Fondo Adaptación. La medida responde a la vacancia temporal originada por la incapacidad médica de la titular, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, quien se encuentra en licencia por enfermedad desde el 17 de julio hasta el 31 de julio de este mismo año.A pesar de que existía la expectativa de una declaración de insubsistencia —en consonancia con los lineamientos del presidente Gustavo Petro—, la jefatura del Ministerio de Hacienda optó por acoger el marco legal vigente que protege la situación administrativa de incapacidad en la que se encuentra Rodríguez Fajardo.El documento ministerial, firmado por el ministro Germán Ávila Plazas, establece que Pava Sánchez —quien se desempeña como director técnico en el Departamento Nacional de Planeación y cumple labores en la UNGRD— asumirá la dirección del Fondo Adaptación con el objetivo de garantizar la continuidad institucional y la ejecución de sus funciones durante los días de ausencia de la titular.

El debate sobre el escenario de la investidura del presidente electo, Abelardo De La Espriella, mantiene dividida a la Cámara de Representantes ante las posturas encontradas sobre trasladar la ceremonia fuera de la capital del país. Desde la oposición, el representante Mauricio Toro (Alianza Verde) anticipó su voto en contra al calificar la medida de «innecesaria», mientras que sectores afines encabezados por Carlos Borda (Salvación Nacional) buscan consolidar apoyos con una nueva iniciativa parlamentaria. En medio de la discusión, voces como la del liberal Pedro Antonio Paternina han salido a respaldar el cambio de sede, asegurando que la ubicación alternativa dispone de la infraestructura logística, hotelera y turística requerida para albergar un evento de tal magnitud.

La ministra de Educación designada para el próximo Gobierno, Viviane Morales Hoyos, solicitó formalmente al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) que suspenda el proceso de designación de su representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia.

A través de una carta enviada este 27 de julio de 2026, Morales argumentó que existen presuntas anomalías jurídicas en la conformación de la terna enviada por el Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONACTI). Según la funcionaria entrante, durante dicho proceso se habría omitido la convocatoria a la totalidad de los rectores de las instituciones de educación superior públicas, lo que vulneraría lo dispuesto en la Resolución 0417 de 2024 y pondría en riesgo la validez legal de las decisiones posteriores.

Un llamado al respeto institucional del nuevo Gobierno

Más allá de los vicios de procedimiento señalados, Morales enfatizó en la conveniencia política e institucional de aplazar esta decisión hasta que el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, tome posesión oficial el próximo 7 de agosto.

La futura jefa de la cartera de Educación subrayó que el delegado del CESU integra el máximo órgano de gobierno de la principal universidad pública del país, razón por la cual considera indispensable que la designación se realice con la participación de las nuevas autoridades gubernamentales y sus delegados asignados.

En consecuencia, la solicitud insta al CESU a congelar la elección hasta que se subsanen las irregularidades advertidas en la terna de CONACTI y se concrete el empalme definitivo del Ejecutivo.

El senador Marcos Daniel Pineda celebró la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de gobernar desde Barranquilla, al considerar que se trata de un mensaje claro de descentralización y de reconocimiento al papel que las regiones están llamadas a desempeñar en el futuro del país. Aseguró que Colombia necesita un Estado más cercano a los territorios y que las grandes decisiones también reflejen la realidad de un país diverso.

“Durante muchos años se instaló la idea de que las decisiones importantes solo podían tomarse desde Bogotá. Hoy se envía un mensaje distinto, es en las regiones donde están los grandes desafíos de Colombia y donde millones de ciudadanos enfrentan a diario los problemas que el Estado está llamado a resolver. En la medida en que el Gobierno trabaje más cerca de los territorios, tendrá una mayor capacidad para escuchar, comprender y responder con eficacia a esas realidades. Este es un paso que fortalece la descentralización y responde a un reclamo histórico de millones de colombianos que quieren un país donde las oportunidades y las decisiones también se construyan desde las regiones”, afirmó el congresista.

La Fiscalía General de la Nación judicializó al exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y a los particulares Carlos Martín Uribe Forero y el ciudadano estadounidense James Lester Montgomerie, por presuntas irregularidades en el proceso contractual para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

El contrato, valorado en aproximadamente 32 millones de dólares, se adelantó entre septiembre y diciembre de 2024. Según la investigación, el proceso habría sido direccionado a favor de una empresa mediante una modalidad de contratación que no era procedente.

La Fiscalía estableció que Buitrago Galán habría impartido instrucciones para favorecer al contratista, coordinado el intercambio de información con los particulares e incluso actuado como traductor en las comunicaciones con el empresario extranjero. También se investiga un anticipo de alrededor de 16,2 millones de dólares (el 50 % del valor), entregado cuando el avance de los trabajos era significativamente menor.

A los procesados se les imputaron, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Ninguno de los tres aceptó los cargos.

El caso forma parte de uno de los mayores escándalos de contratación del sector defensa en los últimos años y deja en el aire el estado de decenas de aeronaves de la flota de helicópteros del Ejército.

Juliana Guerrero anunció este lunes su renuncia irrevocable al cargo de delegada del Presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar (UPC).

La decisión fue comunicada a través de su abogado. Según explicó, deja el cargo para dedicar tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones penales que actualmente cursan en su contra.

Guerrero enfrenta procesos por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con la obtención de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.

La Fiscalía ya tiene lista la acusación y la audiencia de formulación está programada para el 5 de agosto.

Su nombramiento como delegada presidencial en la UPC había generado fuertes rechazos por parte de sectores estudiantiles y académicos, que en reiteradas ocasiones pidieron su remoción argumentando falta de idoneidad y los cuestionamientos judiciales que la rodean.

Con esta renuncia, Guerrero se aparta de uno de los últimos cargos de representación institucional que mantenía vinculados al Gobierno.

El senador Iván Cepeda lanzó una dura radiografía del proyecto territorial del presidente electo Abelardo de la Espriella, desmontando su promesa de “gobernar desde las regiones”.
“El señor De la Espriella anuncia que gobernará ‘desde las regiones’. Pero, en realidad, ¿en qué consiste su visión de los territorios y las comunidades rurales?”, cuestionó Cepeda. Y respondió con contundencia: “Su proyecto para las regiones y territorios es guerra, extractivismo, pobreza para el campesinado”.
Según el senador, esa visión no solo afecta al campesinado, sino también a los pueblos indígenas y a los territorios rurales del país, a los que considera víctimas de una agenda de destrucción sistemática.
Cepeda completó el diagnóstico con otra crítica: el supuesto “desarrollo regional” incluiría el fortalecimiento de poderosos clanes políticos de la costa Caribe, como los Char (con influencia en Barranquilla, contratos públicos y medios) y los Gnecco (con peso en el Cesar y vinculados a intereses agroindustriales y extractivos).
Para el congresista, no se trata de inclusión territorial, sino de clientelismo: fortalecer a quienes ya tienen poder, a costa de quienes históricamente han sido excluidos.

El senador Antonio José Correa Jiménez radicó un Proyecto de Ley orientado a poner reglas claras a los peajes en Colombia y a exigir mayor rendición de cuentas a las concesiones que los administran.
Según el congresista del Partido de la U, los colombianos están cansados de pagar peajes sin conocer en qué se invierte el dinero recaudado y de perder horas en largas filas.
Por eso, su iniciativa busca eliminar privilegios, garantizar tarifas diferenciales para quienes realmente las necesitan, levantar las talanqueras cuando los trancones sean excesivos, fortalecer la atención al usuario y obligar a las concesiones a informar con total transparencia.

“Los peajes no pueden seguir siendo una caja cerrada ni un abuso para los ciudadanos. Es hora de defender el bolsillo de los colombianos y de hacer que cada peso que pagan se traduzca en mejores vías, mejor servicio y resultados verificables”, señaló Correa.
Entre los puntos centrales de la propuesta se encuentran:
Tarifas diferenciales obligatorias para personas que viven, trabajan o estudian cerca de un peaje.
Beneficios para el transporte público intermunicipal y especial.
Levantamiento de las barreras en casos de congestión excesiva, sin cobro durante ese tiempo.

Reglas claras y transparentes para acceder a las tarifas diferenciales.
Publicación permanente de los recursos recaudados en cada peaje y de la fecha de terminación de las concesiones.
Impulso al telepeaje sin afectar los derechos laborales de los trabajadores actuales.
El senador invitó a la ciudadanía a conocer el ABC del proyecto y a respaldar la iniciativa, que forma parte de una agenda legislativa que también incluye otros proyectos sobre alimentación escolar, fotodetecciones, regalías y tarifas de energía.