Categoría: Política Nación

El Consejo de Estado tomó una decisión clave para el bolsillo de los colombianos al revocar la orden que mantenía congelado el aumento del salario mínimo para este año. Con esta determinación, el incremento decretado originalmente por el Gobierno Nacional vuelve a aplicarse con normalidad mientras los magistrados continúan estudiando el caso a fondo.

​El alto tribunal consideró que no existían razones urgentes ni daños evidentes que justificaran frenar el reajuste de manera anticipada. De este modo, la acalorada discusión sobre si el aumento fijado cumple o no con los requisitos de ley se resolverá definitivamente en el fallo final, permitiendo que por ahora los trabajadores sigan percibiendo el salario con el porcentaje establecido.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0742 de 2026, mediante el cual se reglamenta. por primera vez, el cierre de minas en Colombia, estableciendo un marco integral para que toda actividad minera concluya bajo criterios de sostenibilidad ambiental, protección de los derechos laborales, responsabilidad financiera y participación de las comunidades.

La nueva reglamentación incorpora al cierre minero como una etapa obligatoria del ciclo de vida de los proyectos, definiendo medidas administrativas, técnicas, sociales, laborales, ambientales y financieras que deberán implementarse desde la fase de explotación hasta el seguimiento posterior al cierre.

También crea diferentes modalidades de cierre —progresivo, temporal, anticipado, final y cierre técnico gradual para pequeña minería y procesos de formalización—, adaptadas a las características de cada proyecto.

“Con este decreto Colombia salda una deuda histórica con el país. El cierre de una mina se convierte en una responsabilidad integral con los trabajadores, las comunidades y los territorios. La transición energética justa también significa garantizar que ningún proyecto abandone pasivos ambientales o sociales, sino que deje oportunidades para el desarrollo sostenible», afirmó Edwin Palma, ministro de Minas y Energía.

Además, el decreto fortalece la protección de los trabajadores al exigir planes de transición laboral, procesos de concertación con organizaciones sindicales, programas de reconversión productiva, capacitación con el Sena y mecanismos para garantizar el pago de obligaciones laborales y de seguridad social durante los procesos de cierre.

“Por primera vez una reglamentación de cierre minero incorpora de manera expresa la protección de los derechos laborales. Garantizamos mecanismos de transición laboral, reconversión productiva, acompañamiento institucional y vigilancia para que las y los trabajadores sean protagonistas de una transición justa y no las principales víctimas del cierre de una operación minera», puntualizó Antonio Sanguino, ministro del Trabajo.

La norma también establece que las áreas donde finalice la actividad minera podrán destinarse a proyectos de restauración ecológica, conservación de la biodiversidad, producción agropecuaria sostenible, generación de energías renovables, turismo, infraestructura comunitaria y otras actividades compatibles con el desarrollo territorial.

“El cierre de minas ha sido una deuda histórica del Estado colombiano. Durante décadas, la ausencia de reglas claras dejó pasivos ambientales y sociales que terminaron asumiendo los territorios y las comunidades. En el contexto de la superación del extractivismo, el cierre de minas adquiere una importancia aún mayor», dijo Irene Vélez Torres, ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Explicó que “por eso, por primera vez el país cuenta con un marco regulatorio que integra las dimensiones ambiental, laboral y minera para planificar el cierre responsable de las actividades extractivas. Además, incorpora la participación activa de las comunidades y promueve una transición productiva y ecológica que permita restaurar los territorios y construir nuevas oportunidades para quienes los habitan».

Ante un 61 % de probabilidad de que el Fenómeno de El Niño se consolide durante el segundo semestre de 2026, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) pidió a las secretarías de Educación y a los establecimientos educativos reforzar las acciones para proteger a las comunidades escolares y evitar interrupciones en la prestación del servicio educativo.

Según las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), este fenómeno podría ocasionar una reducción de las lluvias, aumento de las temperaturas, sequías, incendios forestales y dificultades en el abastecimiento de agua, situaciones que también podrían afectar el funcionamiento de escuelas y colegios.

Por esta razón, las Entidades Territoriales Certificadas deberán revisar sus Planes Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar y acompañar a las instituciones en la actualización de sus planes institucionales, identificando amenazas, reduciendo vulnerabilidades y definiendo respuestas frente a posibles emergencias.

Entre las acciones prioritarias está ubicar las sedes con mayor exposición a temperaturas elevadas o escasez de agua, analizar los riesgos para el transporte escolar y el suministro de alimentos, garantizar el acceso a agua potable y mejorar la ventilación de las aulas y demás espacios educativos.

El MEN también recomendó fortalecer los canales de comunicación con las comunidades, actualizar los protocolos de atención, revisar las rutas de evacuación, verificar los equipos de emergencia y realizar simulacros. Docentes y personal administrativo deberán recibir formación en primeros auxilios, gestión del riesgo y manejo de emergencias.

Para prevenir afectaciones en la salud, los establecimientos educativos deben promover la hidratación constante, el uso de espacios con sombra y la disminución de actividades físicas durante las horas de mayor radiación solar. También es necesario reconocer oportunamente señales de deshidratación o golpes de calor.

Cuando las condiciones climáticas lo requieran, podrán evaluarse modificaciones en los horarios escolares y estrategias de flexibilización curricular que permitan mantener los procesos pedagógicos.

Estas medidas hacen parte de la política de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE), orientada a consolidar instituciones educativas seguras, resilientes y preparadas ante la variabilidad climática y otras situaciones de emergencia.

El MEN recordó a su vez que la prevención es tarea conjunta de autoridades, entidades territoriales, instituciones y comunidades educativas. Además, recomendó consultar permanentemente los reportes oficiales del IDEAM y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para adoptar decisiones oportunas.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una contundente advertencia política al señalar que, si bien su partido respaldará las iniciativas del gobierno del actual presidente Abelardo De La Espriella, defenderá con firmeza la existencia del Centro Democrático ante la creación del movimiento «Defensores por la Patria». En una entrevista concedida al periodista Néstor Morales en el programa Mañanas Blu, el exmandatario expresó su honda preocupación por la intención de sectores cercanos al jefe de Estado que, según percibe, buscan debilitar, desplazar o sustituir a su colectividad política de cara a la instalación del nuevo Congreso de la República.

​Durante la conversación, Uribe reveló haber conversado directamente con el presidente De La Espriella para manifestarle su inquietud sobre esta nueva fuerza política, recordándole que su colectividad fue la primera en declararse partido de gobierno sin exigir a cambio ninguna participación burocrática. Aunque el líder del Centro Democrático enfatizó que mantiene una excelente relación personal y de respeto con el mandatario, y que apoyará todas las propuestas gubernamentales que coincidan con las banderas históricas de su partido —tales como la seguridad, la austeridad estatal, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sector privado—, marcó una línea roja infranqueable. El expresidente sentenció que su partido merece ser preservado por su trayectoria y advirtió de manera metafórica que, si desde el entorno presidencial «el Tigre ruge para acabar al Centro Democrático», a su militancia le tocará convertirse en «abejas laboriosas» para defenderse como lo hacen estos insectos cuando son atacados.

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, condenó de manera categórica el

atentado terrorista perpetrado este jueves contra una unidad del Ejército Nacional en Tibú, Norte deSantander, donde fueron utilizados artefactos explosivos de tipo táctico, entre ellos un carrobomba yexplosivos presuntamente lanzados desde un dron.

El mandatario electo expresó su solidaridad con lossoldados, sus familias y con la población civil afectada por este nuevo ataque criminal, al tiempo quemanifestó su preocupación por la información preliminar sobre una menor de edad que habría resultadoherida.

El presidente electo señaló que estos hechos demuestran el grave deterioro de la seguridad que vive elpaís y evidencian la urgencia de restablecer plenamente la autoridad del Estado en las regiones másgolpeadas por la violencia.

Reiteró que el terrorismo, el narcotráfico y las organizaciones armadas ilegales no podrán seguir

intimidando a la Fuerza Pública ni sometiendo a los colombianos mediante el miedo, y aseguró que laprotección de la vida, la seguridad y el orden serán prioridades absolutas de su Gobierno.

La designación de Omar Bula Escobar como nuevo canciller del gobierno de Abelardo de la Espriella desató un fuerte debate político en Colombia.

El nombramiento, que busca acercar la política exterior del país a la derecha internacional, restablecer relaciones con Israel y fortalecer la alianza con Washington, generó duras críticas tras una columna del sociólogo Santiago Vargas Acebedo en El Espectador.

“Prefiero mil veces más a un canciller que no habla inglés a uno que trata a los homosexuales como una aberración y a los palestinos como un virus, y que cree que Occidente está llamado a imponer sus valores por la fuerza”, escribió Vargas Acebedo. “Que el segundo te parezca más digno solo habla de lo moralmente retorcidos que sois”.Bula Escobar, quien se define como “Pro-West” y ha expresado su respaldo a las políticas de Donald Trump, se perfila como una de las figuras más polémicas del nuevo gabinete.

Su llegada marca un giro ideológico en la diplomacia colombiana que ya genera divisiones profundas.

El representante electo Daniel Briceño (Centro Democrático) lanzó una fuerte denuncia que ha sacudido las negociaciones por la presidencia de la Cámara de Representantes. Según Briceño, el cargo terminará controlado por sectores cercanos al petrismo, con el conservador Nicolás Barguil como figura clave en el acuerdo.

Briceño señaló que el Centro Democrático se concentró en la disputa por el Senado, dejando espacios en la Cámara que ahora son ocupados por aliados del gobierno saliente de Gustavo Petro.

“Hoy la presidencia de la Cámara queda en manos de Petro”, afirmó.

El analista Carlos Carrillo respondió con ironía fulminante:

“Briceño, que ha vivido toda su vida a la sombra de políticos, descubre cómo son los políticos. Lo dejaron por fuera de la foto del 7 de agosto, exactamente lo mismo que le hicieron hace cuatro años a @KatheMirandaP».

El cruce expone las profundas divisiones en la coalición que respalda al presidente electo Abelardo de la Espriella. Mientras Briceño, el congresista más votado individualmente en Bogotá, se perfilaba como fuerte candidato a presidir la Cámara, las negociaciones internas del Centro Democrático y pactos con otros partidos —incluyendo conservadores como Barguil— habrían cambiado el panorama.

Briceño, conocido por su línea dura contra el petrismo, ahora vive en carne propia las reglas de la política tradicional: alianzas, traiciones y repartija de poder.

El senador Julio Elías Vidal, autor y ponente de la Ley 2485, celebró este jueves la fijación de topes máximos a los cobros por reconexión de servicios de telecomunicaciones, una medida que beneficiará directamente a millones de familias colombianas que enfrentaban costos excesivos por restablecer su celular, internet o televisión tras suspensiones por mora.

Tras cuatro años de trabajo conjunto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), los gremios y los operadores, la entidad reguladora estableció los nuevos límites que entrarán en vigencia mañana, 17 de julio de 2026

Servicio de celular: máximo $285 (antes se cobraban hasta $6.800).

Internet fijo y televisión (mayoría de operadores): máximo $1.232 (antes hasta $39.000).

Internet fijo en operadores pequeños: máximo $10.269.

Estas reducciones representan rebajas de hasta el 97%, lo que pone fin a una práctica que afectaba especialmente a los hogares de menores ingresos. Los operadores podrán seguir ofreciendo la reconexión de forma gratuita si así lo deciden, pero ya no podrán exceder los topes establecidos por la CRC.

“Hace 4 años empezamos un trabajo que hoy se convierte en realidad para todos los colombianos”, escribió el senador Elías Vidal en sus redes. “Lo que prometí en campaña, hoy se hace realidad”.

La Ley 2485, impulsada por el congresista, busca proteger a los usuarios y generar mayor equidad en el acceso a servicios básicos de conectividad en el país. Con esta regulación, cuando una familia se ponga al día con su factura, podrá recuperar sus servicios sin enfrentar cobros desproporcionados.

Este logro legislativo se suma a los esfuerzos del senador Julio Elías Vidal por defender los derechos de los consumidores en materia de telecomunicaciones y representa una de las primeras grandes materializaciones de sus compromisos de campaña en el Congreso.

El equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, recibió luz verde por parte del legislativo para evaluar un cambio inédito de escenario de cara a la posesión presidencial del próximo 7 de agosto de 2026. En un concepto conjunto firmado por Diego Alejandro González, secretario general del Senado, y Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes, se concluyó que es jurídicamente viable trasladar de manera temporal la sede del Congreso fuera de la capital del país.

​Para hacer efectiva esta medida, el reglamento exige que uno o varios congresistas presenten una proposición con el lugar, la fecha y la finalidad del traslado ante las plenarias de ambas corporaciones. La iniciativa tendrá que ser debatida y aprobada de forma independiente por cada cámara mediante mayoría simple y bajo las reglas de quórum decisorio ordinario. Aunque la norma no prevé un plazo mínimo para este trámite, el concepto advierte que la decisión debe consolidarse con suficiente antelación material para garantizar el correcto despliegue logístico, de seguridad y de protocolo institucional que requiere un evento de esta magnitud.

​El Ministro de Agricultura designado Indalecio Dangond Baquero acuerda hoja de ruta con Fedecacao para fortalecer el cacao colombiano

​El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, Indalecio Dangond Baquero, sostuvo en Bogotá su primer encuentro con la Federación Nacional de Cacaoteros, Fedecacao, liderada por su presidente ejecutivo, Eduard Baquero López, para revisar los principales desafíos del sector y avanzar en una agenda de productividad, rentabilidad y competitividad.

​La hoja de ruta contempla la siembra de 50.000 hectáreas de cacao en zonas con presencia de cultivos de uso ilícito, la renovación de 40.000 hectáreas improductivas, el mejoramiento agronómico y asistencia técnica para 150.000 hectáreas, y el establecimiento de nuevas áreas productivas, con impacto directo en más de 100.000 familias cacaocultoras.

​Durante la reunión también se abordó la preocupación del gremio por el contrabando de cacao hacia Ecuador, que supera las 25.000 toneladas y afecta la producción, la comercialización y los ingresos de miles de familias rurales. El Gobierno entrante y Fedecacao acordaron trabajar de inmediato en soluciones frente a esta problemática.

​El campo colombiano volverá a tener un Gobierno que escucha, conoce el territorio y trabaja con quienes producen. La Patria Milagro se construye con productividad, legalidad, seguridad y oportunidades para las familias rurales.