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Fuerza Aérea localiza indicios de la avioneta accidentada cerca del Parque Nacional Natural Tatamá

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó este lunes que un helicóptero UH-60 Black Hawk localizó, hacia las 7:30 a. m., “indicios correspondientes a la aeronave” Cessna T206 de matrícula HK4985, desaparecida desde el domingo en la ruta Condoto–Guaymaral.

El avistamiento se produjo en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá, en zona de selva y montaña de difícil acceso.

La institución precisó que, una vez se conoció la pérdida de comunicación, activó los protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal.

En el operativo participaron aeronaves Bell-212, UH-60 Black Hawk y C-90, con equipos especializados de geolocalización. Parte del rastreo aéreo se adelantó sobre la vereda Oscordó, en Pueblo Rico, Risaralda.

La FAC advirtió que las misiones de verificación continúan, en coordinación con la Aeronáutica Civil, organismos de socorro y autoridades competentes. Hasta el anuncio oficial no se había confirmado el estado de las cinco personas que viajaban a bordo ni se había reportado un acceso terrestre efectivo al punto de impacto.

¿Quiénes iban en el vuelo?

En la aeronave, operada al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, viajaban el piloto Mehmet Cankaya y las profesionales Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

El grupo regresaba de una brigada de salud adelantada en Condoto, Chocó, para atender a comunidades del municipio y de zonas aledañas, en el marco de la emergencia dejada por el terremoto de agosto.

El Cessna despegó el domingo 13 de septiembre del aeropuerto Mandinga de Condoto con destino a Guaymaral. El último contacto con controladores se registró a las 9:23 a. m., cerca del cerro Tatamá. Minutos después se activó una radiobaliza de emergencia a unas 33 millas del VOR de Pereira.

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Colegio Médico pide acelerar el rescate de la aeronave de la brigada de salud desaparecida en el Chocó.

El Colegio Médico Colombiano hizo un llamado urgente a la Aeronáutica Civil, las Fuerzas Militares, los organismos de socorro y las autoridades nacionales y territoriales para que destinen todos los recursos disponibles a ubicar la aeronave de la Patrulla Aérea Civil Colombiana que perdió contacto el domingo en el Chocó, y para avanzar en el rescate de los profesionales de la salud y la tripulación.

El gremio también exigió reforzar las garantías de seguridad operacional en este tipo de misiones humanitarias. Pidió una revisión rigurosa de las condiciones técnicas, logísticas y de infraestructura antes de realizar brigadas de salud en territorios de difícil acceso.

Qué se sabe del vuelo.

La aeronave es un Cessna T206 de matrícula HK4985, operada al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana. Despegó el domingo 13 de septiembre del aeropuerto Mandinga de Condoto, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en el norte de Bogotá. El último contacto con las autoridades se registró a las 9:23 a. m., en inmediaciones del cerro Tatamá. Poco después se activó una radiobaliza de emergencia a unas 33 millas del VOR de Pereira.

ABC

A bordo viajaban cinco personas: el piloto Mehmet Cankaya y las profesionales Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

El grupo había permanecido desde el jueves en Condoto, donde participó en una brigada de salud con especialistas para atender a habitantes del municipio y de localidades vecinas, en el marco de la emergencia dejada por el terremoto de agosto

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MinTrabajo inspecciona tienda Zara de Unicentro tras denuncia de cajera que salió descalza.

El Ministerio del Trabajo adelantó este lunes 14 de septiembre de 2026 una inspección laboral sin previo aviso en el local de Zara del Centro Comercial Unicentro, en Bogotá, operado por Texmoda S.A.S.

La diligencia busca verificar el cumplimiento de las obligaciones del empleador y las condiciones de trabajo de su personal.

La visita quedó a cargo de la Dirección Territorial Bogotá, a través del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral. Según la cartera, los funcionarios revisan, entre otros puntos, la existencia de vínculos laborales ajustados a la ley, los aportes al sistema de seguridad social y las medidas de seguridad y salud en el trabajo. “La actuación se realiza sin previo aviso”, precisó el Ministerio, que agregó que se elaborarán el acta y el informe correspondientes.

La inspección no equivale, por sí sola, a una sanción. El Ministerio aclaró que el procedimiento se adelanta con criterios de objetividad y respeto al debido proceso, y que solo después del informe se determinará si hay lugar a un plan de mejora, a medidas preventivas o a otras actuaciones.

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Jairo Torres, presidente del SUE: “Los protocolos para entrar a las universidades tienen que diseñarse juntos”.

El presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) y de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba, pidió este lunes que cualquier protocolo para el ingreso de la Fuerza Pública a los campus se construya con las propias universidades y no se imponga de manera unilateral.

Torres Oviedo no evadió el problema de la violencia. La rechazó de forma explícita. Pero situó el debate en otro lugar: en cómo se interviene un campus sin convertir la universidad en un escenario de más confrontación.

“La universidad, por naturaleza, es un escenario para la inteligencia, la racionalidad y el desarrollo de la ciencia”, dijo. Y añadió una advertencia basada, según él, en la experiencia de intervenciones previas: “Cuando la fuerza pública interviene en los campus universitarios… han sido intervenciones desproporcionadas y terminan afectando la misma institución”.

De ahí su exigencia central: “Esos protocolos tienen que ser diseñados conjuntamente”. El rector —vocero de las 34 universidades públicas del país— precisó que espera un diálogo con el Gobierno para “construir estrategias y métodos que efectivamente minimicen el impacto que puedan generar mucha más violencia”.

¿Qué anunció el presidente De la Espriella?

La noche del domingo 13 de septiembre, De la Espriella dijo que su Gobierno establecerá un protocolo nacional para distinguir la protesta pacífica de los hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. La Policía Nacional, afirmó, será “la primera autoridad operativa” y podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas.

El mandatario reconoció que las universidades tienen autonomía, “eso no está en discusión”. Pero añadió que esa autonomía “no significa autonomía en materia de orden público ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”. Y cerró con la frase que encendió el debate: “La autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”.

También aseguró que no permitirá que las universidades públicas “sigan siendo santuarios de la violencia” y ofreció garantías a quienes quieran estudiar, debatir y protestar de manera pacífica. El detalle del protocolo, según el Ejecutivo, se conocerá en los próximos días.

La línea de Torres Oviedo: ni impunidad ni intervención desproporcionada

La posición del presidente del SUE se mueve entre dos rechazos. El primero, a que la violencia se naturalice dentro de la universidad. El segundo, a que la respuesta del Estado reproduzca una historia de operativos que, en su lectura, han dañado a las instituciones más de lo que han resuelto el problema.

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Corte Suprema abre indagación a Iván Cepeda por la financiación de la consulta del Pacto Histórico

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda con el fin de verificar si se presentaron anomalías en los fondos utilizados durante la consulta interna del Pacto Histórico. Dicho mecanismo democrático, realizado en octubre de 2025, sirvió para definir la candidatura presidencial de la coalición política.

Como parte de las actuaciones procesales iniciales, el despacho judicial dispuso el recaudo de material probatorio y la recepción de diversas declaraciones testimonio que permitan esclarecer el origen y manejo de los recursos invertidos en la campaña. Con este procedimiento, la alta corte busca determinar si existen méritos legales para avanzar hacia una investigación formal o si, por el contrario, las actuaciones del congresista se ajustaron al marco normativo de la financiación electoral.

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Fiscalía imputa tres delitos a Laura Sarabia por uso indebido de recursos públicos en el caso Marelbys Meza

La Fiscalía General de la Nación formalizó la imputación de cargos contra la exfuncionaria Laura Sarabia por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, en el marco de la investigación sobre el sometimiento de su exniñera, Marelbys Meza, a una prueba de polígrafo.

Según el ente acusador, la entonces jefa de despacho del Gobierno nacional desbordó sus competencias constitucionales al ordenar al coronel Carlos Feria la práctica del examen poligráfico a Meza para resolver la pérdida de un dinero particular en su vivienda. La Fiscalía enfatizó que esta herramienta técnica está estrictamente reservada para la evaluación de credibilidad del personal asignado a la seguridad presidencial y no puede utilizarse con empleados domésticos ni para fines personales.

En la argumentación del delito de constreñimiento ilegal, la fiscalía expuso que la investigada instrumentalizó la asimetría de poder, el impacto de su cargo y la vulnerabilidad económica de la trabajadora —quien dependía exclusivamente de dicho salario— para presionarla a someterse al procedimiento bajo el temor implícito de perder su empleo o ser privada de la libertad.

Respecto al cargo de peculado por uso, el organismo judicial señaló que el 30 de enero de 2023 se destinaron de forma irregular instalaciones públicas del edificio Galán, adscritas al DAPRE, y esquemas de seguridad del Estado para una diligencia de carácter privado que se prolongó por más de tres horas, contraviniendo el deber legal exigible a una alta dignataria.

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Se inició la audiencia de imputación contra Laura Sarabia por el polígrafo a Marelbys Meza.

Este lunes se instaló en Bogotá la audiencia en la que la Fiscalía imputará a Laura Sarabia, exjefa de gabinete y excanciller, los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado.

La diligencia, virtual y ante un juez de Paloquemao, se relaciona con la prueba de polígrafo a la que fue sometida su entonces niñera, Marelbys Meza.

Los hechos ocurrieron a finales de enero de 2023, después de que desapareciera un maletín con dinero en el apartamento de Sarabia. Meza fue llevada a dependencias presidenciales y sometida al detector de mentiras.

La Fiscalía sostiene que la entonces alta funcionaria usó personal y recursos del Estado para un asunto privado. Un oficial de Policía que firmó un principio de oportunidad ha dicho que ella dio la orden de practicar el examen.

En la audiencia también se contempla el cargo de peculado. Un intento previo de justicia restaurativa fracasó. Sarabia ha dicho que respeta a las autoridades y que el caso lo manejan sus abogados. La Presidencia se declaró víctima en el proceso. La diligencia continúa.

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Asofondos alerta sobre déficit de $40 billones en Colpensiones y cuestiona la sostenibilidad de la reforma

La viabilidad financiera de la reforma pensional volvió a quedar en el ojo del huracán tras las advertencias vertidas por Asofondos, gremio que encendió las alarmas sobre un déficit fiscal en Colpensiones que ya alcanza los $40 billones. En medio del ajuste institucional ordenado por la Corte Constitucional —que avaló la estructura general del proyecto pero devolvió nueve artículos y un texto nuevo a la Cámara de Representantes para su revisión en un plazo de 30 días hábiles—, el sector privado insiste en que el modelo estatista actual amenaza la estabilidad de los recursos públicos a largo plazo.

En declaraciones ofrecidas a La FM, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, aseveró enfáticamente que «el sistema no es sostenible” bajo los parámetros vigentes e insistió en la urgencia de fortalecer los esquemas de ahorro individual como pilar fundamental para blindar las mesadas del futuro. Pese a los reparos financieros y al trámite legislativo pendiente en el Congreso, el dirigente gremial confirmó que las administradoras privadas ya avanzan en el cumplimiento del cronograma operativo, de cara a la entrada en vigencia formal de la norma fijada por el alto tribunal para el 1 de abril de 2027.

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Alias ‘Papá Pitufo’ demanda al Estado colombiano y exige $700 millones por daños emocionales

En una insólita maniobra jurídica, Diego Marín Buitrago, conocido en el ámbito criminal bajo el alias de ‘Papá Pitufo’ y señalado como uno de los mayores zares del contrabando en el país, entabló una demanda de reparación directa contra el Estado colombiano exigiendo una indemnización económica cercana a los $700 millones. La acción legal señala directamente a la Fiscalía General de la Nación, la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Rama Judicial, a las cuales responsabiliza por presuntos daños emocionales y psicológicos derivados de los procesos e investigaciones judiciales adelantados en su contra.

El reclamo, que contempla una suma equivalente a 400 salarios mínimos legales para él y un monto idéntico distribuido entre su esposa e hijos, fundamenta sus pretensiones en supuestos episodios de angustia, ansiedad y depresión originados tras la emisión de la orden de captura con fines de extradición en 2024. Pese a enfrentar un panorama penal de hasta 27 años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir y cohecho, el demandante busca revertir la presión institucional en los estrados. Este recurso, que reedita una fallida demanda interpuesta por su núcleo familiar en el año 2001 por señalamientos de narcotráfico, entra ahora a etapa de revisión en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde los magistrados determinarán si la pretensión contra el erario público tiene asidero legal.

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Corte Suprema acusa al senador Didier Lobo por sobrecostos en un contrato de alimentos para niños en riesgo de desnutrición.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó este lunes al senador Didier Lobo Chinchilla por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

El expediente pasa ahora a la Sala Especial de Primera Instancia, que deberá adelantar el juicio.

Según el comunicado oficial del alto tribunal, la investigación se centra en un contrato para suministrar alimentos a menores de edad en riesgo de desnutrición y a madres lactantes del municipio de La Jagua de Ibirico, en el Cesar. En ese negocio jurídico se habrían registrado sobrecostos por más de mil millones de pesos, derivados del elevado valor proyectado para los productos alimenticios.

El caso remite a la gestión de Lobo como alcalde de ese municipio. Medios y reportes judiciales han identificado el contrato 340 (o 0340) de 2012, suscrito con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios, por un valor cercano a los 15.295 millones de pesos, para entregar paquetes nutricionales a niños desnutridos o en riesgo y a madres gestantes y lactantes.

En abril de 2026, la misma Corte ya había anunciado la acusación por esos hechos y cifrado el presunto detrimento patrimonial en 1.492 millones de pesos. Entonces, la defensa interpuso un recurso de reposición. El anuncio de este 14 de septiembre indica que el proceso supera la fase de instrucción y queda en manos de la Sala Especial de Primera Instancia.

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