Categoría: Política Nación

La senadora Jennifer Pedraza presentó este lunes 27 de julio de 2026 una segunda denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez y su hermana Verónica Patricia Guerrero Jiménez, por una presunta red de corrupción que ofrecía gestionar contratos estatales a cambio de millonarios pagos.

Según la congresista, las hermanas Guerrero, sin ocupar cargos públicos, habrían cobrado a empresarios de departamentos como Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander por intermediación en la adjudicación de contratos en ministerios como el del Interior y Vivienda.

El esquema, de acuerdo con la denuncia, incluía un cobro de un millón de pesos por reuniones iniciales, 200 millones de pesos como anticipo para las gestiones y el 10 % del valor de los contratos que lograran adjudicar.

La denuncia involucra también a David Trespalacios y Wilmer Trespalacios, señalados como operadores del recaudo de los dineros, que se entregaban en efectivo o se consignaban a cuentas de las Guerrero.

Pedraza aportó como soporte la investigación de la revista Semana, que incluye chats, audios y comprobantes bancarios con transferencias por montos como 13 millones, 10 millones, 5 millones y otros valores inferiores.

Los delitos que pide investigar son tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares.

La senadora insistió en que la pesquisa no puede limitarse a las dos hermanas:

“La investigación no puede limitarse a ellas: también debe alcanzar a toda su presunta red de colaboradores, a los empresarios que habrían entregado dinero para obtener contratos y a los servidores públicos que eventualmente participaron en esta estructura de corrupción. Nadie puede estar por encima de la ley”.

La senadora electa del Centro Democrático, Claudia Margarita Zuleta, pidió este lunes a las autoridades investigar de manera exhaustiva las denuncias presentadas por la funcionaria Angie Rodríguez sobre el manejo de los recursos del Fondo de Adaptación. La congresista advirtió que no se puede permitir que una testigo clave sea callada mediante amenazas de declararla insubsistente.

“Las autoridades tienen que investigar a fondo las denuncias que hace Angie Rodríguez. No se puede permitir que una testigo clave sea callada por el presidente con la amenaza de declararla insubsistente”, afirmó Zuleta a través de su cuenta en X.

La senadora subrayó que los colombianos merecen conocer qué ocurrió con los recursos del Fondo de Adaptación y exigió a los entes de control poner “lupa” al manejo de esos dineros. Su pronunciamiento se produce en medio de las denuncias de amenazas contra Rodríguez, quien se habría negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos de esa entidad.

Zuleta, quien asumirá su curul en el Senado para el periodo 2026-2030, se suma así a las voces que reclaman claridad y protección para la funcionaria. El mensaje de la cesarense refuerza el llamado a que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría actúen con celeridad para esclarecer los hechos y garantizar que no se silencie a quienes denuncian posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

En una dura carta pública difundida a través de la red social X, Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, expresó una severa recriminación al mandatario por su postura ante el escándalo que involucra a las hermanas Guerrero, cuestionando la falta de deslinde entre los afectos personales y la responsabilidad política.

​En su mensaje, Herrán recordó los sacrificios compartidos en el proyecto político y le recriminó directamente al jefe de Estado su falta de coherencia frente a sus propios principios: «Te he apoyado en el 99% de tus aciertos y desaciertos. Te he apoyado hasta en medio de tus olvidos. Hoy es imposible apoyarte cuando tú mismo me decías que es la razón la que está por encima del corazón. Que debíamos separar lo personal de lo político. Pero fallaste en esto último».

​La excompañera del mandatario también enfatizó el alto costo personal y familiar pagado a lo largo de décadas de contienda, subrayando que «no hemos dado toda nuestra vida, no perdí mi libertad siendo adolescente en una cárcel para tener que ver lo que pasa ahora. Mis hijos no pueden vivir en su país por apoyarte y apoyarnos en nuestras luchas».

​Finalmente, Herrán lanzó un vehemente llamado a asumir responsabilidades y no encubrir las faltas cometidas dentro del círculo cercano al Gobierno: «Si las Guerrero deben pagar por sus actos que lo hagan. No defiendas lo indefendible. Las luchas de todos no pueden quedar lapidadas por acciones inmaduras e irresponsables de jóvenes que se aprovecharon de ti y de varios cercanos. Las acciones y los errores se deben reconocer. Dejo hasta acá… no digo más, porque cada palabra duele».

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, denunció este lunes que la funcionaria Angie Rodríguez ha sido amenazada y se le ha exigido silencio por negarse a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación.

Lara aseguró que, desde el 7 de agosto, cuando asuma el cargo, se garantizará su protección de manera “real y segura”.

En un pronunciamiento publicado en su cuenta de X, Lara informó que sostuvo una conversación telefónica con la doctora Angie Rodríguez y con el director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco.

 “Ella nos confirmó que ha sido amenazada y se le ha exigido silencio. Se ha negado a autorizar el traslado de más de un billón de pesos del Fondo de Adaptación”, señaló.

El ministro designado hizo un llamado directo a todos los funcionarios del Fondo de Adaptación: “No obedezcan las órdenes espurias que se estén impartiendo desde la Presidencia de la República. No se presten para desviar recursos públicos”.

Lara también criticó el manejo actual de los esquemas de seguridad. Afirmó que “hoy los esquemas de seguridad son manipulados con criterio político y de retaliación por el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez. Eso termina el 7 de agosto”.

El pronunciamiento se produce en respuesta a la instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien horas antes había solicitado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría escuchar a Angie Rodríguez y había ordenado a Lara y a Didier Blanco garantizar su protección desde el primer día de gobierno. De la Espriella había declarado: “La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos”.

El senador de la República Marcos Daniel Pineda respaldó este lunes de forma enfática el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de ejercer la Presidencia desde Barranquilla, calificando la medida como un “buen mensaje” para las regiones del país y un claro espaldarazo a la descentralización.
A través de su cuenta en X, el congresista cordobés escribió: “¡Qué bacano el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de gobernar desde Barranquilla! Es un buen mensaje para un país que durante años ha sentido que las grandes decisiones solo se toman en un escritorio desde Bogotá. En las regiones hay liderazgo, talento y capacidad para marcar el rumbo de Colombia”.
Pineda, quien ha sido alcalde de Montería en dos periodos y se ha caracterizado por defender los intereses regionales, agregó que la decisión representa “un espaldarazo a la descentralización que tanto reclama el país” y cerró su mensaje con un llamado claro: “¡Llegó la hora de las regiones y su gente!”.
El pronunciamiento del senador se produce horas después del anuncio del presidente electo, quien confirmó su intención de instalar la sede de gobierno en la capital del Atlántico. La medida ha generado reacciones mixtas en el escenario político, pero el respaldo de Pineda se suma a las voces que ven en el traslado un gesto simbólico y práctico a favor de un modelo de gobierno menos centralizado.
Para el senador, la decisión no solo tiene un valor simbólico, sino que reconoce el potencial de liderazgo que existe fuera de Bogotá. “En las regiones hay liderazgo, talento y capacidad para marcar el rumbo de Colombia”, insistió.
El mensaje de Pineda ha empezado a circular entre sectores regionales que desde hace años reclaman mayor autonomía y presencia del Estado central en territorios como la Costa Caribe, el Pacífico y otras zonas del país históricamente relegadas de las grandes decisiones nacionales.

El presidente Abelardo de la Espriella sorprendió con un anuncio que ya está generando eco en las regiones: gobernará desde Barranquilla.

La decisión, celebrada de inmediato por sectores políticos del Caribe y del interior, representa un golpe directo al histórico centralismo bogotano. “Es un buen mensaje para un país que durante años ha sentido que las grandes decisiones solo se toman en un escritorio desde Bogotá”, escribió el senador Marcos Daniel Pérez García, quien calificó el anuncio de “bacano” y lo interpretó como un verdadero espaldarazo a la descentralización.

“En las regiones hay liderazgo, talento y capacidad para marcar el rumbo de Colombia”, añadió el exalcalde de Montería. “¡Llegó la hora de las regiones y su gente!”

El mensaje del mandatario no solo cambia la sede simbólica del poder ejecutivo, sino que envía una señal clara: las grandes decisiones del país ya no tienen que pasar obligatoriamente por la capital.

En un país de regiones tan diversas y tan postergadas, la mudanza del gobierno a Barranquilla se lee como un acto político de alto voltaje.

El Ejército Nacional solicitó adelantar una revisión técnica a la escala salarial del personal militar tras detectar un desequilibrio en el esquema remunerativo de la institución.

 Según se reveló en el informe de empalme, el reciente incremento del gobierno Petro aplicado a los soldados profesionales generó una posible desproporción respecto a los ingresos que perciben los suboficiales y oficiales.

La institución advirtió que esta brecha alteraría la jerarquía, el mando y la responsabilidad propia de cada rango, por lo que resulta necesario evaluar la tabla de asignaciones actual para garantizar la equidad interna y la coherencia en la estructura de la Fuerza Pública.

El presidente Gustavo Petro lanzó este lunes un duro ataque contra Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Fondo Adaptación, a quien acusó de ser “una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio” y de quien dijo “lamento haber conocido”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario solicitó al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, declarar insubsistente a la funcionaria “por incompetente”.

Petro acompañó su trino con dos documentos oficiales del Fondo Adaptación. En ellos, la secretaria general encargada informa al ministro de Hacienda sobre una incapacidad médica de Rodríguez por “razones siquiátricas”, reconocida mediante la Resolución 234 del 30 de junio de 2026, vigente entre el 28 de junio y el 7 de julio.

El escrito solicita prorrogar un encargo previo o nombrar a otra persona en la gerencia mientras persista la incapacidad.

“Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido?”, escribió el presidente. Y añadió: “No entiendo una prensa que no averigua a quien entrevista y le faltan el respeto incluso como paciente. […] Aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica.

Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga”.El jefe de Estado vinculó el escándalo mediático a su decisión de destinar recursos del Fondo Adaptación a garantizar más agua potable para enfrentar “el mega niño que es megasequía en diciembre”. .

“Esa es una prioridad vital y el dinero se utiliza es para las prioridades y la vida no para coqueteos con paramilitares, o intentar mantener puestos no merecidos o lograr camionetas de seguridad para toda la familia”, señaló.

La ofensiva de Petro se produce horas después de que Rodríguez enviara un concepto técnico, jurídico y presupuestal al Ministerio de Hacienda y a los órganos de control en el que expresa su desacuerdo con el traslado de aproximadamente un billón de pesos del Fondo —recursos- comprometidos para el proyecto de recuperación de dinámicas hídricas en La Mojana— hacia la atención de la emergencia por el fenómeno de El Niño.

La funcionaria advirtió que esos dineros no son de libre disposición, están respaldados por vigencias futuras y vinculados a un contrato de fiducia mercantil, por lo que un traslado podría generar ilegalidades.

Durante su estancia en la capital del Atlántico, el atacante colombiano Luis Díaz realizó una visita de carácter privado a la residencia del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El jugador asistió acompañado por su esposa, Geraldine Ponce, su suegra y un grupo de allegados.

​Según trascendió sobre el encuentro, la reunión se desarrolló en un ambiente de cercanía que quedó registrado desde el saludo inicial entre ambos. Durante la jornada, el guajiro dedicó parte del tiempo a compartir con los hijos de De la Espriella, a quienes obsequió camisetas autografiadas de la Selección Colombia.

​La visita ha generado diversas interpretaciones en el ámbito público, al ser leída por sectores políticos como una muestra de respaldo y cercanía del futbolista hacia la visión de gobierno que asumirá el ejecutivo nacional el próximo 7 de agosto. Hasta el momento, ni el deportista ni su entorno han emitido declaraciones oficiales adicionales respecto al tono político que se le ha atribuido a la reunión.

La Fiscalía General de la Nación abrió este lunes una investigación formal para verificar las posibles irregularidades en las que estarían involucradas Juliana Andrea Guerrero Jiménez y su hermana Verónica Guerrero, tras las explosivas revelaciones de Revista Semana sobre un presunto esquema de cobro de comisiones a empresarios a cambio de facilitar contratos con el Estado.

Según confirmó Blu Radio, el ente acusador ya inició labores de policía judicial. El caso será trasladado a la Dirección Especializada contra la Corrupción (Unidad Anticorrupción) para recopilar y verificar el material probatorio.

Las denuncias, publicadas el pasado 25 de julio por Semana, se basan en chats de WhatsApp, audios, comprobantes de consignaciones bancarias y testimonios de empresarios de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander.

Según el medio, las hermanas Guerrero habrían armado una estructura que operó entre el segundo semestre de 2024 y mediados de 2025.

El esquema, de acuerdo con los afectados, era claro y costoso: un millón de pesos por la primera reunión, 200 millones de pesos por la gestión de los contratos y, una vez adjudicados, el 10 % del valor de cada proyecto. Entre los negocios prometidos figuraban mejoramientos de vivienda, instalación de cámaras de seguridad con recursos del Ministerio del Interior (incluyendo el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon) y la construcción de un acueducto en el Cesar con plata del Ministerio de Vivienda.

Tres empresarios aseguran haber entregado más de 600 millones de pesos.

Los contratos nunca se concretaron y el dinero, según ellos, no fue devuelto.

Parte de los recursos se habría canalizado inicialmente a través de un intermediario cercano a las hermanas, David Trespalacios, antes de que las transferencias llegaran directamente a cuentas asociadas a ellas.

Juliana Guerrero, quien en su momento fue considerada una de las figuras más influyentes del Gobierno Petro (cercana a Armando Benedetti y casi nombrada viceministra de Juventudes), negó categóricamente haber recibido dinero.

Su equipo jurídico ha insistido en que “jamás” se benefició de estas operaciones.El caso se suma a otra investigación que ya enfrenta Juliana Guerrero: la Fiscalía la acusará el próximo 5 de agosto por fraude procesal y falsedad en documento público, por la presunta presentación de títulos académicos falsos de la Fundación San José para aspirar al viceministerio.