Categoría: Política Nación

El sector agropecuario nacional expresó su profunda preocupación ante la propuesta de la Ley de Reajuste Fiscal que plantea modificar el tratamiento impositivo de los insumos necesarios para cultivar alimentos básicos como papa, cebolla, tomate y arroz. Según la advertencia emitida por Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), aunque productos de primera necesidad conservarían su exclusión del impuesto, los insumos clave para su producción pasarían de una tarifa del 0 % al 19 %.

De acuerdo con el análisis gremial expuesto en Bogotá, elementos indispensables para la actividad agrícola —tales como semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios, maquinaria y asistencia técnica— absorberían el nuevo gravamen fiscal, representando entre el 30 % y el 40 % de los gastos operativos totales de los cultivos. Los productores agropecuarios recalcaron que esta medida castigará de forma directa a los pequeños agricultores del país, quienes carecen de la capacidad financiera para absorber dichos sobrecostos, lo que terminaría encareciendo el precio final de los alimentos para los consumidores colombianos.

Las Fuerzas Militares abatieron a alias Pinsher, presunto cabecilla de la Columna Móvil Jaime Martínez adscrita a las disidencias de Iván Mordisco, durante una ofensiva ejecutada en el corregimiento de Timba, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca. La operación, respaldada por unidades de artillería y apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Colombiana, se concentró en la zona montañosa del suroccidente del país y dejó como saldo la muerte de otro integrante de la estructura armada ilegal.

De acuerdo con la información entregada por el Gobierno Nacional, a alias Pinsher se le responsabilizaba de coordinar acciones terroristas, incluyendo la detonación de artefactos explosivos en establecimientos comerciales de Cali, el atentado incendiario contra maquinaria del ingenio Incauca, secuestros selectivos y ataques con drones cargados con explosivos contra bases de la Fuerza Pública. Tras los resultados de la operación, el Ejecutivo ordenó mantener la presión militar en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca para debilitar las finanzas y el accionar de estos grupos armados.

La Procuraduría General de la Nación programó para este lunes 9 de noviembre la diligencia de declaración formal de Deicy Jiménez en la ciudad de Bogotá, dentro del marco de la indagación preliminar abierta por los presuntos hechos de corrupción y contratación irregular que salpican a dependencias estatales. La citación del organismo de control busca recaudar los testimonios y elementos de prueba necesarios para esclarecer las denuncias públicas sobre supuestos direccionamientos en contratos oficiales.

La actuación disciplinaria se desarrolla de manera paralela a las inspecciones judiciales ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en la Secretaría General del Senado y a las recaudaciones probatorias adelantadas por la Fiscalía General de la Nación en la capital del país. Con esta citación, el Ministerio Público pretende establecer la trazabilidad de los vínculos contractuales cuestionados y determinar las presuntas responsabilidades disciplinarias de funcionarios y particulares involucrados en el escándalo.

El presidente Abelardo de la Espriella formalizó en Leticia, Amazonas, la donación de su tercer salario mensual como jefe de Estado, correspondiente al mes de octubre de 2026, asignando la totalidad de los fondos —superiores a los 41 millones de pesos— a dos organizaciones sin ánimo de lucro con asiento en la región sur del país. Durante el acto público, el mandatario ratificó el cumplimiento de su propuesta de campaña orientada a transferir la remuneración de su investidura a causas sociales comunitarias durante los cuatro años de la administración nacional.

Los recursos ejecutados fueron divididos en partes iguales, destinando $20.521.548 a la Fundación La Aljaba, entidad con 26 años de trayectoria institucional focalizada en la atención integral, nutricional y educativa de menores en situación de vulnerabilidad extrema e indigencia en el departamento. La cuota restante fue entregada a la Fundación para la Gestión y el Desarrollo Social con el propósito de apalancar proyectos comunitarios territoriales, jornada en la que la Presidencia también expuso la estructuración de un paquete de inversiones en infraestructura urbana, conectividad fluvial y servicios básicos para la capital amazonense.

La política de hidrocarburos de Colombia debe trascender los periodos presidenciales y ofrecer garantías de largo plazo a quienes invierten en el país. Ese fue el llamado del senador Marcos Daniel Pineda durante su participación en la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía.

“La política de hidrocarburos en cualquier país del mundo no puede tener sesgos ideológicos. La política de hidrocarburos tiene que ser una política de Estado a largo plazo”, afirmó.

Pineda señaló que Colombia necesita condiciones competitivas frente a los países vecinos que disputan las mismas inversiones para la exploración y producción de petróleo y gas.

“La industria petrolera y gasífera no funciona de un día para otro. Es una actividad que requiere inversiones muy grandes, años de trabajo y largos periodos para recuperar el capital. Nadie compromete cientos de millones de dólares si no tiene claridad sobre las reglas fiscales, tributarias y jurídicas que van a regir durante la vida de sus proyectos”, expresó.

El senador también advirtió que la seguridad y las dificultades en el relacionamiento con las comunidades generan costos adicionales y afectan la continuidad de las operaciones. Durante su intervención, señaló que el año pasado se registraron 1.300 paros de operaciones de petróleo y gas en Colombia, y reclamó reglas claras para abordar estas situaciones.

Finalmente, insistió en que construir una política de Estado para el sector exige acuerdos que perduren más allá de los cambios de gobierno y permitan preservar sus aportes al empleo, las finanzas del país y las regalías de las regiones.

La Junta Directiva de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) manifestó su categórico rechazo al trato recibido por su presidente ejecutivo, José Félix Lafaurie Rivera, a quien se le exigió abandonar una reunión oficial sobre cadenas cárnica y láctea el pasado 3 de noviembre por orden del ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond. A través de un pronunciamiento emitido desde Bogotá, la dirigencia gremial sostuvo que las diferencias de criterio no justifican descalificaciones ni la exclusión de representantes legítimos del sector agropecuario, reafirmando su total respaldo a la gestión realizada por Lafaurie durante más de dos décadas.

En el comunicado, la organización también defendió la transparencia en la administración de los recursos parafiscales ganaderos por parte del Fondo Nacional del Ganado y de su representante legal, Jaime Rafael Daza Almendrales, destacando que su manejo ha estado permanentemente bajo el control de la Contraloría General de la República. Pese al impase con la cartera de Agricultura, el gremio ratificó su disposición a mantener una relación de cooperación basada en el diálogo y la concertación con el Gobierno Nacional, reconociendo además los esfuerzos estatales en materia de seguridad para el campo.

El médico pediatra Germán Andrés Somoyar Duarte fue exaltado por el Congreso de la República con la Orden de la Democracia «Simón Bolívar» en el grado de Cruz Oficial, en un homenaje liderado por el representante a la Cámara Yamit Noé Hurtado Neira en el Salón Luis Carlos Galán.

La distinción reconoce la heroica actuación del profesional de 31 años durante el violento terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. En medio del colapso y la emergencia en la Clínica Panamericana de Apartadó, Antioquia, Somoyar encabezó junto al cuerpo de salud la evacuación de diez bebés que se encontraban en el sexto piso, salvaguardando en sus propios brazos a los pequeños Mateo y Salomón, una hazaña cuya imagen recorrió el país y el mundo.

A casi tres meses de la tragedia, este reconocimiento no solo exalta la vocación y el coraje de Somoyar —quien además recibió una propuesta de la Red de Médicos Hispanohablantes en Alemania para realizar una subespecialización—, sino también el esfuerzo colectivo del equipo médico y de enfermería que arriesgó su vida para proteger a los pacientes más vulnerables.

En un nuevo capítulo de confrontación política, el senador Iván Cepeda hizo pública una carta remitida a 15 congresistas demócratas de Estados Unidos en la que solicita formalmente un seguimiento y control político a sus denuncias contra el presidente Abelardo de la Espriella. En el documento, emitido este 5 de noviembre de 2026, el congresista sostiene que la gestión del mandatario constituye una amenaza para la seguridad estadounidense y advierte sobre presuntos vínculos comerciales, inmobiliarios y financieros de de la Espriella con personas e intereses ligados al narcotráfico y al lavado de activos.

Entre los hechos expuestos en la misiva, Cepeda detalla la adquisición de predios como la finca Nueva Jerusalén en el Cesar y un lote en Montería vinculados a procesados por lavado de dinero, así como la supuesta participación del mandatario como abogado y socio de la familia Rodríguez Fuentes, de la que señala que Hugues Rodríguez Fuentes, alias «Barbie», aceptó cooperar con la justicia federal en Washington.

Asimismo, la misiva cuestiona la congelación de 1.4 billones de pesos destinados a la compra de tierras para campesinos y advierte sobre un posible riesgo en el manejo de bienes incautados por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Ante esta situación, el senador requirió a los legisladores norteamericanos promover audiencias, revisar procesos por lavado de activos y respaldar la protección de comunidades rurales en Colombia.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, denunció que la anterior administración no pagó el ciclo de marzo y que el exdirector reconoció, en escenarios internos, que sólo había recursos para financiar seis ciclos en 2026.

Explicó que el gobierno De La Espriella gestiona los recursos para solucionar el déficit que encontró en Colombia Mayor, que afecta a cerca de 3 millones de beneficiarios.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, expuso este jueves los documentos que demuestran que el gobierno anterior dejó un faltante presupuestal en el programa Colombia Mayor, afectando la entrega de recursos a cerca de 3 millones de beneficiarios.

“La plata del programa no estaba asegurada. El hueco era de más de 3 billones de pesos, y afectó las transferencias. La primera semana de agosto el exdirector de Prosperidad Social, pese a que había asegurado que las transferencias estaban al día y que estaban garantizados los recursos, reconoció en un informe que con el presupuesto disponible sólo alcanzaba para pagar la mitad del año”.

La directora se refiere al Acta de Informe de Gestión de Prosperidad Social, del 6 de agosto de 2026, que está firmada por el exdirector Mauricio Rodríguez. Esta registra que para financiar Colombia Mayor en 2026 se solicitaron 8,4 billones de pesos, pero solo se asignaron 4,6 billones de pesos: 3,7 billones de pesos menos. El propio documento señala que los recursos disponibles alcanzaban únicamente para financiar seis ciclos operativos durante la vigencia.

Según la trazabilidad de los pagos en Prosperidad Social se muestra que en el primer semestre (todavía gobierno Petro) no se pagó el ciclo de marzo del programa. Los ciclos 1 y 2 comenzaron a pagarse el último día de febrero y solo en dos departamentos del país. La anterior administración no pagó el ciclo correspondiente a marzo, y nunca se hizo pago doble para subsanarlo. El tercer giro se realizó en abril. Después, el ciclo 4 se pagó en mayo; el ciclo 5, en junio. Sin embargo, el 4 de agosto todavía se estaba pagando el ciclo 6, correspondiente a junio, mientras la administración saliente aseguraba que el programa estaba al día.

Para ponerse al día con marzo era necesario realizar otro pago doble, que nunca existió. Así, cuando ya transcurría el octavo mes del año, el séptimo ciclo no había comenzado y tampoco estaban asegurados todos los recursos para financiarlo, expuso Suárez.

*Bajo revisión, operación presupuestal por 770.000 millones de pesos*

La directora Sandra Suárez pidió a las autoridades de control investigar si hubo irregularidades en una operación presupuestal por 770.095 millones de pesos relacionada con el convenio interadministrativo CONV-MT-642-2025, el 7 de noviembre de 2025.

La operación consistió en trasladar recursos que estaban apropiados para gastos de funcionamiento del Ministerio del Trabajo e incorporarlos a Prosperidad Social como recursos de inversión. Suárez pidió revisar si una operación de esa naturaleza, que modificó la sección presupuestal y la clasificación del gasto, podía realizarse por esa vía o si requería autorización del Congreso de la República.

*El Milagro Social ya se está haciendo realidad*

El presidente Abelardo De La Espriella ha sido enfático en que no dejará solos a los adultos mayores. Gestionó más de 400.000 millones de pesos adicionales para completar la financiación de Colombia Mayor. Hasta el momento, la Patria Milagro ha conseguido 1,3 billones de pesos para no fallarle a los adultos mayores que han sostenido a toda una generación de colombianos.

La directora Sandra Suárez insistió: “Lo que encontramos fue una falta de planeación y responsabilidad financiera. Se anunciaron más beneficiarios, se aumentó el valor de las transferencias y se generaron expectativas entre millones de adultos mayores, pero no se dejaron asegurados todos los recursos para responder por esos compromisos. No se puede ampliar un programa de esta magnitud sin garantizar primero cómo se va a financiar. Detrás de cada transferencia hay una persona que cuenta con ese dinero para alimentarse, comprar sus medicamentos y atender las necesidades de su hogar. No podemos jugar con la ilusión de quienes más lo necesitan”.

*Colombia Mayor necesita al Congreso*

Frente a este panorama, el gobierno del presidente De La Espriella solicitó el respaldo del Congreso de la República al proyecto de adición presupuestal de 2026, para asegurar la financiación de Colombia Mayor.

“Sabemos lo que significa esta ayuda para las personas mayores y para sus familias. Desde el primer día trabajamos para encontrar los recursos que hacían falta: conseguimos la financiación del séptimo ciclo y aseguramos también la del octavo. El presidente nos ha dado una instrucción clara de seguir gestionando los recursos y trabajando para que Colombia Mayor continúe llegando a quienes más lo necesitan. Ahora necesitamos el respaldo del Congreso para garantizar esa continuidad”, dijo Suárez.

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La controversia en torno a los señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro por presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales sumó un nuevo capítulo tras el pronunciamiento de su primera esposa, Mary Luz Herrán. La declaración se produjo después de que Deicy Jiménez hiciera público un video con imágenes de cercanía junto al exmandatario para respaldar sus denuncias, las cuales sustentan un presunto esquema de corrupción que actualmente está bajo indagación de las autoridades competentes sin que constituya hasta ahora una responsabilidad judicial probada.

En medio de la discusión pública, la exesposa del líder político y madre de Andrea Petro reaccionó a través de su cuenta oficial en redes sociales cuestionando abiertamente las motivaciones detrás de la divulgación del material gráfico. En su publicación, Herrán escribió textualmente: «Otra vez con videos de Deysi Jiménez, ¿cuanta plata le darían?…porque yo por ahí tengo unas foticos de mi presi en pañitos menores».

El comentario de Herrán avivó el debate en torno al caso, mientras el expresidente Petro insiste en negar rotundamente la entrega de contratación pública a cambio de favores personales y rechaza la exposición mediática de su vida íntima. Entretanto, los entes de control y las autoridades judiciales continúan con las averiguaciones para esclarecer la veracidad de las graves acusaciones y determinar si existieron irregularidades en el manejo de los recursos del Estado.