El Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo marco jurídico para el restablecimiento del orden público y el desmantelamiento de los actores armados ilegales tras la sanción de la Ley 2640 de 2026. Esta norma de 28 páginas, que modifica y prorroga la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997), combina la acción de la Fuerza Pública y la justicia con mecanismos de sometimiento voluntario individual o colectivo, articulando la protección de la población civil, la reparación a las víctimas y la transformación de los territorios afectados por la violencia.
El esquema de sometimiento colectivo se estructurará en dos etapas consecutivas. La primera será una fase administrativa de hasta tres meses (prorrogable por un periodo igual con justificación), bajo el control del Gobierno Nacional, donde los grupos deberán entregar información exhaustiva sobre su estructura, integrantes, bienes, economías ilícitas, secuestrados y menores reclutados.
La segunda etapa corresponderá a la judicialización a cargo de las autoridades competentes, donde se definirán las responsabilidades penales individuales, la verificación de los aportes a la verdad y la entrega formal de todo el armamento y explosivos. Ocultar información deliberadamente implicará la pérdida inmediata de los beneficios legalmente previstos.
Para acceder al tratamiento penal diferenciado, los procesados deberán cumplir exigencias rigurosas que incluyen el cese total de actividades ilícitas, la liberación de secuestrados, la dejación de armas y la colaboración activa en el desminado humanitario, la erradicación de cultivos y la restauración ambiental.
A cambio, la ley contempla reducciones de penas de hasta el 50 % para los integrantes de base y del 30 % para los mandos o líderes. No obstante, si se comprueba el reclutamiento de menores con posterioridad a la promulgación de la norma, los beneficios punitivos se reducirán drásticamente, limitándose al 10 % para los mandos y al 30 % para los demás miembros. Las penas o medidas cautelares se ejecutarán en centros transitorios, colonias agrícolas o cárceles productivas bajo restricción efectiva de la libertad.
Paralelamente, la legislación prioriza la Transformación Territorial Integral (TTI) como una estrategia para sustituir economías ilegales y fortalecer las instituciones en las regiones más vulnerables, integrándose directamente a los planes de desarrollo nacional y local. La reinserción social y económica estará en manos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en coordinación con los ministerios de Trabajo y Educación y el SENA, ofreciendo capacitación técnica, acompañamiento psicosocial y proyectos productivos en áreas como agricultura sostenible, ecoturismo y recuperación ambiental.
En el plano de los derechos humanos, la ley dispone la creación de un programa gubernamental de reparación individual por vía administrativa y da prioridad a las víctimas y comunidades para la asignación de bienes incautados al crimen organizado. Asimismo, consagra nueve reconocimientos procesales para garantizar su participación efectiva en los juicios, asegurando medidas estrictas de confidencialidad y atención psicosocial para sobrevivientes de violencia sexual. Para velar por la transparencia del proceso, el Ministerio de Justicia entregará al Congreso un informe público anual que medirá el avance en la reducción de la violencia, la localización de desaparecidos y el efectivo desmantelamiento de las estructuras criminales.
