El senador Antonio Correa respalda el auto del Juzgado 34 de Familia y pide que el Estado llegue antes al campamento
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá admitió este jueves, 3 de septiembre de 2026, una tutela y ordenó medidas preventivas frente a operaciones aéreas ofensivas cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados.
La decisión es provisional, mientras el despacho resuelve de fondo. No suspende de manera general los bombardeos ni las operaciones militares: restringe el uso de la fuerza aérea cuando las autoridades tengan información verificable de que en el objetivo hay menores.
El auto se conoce días después de que Medicina Legal confirmara la muerte de menores en operativos recientes, entre ellos tres adolescentes en un bombardeo del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra una estructura disidente. Desde el 7 de agosto, el Gobierno de Abelardo De La Espriella ha lanzado varias operaciones aéreas contra el Eln y disidencias de las Farc que, según reportes de prensa, dejan decenas de muertos, incluidos al menos cuatro menores.
La tutela fue presentada por el abogado Ower Jimmy Borda Parra, como agente oficioso de menores reclutados o utilizados por grupos armados que podrían resultar afectados en esos ataques.
El pronunciamiento del senador.
El senador Antonio José Correa Jiménez, del Partido de la U, respondió al fallo con un mensaje que combina respaldo a la autoridad del Estado y un llamado a no convertir a los niños en el costo de la guerra.
“A los ilegales se les combate con la fuerza legítima del Estado. A los niños se les protege”, afirmó.
Correa sostuvo que la seguridad del país exige autoridad, inteligencia y operaciones contundentes contra las estructuras criminales, pero también “la mayor certeza posible de que en los lugares que serán atacados no haya menores de edad”.
En su criterio, el auto del Juzgado 34 de Familia apunta en esa dirección: adoptar medidas preventivas cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados.
El problema no empieza en el campamento
El congresista, médico de formación y legislador por Bolívar, insistió en que hay algo todavía más importante que el protocolo de un bombardeo: impedir que esos niños lleguen a los campamentos.
Eso, dijo, implica perseguir a quienes reclutan menores; hacer seguimiento permanente a la deserción escolar en zonas de conflicto; fortalecer la atención del ICBF; y garantizar escuelas funcionando, alimentación, salud, deporte y oportunidades para los jóvenes, con presencia social permanente del Estado.
“No podemos aparecer únicamente cuando llega una operación militar. El Estado debe llegar antes con educación, protección y oportunidades”, señaló. Advirtió, además, que la corrupción ha sido caldo de cultivo de ese abandono y ha restado capacidad a las respuestas sociales.
«Este artículo contó con la asistencia de IA para la recopilación de datos y estructuración de párrafos, bajo estricta revisión y edición editorial de un periodista»
