Categoría: Política Nación

En la ciudad de Montería, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso concluyó una diligencia bajo juramento ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Abadía, dentro de la investigación que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe.

Durante la diligencia judicial, que se llevó a cabo en el departamento de Córdoba, el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) rindió declaración sobre graves hechos de violencia ocurridos en el país.

​Entre los temas abordados por Mancuso se destacaron las masacres perpetradas en El Aro, La Granja y San Roque, además del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y los antecedentes relacionados con la formación y operaciones del Bloque Metro. Esta diligencia forma parte de las indagaciones que adelanta el alto tribunal para esclarecer presuntas responsabilidades y vínculos en el conflicto armado.

​El senador pidió al Gobierno combatir con firmeza a los grupos armados ilegales, pero proteger de manera absoluta a los niños y adolescentes reclutados, tras la orden de un juzgado de Bogotá de suspender operaciones aéreas cuando exista información confiable sobre la presencia de menores.

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Tras la decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que ordena suspender operaciones aéreas ofensivas cuando haya información confiable sobre la presencia de menores reclutados, el Senador Antonio José Correa pidió una respuesta firme contra los grupos armados, pero con protección total para los niños y adolescentes atrapados en el conflicto.

​Desde la oposición, Correa señaló que la seguridad del país exige autoridad, inteligencia y acciones contundentes contra las estructuras criminales. Sin embargo, advirtió que ningún menor reclutado puede ser tratado como un objetivo militar.

​»El Estado tiene el deber de combatir a los ilegales con toda su fuerza legítima, pero también de proteger la vida de nuestros niños. Antes de cualquier operación debe haber certeza de que no haya menores en el lugar», afirmó el senador.

​Correa recordó que la solución no puede quedarse en las operaciones militares. “Hay que impedir que los niños lleguen a los campamentos. Eso requiere perseguir a quienes los reclutan, vigilar la deserción escolar, fortalecer al ICBF y garantizar educación, alimentación, salud, deporte y oportunidades para los jóvenes”, sostuvo.

​El senador cuestionó que el Estado llegue a zonas apartadas solo cuando hay una operación militar. “Debe llegar antes con protección, escuelas funcionando y presencia social permanente. El abandono y la corrupción han dejado a muchas comunidades sin respuestas y han facilitado que los grupos ilegales recluten a nuestros niños”, agregó.

​Finalmente, Correa insistió en que los menores vinculados a grupos armados son víctimas. “No pueden pagar con su vida décadas de abandono institucional. Autoridad contra los ilegales, sí; toda. Pero también prevención, acción social y una protección efectiva de nuestra niñez”.

El Gobierno Nacional reiteró su compromiso de respetar todas las decisiones y la independencia de la Rama Judicial del Poder Público.

Así lo afirmó el Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tras su visita institucional a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en la capital del país.

En su cuenta oficial de la red social X, el Mandatario reveló un video de su encuentro con los juristas en el que sostiene: “Como Presidente de la República garantizaré que las decisiones de cada juez y magistrado sean respetadas y que la autonomía de esta Rama sea celosamente protegida sin interferencias del Ejecutivo”.

En su mensaje, el Jefe de Estado agregó: “Mi Gobierno reconoce a esta como una Corte fundamental, fuerte, independiente y respetada, porque es prenda de garantía para la estabilidad jurídica de la nación”.

El Presidente De La Espriella añadió: “Mi formación y mi concepción del Estado me llevan a concebir la independencia judicial, no como una concesión que el poder político hace a los jueces, sino como un límite que la República impone al poder para proteger la libertad y los derechos de todos los ciudadanos”.

El Mandatario insistió que, por esa razón, “en mi ejercicio como Presidente de la República de Colombia, las decisiones de los jueces serán respetadas, desde el más humilde juez hasta el más encumbrado magistrado”.

Y concluyó su mensaje a los integrantes del máximo tribunal de justicia ordinaria del país que “la autonomía de esta Rama, queridos magistrados, será celosamente protegida, y el Ejecutivo no va a interferir nunca en competencias que la Constitución y la Ley han reservado para ustedes, los jueces y magistrados de la República”.

En su visita al alto tribunal, el Presidente de la República estuvo acompañado del ministro de Justicia, Iván Cancino González, tal como ya lo había hecho el pasado 18 de agosto cuando visitó por primera vez la sede del Palacio de Justicia en un saludo protocolario e institucional tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la Comisión de Disciplina Judicial.

Un juzgado de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República y a las Fuerzas Militares abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas contra objetivos sobre los cuales exista información cierta, objetiva o razonable de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados.

La medida establece que, antes de ejecutar una operación, las autoridades deberán verificar los protocolos de precaución y evaluar si existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar.

La decisión judicial se conoce en medio del debate nacional por la muerte de menores reclutados por estructuras armadas durante recientes operaciones militares. La medida no constituye una prohibición absoluta de los bombardeos, pero sí impone restricciones cuando exista información razonable sobre la presencia de menores en los objetivos.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión temporal del Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y del CI-005 de 2026, suscritos entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Impresa Nacional de Colombia, junto con todos los contratos y convenios que se deriven de ellos. Esta medida cautelar afecta una parte clave del proceso de expedición de pasaportes, pero el tribunal enfatizó que bajo ninguna circunstancia su ejecución puede traducirse en la interrupción, limitación o suspensión del acceso de los ciudadanos a este servicio público.

​Asimismo, la decisión judicial dictaminó que la Cancillería, el Fondo Rotatorio, la Imprena Nacional y la Imprenta Nacional-Casa de la Moneda de Portugal deben presentar, en un plazo de 20 días hábiles, un informe detallado. Dicho documento debe aclarar el estado real de la operación, la ubicación de las libretas de pasaporte, las condiciones de seguridad de los lugares donde se encuentran y donde son personalizadas, así como la identidad de todos los terceros que intervienen en la cadena de producción. La suspensión se mantendrá vigente hasta que toda esta información sea debidamente acreditada.

​Adicionalmente, el tribunal solicitó adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar que la expedición de pasaportes siga funcionando sin interrupciones mientras dura la medida cautelar. Como la apelación se concede en el efecto devolutivo, la decisión rige de inmediato. En entrevista con 6AM W, el abogado Nicolás Dupón, encargado de interponer la demanda, explicó que la decisión consta de un documento técnico de 83 páginas y subrayó que durante este plazo el Estado tiene la obligación estricta de asegurar la continuidad del servicio. Dupón indicó que la función estatal es garantizar que no haya ni un día de interrupción y construir un esquema de transición hacia un modelo de pasaportes que sea legal, al calificar el esquema actual como absolutamente insostenible y con múltiples riesgos de carácter financiero

Bogotá atraviesa por una coyuntura crítica en su suministro eléctrico que ha encendido las alarmas en el Palacio Liévano, llevando al alcalde Carlos Fernando Galán a emitir un llamado urgente a la ciudadanía y al sector empresarial para implementar medidas inmediatas de ahorro energético. Esta advertencia surge ante el estresado sistema eléctrico nacional, que ha visto reducidos sus niveles de embalses y una demanda creciente que pone en jaque la estabilidad del servicio en la capital del país. Esta crisis no es un evento aislado, sino la consecuencia de una combinación de factores climáticos extremos y una infraestructura que requiere mayor resiliencia. La administración distrital ha enfatizado que, si bien no se trata de una medida inminente de apagón masivo, la situación exige una corresponsabilidad ciudadana para evitar llegar a escenarios de racionamiento programado que afectarían la productividad y la calidad de vida de los bogotanos.

El principal detonante de esta alerta es el estado de los embalses, los cuales han alcanzado niveles históricamente bajos durante los periodos de sequía prolongada. Al depender en gran medida de la hidroelectricidad, el sistema eléctrico colombiano se vuelve extremadamente sensible a las variaciones climáticas. La escasez de lluvias impide la recuperación óptima de los niveles de agua, lo que reduce la capacidad de generación de las plantas hidroeléctricas que abastecen a la región central. A esto se suma un aumento en la demanda de energía, impulsado tanto por el crecimiento demográfico de la ciudad como por las olas de calor que han obligado a un uso más intensivo de sistemas de ventilación y otros aparatos.

Para mitigar esta situación, el Distrito ha propuesto una serie de estrategias para reducir el consumo, comenzando por las entidades públicas, donde se busca optimizar el uso de iluminación y equipos de oficina durante las horas pico. Estas medidas no son opcionales, sino que se plantean como una necesidad para liberar capacidad dentro del sistema y evitar que los niveles de reserva caigan por debajo de los umbrales críticos de seguridad establecidos por el Operador del Sistema Interconectado Nacional. Para el sector privado y residencial, la recomendación se centra en la eficiencia energética durante las franjas horarias de mayor demanda.

El debate sobre la seguridad energética en Bogotá también ha puesto sobre la mesa la necesidad de diversificar la matriz de generación. Expertos del sector energético han señalado que la excesiva dependencia de la hidroelectricidad es una vulnerabilidad estructural. La implementación de proyectos de energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, se vuelve imperativa para brindar a la capital ante futuras crisis climáticas que podrían ser cada vez más frecuentes y severas.

Paralelamente, el Distrito está trabajando en mesas técnicas con el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para monitorear el comportamiento de la demanda y asegurar que Bogotá tenga prioridad en el despacho de energía. La transparencia en la comunicación sobre el estado real de las reservas es fundamental para mantener la calma y asegurar la cooperación de los sectores económicos que son los principales consumidores de energía en la región. Ante este panorama, la resiliencia energética no es solo un reto técnico de las empresas prestadoras, sino un desafío social que requiere de una cultura de consumo consciente. La capital colombiana atraviesa un momento crucial donde cada kilovatio ahorrado cuenta para garantizar la continuidad del servicio y evitar las consecuencias económicas de un posible racionamiento eléctrico.

El legislador Iván Cepeda volvió a interrogar al mandatario Abelardo De la Espriella acerca de la narrativa del “voto fusil,” que ha puesto en tela de juicio el comportamiento electoral de las zonas rurales en las elecciones presidenciales. Cepeda argumenta que los informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) contradicen la noción de que la influencia de grupos armados justifique, de manera general, el sufragio en estas áreas: en los 97 municipios bajo control predominante del ELN y Comuneros del Sur, De la Espriella obtuvo la victoria en 64 de ellos, con un promedio del 79,28 % de los votos.

La disputa reitera el enfrentamiento entre el reciente Gobierno y uno de sus más destacados opositores. Cepeda señala a De la Espriella por aprovechar esta historia para invalidar el sufragio de millones de agricultores y alerta que esto podría llevar a la marginación de las comunidades que no apoyaron al actual presidente. El análisis técnico de la MOE determinó que no hay pruebas estadísticas que demuestren una conexión general entre la presencia de grupos armados y el resultado electoral, aunque sí se identificaron algunos casos excepcionales que necesitan un estudio específico.

Estefanel Gutiérrez, congresista de Cambio Radical y del Atlántico, fue electo como presidente de la Comisión Legal Afrocolombiana con 29 votos. Se impuso a Óscar Benavides, quien es un representante de la circunscripción especial afro y está vinculado al petrismo. La elección culminó en un intenso desacuerdo entre los dos congresistas, en el contexto de una controversia por la representación de las comunidades afrocolombianas y por el apoyo político que acompañó a la elección.

La controversia se intensificó luego de que Benavides llamara a Gutiérrez «mascota», lo que hizo que Cambio Radical, partido que pidió una retractación pública y consideró el término como ofensivo, reaccionara. El episodio también resalta nuevamente el peso político que había detrás de Gutiérrez, quien entró al Congreso gracias al apoyo del sector político de la casa Char en Barranquilla. En cambio, la derrota de Benavides dejó a su sector sin representación en la mesa directiva de la Comisión.

María Fernanda Cabal nuevamente criticó al Centro Democrático, ahora apoyando al representante Daniel Briceño y desafiando a aquellos que, a su juicio, buscan diluir la identidad política del partido. Cabal afirmó que “la izquierda requiere ciudadanos que dependan de ella” y una “derecha que se sienta avergonzada” para poder establecer su narrativa, al tiempo que defendió la noción de una derecha “sin inseguridades” y decidida en sus convicciones.

La declaración ocurre en el contexto de la separación de Cabal del Centro Democrático, el partido del que se alejó tras más de diez años y al que ha criticado por su dirección ideológica. La exsenadora ha sugerido la urgencia de crear una “Nueva Derecha”, mientras que en el uribismo continúan los desacuerdos sobre la identidad y el futuro que debe seguir la agrupación.

“He recibido la preocupación expresada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a la seguridad de sus magistrados. He dado instrucciones a la Policía Nacional y a la UNP (Unidad Nacional de Protección) para reforzar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar su protección».

Así lo anunció este miércoles en la noche el Presidente Abelardo De La Espriella en un me​nsaje publicado en su cuenta de X, en el cual envió un mensaje inequívoco: “Lo ​que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo. Quien se mete con la Corte, se mete con el Presidente de la República».

“En Colombia –sostuvo el Jefe de Estado–, nadie puede amenazar, intimidar o pretender doblegar a un magistrado o a un juez y creer que no habrá consecuencias. A quien lo intente le caerá todo el peso de la ley».

​“Sea quien sea que esté detrás de estas amenazas –Kiko Gómez o cualquier otro– será identificado, perseguido y llevado ante la justicia. Que quede claro cómo son las cosas con este Gobierno: las instituciones se respetan, a los jueces se les garantiza su independencia y la justicia no se intimida», advirtió el Presidente de la República.