Categoría: Política Nación

Comfacor volverá a cambiar de dirección mientras permanece bajo intervención administrativa total. La ministra del Trabajo y superintendente del Subsidio Familiar encargada, Natalia López Fuentes, oficializó la salida de Carlos Andrés Esquiaqui Rangel como director administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba.

La decisión quedó consignada en la Resolución 0684 de 2026, que dio por terminada la designación de Esquiaqui, quien ocupaba el cargo desde el 31 de julio de 2025. Su retiro se produce en un momento de malestar en la Superintendencia por su continuidad al frente de la entidad.

Mientras se define el relevo, la dirección administrativa y la representación legal de Comfacor quedarán temporalmente a cargo de quien ejerza la suplencia. En las próximas horas se espera la confirmación de Yolima Botia Galván como directora administrativa encargada.

López Fuentes señaló que el Gobierno avanza en la reorganización de las cajas de compensación intervenidas y reiteró que la prioridad es proteger los recursos de los trabajadores y garantizar un manejo transparente y responsable.

El diálogo sobre el Presupuesto Nacional para el año 2027 se retrasa nuevamente. Un comunicado interno de la Cuarta Comisión de la Cámara de Representantes verifica que se ha anulado la reunión conjunta de las comisiones económicas tres y cuatro del Senado y la Cámara, que se había planeado para este jueves 3 de septiembre a las 8:00 a. m.

La suspensión se da tras el intenso impacto que se vivió este miércoles, cuando legisladores de diversas agrupaciones se retiraron de la conversación debido a la falta de varios secretarios del Gobierno de Abelardo De la Espriella. Con el plan estimado en $634,9 billones y una fecha límite hasta el 15 de septiembre para determinar su cantidad, este nuevo retraso incrementa la presión sobre la administración y el legislativo para aclarar cómo se cubrirán los gastos del año entrante.

Gustavo Petro asombró al exhibir una imagen junto a la líder de México, Claudia Sheinbaum, durante su estadía en Ciudad de México, donde ha realizado su primer compromiso internacional tras finalizar su mandato como presidente de Colombia. Este encuentro es particularmente significativo, ya que, antes de que él viajara, Sheinbaum había indicado que no planeaba encontrarse con el exjefe de Estado y que tampoco había recibido una solicitud oficial para llevar a cabo dicha reunión.

Petro se trasladó a México del 30 de agosto al 2 de septiembre, con un plan que al principio se mostró como académico y vinculado a su papel en la UNAM. En el transcurso de su visita, también ha realizado labores políticas y editoriales, y su reunión con Sheinbaum lo coloca nuevamente en el ámbito internacional solo unas semanas tras abandonar la Casa de Nariño. Este encuentro se da, además, en el contexto de sus recientes declaraciones sobre la política en América Latina y su deseo de seguir participando en el debate político en Colombia.

La agrupación del Partido Conservador, encabezada por la senadora Nadia Blel, ha puesto en marcha una iniciativa legislativa que pretende aumentar las penas por homicidio intencional y ciertos crímenes sexuales contra niños y adolescentes hasta un máximo de 100 años de cárcel. La justificación de esta propuesta se basa en el creciente índice de violencia hacia los menores: los datos mencionados por los parlamentarios indican que 660 menores perdieron la vida en Colombia en 2025, mientras que Medicina Legal llevó a cabo más de 16. 500 evaluaciones vinculadas a supuestos delitos sexuales.

La propuesta, no obstante, se encuentra con una barrera fundamental en la Constitución. En Colombia, el artículo 34 establece la prohibición de la prisión perpetua, mientras que la pena más severa actualmente es de 50 años por un solo crimen y puede extenderse a 60 años en ciertos casos de acumulación de delitos. Por esta razón, una sentencia de 100 años podría ser objetada legalmente, ya que se consideraría, en la práctica, como una forma de prisión perpetua. El proyecto necesitará atravesar el debate en el Congreso y también someterse a un examen sobre su conformidad con la Constitución.

El presidente Abelardo De la Espriella nombró a Ilva Myriam Hoyos Castañeda como la nueva ministra de Educación Nacional, tras la renuncia irrevocable de Viviane Morales al puesto por razones personales. El jefe de Estado enfatizó la experiencia, el carácter y la defensa de valores de Hoyos, y le confirió la tarea de liderar una de las carteras más significativas del Gobierno.

Hoyos se graduó en Derecho en la Universidad del Rosario y obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra. También tiene una amplia trayectoria como procuradora delegada en temas relacionados con la Infancia, la Adolescencia y la Familia, así como en el sector educativo. Su incorporación al Ministerio indica una transformación en el equipo de De la Espriella y presenta el desafío de establecer la dirección de las políticas educativas del Gobierno en los años venideros.

En una carta dirigida al presidente de la República de Colombia, Abelardo De La Espriella, la hasta ahora ministra de educación, Viviane Morales Hoyos, presentó su renuncia irrevocable al cargo. En el documento, fechado el 31 de agosto en Bogotá, la funcionaria expresó que desde el pasado siete de agosto ha acompañado al mandatario como ministra de educación, dedicando todas sus fuerzas a la tarea encomendada, la cual aceptó «consciente del significado insustituible de la educación en la construcción de la ‘Patria Milagro'».

​Citando el proverbio de que «El hombre hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor», la exministra explicó que comprende profundamente estas palabras debido a una situación familiar inesperada que «reclama mi presencia y toda mi atención de manera inmediata».

Esta circunstancia hace imposible cumplir con la dedicación que exige la responsabilidad confiada, obligándola a presentar su dimisión efectiva a partir del próximo siete de septiembre. Finalmente, la firmante manifestó sentir «una gran nostalgia al dejar de ser parte del extraordinario equipo que bajo su liderazgo empieza a construir la ‘Patria Milagro'» y concluyó asegurando que su oración los acompañará diariamente.

Ante la Procuraduría General de la Nación se radicó una solicitud formal de investigación disciplinaria en contra de la senadora Isabel Cristina Zuleta, impulsada por la concejal de Bogotá Sandra Forero. La acción legal surge luego de que la congresista afirmara en un evento público en el Magdalena que Gustavo Petro continúa siendo el mandatario de los colombianos y calificara de fraudulentos los comicios que dieron la victoria a Abelardo De La Espriella. La peticionaria argumenta que, debido a su investidura, la legisladora debe someterse estrictamente al régimen ético y disciplinario del Congreso, por lo que solicitó que sus polémicas declaraciones sean evaluadas judicialmente para esclarecer si configuran una falta pasible de sanción.

En desarrollo se encuentra la audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio culposo contra cuatro personas vinculadas a las presuntas fallas institucionales y médicas que rodearon el fallecimiento del menor Kevin Acosta, un paciente diagnosticado con hemofilia.

La diligencia judicial busca esclarecer las responsabilidades penales frente a la aparente negligencia en el suministro oportuno de medicamentos y en la prestación del servicio de salud por parte de la Nueva EPS.

Entre los procesados figuran Luis Óscar Galves Mateus, quien se desempeñaba como interventor de la entidad prestadora de salud; el médico hematólogo Nelson Ramírez Plazas; y las funcionarias administrativas Jessika Paola Triana y Diana Marcela Caballero Arias.

El caso ha generado atención nacional al poner bajo la lupa judicial las barreras administrativas y la omisión de protocolos médicos que, según las indagaciones preliminares, habrían desencadenado el fatal desenlace del menor.

Digno José Palomino Rodríguez y Aldair Enrique Montenegro Mejía, señalados cabecillas de la organización delincuencial «Los Pepes» con injerencia en Barranquilla y su área metropolitana, ratificaron de manera pública y formal su intención de someterse a la justicia colombiana. La manifestación fue radicada a través de una carta enviada desde el centro penitenciario Picaleña de Ibagué, donde permanecen privados de la libertad, dirigida al presidente Abelardo De la Espriella Otero y a las autoridades judiciales competentes.

En el documento, los procesados manifestaron su disposición libre y voluntaria de someterse al ordenamiento jurídico, responder por los delitos atribuidos a su estructura —como extorsiones y homicidios— y contribuir al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. Asimismo, hicieron un llamado a las instituciones para que evalúen los mecanismos legales necesarios dentro del marco constitucional vigente que permitan consolidar un proceso de justicia restaurativa y el abandono definitivo de la violencia en el departamento del Atlántico.

El Partido de la U se declaró oficial y formalmente como partido de gobierno para el periodo presidencial 2026-2030, según anunció la colectividad a través de un comunicado oficial tras una reunión conjunta de sus bancadas en el Senado y la Cámara de Representantes.

Con esta decisión, la colectividad busca reafirmar su compromiso con la gobernabilidad, la estabilidad institucional y el trabajo en equipo para impulsar las reformas y transformaciones necesarias para el país. El partido manifestó que ejercerá esta postura respaldando las iniciativas legislativas enfocadas en el desarrollo nacional, el crecimiento económico, la recuperación de la seguridad, la reconstrucción del sistema de salud y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.