Categoría: Política Nación

Después de visitar 56 tiendas Olímpica, entre supermercados, supertiendas y droguerías, y 5 centros de distribución, la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo reportó presunta tercerización sistémica e intermediación laboral ilegal, peligro inminente para la salud y seguridad, y baja aplicación de los mecanismos de prevención y participación.

​El titular de la cartera, Antonio Sanguino Páez, y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspecciones (e), Sandra Muñoz, explicaron al país los principales hallazgos y conclusiones de las inspecciones a las Supertiendas Olímpicas.

Las inspecciones se realizaron a 60 establecimientos de los supermercados, supertiendas y droguerías en el país, en respuesta a más de 50 denuncias.

“Los resultados revelan hallazgos críticos de incumplimientos en obligaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, y problemas en espacios físicos y de infraestructuras en las tiendas», indicó el ministro Sanguino.

“Es un ejercicio que hicimos de manera simultánea a lo largo y ancho del país, y en este caso con Olímpica. Lo que origina está acción son las quejas o querellas interpuestas en 16 de nuestras direcciones territoriales. A esta entidad le corresponde garantizar los derechos de los trabajadores y que nuestro aparato productivo y las dinámicas económicas en todos los terrenos y sectores se fundamenten en el trabajo digno y decente», señaló el titular de la cartera laboral.

Y agregó: “Por estas razones estamos fortaleciendo nuestra inspección, vigilancia y control, y como resultado de la reforma laboral que le da más dientes y exige mayor capacidad en materia de control y de derechos de los trabajadores».

“Estas inspecciones dan mérito y continuarán con investigaciones administrativas que darán lugar a planes de mejoramiento que se concertarán para que los hallazgos puedan ser subsanados y se garanticen mejores condiciones», informó.

​Evid​encias
Según el comunicado de prensa del Ministerio, “los inspectores de trabajo evidenciaron que la contratación presenta indicios de intermediación laboral ilegal, estrategia que comúnmente se usa para enmascarar verdaderas relaciones laborales, contratando a través de otras empresas intermediadoras el personal que debería ser contratado de manera directa; adicionalmente, preocupan las extensas jornadas de trabajo de hasta 10 horas, sin el debido registro y reconocimiento de horas extras».

El informe destaca que “los inspectores encontraron deficiencias críticas en infraestructura, ergonomía y seguridad y salud en el trabajo (riesgo eléctrico, falta de equipos de protección personal y equipos inseguros, entre otros), que representan un peligro continuo e inaceptable para la integridad física y la salud de los trabajadores, así como la falta de mecanismos de participación y prevención».

“La falta de capacitación, la ausencia de brigadas y el desconocimiento de los protocolos de emergencia demuestran un grave incumplimiento en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo», precisó la viceministra de Relaciones Laborales (e), Sandra Muñoz.

El Mintrabajo indicó que los hallazgos “no son incidentes aislados, sino que configuran un patrón de precarización y negligencia que parece ser sistémico en la operación de supermercados Olímpica a nivel nacional, requiriendo una intervención prioritaria por parte del Ministerio».

“En seguridad y salud en el trabajo, se comprobó que la señalización de seguridad es deficiente y no se identifica un responsable visible del sistema de gestión en este tema en las tiendas. Hay ausencia de brigadas de emergencia, puestos de trabajo no ergonómicos, dotación incompleta y falta de espacios seguros para la toma de alimentos y descanso», puntualizó la cartera laboral.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que en el municipio de La Estrella, fue capturada por el Ejército y la Fiscalía, alias Sara, presunta cabecilla de las disidencias de las Farc y compañera sentimental de alias Ramiro, cabecilla del frente 18, por quien la Gobernación de Antioquia ofrece hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita su captura.

Alias Sara y alias Ramiro ya habían sido capturados en julio de 2024, en la caravana de camionetas de la UNP, en la vereda Porcesito del municipio de Santo Domingo. Pero la Fiscal General los dejó en libertad, como a alias Calarcá, señaló el mandatario.

«Esta mujer, según información de las autoridades, llevaba 8 años en las disidencias de las Farc y estaría vinculada a labores de inteligencia y cobro de extorsiones.

Hay que seguir arreciando con operaciones en contra de estos criminales para que los arrinconen y nos devuelvan la tranquilidad a los Antioqueños» puntualizó el gobernador de Antioquia

Alfredo Saade, exjefe de Despacho de la Presidencia de la República, ha lanzado duras acusaciones contra el ministro del Interior, Armando Benedetti y Laura Sarabia, tras ser suspendido provisionalmente por tres meses por la Procuraduría General de la Nación.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Saade respondió a la negación de Benedetti sobre su influencia en la sanción, y afirmó que el crimen «estaría vinculado a disputas entre esmeralderos» por lo que los habría «secuestrado». Saade aseguró que se lanzará como candidato presidencial para «liberar a Petro de las garras perversas que lo mantienen preso y no le han permitido desarrollar su programa de Gobierno».

Saade sugirió una posible instrumentalización de la Procuraduría, cuestionando si la sanción se debe a un presunto negocio de pasaportes que él habría «quitado» y si el esposo de Laura Sarabia, quien trabaja en la entidad, intervino. «El procurador me saca del lado del presidente Petro por orden de Benedetti y sus secuaces? ¿A qué le temen?», escribió.

El exfuncionario denunció la violación de su debido proceso y afirmó que, junto a sus abogados, llevará el caso «hasta las últimas instancias», asegurando que «todo saldrá a la luz».

La Interpol emitió una circular amarilla con los datos de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá, Cundinamarca, desde el pasado 12 de agosto. La notificación amarilla es una alerta policial a nivel mundial para ayudar a localizar personas desaparecidas.

Desde el pasado martes 12 de agosto se conoció la desaparición de la niña Valeria Afanador Cárdenas en Cajicá.
Desde entonces la ciudadanía ha posteado la foto de la niña para dar con su paradero, puesto que ese día se encontraba en el colegio en zona rural de Cajicá y que quedaría cerca a un tramo del río Frío.
Las autoridades han desplegado todo el trabajo con personas y búsqueda en el río, además de tener material fílmico en las cámaras de la zona para saber qué pasó con la niña que ya completa 8 días sin regresar a su hogar.
No vamos a escatimar recursos ni personal: todo nuestro equipo especializado está en terreno, acuartelado en primer grado, con la determinación de encontrar a la menor en las próximas horas”, afirmó el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, quien recorrió un tramo del río Frío cercano al punto donde las cámaras registraron su última ubicación.
Rey y la alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, anunciaron el aumento de la recompensa de $20 a $50 millones para quien aporte información verificada que permita ubicar a la niña Valeria Afanador, vista por última vez en las inmediaciones de su colegio el pasado lunes.
Con información del Sistema de Medios Públicos

La Federación Nacional de Departamentos señaló en un comunicado, que los
gobernadores de Colombia, en una sola voz, rechazan decisiones del Gobierno nacional que vulneran la autonomía territorial.

«No se puede gobernar con decretos y resoluciones que desconocen la ley y los Planes Departamentales de Desarrollo, desvían los recursos, frenan la inversión y limitan la gobernanza» señala el comunicado.

Entre los puntos más críticos, los mandatarios denunciaron que un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP) bloquea la ejecución de 28,4 billones de pesos del Sistema General de Regalías, al impedir que los proyectos de inversión contemplen gastos de legalización y tributos asociados, lo que compromete su viabilidad financiera.

De igual forma, cuestionaron el artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, que —según advirtieron— amenaza la estabilidad laboral de profesionales del sector al impedir financiar cargos de planta en las secretarías departamentales con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Para los gobernadores, esta medida contradice la reciente reforma laboral que busca formalizar y dignificar el trabajo en salud.

La senadora y exalcaldesa de Bogotá, Clara López Obregón, ha confirmado su candidatura presidencial para las elecciones de 2026. Su campaña se enfocará en defender el legado y los avances del gobierno de Gustavo Petro, con miras a consolidar un gran frente progresista.

López, quien competirá bajo el movimiento ‘Unitarios’, elogió la gestión de Petro, señalando que «le cambió el imaginario al país» al instalar en la agenda pública temas cruciales como la equidad social, la inclusión y la reforma estructural.

Aunque forma parte del Pacto Histórico en el Senado, López aclaró que no participará en la consulta interna de esa coalición en octubre. La razón, según explicó, es que no todos los partidos que apoyaron a Petro fueron incluidos en la nueva estructura del movimiento.

En su lugar, su movimiento buscará unirse a una consulta interpartidista en marzo. La exministra espera unir fuerzas con sectores como el Liberalismo progresista y los verdes para construir un Frente Amplio y una candidatura única que represente a toda la izquierda y la socialdemocracia colombiana.

La aspirante presidencial reiteró que su principal objetivo es dar continuidad a la agenda social de Petro. Para ella, el actual gobierno ha marcado un «viraje hacia lo social», el cual considera fundamental para garantizar la cohesión y la estabilidad democrática del país.

Entre los logros que defenderá su campaña, López destacó la reforma agraria en curso, el impulso a la soberanía alimentaria y la entrega de 600 mil hectáreas de tierra a campesinos. La senadora afirmó que estos avances deben ser complementados con políticas que transformen al campo colombiano en un motor de desarrollo.

Entre la condena en primera instancia, las exequias de Miguel Uribe y tras recuperar su libertad, Álvaro Uribe busca desesperadamente un quinto precandidato (a) presidencial para que acompañe a los 4 actuales en la encuesta del Centro Democrático que definirá el candidato (a).
La encuesta del Centro Nacional de Consultoría contratada por la revista Semana cuyo resultado dice que el 39,5% de los colombianos votará en la consulta del Pacto Histórico, debe tener preocupado al expresidente y a todo los sectores de la derecha.

Uribe sabe que con los 4 precandidatos actuales del Centro Democrático (Cabal, Holguín, Valencia y Guerra) son pocas las posibilidades electorales, y de ahí su angustia por buscar un 5 candidato bajo el legado del precandidato asesinado, Miguel Uribe Turbay.

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe (qepd) tiene la llave para abrirle la puerta a otro candidato (a). Las posibilidades se limitan a estos nombres: el mismo Miguel Uribe Londoño, Carolina Hoyos (hermana de Miguel), María Claudia Tarazona (esposa) y Andrés Forero, representante (fue la fórmula de Miguel)
El tiempo apremia y Álvaro Uribe busca desesperado su quinto candidato (a)

​​​​La Procuraduría General de la Nación ordenó suspender provisionalmente del cargo a Alfredo Rafael Saade Vergel, quien se desempeña como Jefe de Despacho Presidencial. ​

La determinación de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría , desencadenada por el tema de los pasaportes, se da, en principio, por un término de tres meses.

Contra Saade Vergel, el Ministerio Público el pasado 9 de julio ya había aperturado investigación disciplinaria, medida que también cobijó a los excancilleres, Luis Gilberto Murillo Urrutia, y Laura Camila Sarabia Torres.

El ente de control investiga presuntas conductas indebidas que Alfredo Saade habría asumido para presionar la firma del convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes.

La decisión de la Procuraduría solicita al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que proceda a hacer efectiva esta medida.

El Tribunal Superior de Bogotá ha amparado la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y al mismo tiempo, emitió un fuerte regaño a la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda.

El Tribunal cuestionó la argumentación utilizada para la condena de 12 años de prisión y la orden de detención inmediata que mantuvo a Uribe recluido por 18 días.

En un fallo de 38 páginas, los magistrados calificaron los argumentos de la jueza como “vagos, subjetivos e imprecisos”, y señalaron que violaron la presunción de inocencia del exmandatario. La decisión subraya que la jueza basó su fallo en la personalidad del expresidente en lugar de justificar adecuadamente el riesgo de fuga, a pesar de que Uribe siempre asistió a las audiencias.

El Tribunal también criticó los criterios de la jueza para justificar la detención, como «la percepción ciudadana» y «el efecto ejemplarizante», considerándolos «desatinados». Los magistrados afirmaron que es «ininteligible» cómo la privación de la libertad de Uribe sería necesaria para la «convivencia pacífica y el orden social».

En Colombia no estamos en un caos en materia de seguridad, como quieren hacer ver», aseguró el presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros de este lunes en la Casa de Nariño.

El mandatario mostró los resultados de la tasa de homicidios del último año en el país, con base en cifras oficiales del Ministerio de Defensa. “Tenemos una Colombia profundamente pacífica», dijo al referirse al descenso que ha tenido la tasa de homicidio por cada cien mil habitantes.

De acuerdo con el análisis, 491 municipios del país (44% del total) está por debajo de la tasa mundial de homicidios, que está en 6,2 por cada cien mil habitantes. Al igual que siete ciudades (22% del total).

El estudio del Ministerio de Defensa muestra que las tres ciudades que más redujeron la tasa de homicidios en el último año (al comparar año corrido del primero de enero al 16 de agosto de 2024 frente al mismo periodo de 2025) fueron: Montería que redujo -63%, Arauca -58% e Inírida -50%.

Otras capitales con reducciones importantes en este indicador fueron, en el mismo lapso: Florencia -46%, Tunja -33%, Quibdó -29%, Leticia y Santa Marta -19%, Valledupar -14% y Cartagena -11%.

Mientras tanto, las ciudades que más incrementaron la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en el periodo de estudio fueron: San José del Guaviare, que creció +250%, Pereira +149%, Yopal que aumentó +107%, Mitú +100% y Manizales +57%.

Otros resultados que destacó el presidente Petro fueron los de Medellín, donde la variación en este indicador creció en +19% en el último año, y Armenia +18%, mientras que Villavicencio creció +27% en homicidios y Mocoa +33%.

Entre las grandes ciudades que presentaron una variación menor fueron: Bogotá, que creció +4%, Barranquilla y Pasto +5% cada una, Cali +7% y Popayán y Cúcuta, que crecieron +8% cada una, mientras que Neiva creció +10%.

​Reducció​n histórica de tres veces
En otro cuadro comparativo, el mandatario explicó que mientras en 1991 la tasa de homicidios era de 84 por cada cien mil habitantes, entre ese año y 2002 se elevó a 73 homicidios por cada cien mil, mientras que entre 2023 y 2024 se ubicó en 26 homicidios por cada cien mil, es decir, una reducción del 300% en las últimas dos décadas y media.

“Es decir, mal que bien, desde 2002 Colombia empezó a tumbar la tasa de homicidios hasta ahora, salvo el año 2021 que fue de 25 por cien mil, justo en la época del covid, porque la gente no podía salir a la calle; entonces la oportunidad de matarse disminuyó. Pero subieron los feminicidios en pandemia porque el macho, desesperado porque no podía salir a la calle, mataba a la mujer, y porque la mujer no podía escapar, y porque dependía económicamente», explicó el jefe de Estado.