Categoría: Política Nación

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, reunida hoy en sesión ordinaria, eligió a la abogada Adriana Consuelo López Martínez como magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

Con la elección de la doctora López Martínez queda completa la Corte Suprema de Justicia integrada por 23 magistrados.

La nueva integrante de la corporación es abogada de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Seguros de la Universidad Externado de Colombia.

Tiene una amplia experiencia académica siendo docente en derecho procesal civil especial en la Universidad Javeriana.

Es autora de varias publicaciones académicas como: la acción de competencia desleal y prueba por declaración de parte.

Igualmente, ha ocupado cargos de árbitro internacional y árbitro- especialidades de asegurador y comercial en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, socia única, fundadora y directora de López abogados S.A.S, y personera auxiliar de la Personería de Bogotá. Hizo parte de reconocidos despachos de abogados del país.

• Las corresponsabilidades son un compromiso que asume el hogar vinculado al programa, para incentivar la autogestión en la generación de competencias y capacidades.

• Se deben cumplir con las corresponsabilidades en educación y salud en los diferentes ciclos de entrega de la transferencia monetarias.

Prosperidad Social inició la verificación del cumplimiento de las corresponsabilidades por parte de los hogares beneficiarios de Renta Ciudadana: son compromisos que los participantes deben cumplir para seguir recibiendo las transferencias monetarias.

Los hogares se comprometen a cumplir condiciones en salud, educación y participación comunitaria. Están estipuladas en el acta de compromiso firmada al ingresar al programa, y son obligatorias para acceder al pago de la transferencia monetaria.
El programa realiza procesos de verificación durante todo el año. Sin embargo, en los ciclos 2, 4 y 6, que son condicionados, los integrantes del hogar deben acreditar que han cumplido con las condiciones establecidas por Prosperidad Social.

En los demás ciclos (1, 3 y 5) se revisan casos de hogares que no pasaron la verificación anterior y que quedaron en estado de seguimiento.
Si, tras la verificación, un hogar no cumple con las corresponsabilidades, no se le liquidará la transferencia correspondiente a ese ciclo.

*¿Cuáles son las corresponsabilidades en salud?*

• Tener el esquema de vacunación completo de los niños y las niñas
menores de 6 años.
• Asegurar que los niños y las niñas menores de 6 años y las personas con discapacidad que requieran cuidador reciban al menos dos atenciones en salud al año.
• Verificar que todos los miembros estén asegurados en salud en una EPS oficial.
• ⁠Mantener actualizada la información de afiliación al sistema de salud.

*Importante:* para este periodo, es obligatorio que los niños menores de 6 años tengan su esquema de vacunación completo y las atenciones en salud.

*¿Cuáles son las corresponsabilidades en educación?*
• Garantizar la matrícula y asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a sus clases.
• Participar en las actividades promovidas por la administración municipal (como jornadas de salud o limpieza).
• Asistir a los encuentros comunitarios organizados por Prosperidad Social.

El Consejo de Estado rechazó una demanda de pérdida de investidura contra 28 congresistas del Pacto Histórico, entre ellos la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, presentada por un ciudadano que argumentaba que habían incurrido en un conflicto de intereses al impulsar un artículo de la reforma política que eliminaba sanciones por violación de topes electorales.

Sin embargo, el tribunal concluyó que no había evidencia de beneficio particular para los congresistas o sus allegados, y que la modificación propuesta no afectaba investigaciones en curso contra ellos.

“No puede admitirse la prevalencia de un supuesto beneficio que obligara a la declaración de impedimento, pues en tal circunstancia podrían estar involucrados no solamente los aquí encausados sino los demás parlamentarios lo que, eventualmente, afectaría el cuórum requerido para emprender reformas de este tipo”, indicó la sentencia.

Asimismo, el Consejo de Estado determinó que no había pruebas de esas presuntas inhabilidades.

“En suma, la Sala considera que no se configuró el elemento objetivo de la causal de conflicto de intereses y, en consecuencia, se releva de estudiar el elemento subjetivo; por ende, no es necesario entrar a determinar si la conducta reprochada fue gravemente culposa o dolosa. Así las cosas, la Sala negará las pretensiones de la solicitud en relación con los congresistas acusados», indicó la corporación.

La decisión del Consejo de Estado se basó en el análisis de la sentencia, que determinó que la modificación propuesta no tenía un impacto directo en investigaciones o procesos en curso contra los congresistas acusados o sus allegados cercanos.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó al general (r) Rodolfo Bautista Palomino López por su intervención indebida en una investigación penal.

El tribunal lo encontró responsable de intentar alterar el curso natural del proceso para evitar la captura del empresario y exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba , Luis Gonzalo Gallo, quien enfrentaba cargos por despojo de tierras.

Fue así como el 8 de febrero de 2014, Palomino se trasladó en compañía del entonces director de la Dijín, mayor Jorge Enrique Rodríguez Peralta, a la residencia de la fiscal Sonia Lucero Velásquez, “donde le solicitó suspender la orden de captura contra el ciudadano Luis Gonzalo Gallo Restrepo”, invocando “la importancia social del investigado y sus vínculos con altos dirigentes”.

Dicha reunión fue grabada por esa fiscal, quien usó el celular de su hija porque «previó la posibilidad de una actuación irregular», indica el documento.

Por ahora el alto tribunal no ordenará su captura y lo definirá al momento de tasar la condena.

En medio de la conmoción nacional por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, el representante a la Cámara Julio César Triana denunció haber sido víctima de un atentado armado mientras se desplazaba por el municipio de La Plata, Huila. Según relató en 6AM, varios hombres, presuntamente integrantes de grupos armados ilegales, abrieron fuego contra su vehículo con fusiles, en un ataque que describió como “la proximidad que más he tenido con la muerte”.

Triana aseguró que, a pesar de haber solicitado acompañamiento de la Fuerza Pública, se movilizaba por una vía solitaria cuando aproximadamente seis o siete atacantes lo interceptaron. Señaló que sus constantes denuncias contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’, a quienes responsabiliza del incremento del reclutamiento forzado en el Huila, podrían estar detrás del atentado.

El congresista alertó sobre un aumento del 300% en los casos de reclutamiento infantil en la región, con 43 menores ya víctimas de este flagelo en La Plata, y advirtió que la zona vive un recrudecimiento de la violencia que amenaza con sabotear el proceso electoral de 2026. “No es posible que en un territorio turístico y folclórico, uno termine evacuado como si fuera una zona de guerra”, lamentó. Vía:caracol.com

Más de 400 hectáreas de bienes de uso público ubicadas en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, en Córdoba, que durante décadas fueron explotadas por terratenientes y ganaderos, fueron recuperadas por la Agencia Nacional de Tierras ─ANT─, en operativos realizados en coordinación con la Policía Nacional.

Las acciones, lideradas por el equipo de Procesos Agrarios de la Agencia, se concentraron en siete predios baldíos ubicados en los municipios de Lorica, Cotorra, Chimá, Purísima y Montería, que estaban siendo explotados de manera indebida por privados, causando afectaciones al ecosistema del complejo cenagoso.

Entre ellas se encuentran la alteración del flujo hídrico por el cierre de corrientes de agua y la construcción de terraplenes; la desecación parcial de áreas cenagosas, reduciendo hábitats esenciales para peces, aves y otras especies; la compactación y degradación del suelo por la ganadería intensiva, especialmente de búfalos; la pérdida de biodiversidad, y la disminución de la capacidad de regulación ambiental de la ciénaga, lo que impacta el control de inundaciones y la filtración natural del agua.

Ricardo Romero, subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, afirmó que la voluntad del Gobierno del presidente Gustavo Petro es avanzar con celeridad en la recuperación de estos bienes baldíos, en especial en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, donde se reconstruyó el deslinde establecido desde finales de los años 80.

“Lo que hicieron los ganaderos y terratenientes de la región fue sustraer la cartografía para apropiarse de predios de la Nación. Hemos recuperado otras 400 hectáreas de bienes de uso público en los municipios de Lorica, Cotorra, Chimá, Purísima y Montería. Con las acciones de Procesos Agrarios de la ANT corregimos tenencias irregulares de bienes del Estado para ponerlos al servicio de los campesinos y avanzar en la Reforma Agraria Integral”, puntualizó Romero.

Durante las aprehensiones materiales se comprobó que los ocupantes ilegales manipularon la cartografía para apropiarse de bienes públicos, bloquearon corrientes de agua y levantaron terraplenes con el fin de desecar la Ciénaga, además de implementar ganadería de búfalos, acciones que provocaron un serio deterioro ambiental.

Predios recuperados en Lorica, Córdoba

• La Finca, de 37 hectáreas.
Se encontró un conflicto socio económico entre quien tenía aprovechamiento del baldío y los cultivadores que la trabajaban y se determinó incluirlos en la administración del predio como gestores con derechos sobre la tierra y sus beneficios; así mismo, se determinó revertir las adecuaciones ilegales en la ciénaga y establecer un plan de manejo comunitario que priorice su conservación en acompañamiento con la autoridad ambiental de la región.

• El Guamo, de 123 hectáreas.
La mayor parte del predio permanece bajo agua, y la administración de las áreas donde se encuentran las viviendas fue entregada a campesinos de la comunidad del corregimiento La Peinada.

En Cotorra, Córdoba

• Predio Dan Lengua, 55 hectáreas.
En el predio se encontraron cultivos de maíz con la participación de 2 asociaciones campesinas a las que se le otorgó plazo de 4 meses para el aprovechamiento de la cosecha.

En Chimá, Córdoba

• Predio La Trinchera, 62 hectáreas.
Este predio era aprovechado por un reconocido ganadero de la región que criaba ganado de lidia.

En Purísima, Córdoba

• Predio Villa Hilda, 48 hectáreas.
En Montería, Córdoba
• El Deseo, 115 hectáreas. Este predio fue entregado de manera voluntaria por sus ocupantes y la Agencia Nacional de Tierras lo destinó a la Fundación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) para el desarrollo de proyectos productivos.
Asimismo, el equipo de Procesos Agrarios realizó la inspección de los predios San Rafael y La Leyenda, en Lorica, recuperados hace cuatro meses.

Durante la visita, se constató que el primero permanece inundado por las aguas de la ciénaga, mientras que sobre el segundo existe una solicitud en trámite por parte de campesinos para que se les otorgue su uso y aprovechamiento.

Con la recuperación de esto siete predios baldíos, la Agencia Nacional de Tierras ratifica que los bienes públicos son inalienables y deben permanecer al servicio del interés colectivo. La defensa de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú es también la defensa de la vida, del agua y de la soberanía alimentaria. Estos predios hoy regresan a la Nación para fortalecer la Reforma Agraria, beneficiar a las comunidades campesinas y proteger un ecosistema clave para Córdoba y el país.

La designación de Angélica Verbel López como viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa ha generado debates debido a su corta experiencia profesional y su reciente graduación como abogada en 2023.

Verbel se ha desempeñado como enlace regional en Córdoba del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar así como actividades en empresas del sector privado y organizaciones, como la Federación Nacional de Departamentos y el Diario La Piragua, según se lee en su hoja de vida que está publicada en la página del Ministerio de Defensa. Acumulando una breve experiencia profesional como funcionaria de un año y siete meses.

Además ha participado en política, incluso como candidata a la Gobernación de Córdoba. Su nombramiento ha sido cuestionado por algunos sectores que consideran que no cuenta con la experiencia necesaria para el cargo.

No obstante en la trayectoria académica que se describe en la hoja de vida publicada por la cartera el 8 de agosto de 2025, aparecen tres programas académicos; dos de ellos ya culminados y otro en curso. Se trata de su carrera de Derecho, con 10 semestres aprobados, que culminó en el 2023, una especialización en Derecho Constitucional, finalizada en el mismo año, con 2 semestres aprobados y una maestría en Gobierno y Políticas públicas, con 3 semestres aprobados, pero que no se ha finalizado.

Un general en retiro explicó a Revista Semana que “bajo su control está la dirección logística. Es allí donde todos los departamentos de planeación de las fuerzas deben presentar sus necesidades. Si se necesita un fusil hasta un helicóptero, es esta quien determina la viabilidad de la asignación presupuestal. En este Viceministerio se trazan todas las políticas públicas que rigen la estrategia militar para derrotar las amenazas”.

El exviceministro de Defensa, Gustavo Niño, citado por el medio, expresó una fuerte preocupación, al señalar “que una persona que no tenga la experiencia ni el conocimiento académico esté en el Viceministerio más importante, que es el de Estrategia y Planeación, en donde se coordina el presupuesto de cada una de nuestras fuerzas, la estrategia militar no completa y en donde se definen todas las capacidades de las fuerzas, que no tenga la experiencia, nos pone en una debilidad institucional gigante ante una amenaza clara que tenemos con el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo”.

El nombramiento de Verbel López, que es, además, una férrea defensora de Gustavo Petro, fue en reemplazó a Luis Edmundo Suárez Soto, que contaba con estudios en derecho y economía de la Universidad de los Andes, derecho administrativo de la Universidad del Rosario y una maestría en ciberseguridad y ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra.

«Las investigaciones continúan para lograr la identificación y judicialización de los determinadores y otros implicados en el crimen».

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado consumado a cuatro de los presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, perpetrado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Un fiscal especializado de la Seccional Bogotá hizo una adición a la formulación de cargos realizada inicialmente por homicidio agravado en grado de tentativa, en el entendido de que para el momento de las diligencias judiciales el congresista se encontraba en una clínica en estado crítico.

Los imputados son: Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz, alias El Hermano.
A estos dos últimos, en atención a nuevos elementos materiales probatorios obtenidos, también les fue adicionado el delito de concierto para delinquir agravado.

En el curso de la investigación se ha conocido que Arteaga Hernández habría coordinado las acciones previas y posteriores del atentado, contactado a los demás involucrados y entregado al adolescente infractor el arma de fuego usada para atentar contra el senador Uribe Turbay.

Entre tanto, González Cruz es señalado de participar en las reuniones de planeación del ataque, las actividades de reconocimiento del lugar en el que se ejecutó el crimen y la selección del menor de edad que disparó. Asimismo, se le atribuye haber ayudado a escapar a otros involucrados el día de los hechos y vendido uno de los celulares utilizados paraorientar la acción criminal.

Martínez Martínez presuntamente asistió a encuentros previos en los que se definieron los roles delictivos de los demás implicados en el atentado y trasladó el arma de fuego que fue entregada al adolescente infractor; mientras que González Ardila, a bordo de una motocicleta, se habría ubicado en inmediaciones del parque El Golfito para esperar al joven que disparó y garantizar su huida.

Estas cuatro personas están vinculadas formalmente, de acuerdo con su posible responsabilidad en el magnicidio, por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para la comisión de delitos;ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todos permanecen privados de la libertad.

En los próximos días, se adicionará el delito de homicidio agravado a Carlos Eduardo Mora González.

Este miércoles 13 de agosto, el presidente Gustavo Petro reaccionó al discurso de Álvaro Uribe Vélez, expresado a través de Gabriel Vallejo en el homenaje a Miguel Uribe Turbay.

En su cuenta de X el jefe de Estado manifestó que , » Álvaro Uribe esta lleno de veneno, desconoce el genocidio de la UP y la participación del estado en él».

A renglón seguido, Petro dijo » Incluso que hoy hace 26 años asesinaron a Jaime Garzón por instigación de un asesor de su gobierno, y asigna como responsable al gobierno actual, cuando sabe que los indicios apuntan a los mismos que asesinaron a la UP. Ahora gente subjudice como antaño, marca la línea de la extrema derecha».

Las palabras del jefe de Estado surgieron luego de que en su discurso, leído por Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez hiciera referencia a la Unión Patriótica, partido político de izquierda que sufrió un exterminio sistemático.