Categoría: Política Nación

Los movimientos que siempre se dan en la Registraduría poca atención se les presta. A no ser que se esté en época electoral. Pero en los últimos días, y semanas, ha habido movidas de fichas políticas claves, tanto en la Registraduría de Montería, como en la Delegación Departamental.

En la Delegación del Estado Civil salieron los delegados departamentales Bernardo José Vega Vergara, cuota del senador Jhonny Besaile Fayad, del partido de ‘La U’; y Willington Antonio Cuesta Medrano, de la línea del senador Fabio Amín Saleme, del partido Liberal.

Los dos servidores públicos no estuvieron ni seis meses al frente de la mencionada entidad que tiene que ver con la identificación de ciudadanos y manejos de registros.

En uno de los cargos como delegado fue nombrado Rodolfo Rafael Esquivia Caballero, recomendado por el senador Marcos Daniel Pineda García y su cuñado el exdefensor Carlos Camargo Assís. Los dos pertenecen al partido Conservador.

En esas condiciones quedó faltando el nombramiento de uno de los delegados departamentos del Estado Civil. Pero como no hay mucho trabajo por estos tiempos en esa entidad, es probable que la designación se demore un poco.

Por los lados de la Registraduría Especial de Montería, también salieron los dos registradores. Se trata de Camilo Vital, del grupo político del presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calles Aguas.

El otro registrador especial que dejó la Registraduría fue Robin Larsen, del sector político de ‘La U’.

En la Registraduría quedó como encargada la funcionara de esa entidad Sadid Rocío Beltrán Narváez, quien se desempeña como técnico administrativo de la citada institución.

Trascendió que la salida de los dos delegados tuvo mucho que ver el acto de corrupción ocurrido en la Registraduría del municipio de Sahagún, hace más de un mes, donde fue descubierta una red que entregaba cédulas y registros civiles falsos a personas extranjeras.

En ese caso de Sahagún, estuvieron involucrados dos funcionarios, un hombre y una mujer, los cuales fueron capturados por investigadores que llegaron procedentes de Bogotá.

– Este segundo ciclo de entrega de la transferencia monetaria del programa irá hasta el 24 de julio.
– El programa abrirá un nuevo proceso de inscripciones, el próximo 20 de julio.

 El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar), anunció que el 11 de julio iniciará la entrega del segundo ciclo de pagos de Renta Joven. La entrega de la transferencia monetaria irá hasta el 25 de julio, según el calendario que acaba de definir la entidad.

El anuncio viene acompañado de otra buena noticia: el programa abrirá inscripciones, desde el próximo 20 de julio hasta octubre.

Sobre los pagos

La entidad definió el calendario de pagos para todo 2024:

• Primer ciclo: cumplido, del 26 de abril al 10 de mayo. Pagó a participantes del SENA lo correspondiente al último periodo académico de 2023; y a los beneficiarios de algunas instituciones de educación superior con rezagos en reportes, y que informaron cumplimientos de matrícula del segundo semestre de 2023.
• Segundo ciclo: el recién anunciado, del 11 al 25 de julio. Se entregarán los recursos a los beneficiarios de las instituciones de educación superior por los conceptos de permanencia y excelencia del segundo semestre de 2023.
• Para el caso de los estudiantes del SENA, el periodo de verificación es el de diciembre 2023 – enero 2024.
• Tercer ciclo: del 24 de julio al 2 de agosto, para los aprendices del SENA del periodo verificado de febrero – marzo 2024.
• Cuarto ciclo: del 26 de agosto al 9 de septiembre. Los recursos relacionados con el reporte de matrícula del primer semestre de 2024, para los beneficiarios de las instituciones de educación superior. Para el caso de los aprendices del SENA, el periodo de verificación es el de abril-mayo 2024
• Quinto ciclo: del 18 de octubre al 1 de noviembre. En el caso de Instituciones de educación superior el concepto correspondería a permanencia y excelencia 2024-1. Para el caso de los aprendices del SENA, el periodo de verificación es el de junio-julio 2024
• Sexto ciclo: del 17 al 31 de diciembre. En el caso de Instituciones de educación superior el concepto correspondería a matrícula 2024-2. Para el caso de los aprendices del SENA, el periodo de verificación es el de agosto-septiembre 2024.

Sobre las inscripciones

Por primera vez los estudiantes de las escuelas normales superiores podrán realizar la inscripción al programa. El proceso de inscripción es completamente autónomo: no requiere de intermediarios y no tiene ningún costo. Los jóvenes que cumplan con los requisitos podrán realizar su inscripción de manera virtual a través de la página web de Prosperidad Social.

Sobre los retrasos en los pagos

Prosperidad Social ha tenido que realizar ajustes operativos, técnicos y de sistemas de información para que Renta Joven no se quede sólo en la transferencia monetaria. La entidad busca que el programa garantice el acceso y permanencia en la educación superior y el desarrollo de trayectorias sostenibles para jóvenes en pobreza o en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Estos ajustes son esenciales para asegurar que el programa funcione.

Adicionalmente, ha estado modernizando y automatizando los sistemas para mejorar los procesos del programa: los jóvenes participantes no tendrán que cargar reportes de novedades; se ampliaron las fuentes de información y se optimizaron los sistemas y los procesos, para verificar de manera más precisa las necesidades socioeconómicas de los beneficiarios y asegurar que las transferencias lleguen a quienes más lo necesitan.

Operador de pago

Los pagos de Renta Joven están a cargo de Daviplata, que es la billetera electrónica de Davivienda. Se realizará mediante dos modalidades:

– Bancarizado: para aquellos jóvenes que tengan una cuenta con el operador de pago Daviplata. Además, mediante DaviPlata, los participantes podrán cobrar en cajeros automáticos, puntos Puntored, Reval, Tpaga o Efecty.
– Giro: para aquellos que no cuenten con dicho producto financiero. Los giros podrán ser cobrados en los aliados de pago de Daviplata, como Efecty o Reval, siguiendo el cronograma de pagos establecido para cada ciudad.

Las fechas específicas de pago se comunicarán a través de los canales oficiales de Prosperidad Social. Es importante que los participantes estén atentos a los medios oficiales de Prosperidad Social y a la página web de Daviplata, para recibir esta información.
Los jóvenes que no poseen una cuenta bancaria para recibir el pago tienen la posibilidad de abrirla de manera autónoma, gratuita y permanente con el operador de pago.
Para activar su aplicación Daviplata, podrán encontrar las instrucciones específicas en el siguiente video https://youtu.be/AjO6vTlV9wQ?si=EsOq9x0xvrfIiTwX

Entre 35 y 50 niños palestinos que han sufrido heridas durante el conflicto entre Israel y Hamás llegarán a Colombia en los próximos días, según informó la Cancillería colombiana. Los menores, muchos de los cuales están mutilados y actualmente en Egipto, viajarán con algunos familiares y se espera que permanezcan en Colombia durante aproximadamente seis meses.

El gobierno colombiano también ha expresado su intención de invitar a otros países a colaborar mediante recursos o programas similares. El canciller Murillo ha presentado al presidente Gustavo Petro un plan detallado con objetivos específicos, coordinando este esfuerzo interinstitucional desde la Cancillería con otras entidades estatales.

Los niños, de entre 12 y 15 años de edad, serán tratados en el Hospital Militar de Bogotá, donde recibirán las prótesis necesarias. Según el canciller Murillo, Colombia busca aprovechar su experiencia en la atención médica especializada para este tipo de tratamientos.

El parque automotor del territorio nacional suma un total de 16.352.809 vehículos activos en el sistema que deben cumplir con la Revisión Técnico Mecánica (RTM). Los datos arrojados por el RUNT registran un 57% de evasión en esta obligación.

De los 19.338.630 vehículos registrados en el RUNT, el 61% son motocicletas, el 38% son vehículos, y tan solo el 1% representan a maquinaria, remolques y semirremolques.

El estado de la Revisión Técnico Mecánica presenta una evasión del 57%, la cifra más alta de los últimos años y muy por encima de las expectativas, teniendo en cuenta que mantener al día la RTM es una obligación que busca velar por la seguridad vial y la protección de los conductores, pasajeros y peatones.

Entre los 16.352.809 automotores obligados a realizar el diagnóstico de las condiciones técnico mecánicas y de emisiones contaminantes, solo 7.042.883 cumplen con esta norma, es decir, el 43%.

Las motocicletas son las que más evaden la Revisión Técnico Mecánica con un 70%, lo que equivale a 7.328.179 sin cumplir esta obligación. Sólo el 30% equivalente a 3.135.168 de motos han realizado la Revisión en los Centros de Diagnóstico Automotor y la tienen al día.

Durante la posesión de Carlos Hernán Rodríguez como nuevo contralor, presidente Gustavo Petro le pidió a Rodríguez velar por el buen uso de los recursos públicos, tanto para evitar la corrupción como para garantizar que se les dé un uso eficiente.

“La Contraloría, obviamente, tiene un papel qué cumplir frente a su misión específica que es cuidar el dinero. Se cuida el dinero si es para garantizar los derechos universales. No se cuida si se lo roban primero. Un crimen. Si queda guardado, segundo, una ineficiencia de beneficia a los banqueros. O termina ayudando a grupos de interés particular, poderosos y permanentes en la dirección del Estado, y eso también es corrupción”, dijo el mandatario.

Además, el mandatario llamó la atención sobre el dinero de la salud y por eso trajo a colación la investigación que inició la Contraloría en relación con los dineros de este sector, los cuales, explicó, “son dineros públicos que se están fugando por las alcantarillas”.

Por último, el jefe del Estado también pidió que se cuiden los dineros de la educación, que este Gobierno ha buscado reconocer como derecho, mediante la Ley Estatutaria, que busca encontrar aún consenso en la plenaria del Senado.

La aprobación de la reforma laboral fue una victoria discreta para el Gobierno de Petro en el Congreso. Después de la gran controversia generada por la aprobación de la reforma pensional sin debate y con supuestos vicios de forma, la luz verde de la Comisión Séptima a esta otra polémica iniciativa gubernamental causó sorpresa.

En total, los congresistas aprobaron 81 artículos de la nueva reforma laboral, incluyendo seis nuevos, y eliminaron otros 23. Entre los comentarios sobre este evento político, destacó el de la presidenta de la CGT, Miryam Luz Triana. La líder sindical criticó duramente a la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, por impulsar la reforma mientras el ministerio enfrenta una huelga de sus trabajadores a la que no ha prestado atención. «Es una gran incoherencia. Defiende una reforma para proteger derechos, pero no respeta los derechos de sus propios trabajadores», afirmó Triana.

Triana señaló que cerca de 2.000 trabajadores del Ministerio del Trabajo firmaron un acuerdo hace un año, pero la ministra no lo ha cumplido y parece indiferente ante la huelga. Considera que es «terrible» que el Congreso permita la discusión de la reforma laboral mientras la ministra no ha resuelto los problemas internos del ministerio. Aunque reconoce algunos aspectos positivos de la reforma para los trabajadores, se muestra escéptica sobre sus beneficios reales debido al alto desempleo. «¿A quién se aplicará una magnífica reforma laboral si no hay empleo y se están cerrando empresas?», cuestionó.

El tema preocupa a los empresarios. En Colombia, el desempleo ha aumentado en los últimos meses. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, advirtió que si el gobierno no actúa con contundencia para reactivar la economía y fomentar la inversión, la situación empeorará, afectando a muchas familias colombianas. Jaime Humberto Cabal, presidente de Fenalco, también expresó su preocupación por el aumento de costos para el sector empresarial debido a la aprobación de artículos sobre horas extras, dominicales, festivos, jornada diurna, vacaciones para el sector de vigilancia y la regulación del contrato de aprendizaje. Esto deja fuera a 2.7 millones de colombianos que actualmente están desempleados.

Cabal hizo un llamado a los congresistas para que realicen un debate serio y voten de manera sensata en beneficio del país. Triana reflexionó sobre la reforma: «No se entiende la alegría por las buenas noticias si no beneficiarán a muchos trabajadores. La juventud enfrenta un alto desempleo. ¿Qué puede alegrarles la reforma a quienes no tienen empleo?», señaló. Además, lanzó una dura crítica a la ministra: «No hay empleo y ella no puede cumplir. ¿Cómo va a exigir a los empleadores que cumplan?»

El senador Fabio Amín, del Partido Liberal, presentó hoy una nueva propuesta para la ley estatutaria de la reforma educativa, que será discutida junto con las ponencias oficialista y opositora en el último debate en la plenaria del Senado. Esta nueva ponencia busca resolver el estancamiento actual de las deliberaciones, a solo tres días del final de la legislatura, especialmente debido al desacuerdo del sindicato de maestros Fecode, que está en paro indefinido. Ninguna de las propuestas existentes ha encontrado su favor, ya que las ponencias tanto oficialista como de la oposición van en direcciones opuestas.

En el documento se destaca que el objetivo del proyecto alternativo es asegurar el derecho fundamental a la educación y establecer las condiciones y responsabilidades necesarias para su protección efectiva por parte del Estado, la sociedad y la familia. La tercera ponencia subraya, por ejemplo, que la evaluación docente debe ser un mecanismo para mejorar las capacidades de los maestros y no un instrumento de presión.

En cuanto a la financiación, la propuesta aclara cómo operará la gratuidad en la educación superior y aboga por la creación de un sistema integral de financiamiento para lograr una cobertura educativa universal en todos los niveles. También enfatiza que las universidades públicas deben recibir prioridad en la asignación de recursos económicos por parte del Estado, con el objetivo de cerrar las brechas existentes.

_Cesar y Bolívar fueron los departamentos con mayores beneficiarios en el segundo semestre de 2023, con 26.406 y 26.154 estudiantes, respectivamente._

Un total de 146.188 estudiantes de la región Caribe se beneficiaron al cierre del segundo semestre de 2023 con la política de gratuidad ´Puedo Estudiar’, que cubre la matrícula de los beneficiarios para acceder a educación superior, gracias a una inversión de 154.189 millones de pesos.

Para este 2024, en el mismo periodo, la inversión en la región está proyectada en 194.394 millones de pesos, beneficiando a 163.292 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: Cesar: 30.365 estudiantes; Bolívar: 28.728 estudiantes; Atlántico: 25.868 estudiantes; Magdalena: 26.566 estudiantes; Córdoba: 22.996 estudiantes; La Guajira: 17.816 estudiantes; Sucre: 10.275 estudiantes y San Andrés: 678 estudiantes.

‘Puedo Estudiar’, política que hace parte de la estrategia ‘Universidad en tu Territorio’, es una de las principales apuestas del Gobierno del presidente Gustavo Petro para promover el acceso y permanencia en la educación superior pública en el país de población vulnerable.

Este programa, regido por la Ley 2307 del 2023, el Decreto 2271 del 2023 y el Reglamento Operativo 2024, ha transformado las oportunidades educativas para miles de jóvenes en la región.

*Cesar y Bolívar, los departamentos con mayores beneficiarios en 2023*

La distribución de los beneficiarios por departamento en el según semestre de 2023 fue: Cesar: 26.406 estudiantes; Bolívar: 26.154 estudiantes; Magdalena: 23.611 estudiantes; Atlántico: 22.410 estudiantes; Córdoba: 20.705 estudiantes; La Guajira: 16.595 estudiantes; Sucre: 9.686 estudiantes y San Andrés: 618 estudiantes.

*Instituciones vinculadas*

Para acceder a los beneficios de la Política de Gratuidad ‘Puedo Estudiar’ en el Caribe, los interesados cuentan con seis instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias: Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Institución Universitaria de Barranquilla (IUB), Institución Universitaria Mayor de Cartagena, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García, Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia (Infotep) y el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar.

En cuanto a las universidades vinculadas, se encuentran la Universidad de Cartagena, la Universidad de Córdoba, la Universidad de La Guajira, la Universidad de Sucre; la Universidad del Atlántico; la Universidad del Magdalena y la Universidad Popular del Cesar.

Se puede consultar más información sobre la Política de Gratuidad «Puedo Estudiar» aquí: https://www.mineducacion.gov.co/portal/Educacion-superior/Politica-de-Gratuidad-Puedo-Estudiar/419552:Instituciones-de-Educacion-Superior-Publicas-Politica-de-Gratuidad-Puedo-Estudiar.

Se reporta que errores en el pago de nóminas afectaron a funcionarios de 74 entidades públicas, resultando en un costo estimado de aproximadamente $1624 millones para el país.

La Contraloría General ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal contra el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el Viceministro General Diego Alejandro Guevara, y otros cinco funcionarios del ministerio.

Los pagos duplicados y triplicados ocurrieron en noviembre de 2023, generando intereses sobre el saldo de la cuenta del Tesoro Nacional. Estos intereses ascendieron a más de $1643 millones, atribuidos a errores en las nóminas presentadas por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva y el Comando General del Ejército, así como a fallos del sistema y falta de atención a alertas generadas.

La Contraloría identificó al ministro Ricardo Bonilla, a Diego Alejandro Guevara, y a otros funcionarios como posibles responsables fiscales.

El ministro informó que se realizaron pagos duplicados y triplicados que sumaron más de $665 mil millones ($665.377.015.937,85), de los cuales se han recuperado $663 mil millones ($663.775.200.394), quedando pendientes $1.624 millones ($1.624.181.986) según la Contraloría.

Este incidente ha sido calificado por el organismo de control fiscal como una cuestión con implicaciones fiscales y disciplinarias que están siendo tratadas actualmente.