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Pinilla y Olmedo se ratifican y retan a Andrés Calle e Ivan Name por supuestos sobornos

Sneyder Pinilla y Olmedo López volvieron a agitar la conversación sobre los hechos de corrupción en el mega escándalo de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). El primero llegó con un chaleco antibalas por encima de su traje a la Corte Suprema de Justicia en un voluminoso esquema de seguridad y al lado de su abogado, el exfiscal condenado Luis Gustavo Moreno.

El segundo estuvo nueve horas declarando en la Fiscalía, a la que por fin le entregó las pruebas documentales que tiene para acompañar sus dichos. El abogado de López, José Luis Moreno y hermanastro del anterior, dijo que su cliente entregó 200 folios entre los que se encuentran chats, pruebas de georeferenciación, trazabilidad de dinero, documentos de reuniones y otros elementos.

Ambos se ratificaron en sus señalamientos contra los congresistas que han mencionado hasta ahora y aseguraron que también aportarán estas pruebas a la Corte en las próximas semanas. Lo que se viene para congresistas, ministros y altos funcionarios tras esta primera colaboración podría no tener revés.

Aunque Pinilla y López tuvieron el mismo día una agenda de declaraciones paralela, hubo una frase del exsubdirector de la UNGRD que también se convierte en un punto de giro en la historia.

«Hoy vengo a cumplirle la cita a la justicia, no me estoy escondiendo absolutamente de nadie y vuelvo a pedirle perdón al país, a mi familia, mis padres, mis hijos y mi hogar, porque lo que hicimos estuvo mal. Hice parte de una estructura criminal, en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes. Acuérdese doctor Andrés, cuando se lo entregué directamente en su apartamento en Montería. Y al doctor Iván Name, a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz. Dos días doctora, dos días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas. Yo no estoy en ningún tape y tape. Y fui el primero en levantar la mano. Si no es porque yo levanto la mano, absolutamente nadie estaría involucrado en este proceso. Por eso quiero que sepan que voy a hacer la reparación económica y voy a entregar absolutamente todo con lo que me he quedado”, señaló.

Esa fue su declaración inicial. Pero al salir de la Corte, y aclararle al magistrado investigador de la Sala de Instrucción que su compromiso inicial es con la Fiscalía, tal como lo hizo López la semana pasada, Pinilla dio una frase sobre su exjefe que denota una división de ambos y que podría también significar una competencia en la estrategia legal de los hermanos Moreno.

“Estamos inmersos en un principio de oportunidad. La diligencia se aplazó para el día 5 de julio a las 9 e la mañana (sic). Ese día esperaremos ya tener finiquitado el principio de oportunidad y daré todas las pruebas y el testimonio completo de lo que sucedió. El doctor Calle, el doctor Iván Name, la doctora Sandra Ortiz y el doctor Olmedo López van a tener mucho que explicarle al país”, agregó.

Hasta ahora no era claro que hubiese una distancia entre Pinilla y López. Es cierto que el primero que salió a los medios a hablar y entregó chats sobre sus conversaciones con congresistas fue Sneyder Pinilla, oriundo de Sabana de Torres (Santander), y en donde varios de los recursos millonarios de la UNGRD fueron a parar. Pinilla fue el que acataba las órdenes de López, quien a su vez las recibía de un supuesto cónclave compuesto por altos funcionarios en los que estarían el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, según dijo el propio Olmedo, faltando dos nombres más por ser expuestos.

Pero la frase de Pinilla revelaría que este también podría convertirse en un testigo contra su exjefe, de quien tendría información más allá de lo que conoce la opinión pública. El ministro Velasco dijo a medios que López, a quien se refirió como “el raterito de la UNGRD”, deberá explicar contratos millonarios para los jagüeyes (unos pozos de agua artesanales) en La Uribia, La Guajira, además de los carrotanques.

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Nueva directora de La Modelo fue amenazada de muerte con un panfleto: “Le doy 72 horas”

El pasado 17 de mayo fue asesinado el director de la cárcel La Modelo, coronel (R) Élmer Fernández. Luego de dicho crimen, a ese penal llegó la mayor Nancy Pérez, quien remplazó a Fernández en su cargo.

No ha pasado más de un mes y la criminalidad volvió a reinar en el centro penitenciario, pues, según Caracol Radio, la nueva directora de La Modelo ya fue amenazada.

A través de un panfleto intimidatorio, desconocidos le exigieron a la directora el traslado de dos reclusos que se encuentran en el patio 4 de la cárcel, el mismo desde el que salió la amenaza contra el coronel (r) Fernández.

“Un cordial saludo, señora directora, con el debido respeto que usted se merece. Le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4a. Son pasilleros del pasillo 8, Viloria y Tolima”, dice la misiva.
Los desconocidos criminales aseguraron que, si los mencionados reclusos no salían del patio, tanto la guardia del penal como la directora Pérez, correrían con la misma suerte del asesinado coronel (r).

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Se encendió el ventilador de Olmedo López: entregó más de 200 pruebas a la Fiscalía

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo (UNGRD), inició el proceso de colaboración con la justicia y entregó más de 200 pruebas que aportarían a esclarecer el entramado de corrupción que se tomó la entidad.

“Hoy iniciamos la colaboración con la Fiscalía en donde se aportaron más de 200 folios como elementos materiales probatorios y continuaremos el día de mañana (6 de junio) en las conversaciones”, señaló José Moreno, abogado de López a los medios de comunicación.

El abogado detalló que entregaron chats, tiquetes aéreos, ubicaciones que permitirían probar la participación de los demás implicados en el entramado de corrupción.

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Aprobado en primer debate proyecto de ley «Seguridad y confianza en líneas móviles y el sistema financiero» del senador Julio Alberto Elías Vidal

La Comisión Sexta del Senado ha dado luz verde al proyecto de ley «Seguridad y confianza en líneas móviles y el sistema financiero», de autoría del senador Julio Alberto Elías Vidal. Esta iniciativa, en línea con el compromiso del senador de proteger los derechos de los ciudadanos, busca adoptar medidas efectivas para prevenir que las líneas de telefonía móvil y los productos financieros sean utilizados para la comisión de delitos.

El proyecto propone que los operadores de telefonía celular y las instituciones financieras identifiquen de manera adecuada y precisa a las personas que contratan sus servicios; dificultando, así, el uso de los productos o servicios en situaciones delictivas, de fraude o de suplantación.

«Este proyecto es crucial para construir una sociedad más segura y confiable. Es evidente que las líneas móviles y los servicios financieros están siendo utilizados para actividades delictivas, y debemos actuar para proteger a los ciudadanos. la confianza en estos servicios se fortalecerá cuando estemos seguros de la identidad de quienes los utilizan», afirmó el senador Julio Elías Vidal.

La iniciativa consta de once artículos que buscan fortalecer la seguridad y confianza en los servicios de telefonía móvil y en el sistema financiero. Se pueden destacar dos temas:

1. Se establece un esquema de responsabilidad civil para los operadores y bancos que sean negligentes con el cumplimiento de su deber de identificar plenamente a sus clientes; obligándolos, eventualmente, a responder por la plata perdida cuando sus productos han sido utilizados para cometer delitos como la estafa o la extorsión.

2. Las líneas celulares y los productos financieros involucrados en la comisión de delitos o en situaciones de fraude o suplantación deben inhabilitarse inmediatamente hasta tanto pueda ser garantizado su uso seguro por el legítimo titular.

Asimismo, el Senador añadió, «Esta ley es un paso adelante en la protección de los ciudadanos y en la lucha contra la delincuencia cibernética. Es fundamental que los operadores y las instituciones financieras asuman su responsabilidad en la identificación de los usuarios para evitar el mal uso de sus servicios».

El propósito principal del proyecto no es hacer responsables directos a las instituciones financieras y los operadores de telefonía móvil por los perjuicios ocasionados, sino garantizar que implementen medidas adecuadas para identificar correctamente a sus clientes.

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En penúltimo debate, el Congreso aprobó la ley estatutaria de Educación

_La iniciativa pasa a manos de la plenaria del Senado para su último debate._

Con mayoría absoluta y una ponencia unificada y respaldada por todos los partidos, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó en penúltimo debate el proyecto de ley estatutaria de Educación, a la que solo le resta su trámite en la plenaria de la corporación para que pase a sanción presidencial y luego a revisión de la Corte Constitucional.

«Senadores y senadoras, un agradecimiento por su respaldo. Hoy le mostramos a Colombia que la educación es nuestro gran Acuerdo Nacional. Logramos avanzar en la construcción de consensos para darle al país una respuesta que estaba esperando desde 1994. Nos quedan múltiples voces por integrar y lo haremos en la plenaria del Senado de la República», afirmó la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, al final del debate.

*¿En qué consiste la Ley estatutaria de educación?*

Esta ley estatutaria reglamenta la reforma constitucional que elevó a derecho fundamental la educación en Colombia.

La Constitución de 1991 le otorgaba ya este derecho a la población a la educación entre los 5 y 15 años, sin embrago, la iniciativa que avanza en el Congreso busca ampliar el rango a partir de la formación inicial, contemplando los tres grados del preescolar hasta los estudios universitarios.

A su vez, permite actualizar el sistema educativo colombiano a los estándares internacionales de derechos humanos y desarrollo sostenible, saldando una deuda en el cumplimiento de los mandatos constitucionales.

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¿Quién investigará a Petro por líos de campaña? Consejo de Estado definiría si es el CNE o la Comisión de Acusación

la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó varias determinaciones que le permitirán avanzar en el proceso para definir si abre o no una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro y su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, por presunta violación de topes durante la campaña de 2022.

Por un lado, la corporación sometió a votación la solicitud que a mediados de mayo elevó el tridente de congresistas que investiga al jefe de Estado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Acogiendo los argumentos planteados tanto por el presidente Petro como por su defensa, ese triunvirato investigador reclamó la competencia en los procesos y pidió que el CNE envíe a la Comisión los expedientes que actualmente adelanta contra el mandatario y su campaña.

Con ocho votos a favor y solo uno en contra, la Sala Plena del CNE ratificó su competencia para investigar la campaña (solo se abstuvo la magistrada del Pacto Histórico, Alba Lucía Velásquez). Sin embargo, ante la duda de si son competentes o no para abrir una investigación a Petro, los magistrados habrían resuelto elevar una solicitud de revisión a la Sala del Servicio Civil del Consejo de Estado.

Según el triunvirato investigador, aunque el CNE es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente de la República la tiene el Congreso de la República “por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra Carta Política”.

Ese triunvirato encargado de investigar las denuncias está conformado por el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico y quien es un petrista de antaño, así como Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador y hoy embajador Roy Barreras. El tridente lo cierra Wilmer Carrillo (Partido de la U).

Por otro lado, en su reunión de sala plena, este miércoles el CNE negó las tres recusaciones que había en curso contra varios magistrados buscando que se apartaran de las investigaciones contra la campaña del hoy mandatario.

Inicialmente, se negó la recusación que congresistas de la bancada del Pacto Histórico interpusieron contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, otrora parlamentario del Centro Democrático, a quien señalaron de tener una supuesta animadversión contra Petro.

Prada, de la mano del magistrado Benjamín Ortiz (Partido Liberal), radicó hace un mes ante la Sala Plena el proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos contra Petro y Roa. El documento advierte no solo violación de topes de campaña, sino presunta financiación irregular.

Las otras dos recusaciones pendientes eran contra las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez Grisales, teniendo en cuenta que serían cercanas políticamente al Pacto Histórico y se configuraría un presunto conflicto de intereses. Sin embargo, ninguna de las tres recusaciones prosperó.

Así las cosas, los tres magistrados podrán votar en la próxima sala plena las ponencias de Prada y Ortiz, quienes indagaron especialmente por las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué, que transportó al presidente Gustavo Petro en campaña a varias regiones del país, junto con quienes en ese momento integraban su equipo y eran candidatos al Congreso.

Se estima que de cada $10.000 que la campaña gastó en servicios de transporte para movilizarse en la primera y segunda vuelta de 2022, al menos $6.500 se los pagaron a la Sociedad Aérea de Ibagué.

Las cuentas en la autoridad electoral, cuyos magistrados son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso, son claras. De ocho magistrados, hay al menos tres que son cercanos al Gobierno y votarían en contra de la formulación de cargos: Alba Velásquez, Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico) y Cristian Quiroz (Alianza Verde). Los otros cinco togados podrían inclinarse a la formulación de cargos.

Se trata de Prada y Ortiz, los investigadores, que son del Centro Democrático y el Partido Liberal, respectivamente, así como César Lorduy , que viene de Cambio Radical, Maritza Martínez , quien fue congresista de La U y hoy es la presidenta del tribunal, y el magistrado Alfonso Campo, quien viene de las bases conservadoras.

Por fuera de la ecuación queda Pablo Julio Cruz, de Comunes, que aunque tiene voz, no cuenta con voto para este tipo de determinaciones. Así las cosas, la decisión estaría prácticamente en manos de Lorduy y Martínez.

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$2,3 billones serán destinados para garantizarles a un millón de personas acceso a agua potable en La Guajira

_Mediante un concurso público internacional se escogerá la mejor propuesta de consultoría especializada que permita la estructuración de un sistema de suministro de agua potable para la población guajira, en los municipios de Maicao, Riohacha, Uribia y Manaure._

Ya está publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) el concurso público internacional que da inicio al proceso de estructuración de una solución integral que les garantice el suministro de agua potable a un millón de habitantes del departamento de La Guajira.

Así lo anunció la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco, quien sostuvo que en Colombia no se ha visto nunca un proyecto de esta magnitud.

“El concurso tiene un presupuesto de $28.851 millones, pero todo este gran proyecto tiene una inversión de $2,3 billones y se construirá en un lapso de 6 años”, puntualizó la alta funcionaria.

Velasco precisó que el concurso arrojará como resultado la estructuración técnica, económica, legal, financiera, ambiental, predial y social para la conducción de agua desde el embalse El Cercado del Río Ranchería hasta la media y alta Guajira. Asimismo, establecerá las plantas de desalinización que requiera el proyecto.

Se tiene prevista la adjudicación de la consultoría especializada para el próximo 30 de julio. En cuanto a las obras, se dio a conocer que beneficiarán a los habitantes de las zonas urbanas y rurales de los municipios de Maicao, Riohacha, Uribia y Manaure.

El concurso publicado en el Secop puede ser consultado en:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6210272&isFromPublicArea=True&isModal=False

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Renta Ciudadana: más de 453.000 hogares comenzaron a recibir los beneficios del nuevo sistema de transferencias

• El Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social, invirtió 226.743 millones de pesos en este primer giro del programa.

• Todos los beneficiados hacen parte de la línea de intervención de Valoración del Cuidado, que está dirigida a hogares con niños y niñas en primera infancia, del Grupo A del Sisbén IV.

• Los participantes que no cobraron el ciclo 1 podrán hacerlo de forma acumulada en el ciclo 3, si se encuentran en estado activo.

Los objetivos en justicia social del gobierno de Gustavo Petro siguen avanzando, especialmente en lo que al nuevo sistema de transferencias se refiere: 453.487 hogares que hacen parte de la línea de Valoración del Cuidado, de Renta Ciudadana, recibieron la transferencia monetaria por 500 mil pesos, que corresponde al primer ciclo del programa.

Todos los hogares beneficiados pertenecen al Grupo A del Sisbén IV, de acuerdo con la información de Registro Social de Hogares, con niños y niñas menores de 6 años y con jefatura monoparental: una sola persona está a cargo de los niños. También hay hogares de la población indígena identificada en los listados de Prosperidad Social, de acuerdo con los criterios de entrada establecidos para el programa. La inversión en este primer ciclo fue de 226.743 millones de pesos.

Quienes no cobraron la transferencia monetaria de Renta Ciudadana en el ciclo 1, podrán cobrarlo de forma acumulada en el ciclo 3, siempre y cuando se encuentren en estado activo en el programa.

Con este programa, el Gobierno del Cambio busca contribuir a la superación de la pobreza, fomentar la movilidad social y apoyar la economía local, mediante la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, siguiendo los principios de integralidad, efectividad y eficiencia. Es un programa central del sistema de transferencias creado por el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.

Su implementación se lleva a cabo de manera gradual y progresiva, a través de cuatro líneas de intervención. Este programa está centrado en la población en extrema pobreza en todos los departamentos y municipios del país.

Para garantizar los beneficios de Renta Ciudadana, es necesario que las familias firmen el acta de Compromiso y Corresponsabilidad: es un requisito para permanecer en el programa en estado activo y recibir las transferencias.

Los titulares que no han firmado deben ingresar a https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/, y allí autogestionar la firma digital. También pueden acercarse a la alcaldía y pedir apoyo del coordinador municipal.

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Caso Uribe cambia de fiscal: Llega Marlenne Orjuela

Marlenne Orjuela asumió como la nueva fiscal Primera Delegada ante la Corte Suprema de justicia y llega en reemplazo de Gilberto Villarreal. Ella asumirá la etapa de juicio por caso de presunto soborno de testigos y fraude procesal que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La razón se debe al cambio de fiscales en la Delegada ante la Corte en esta nueva administración. El fiscal Villarreal estaba solamente para presentar la acusación formal, y desde hace un par de meses tanto la fiscal Marlenne como el fiscal Villarreal estuvieron haciendo empalme de ese proceso, hay que recordar que Villaareal se desempeñaba en ese cargo desde la administración Barbosa.

Marlenne Orjuela, es una funcionaria con más de 10 años de experiencia en la Fiscalía ante el Tribunal y antes se desempeñó como juez y magistrada de la Sala Penal de esa corporación de distrito judicial. Ahora asume como la delegada primera ante la Corte, luego de un empalme de un mes con Gilberto Villareal.

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A $5 billones ascienden las irregularidades en contratos de la UNGRD, según la Contraloría

En el informe se establece que tras analizar la contratación de suministros de carrotanques, entre el 2020 y el 2024, el organismo de control fiscal advirtió un incremento inusitado del monto de dicha contratación, en aproximadamente un 700%.

“Esto representa una adición, para el presente año, de unos $37.5 mil millones tan sólo en el caso de los carrotanques”, establece el informe.

Las irregularidades fueron detectadas en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.

También se detectaron problemas en 31 contratos relacionados con el programa “Hambre Cero”, valorados en $131.812 millones.

“Desde el 2020, los contratos de obra para la mitigación de riesgos en Santander suman $4.9 billones. La concentración de obras en este departamento resulta alarmante”, reveló la Contraloría.

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