Burbuja Política
Las importaciones en Colombia alcanzaron los US$6.484 millones en julio de 2025, lo que representa un aumento del 16,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así lo confirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Este crecimiento se debe principalmente a un incremento del 12,9% en el grupo de manufacturas.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Jimmy Díaz Burbano, exgobernador de Putumayo, por delitos relacionados con la explotación ilegal de oro. El exmandatario se había asociado con otra persona para cometer estas actividades en los ríos Caquetá y Putumayo.
Según la sentencia, Díaz Burbano puso su cargo y la institucionalidad al servicio de esta red criminal. Además de comprar lingotes de oro a sabiendas de que eran de procedencia ilegal, el exgobernador permitió el desvío de recursos del Estado y contribuyó a la contaminación de las fuentes hídricas.
La decisión de la Corte confirma que el exmandatario aprovechó su posición para beneficiar actividades ilícitas que afectaron los recursos naturales y las finanzas públicas del departamento.
La Procuraduría General de la Nación coordinará la vigilancia de las elecciones para los Consejos Municipales y Locales de Juventud que se celebrarán el próximo 19 de octubre de 2025. Esta directriz se adoptó en la Comisión Distrital de Control Electoral, un espacio interinstitucional que congrega a La Procuraduría, Personería Distrital de Bogotá y Defensoría del Pueblo. El objetivo es claro: asegurar que el derecho a la participación de la ciudadana juvenil, y específicamente el de elegir y ser elegido, se ejerza con plenas garantías y transparencia en las 20 localidades del distrito capital.
Para este despliegue, el Ministerio Público ha definido un plan logístico detallado para la vigilancia de los 907 puestos de votación y las 2.887 mesas habilitadas en Bogotá. Es así como la Procuraduría General de la Nación asumirá la responsabilidad de vigilar 1.462 mesas de votación, distribuidas en 447 puestos de votación, ubicadas en las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero, Los Mártires, Antonio Nariño, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Igualmente, se cubrirán las 51 comisiones escrutadoras. Adicionalmente, vigilará los tres Centros de Internamiento Preventivo del ICBF, garantizando la participación de las y los jóvenes en estos recintos.
Por su parte, la Personería de Bogotá tendrá a su cargo la vigilancia en las localidades de Barrios Unidos, Teusaquillo, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa y Sumapaz; mientras que la Defensoría del Pueblo supervisará las localidades de Engativá, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, además de las tres cárceles del distrito. En la localidad de Ciudad Bolívar, la vigilancia se dividirá equitativamente entre la Procuraduría y la Personería, evidenciando así un esfuerzo conjunto para cubrir la totalidad de la ciudad.
Esta actividad también se replicará y cumplirá en los 82 Comités Territoriales que operan en todo el territorio nacional.
La Procuraduría General de la Nación acordó que para la circunscripción electoral de Bogotá los funcionarios entre los 18 y 28 años participarán directamente en la vigilancia de estos comicios, apoyados, a su vez, por personal que se encuentra fuera de dicho rango etario, pero que cuentan con experiencia en el control de los procesos electorales.
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma valencia, propuso condicionar las transferencias estatales a los pueblos indígenas. Recortes para quienes apoyen acciones y proyectos productivos para los que, según ella, “defiendan la institucionalidad”
Según sus declaraciones en el congreso de Colfecar, la precandidata sugirió limitar el acceso a alimentos, agua y transferencias estatales a comunidades que respalden acciones ilegales, buscando presionar sin uso de la fuerza militar.
La controversial propuesta de la senadora y precandidata se dio en medio del debate sobre las medidas que deberían adoptarse frente a los bloqueos de vías por parte de comunidades indígenas en el Cauca.
La propuesta de Valencia plantea que los resguardos que respalden actividades ilícitas, como el robo o la retención de vehículos de carga, enfrenten restricciones en el ingreso de alimentos y agua, así como recortes en las transferencias estatales.
“Los resguardos que andan de cómplices con la criminalidad, les recortamos los que se les gira. Porque aquí no vamos a estar financiando a quienes están con la criminalidad” sostuvo Valencia, durante el evento de Colfecar.
La propuesta de Valencia recuerda el bloqueó de Israel a las ayudas humanitarias en Gaza.
Mas de 100 ONG han denunciado el bloqueo israelí de ayudas para Gaza. Mas de un centenar de ONG internacionales denunciaron que Israel no les permite entregar ni un solo camión de suministros esenciales en la Franja de Gaza.
El senador y precandidato Iván Cepeda anunció que presentará una denuncia penal tras la difusión de una imagen manipulada en la que se le asocia con un grupo armado ilegal. La pieza gráfica, que circuló en redes sociales, muestra un montaje con una supuesta valla publicitaria donde Cepeda aparece vestido de guerrillero.
El congresista calificó el hecho como un acto de injuria y calumnia, recordando que el artículo 222 del Código Penal establece responsabilidades para quienes publican, reproducen o difunden imputaciones falsas realizadas por terceros.
La denuncia, según informó, será interpuesta contra Pedro Viveros, analista político y columnista del diario El Espectador, quien compartió la imagen en sus redes sociales. Cepeda sostuvo que se trata de una “campaña sucia” orientada a desprestigiar su nombre en medio del ambiente político.
El legislador insistió en que no permitirá que se utilicen estrategias de manipulación digital para atentar contra su honra y reiteró que acudirá a las instancias judiciales para que se determinen responsabilidades en este caso.
Un total de 15 oficiales de la Policía Nacional han dejado sus cargos de manera oficial, según resoluciones recientes. Cuatro de ellos fueron desvinculados por llamamiento a calificar servicios, mientras que los otros once lo hicieron por solicitud propia.
Entre los uniformados que salen por llamamiento, se destaca la teniente coronel Yasmín Berrio Toro, quien se desempeñó como jefa de armamento de la institución. También figura el teniente coronel Francisco Quitián, conocido por su participación en la Operación Agamenón y en la captura de alias ‘Otoniel’, exjefe del Clan del Golfo.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años y seis meses al patrullero de la Policía, John Antonio Gutiérrez Rodríguez, por causar la muerte a dos personas que protestaban en inmediaciones del CAI Verbenal en Bogotá, el 9 de septiembre de 2020, en Bogotá.
El ente de control demostró que con ocasión a los hechos que se estaban presentando, sin justificación alguna el policial hizo uso de la fuerza letal y accionó su arma de dotación impactando a dos manifestantes que perdieron la vida.
En la decisión de primera instancia, la Entidad aseveró que el disciplinado “(…) debía velar por el goce y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente la vida, así como salvaguardar todas las libertades de estos, incluida la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente, evitando al máximo el uso de la fuerza, limitándola al mínimo necesario (…)”.
Agregó que, con su comportamiento, Gutiérrez Rodríguez incurrió en un abuso de poder que atentó contra los derechos fundamentales de las víctimas, utilizando el poder coercitivo del Estado, no para proteger a la ciudadanía ni restaurar el orden, sino para agredir de forma letal sin una justificación válida, vulnerando así el respeto mínimo que toda vida humana merece en una sociedad democrática. Por esos hechos, la Procuraduría calificó su falta como gravísima a título de dolo.
El fallo de primera instancia podrá ser apelado por el uniformado.
Un juez de la República ordenó el arresto domiciliario por tres días contra Luis Eduardo Llinás, director de la DIAN, por incumplir una orden judicial. El fallo de desacato se dio luego de que la entidad no garantizara el uso de listas de elegibles para cubrir cargos de carrera administrativa.
La decisión del juez protege los derechos de la ciudadana Yessica Sánchez, quien reclamó que su acceso a la carrera administrativa fuera respetado según el principio de mérito. El juzgado determinó que la DIAN tuvo una «actitud evasiva y dilatoria» al no tramitar la provisión de las vacantes, a pesar de que la orden había sido confirmada por el Tribunal Superior de Bucaramanga.
Este no es el primer caso de desacato de Llinás, ya que en un caso similar un juez de Medellín también había ordenado su arresto. La sanción actual será revisada por una instancia superior, aunque el director de la DIAN deberá cumplir con la orden de proveer los cargos con base en las listas de elegibles.
Desde Doha (Qatar), representantes del Gobierno nacional y el autodenominado ‘Ejército Gaitanista’ emitieron una declaración en la que anuncian el inicio formal del proceso de desmovilización de este grupo y la construcción de paz con el pueblo en los territorios.
Los grupos de trabajo para el Espacio de Conversación Sociojurídico definieron los municipios de Mutatá (Antioquia) y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó) como el área donde adelantarán las acciones piloto en busca de la consolidación de confianza.
Al comprometerse a respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, el grupo armado se comprometió a realizar un censo interno y, en caso de que haya menores de edad en sus filas, entregarlos al ICBF para el restablecimiento de sus derechos.
También se acordó implementar un programa piloto hacia la sustitución de cultivos ilícitos en los cinco municipios, fortalecer los derechos de personas migrantes y analizar medidas ambientales frente a protección de cuencas, explotación de madera, fauna, minería y expansión de la frontera agrícola.
“En los cinco municipios el Gobierno Nacional, a través del ministerio de Justicia y del Derecho desplegará, en coordinación con el poder judicial y las autoridades administrativas competentes, una presencia permanente”, adaptada a las características de cada territorio, indica la declaración.
El documento también incluye aspectos relacionados con la definición de un Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y otros sobre participación comunitaria y de autoridades locales, regionales y étnicas, así como del citado grupo armado.
De otro lado, en su declaración el ‘Ejército Gaitanista’ reafirmó el compromiso de no interferir en el desarrollo de las elecciones, ni el trabajo del Estado en beneficio de la población civil y las labores de desminado.
El Gobierno y el grupo armado solicitarán a la Fiscalía General de la Nación crear un mecanismo especial sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El ‘Ejército Gaitanista’ rechazó ser caracterizado como grupo paramilitar o neo-paramilitar y reiteró que su clasificación jurídica se debe determinar de conformidad con el derecho internacional y colombiano y los mecanismos de justicia transicional.
Además, se convino solicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acompañar este proceso.
Los grupos de trabajo agradecieron y destacaron el aporte del Estado de Qatar al proceso y anunciaron que se establecerán nuevas fechas para proseguir las conversaciones en este país.
El Centro Democrático y Cambio Radical, dos de los principales partidos de oposición al gobierno de Gustavo Petro, han confirmado una cumbre para el próximo 15 de octubre. El encuentro busca consolidar una agenda programática conjunta y fortalecer su rol de cara a las elecciones de 2026.
La reunión, que contará con la participación de senadores y representantes de ambos partidos, tiene como objetivo principal «construir una agenda conjunta de países» y coordinar una postura unificada frente a los proyectos del Gobierno. Aunque el enfoque oficial es la agenda legislativa, se espera que el encuentro sea clave para definir si los partidos se unirán en una consulta de la derecha para elegir un candidato presidencial único.
Un político del Centro Democrático aseguró que la unión «es segura», mientras que el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, señaló que es «adecuado» que las fuerzas de oposición busquen una candidatura que los represente a todos. Sin embargo, no todos comparten la misma visión. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras afirmó que una unión de este tipo es «inviable».