Categoría: Política Nación

Este viernes una juez de Bogotá superó la etapa de acreditación de víctimas en el juicio al expresidente, Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Pese a las solicitudes del abogado, Jaime Granados, defensor de Uribe, para que fueran rechazados los postulantes, la juez decidió incluirlos para que, a través de sus testimonios, demuestren por qué sufrieron daño a manos del líder del Centro Democrático.

El primero en ser incluido fue el senador, Iván Cepeda, uno de los principales actores en este proceso penal. Un desencuentro el expresidente en el año 20004, dio origen al actual lío judicial.

Advirtió la juez que sin comprometer la presunción de inocencia del expresidente, existen indicios del daño causado al senador, Iván Cepeda, con el plan para relacionarlo con conductas ilegales, por lo cual le dio la calidad de víctima.

«Hubo un daño concreto causado con los actos desplegados por el procesado, buscando afectar el buen nombre e integridad normal del senador dado que estaba dirigido a relacionarlo con la comisión en conductas delictivas”, afirmó la juez.

Las otras víctimas acreditadas son el exfiscal, Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal, Jorge Perdomo y Deyanira Gómez, la exesposa de Juan Guillermo Monsalve, el considerado testigo estrella contra el expresidente.

En el caso de la señora Deyanira, la juez explicó que hay mérito para considerar que sufrió y padeció acoso por parte del expresidente y sus abogados, lo que la llevó a exiliarse en Canadá con sus hijos.

“Así las cosas se reconoce la condición de víctimas del señor Iván Cepeda Castro, que en este evento está siendo representado por el doctor Reinaldo Villalba, la condición de víctima de Deyanira Sarmiento, representada por el doctor Miguel Ángel del Río y de los doctores José Fernando Perdomo y Eduardo Montealegre”, dijo la juez.

Para el abogado defensor, exceptuando al senador Cepeda, no hay fundamento para el reconocimiento de las víctimas a la vez que advirtió que “resultan difusas las consideraciones para advertir que se convirtieron en víctimas de las actuaciones que, ni siquiera se han probado.

La juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, rechazó de plano la solicitud de nulidad que hizo el abogado Jaime Granados, defensor principal del exsenador Álvaro Uribe Vélez, por considerarla impertinente e improcedente. Al rechazarla de plano, no es posible interponer ningún recurso para reversar la decisión.

La juez señaló que interponer recursos que generen dilaciones en el proceso es una manera de entorpecer la administración de justicia y un abuso de la ley.

Igualmente, recordó que la Corte Suprema de Justicia le ha llamado la atención “a los profesionales del derecho encargados de la defensa técnica y de quienes exige mesura, seriedad y ponderación en las solicitudes que afectan la Judicatura, habida cuenta que la presentación de recursos o formulación de oposiciones manifiestamente encaminadas a entorpecer o demorar el normal desarrollo de los procesos y en general el abuso de las vías de derecho o su empleo en forma contraria a su finalidad eventualmente pueden constituir una falta contra la Ley y la administración de justicia”

La juez también señaló que la solicitud del abogado Granados es improcedente. “En tal virtud y como quiera que se acreditó, que la solicitud de nulidad invocada por la defensa técnica de Álvaro Uribe Vélez y coadyubada por el delegado del Ministerio Público y por el mismo señor procesado, es absolutamente improcedente y se impone su rechazo de plano, decisión contra la cual no procede recurso alguno”.

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X sobre el atentado este jueves contra Jorge Luis Alfonso López, hijo de la fallecida Enilce López, conocida como ‘La Gata’. El primer mandatario expresó: “Me tocó en los debates públicos del congreso mostrar la estrecha relación entre Enilce López y la clase política de más alto nivel. La simbiosis entre corrupción, paramilitarismo y política”.

El presidente aseguró que el atentado busca impedir que López revele la conexión entre estas fuerzas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “Quienes atentan contra Jorge Luis López, candidato a confesar ante la JEP esta realidad oculta, quieren silenciar la verdad”, afirmó el primer mandatario.

Según información preliminar del Inpec, como lo reportó El Heraldo, seis hombres disfrazados de guardias del instituto ingresaron al centro médico en el que se encontraba hospitalizado ‘El Gatico’ y atentaron contra él. Aunque dos personas resultaron heridas, López salió ileso del ataque.

La Procuraduría General de la Nación requirió a la Unidad Nacional de Protección, UNP, el listado actualizado de los funcionarios del Inpec, amenazados por grupos criminales, que se encuentran en proceso para recibir medidas de protección.

La solicitud, firmada por el procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, se hace luego del reciente asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá y tras conocer una nueva denuncia hecha por el director de la cárcel de Girón, Santander, sobre amenazas de muerte en su contra.

De acuerdo con cifras reveladas por el mismo Inpec; existen más de 1.000 registros de funcionarios del Inpec amenazados entre 2019 y 2024.

Entre los documentos requeridos están, copia de la solicitud de protección elevadas por el Inpec cuando se conocieron las amenazas contra el director de la Modelo, así como el listado de otros funcionarios que han solicitado dar inicio a la ruta​​​ de protección entre 2023 y 2024 y cuántas de esas solicitudes reunieron los requisitos exigidos.

También si en alguna de estas peticiones se han implementado medidas de protección por trámite de emergencia, si se han otorgado producto de órdenes judiciales y qué gestiones ha adelantado la UNP en dicho sentido luego de que el Inpec decretara la emergencia carcelaria en febrero pasado.

Con la información recaudada, la Procuraduría General de la Nación evaluará las medidas preventivas y disciplinarias necesarias para enfrentar esta nueva crisis de seguridad.

Tras avanzar en el debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, quedaron aprobados 68 artículos de los 95 que conforman el proyecto de ley. Es decir que el 70% de la reforma ya fue aprobada en el tercer debate.

Sin duda alguna, hubo avances en la aprobación de los artículos sobre la ‘prestación anticipada de vejez’ y el umbral de cotización de 2.3 salarios mínimos en Colpensiones: ambos artículos generaron amplias discusiones y debates.

Frente a la prestación anticipada de vejez, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destacó su importancia al asegurar que “beneficiará a cerca de 10 millones de adultos mayores”.

En sus declaraciones, agregó: “los afiliados que no estén en el régimen de transición y que cumplan sesenta y dos años de edad, si es mujer; o sesenta y cinco años de edad, si es hombre, después de la entrada en vigencia de la presente ley, y después de hacer uso del Sistema Actuarial de Equivalencias establecido en esta ley, así no reúnan las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez del pilar contributivo, y tengan más de mil semanas cotizadas, podrán disfrutar de la prestación anticipada de vejez”.

Por el lado del umbral de cotización de 2.3 salarios mínimos legales mensuales en Colpensiones, la ministra Ramírez destacó que se mantuvo el consenso que hubo en el Senado de la República.

Pese a lo anterior, aún hay algunos congresistas que han expresado que el umbral debería ser hasta de 4 salarios mínimos legales mensuales, ya que consideran que con este se puede garantizar la sostenibilidad del sistema, a la vez que las pensiones de un mayor número de colombianos. Se debe recordar que esa misma idea fue planteada hace algún tiempo por el mismo presidente de la República, Gustavo Petro.

Otros congresistas aún consideran que el umbral debería estar por debajo del que fue aprobado.

Teniendo en cuenta que aún quedan por ser aprobados 27 artículos de la reforma pensional, Martha Alfonso, quien es coordinadora ponente, expresó que espera que este jueves el debate se reinicie con el fin de culminar con la aprobación de los mismos.

Finalmente, en su intervención, la ministra Ramírez reiteró que la reforma está avalada fiscalmente, pero aceptó que aún se deben realizar algunos ajustes dependiendo de las proposiciones que se incluyan en el proceso de aprobación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil presenta el Observatorio Electoral, una ventana única en función de la democracia

El Observatorio Electoral es una plataforma que ofrece contenidos de interés sobre los procesos democráticos y la criminalidad electoral en Colombia.
“Hemos concebido el observatorio como un espacio de consulta imprescindible en materia electoral para ciudadanos, académicos, periodistas y personas de otros sectores, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial”, indicó el registrador nacional, Hernán Penagos.
La Registraduría Nacional del Estado Civil llevó a cabo el lanzamiento del Observatorio Electoral https://observatorio.registraduria.gov.co/ una plataforma que ofrece información de interés sobre temas electorales con el objetivo principal de promover la vigilancia, el análisis y el seguimiento a los procesos electorales en Colombia.
En esta plataforma, los usuarios pueden acceder a los resultados y las estadísticas de las elecciones ordinarias entre 1997 y 2023, así como datos sobre los delitos electorales, incluida la inscripción irregular de cédulas desde el año 2010 hasta el 2023 en Colombia, a nivel municipal y departamental.
En las elecciones territoriales 2023, los tres delitos que más se presentaron fueron el fraude en la inscripción de cédulas con 48 casos. Los tres departamentos donde más se registró fueron Meta con 9 casos, La Guajira con 8 y Bolívar con 5. Seguido del ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula con 46 casos. El listado lo encabezan Bogotá con 19 casos, Cundinamarca con 5 y Valle del Cauca con 5. Finalmente, está el delito de constreñimiento al sufragante con 29 casos. Bogotá, Antioquia y Bolívar lo lideran con 9, 5 y 3 casos, respectivamente.

Sin duda, el Observatorio Electoral será una herramienta fundamental para el análisis y la recopilación de datos electorales en el ámbito de la investigación, la academia y los medios de comunicación.

“Hemos concebido el observatorio como un espacio de consulta imprescindible en materia electoral para ciudadanos, académicos, periodistas y personas de otros sectores, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Estamos seguros de que este espacio contribuirá al fortalecimiento de nuestra democracia”, afirmó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil continuará trabajando en esta iniciativa que, a partir de hoy, está al servicio de la ciudadanía y los grupos de interés, y que ratifica nuestro compromiso con la transparencia y la generación de confianza en los certámenes democráticos por parte de la ciudadanía.

Tras varias horas de deliberación en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se adelantó un nuevo debate de la reforma pensional en el que sometieron a votación 37 de los 95 artículos de dicha reforma.

A través de su cuenta de X, el representante del Centro Democrático, Andrés Forero, expuso: “fue aprobada la ponencia de la reforma pensional en la Comisión VII de Cámara de Representante de Colombia con 4 votos ‘No’ y 17 votos ‘Sí’”.

Además, agregó que “solo Centro Democrático y Cambio Radical se opusieron al zarpazo, a los aportes pensiónales de los colombianos y a poner en riesgo las pensiones de los jóvenes”.

Así mismo, Forero propuso que se discutiera sobre las irregularidades en el Fomag y las recientes declaraciones del ministro de Salud sobre el sistema para la atención de los maestros, lo cual fue rechazado haciendo que se continuará con la discusión de la reforma pensional.

Al debate asistieron la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; al igual que el presidente Colpensiones, Jaime Dussán.

En cuanto a lo que fue el debate, este se prorrogó debido a que la mayoría de los congresistas se declararon impedidos para asistir asegurando que tenían conflictos de interés.

En la mayoría de los casos, el conflicto, según los congresistas es que estos “cotizan en los fondos de pensiones, al igual que sus familias, por lo que sus determinaciones pueden generar algún tipo de conflicto de interés”.

Tras esa situación, la bancada de oposición solicitó archivar el proyecto de ley, argumentando que no le permitieron presentar su ponencia de reforma laboral “vulnerando así el Estatuto de Oposición”; esta solicitud fue negada también.

Otro protagonista importante de la jornada fue la Procuraduría General de la Nación, la cual emitió una acción de tutela para que se suspendiera la discusión, argumentando que se diera la oportunidad a que los opositores presentarán una ponencia sobre el proyecto.

En la tutela presentada por el ente de control se puede leer: “la imposibilidad de que los dos ponentes de la oposición pudieran presentar su proyecto de ponencia afecta la esencia misma del debate democrático, pues impide a la oposición realizar un adecuado análisis sobre la conveniencia o inconveniencia del articulado del proyecto de ley”.

Finalmente, la mayor parte del debate se la llevó la discusión del punto sobre el umbral de cotización, algunos congresistas insistieron en que se baje a 1,5 salarios; mientras que otros brindaron su apoyo a que se mantenga en 2,3 salarios.

_La medida beneficia a cerca de 500 mil personas, quienes empezarán a recibir estos recursos desde finales de mayo._

“Aún sin aprobar la reforma pensional, vamos a pasar el bono pensional para mayores de 80 años sin pensión, en todo el país, de 80.000 pesos mensuales a 225.000”.

De esta manera, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, ratificó en su cuenta de X el incremento del incentivo Colombia Mayor para colombianos de 80 años en adelante.

En este sentido, Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, entidad encargada del programa, expidió la resolución 00809 del 17 de mayo de 2024, que implementa el subsidio diferenciado para este grupo poblacional a partir del quinto ciclo de pagos, que empieza este mes de mayo.

El programa, en total, beneficia a 1.631.089 personas, de las cuales 484.697 son mayores de 80 años.

Los hombres mayores de 59 años y las mujeres de 54, que se benefician con este programa, continuarán recibiendo $80.000 mensuales, mientras que los que tengan 80 o más recibirán el incremento determinado en la resolución.

*Se busca extender la edad de beneficiarios*

En su mensaje de la red social, el jefe del Estado anunció que “comenzaremos con el campesinado cafetero, la mayoría mujeres, que no tienen pensión. El programa se extenderá en edad y personas si la Cámara de Representantes logra aprobar la reforma pensional”.

En febrero pasado, el presidente Gustavo Petro había anticipado ya, durante el Congreso Nacional de Municipios 2024, en Cartagena, que “todo anciano y anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano”.

Advirtió que “nosotros vamos a comenzar este programa, aun sin la ley, para mayores de 80 años, porque nos alcanzan los recursos hasta ahí”, y agregó que “quisiéramos bajar la edad para comenzar en 75 o en 72 años, pero no nos alcanza el dinero, si no se hace la reforma pensional”.

La reforma pensional propuesta por el presidente Gustavo Petro ha superado varios baches en su camino por el legislativo. Luego de que fuera aprobada en el Senado, ahora se debate en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, a solo cinco semanas de que se termine el tiempo para debatirla, la Procuraduría ordenó suspender el debate en la Comisión Séptima.

Una tutela de los partidos de la oposición buscaba tener más tiempo para radicar una ponencia alternativa al proyecto de ley del Gobierno Petro. Los hechos presentados fueron suficientes para que el Ministerio Público resolviera suspender temporal pero inmediatamente la discusión hasta el sábado 25 de mayo, con el propósito de que la oposición tenga garantías para presentar su propuesta.

El presidente Petro no tardó en pronunciarse sobre la decisión del ente de control. El mandatario escribió en su cuenta de X que “estamos ante un evidente abuso del poder”. Lo anterior, no sin antes indicar que “no hay una función especifica de la Procuraduría que le asigne la función de suspender un trámite legislativo (sic)”.

En síntesis, representantes de los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático pedían 15 días y no solo 7 para presentar la alternativa. Esto bajo los argumentos de que es una reforma que impactará fuertemente a los colombianos y que su extensión (95 artículos) y complejidad ameritaba más tiempo, como sí se otorgó en el Senado.

En la decisión de la entidad de control se lee que, de acuerdo con los hechos presentados, la solicitud de más tiempo a la oposición “fue arbitrariamente negada por la Mesa Directiva de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes

Ahora, será decisión de un juez determinar si el Congreso deberá aplazar el debate, permitiendo así que la oposición tenga tiempo para presentar su ponencia alternativa. Esta decisión podría impactar significativamente el curso de la reforma y su eventual aprobación.

La Sección Quinta del Consejo de Estado emitió un auto en el que dejó en claro que no tiene competencia para destituir de su cargo al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la vicepresidenta Francia Márquez Mina, ante la posible violación de los topes electorales de la campaña que los llevó al poder, con los comicios del 29 de mayo y 19 de junio de 2022.

Según el documento, el alto tribunal declaró la falta de jurisdicción de esta para el trámite de un proceso de pérdida del cargo contra Gustavo Petro y Francia Márquez, por lo que ordenó remitir el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para darle trámite a este proceso.

El magistrado sustanciador consideró que de conformidad con los artículos 109 de la Constitución Política y 21 de la Ley 996 de 2005, el Congreso tiene la competencia para decretar la pérdida del cargo del presidente de la República de Colombia.

Igualmente, advirtió que no existe norma referente a la figura del vicepresidente, sin embargo, como se trata de la misma campaña, esa corporación también debe adelantar esa clase de asuntos, en razón a que, de presentarse una eventual violación de topes, dicha irregularidad afectaría ambos cargos.

Finalmente, aclaró que el Consejo Nacional Electoral solamente tiene competencia, si es del caso, para investigar y sancionar administrativamente las campañas electorales y en ningún evento, podrá decretar la pérdida del cargo, lo cual, como se anotó, es privativo del Congreso de la República, tratándose del presidente y vicepresidente de Colombia