Categoría: Política Nación

Uno de los principales dolores de cabeza que aqueja a los colombianos en cuanto a su situación financiera son las deudas y los intereses que estas generan, convirtiéndose en una especie de bola de nieve, dado que los abonos que realizan terminan, en muchos casos, siendo destinados a los intereses y no al capital.

Esta es una situación que no solo afectado el bolsillo de los ciudadanos, sino que también deja una huella negativa en su historial crediticio, obstaculizando el acceso a nuevos productos financieros y truncando sueños como la compra de una vivienda o el inicio de una carrera deseada.

Para muchos, esta pesadilla financiera podría estar cerca de llegar a su fin, pues en el Congreso de la República, se está debatiendo la posibilidad de revivir la Ley ‘Borrón y Cuenta Nueva’, una medida destinada a otorgar un respiro a aquellos atrapados en el ciclo de la deuda.

La versión 2.0 de esta ley ofrece un plazo de gracia de 12 meses para que los deudores puedan acogerse, una ventana de oportunidad que podría beneficiar a millones de ciudadanos.

El propósito fundamental de la Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0 es aliviar la carga financiera de aquellos que se encuentran en las listas negras de las centrales de riesgo debido a retrasos en sus pagos. Esta medida no solo busca eliminar los reportes negativos en entidades como Datacrédito, sino que también busca incentivar el pago puntual de las obligaciones pendientes.

Si bien la medida ha recibido un amplio respaldo, no está exenta de críticas. El representante Andrés Forero, del Centro Democrático, ha expresado su preocupación por los plazos establecidos, argumentando que podrían ser demasiado cortos.

Esto a raíz que el primer periodo de gracia de la Ley de ‘Borrón y cuenta nueva’ fue desde el 29 de octubre de 2021 hasta el 30 de octubre de 2022.

Sin embargo, los beneficios potenciales de esta ley son innegables. Uno de los aspectos más destacados es su impacto en los egresados de universidades privadas que financiaron sus estudios a través de créditos del ICETEX.

Estos individuos tendrán la oportunidad de ponerse al día con sus cuotas vencidas, extinguir sus deudas o llegar a acuerdos de pago favorables.

Aquellos que mantengan un historial de pagos impecable durante 6 meses serán eliminados de inmediato de los registros negativos en las centrales de riesgo, abriendo las puertas a nuevas oportunidades financieras y personales.

Además, la Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0 otorga un periodo de gracia de 12 meses para que los deudores negocien planes de pago con las instituciones financieras, permitiéndoles organizar sus finanzas de manera más efectiva y evitar el impacto negativo en su presupuesto mensual.

Aunque la oposición persiste, la esperanza de que se pruebe esta nueva versión es un anhelo para millones de colombianos que buscan liberarse del peso de la deuda.

La Ley Borrón y Cuenta Nueva 2.0 no solo promete alivio financiero, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo para aquellos que han estado atrapados en el ciclo de la deuda durante demasiado tiempo.

Varios uniformados de la Policía Nacional están envueltos en un escándalo por una investigación que le abrieron al coronel Jáder Alberto Llerena Rivas, comandante del servicio de Transmilenio en Bogotá, a quien habrían pillado con la esposa de un patrullero en una escena de infidelidad, según informó El Tiempo.

Al coronel Llerena se le investiga por peculado por uso y abandono de puesto, en una situación que involucra su vida personal, pues terminó metiendo incluso bienes del Estado y ahora la Justicia Penal Militar y Policial le abrió un proceso de investigación que le agrandaría el problema, de acuerdo con el impreso.

Todo ocurrió el 30 de abril de 2024, sobre las 12:30 p. m., cuando el coronel Llerena, en horas laborales, estaba en San Mateo, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. En ese momento fue sorprendido por un patrullero, quien llegaba a su casa y lo encontró con su esposa acostado en la cama y en un acto de infidelidad, según el citado diario.

En la denuncia hecha por el uniformado víctima y, replicada por el periódico, dice que el coronel lo amenazó con estas palabras textuales: “Donde me demande lo mando a matar y quédese callado o me va a conocer”.

El patrullero dice que empezó a grabar lo que estaba sucediendo y el coronel “lo golpeó y le quitó el teléfono”, además de amenazarlo de muerte, causarle una lesión en uno de sus hombros y la mano derecha, hasta robarle su motocicleta, de acuerdo con Noticias Caracol.

Lo que se sabe es que la mujer involucrada también es una patrullera de la Policía Nacional, quien aparentemente habría recibido beneficios con el comandante de Transmilenio. Ahora, el coronel se le abrió una investigación por estar “evadido de la jurisdicción asignada realizando actos ajenos a la misión institucional y, al parecer, teniendo relaciones con la pareja sentimental de otro patrullero”

Una rigurosa investigación derivó en la operación llamada ‘Europe Express’ en la que la Fiscalía General de la Nación y otras cuatro entidades lograron la captura de 31 personas dedicadas al tráfico ilegal de migrantes en Colombia.

La operación, de gran tamaño, desmanteló a un grupo delincuencial organizado dedicado a ofrecer y suministrar, desde Barranquilla, ‘servicios’ para la obtención de documentos de identidad colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana y Venezuela.

Entre los capturados, se encuentran 3 funcionarios de la Registraduría y 3 de la Cancillería que presuntamente contribuían de manera coordinada en las actividades de la organización ilegal dedicada al trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes ilegales.

Con base en la información obtenida, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha anulado 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial, principalmente, a migrantes dominicanos y venezolanos. De igual manera, se constató la expedición irregular de 304 pasaportes”, aseguró la entidad en un comunicado.

Según  la Fiscalía, esta red delicuencial cobraba entre 2.000 y 4.500 dólares americanos por la operación ilegal. Los documentos falsos identificaban fraudulentamente como colombianos a extranjeros que se movían hacia Estados Unidos o Europa.

La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Jhenifer Mojica, y el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, radicaron ante la Corte Constitucional la solicitud de que se convoque a una audiencia pública en torno a la demanda de presunta inconstitucionalidad que cursa sobre el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, que hace referencia a los mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria.

En la petición radicada ante el máximo tribunal se precisa que “la norma demandada reviste una especial importancia y trascendencia, no solo para el Gobierno Nacional, por tratarse de un instrumento que establece estrategias para materializar las metas y objetivos económicos, sociales y ambientales trazados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sino también para el Estado colombiano en su integralidad, en la medida que contiene herramientas que permiten el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz”.

Tras la radicación de la solicitud, la ministra Mojica explicó que, amparados en el artículo demandado, el Gobierno destinó en 2023 recursos por $883.122 millones y en 2024 se adjudicaron tres billones de pesos para la adquisición de tierras.

«Lo que se solicita es una audiencia pública con intervención de expertos en materia agraria, tales como la línea de tierras y campesinado del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad -Dejusticia, el Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario, el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, entre otros. Cabe recordar que se trata de una norma con profundas implicaciones, tanto en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, como del Acuerdo Final de Paz como compromiso de Estado. Se busca establecer un debate amplio, que ofrezca mayor claridad a la honorable Corte Constitucional sobre el fundamento, contenido y alcance de la disposición acusada a partir de la experticia de quienes participan directamente en su implementación”, añadió la ministra Mojica.

En su exposición de motivos, la ministra señaló que la garantía del derecho a la tierra incluye derechos como a la territorialidad, a la alimentación, el mínimo vital, el trabajo, la libertad de escoger oficio o profesión, el libre desarrollo de la personalidad y la participación, como manifestaciones de la dignidad humana, y los cuales se logran con la aplicación del artículo 61 del PND.

«Estas demandas lo que buscan es echar por el suelo la posibilidad de un país que pueda trascender la deuda histórica de la Reforma Agraria y evitar que se cumpla el Acuerdo de Paz, como lo hizo el gobierno pasado, que es desde donde vienen estas demandas”, enfatizó Mojica.

Harman, por su parte, manifestó que las demandas de aparente inconstitucionalidad que se han interpuesto contra el citado artículo parten de una interpretación errada de la norma y están desprovistas de argumentación constitucional.

Los demandantes han aducido errores formales en la producción de la norma y sustancialmente la han acusado de desconocer el derecho a la propiedad privada, al acceso a la administración de justicia, a la propiedad colectiva de comunidades étnicamente diferenciadas e inclusive de ser una medida que desconoce el principio de progresividad y la prohibición de regresividad. Sin embargo, los argumentos de las demandas no atienden la realidad del desarrollo de los procedimientos especiales agrarios”, concluyó el director de la Agencia Nacional de Tierras.

La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación previa contra el senador Iván Name por presuntas irregularidades en el proceso electoral de marzo de 2022 en el que se eligió el actual Congreso de la República.

El alto tribunal indaga supuestos ofrecimientos consistentes en inversiones en la región a cambio de votos.

Así, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia adelanta esta indagación previa en concreto para validar esos ofrecimientos, que serían parte de cupos indicativos y se habrían hecho en los municipios de Río Quito y Río Iró en el departamento de Chocó.

El presidente del Senado, Iván Name, se refirió el pasado martes 7 de mayo ante la Plenaria de esa corporación a los graves señalamientos que hizo en su contra el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla.

El congresista negó haber recibido recursos de forma irregular para favorecer de alguna forma las reformas del Gobierno Nacional, las cuales consideró “inconvenientes”.

“No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contraevidente al de decir que los recibí en procura de favorecer una reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este hemiciclo”, dijo.

Name también explicó las razones por las cuales decidió dar un paso al costado en la conducción de los debates de la reforma pensional, donde la Presidencia la asumió la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.

“Muchos dijeron que la vicepresidenta había quedado a cargo del Congreso y que había sido una actitud incomprensible de mi parte. Eso no se podía convertir, como quería la galería enardecida, en unos incendiarios y en unos saboteadores porque eso no lo merecía la nación, la patria y el Congreso”, agregó.

El senador de Alianza Verde afirmó que están juzgándolo anticipadamente y que lo que hay detrás de este episodio son “calumnias”.

Es contraevidente decir que el presidente del Congreso fue fletado, es una mentira, una calumnia. El país entero sabe que soy opositor a los proyectos de iniciativa del gobierno, no sistemáticamente sino como senador de Colombia”, indicó.

Finalmente, Name puso en duda la veracidad y credibilidad del testimonio de Pinilla y de las actuaciones de su abogado, Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción quien pagó una condena por delitos relacionados justamente con corrupción.

“Acusaciones infundadas realizadas por un corrupto que se encuentra en una encrucijada judicial, respaldadas por un abogado con prontuario internacional, no sé con qué tarjeta de abogado litiga todavía hoy, eso habremos de preguntarlo a los encargados de esa responsabilidad”, concluyó.

Los vapeadores tendrán una regulación a la ‘imagen y semejanza’ que la de los productos de tabaco en Colombia. Una ley, sancionada por el presidente Gustavo Petro, pone en cintura la comercialización de estos productos.

La recién firmada ley 2354 de 2024 actualiza y modifica la ley antitabaco 1335 de 2009 para adecuarla al uso de dispositivos como los vapeadores y los cigarrillos electrónicos.

Una de las medidas principales es que estará prohibida su venta, directa e indirecta, a los menores de 18 años de edad. Previamente, los adolescentes podían acceder a ellos en almacenes de cadena.

La ley regula el consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados, sucedáneos o imitadores y los dispositivos necesarios para su funcionamiento.

De ahora en adelante, cuando se utilice la expresión ‘libre de humo’ en establecimientos comerciales, se entenderá como ‘libre de humo y aerosoles’.

El término aerosol hace referencia a la ‘nube’ de los cigarrillos electrónicos, que es una mezcla de químicos que estuvieron presentes en el e-líquido o tabaco, y se produjeron antes o durante el proceso de calentamiento.

Entre los dispositivos que tendrán estas restricciones se encuentran los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN), sistemas similares sin nicotina (SSSN), los productos de tabaco calentado (PTC) y productos de nicotina oral (PNO).

Por otra parte, se crearán programas de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución de su consumo, abandono de la dependencia del tabaco y nicotina, sucedáneos o imitadores, dirigidos a toda la población, pero especialmente a los niños y a los jóvenes

El Ministerio de Salud diseñará y pondrá en marcha estrategias y campañas educativas sobre los potenciales efectos y riesgos para la salud del uso de estos dispositivos.

Los establecimientos comerciales dispondrán de un plazo de un año para restringir el uso de máquinas expendedoras o dispensadores mecánicos de productos de esta índole entre los menores de edad.

_El sistema incluye la atención primaria y preventiva, con uso de toda la red pública y privada y suministro de medicamentos en todo el país._

El presidente Gustavo Petro detalló los tres ejes claves que caracterizarán el servicio de salud para el magisterio colombiano.

Luego de una reunión que sostuvo en la Casa de Nariño con la ministra de Educación, Aurora Vergara; el viceministro de Salud, Jaime Urrego, y el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, junto con los voceros de Fomag (Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio) y los nuevos prestadores de salud para los docentes, el mandatario explicó, en su cuenta de la red social X, cuáles son los ejes del nuevo modelo para garantizar la prestación del servicio de salud para los docentes del país.

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“En cada departamento debe haber un consejo Fomag para implementar el nuevo modelo de salud del magisterio, que girará alrededor de tres ejes:

1. Un modelo de atención primaria y preventivo con el uso de toda la red pública y privada en todos los municipios del país.

El sistema contará con equipos de salud Fomag que visitarán todos los colegios y escuelas para atender maestros y estudiantes.

2. Centros de referencia para pacientes con mayores complejidades que organizarán las citas y procedimientos de los pacientes según libre elección del maestro o maestra y sus beneficiarios a IPS públicas y privadas configuradas como red en cada departamento

3. Atención con medicamentos de las cooperativas de medicamentos, Drogas La Rebaja y las que ofrezcan las mismas IPS.

El giro con los recursos del Fomag será directo de la Fiduprevisora a las IPS y se pagará por capitación en la red primaria y por eventos en los niveles de complejidad”.

La semana pasada, el jefe de Estado anunció una auditoría especial a los giros que hace la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) a clínicas y hospitales, para evitar actos de corrupción mediante la adulteración de los softwares.

“Son billones de pesos perdidos a través de un sistema que llega siempre a los mismos operadores, las mismas clínicas que atienden a los maestros y maestras. Queremos que el maestro y la maestra puedan escoger a qué clínica quieren ir. Eso aún no lo hemos logrado, el problema está en el software”, dijo el mandatario.

 La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria para establecer si existió un presunto tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos por parte del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez y del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica.

Se trata de los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos con Regina Isabel López Burgos y José Ignacio Llinás Chica, por parte de la UNGRD.

De acuerdo con la información divulgada a través de medios de comunicación, Olmedo López reconoció que Regina López suscribió el citado contrato por $ 144 millones, por recomendación del director de la UIAF.

La UNGRD contrató también a José Ignacio Llinás, hermano del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia, quien, según informaciones periodísticas, es el cuarto contratista con honorarios más altos en esa entidad.

El ente disciplinario ordenó la práctica de pruebas documentales que incluyen, entre otras, la solicitud de los estudios previos elaborados por la UNGRD para estos bilaterales y los informes de las acciones ejecutadas por los citados contratistas.

Con esta investigación disciplinaria la Procuraduría busca establecer la ocurrencia de las conductas señaladas, determinar si constituyen falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo de alguna causal de exclusión de la responsabilidad .

La comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes citó a declaración a varias personas cercanas al presidente Gustavo Petro, en medio de la investigación de la financiación de la Campaña Petro Presidente en 2022.

El próximo 16 de mayo los representantes escucharán las pruebas testimoniales de Christian Daes, Máximo Noriega, Pedro Hernando Flórez Porras y Agmet Escaf.

Además, la comisión decretó una prueba testimonial para que, a través de un cuestionario escrito, la directora del DAPRE Laura Sarabia y el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedettí, procedan a brindar respuesta.

Para este caso la comisión también solicitó al despacho de la Magistrada Magda Victoria Acosta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, las declaraciones hechas por Nicolás Petro en relación con su participación en la campaña presidencial del 2022-2026.

Sobre Luciano Marín, alias Iván Márquez, se ha dicho que estaba muerto, otros que se encontraba en Venezuela, “ciego y deprimido”, pues lo cierto ahora es que el cabecilla de Segunda Marquetalia está vivo y al tanto de la situación política que atraviesa el país.

Así quedó registrado en un video de 16 minutos conocido por el diario El País de España, en el que el disidente de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas Farc en 2016, respalda la reforma constituyente planteada por el presidente Gustavo Petro.

«Vamos a rescatar la majestuosidad del constituyente primario, que es el pueblo. Él es la legítima autoridad. Su voluntad debe ser acatada por todas las instituciones del Estado. Jamás debe olvidarse que el soberano es el pueblo, y los derechos del pueblo prevalecen sobre la ambición de riquezas de las oligarquías y las transnacionales”, dice Márquez en la grabación que, según El País, se superpone con imágenes de Petro, Simón Bolívar y Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, fundador de las Farc.

La transmisión del video, al parecer, se llevó a cabo en Puerto Carreño, capital del Vichada, durante el Foro Binacional de Paz, un evento organizado por la Asamblea Departamental en un coliseo de la localidad, allí se proyectó la grabación en una pantalla.

El jefe de la Segunda Marquetalia ofrece así una prueba de vida después del atentado que sufrió y por el que lo dieron por muerto en varias ocasiones.

“Defendemos el derecho del pueblo llano a la salud, al empleo y a la vivienda. No más privatización de los servicios públicos, convertidos hoy en vil negocio de empresas nacionales y extranjeras”, añade Márquez en su declaración en video.

En el video, el disidente Márquez se escucha con problemas de dicción, con la piel manchada y con secuelas del atentado en uno de los ojos.

Según explica el diario El País de España, la grabación fue reproducida después de los discursos del alcalde del municipio de Puerto Carreño, Jaime Rodríguez, y del gobernador de Vaupés, Luis Alfredo Gutiérrez.