Categoría: Política Nación

El presidente Gustavo Petro está considerando ajustes en su equipo ministerial, una decisión que surge tras el revés político que sufrió en la elección de la Corte Constitucional. Fuentes cercanas al Gobierno revelaron a El Colombiano que una de las principales evaluaciones es la posible salida del ministro de las TIC, Julián Molina, cuyo reemplazo podría ser el polémico gerente de RTVC, Hollman Morris.

La derrota en la elección de la candidata María Patricia Balanta, que se atribuye a una falta de apoyo de los partidos Alianza Verde, La U y Liberal, provocó una reacción inicial de Petro que se revirtió parcialmente. El presidente había solicitado la renuncia de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino (Alianza Verde), TIC, Julián Molina (Partido de La U), y Comercio, Diana Marcela Morales (Partido Liberal). Sin embargo, la salida de Sanguino y Morales habría sido reconsiderada.

A pesar de la aparente marcha atrás, el puesto de Molina sigue en riesgo. La llegada de Hollman Morris, una figura cercana al presidente, a la cartera de las TIC reforzaría el control del Gobierno sobre las comunicaciones, un área que, según se conoció, preocupa al mandatario, especialmente de cara a las elecciones de 2026.

Además de los cambios ministeriales, Petro también estaría analizando la salida de directivos en entidades descentralizadas que han sido controladas por los partidos Liberal y Alianza Verde, como el ICA, Finagro y Positiva. Estos movimientos estratégicos buscan consolidar un equipo más alineado con sus directrices en la fase final de su mandato.

La familia de Valeria Afanador, la niña que falleció en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ha emitido un comunicado para responder a las recientes afirmaciones del abogado defensor de la institución, Francisco Bernate. En sus declaraciones, el abogado se refirió a una supuesta «millonaria póliza» que indemnizaría a la familia.

En el comunicado, los padres de Valeria, visiblemente afectados, expresan su rechazo categórico a estas afirmaciones. «La muerte de nuestra hija ha sido una pérdida devastadora», afirman. «Valeria no era una cifra, ni una suma de dinero: era una niña llena de vida, sueños, ternura y amor». Enfatizan que ninguna póliza, sin importar su valor, puede compensar su dolor o llenar el vacío que ha dejado.

La familia considera que estas declaraciones son «profundamente insensibles, hirientes y malintencionadas». Acusan a la defensa de desviar la atención de lo que realmente importa: la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Asimismo, señalan que estas afirmaciones pretenden reducir la tragedia a una cuestión económica, como si ese fuera su único interés.

Los padres de Valeria recalcan que su lucha es por la memoria de su hija, por su dignidad y para evitar que otra familia sufra una pérdida similar. Finalmente, agradecen el apoyo recibido y confían en que la verdad prevalecerá.

Así lo afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien destacó que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) hacen parte de una política agropecuaria de protección de los suelos y de la actividad campesina para garantizar la seguridad y la sostenibilidad alimentaria.

“Estamos entrando en una época preelectoral, claramente las tensiones políticas empiezan a agudizarse; estamos haciendo este ejercicio porque no queremos que una tarea tan importante como proteger los suelos agrícolas se convierta en un ejercicio de campaña”, dijo la ministra en declaración a medios.

En el mismo sentido, la titular del agro enfatizó: “Aquí se ha dicho que la intención del ministerio de Agricultura es expropiar, y de manera muy clara lo hemos dicho: nada más falso. Estas áreas de especial protección para la producción de alimentos no mutan, condicionan o transforman la propiedad”.

“Lo que estamos haciendo acá es insistir en la necesidad que tenemos de proteger los suelos con unas normas que nos anteceden y que no son de este Gobierno”, recalcó.

Asimismo, descartó que la política del Gobierno sobre las APPA tenga alguna relación con un plan de redistribución de la tierra.

“Lo segundo que se ha dicho es que esto está relacionado con la redistribución de la tierra. Nuestra política de redistribución no son las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Para la redistribución de la tierra el Gobierno nacional desarrolla la política más ambiciosa de adquisición y redistribución de tierras, al alimentar el Fondo Nacional de Tierras y con la adjudicación definitiva”, sostuvo la ministra.

Se han declarado dos APPA

Sobre los avances del Gobierno en la constitución de las APPA en el territorio nacional, la ministra resaltó que se han declarado dos áreas especiales en el sur de La Guajira y en Sopó (Cundinamarca), sobre las cuales explicó su potencial.

“Hoy tenemos dos áreas declaradas: el sur de La Guajira, un área muy importante para la producción de alimentos, recuperación de los sistemas agroalimentarios en una zona de hambre; y Nemocón, 1.900 hectáreas en la Sabana de Bogotá, en los suelos más aptos que tenemos en Cundinamarca”, indicó.

“En este momento trabajamos en Casanare, en Cauca, en Putumayo, en Tolima, en Antioquia, en Cundinamarca, y trabajamos en la identificación de esas zonas que van a ser declaradas como áreas de especial protección para la producción de alimentos”, afirmó Carvajalino.

Sobre las zonas APPA ya constituidas, explicó que la del sur de La Guajira es un área muy importante para la producción de alimentos y la recuperación de los sistemas agroalimentarios, en una zona con indicadores de hambre.

“Ya declaramos a Sopó. Son 1.900 hectáreas que nos permiten avanzar en la protección de nuestros productores y productoras en La Sabana de Bogotá, en los suelos más aptos que tenemos en Cundinamarca”, añadió.

Además, manifestó que las APPA no tienen ninguna relación con suelos aptos para la minería ni interviene en esa área económica.

“Donde hay actividad minera no hay suelo agropecuario. ¿Por qué? Porque se ha sustraído el suelo agropecuario. Si usted tiene extracción de carbón, material de grava o material de arcilla, usted ya no tiene suelo”, señaló.

En una operación conjunta, el Ejército Nacional, el Gaula Militar y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de José Alexander Teochez Gómez, alias ‘El Enano’. La detención se llevó a cabo en el centro poblado de Berlín, en Doncello, y representa un golpe significativo para las disidencias de ‘Calarca’

Según las autoridades, alias ‘El Enano’ se desempeñaba como cabecilla financiero del grupo armado Rodrigo Cadete. Era el responsable de imponer extorsiones a comerciantes, ganaderos y transportadores en el Caqueta.
Además, se le acusa de planear un atentado con explosivos en Florencia el pasado 22 de agosto.

La captura, que se logró gracias a trabajos de inteligencia y la rápida reacción de las tropas, debilita la capacidad criminal de las disidencias en el Caquetá. Al momento de su detención, alias ‘El Enano’ tenía una orden de captura por múltiples delitos, incluyendo concierto para delinquir agravado, homicidio y tráfico de armas.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando, asegurando que cada llamada al Gaula se traduce en operaciones concretas que protegen a la población.

La Corte Suprema de Justicia ha abierto una nueva investigación contra el senador Jota Pe Hernández, esta vez por un presunto plan de manipulación de testigos. El caso se desprende de la denuncia por calumnia que el exsenador Roy Barreras presentó en su contra en 2023.

Durante la investigación, varios testigos citados a declarar contra Barreras terminaron, por el contrario, acusando a Jota Pe Hernández. Según sus declaraciones, el senador habría coordinado un «show mediático» y un montaje para perjudicar a Barreras. La Sala de Instrucción de la Corte considera que las afirmaciones de los testigos son de «suma gravedad».

Entre los testimonios clave se encuentra el de Kilian Torres Rojas, un exempleado del Canal del Congreso, quien afirma que Jota Pe Hernández le habría ofrecido beneficios, como mantener su salario sin trabajar o incluso conseguirle asilo en otro país, a cambio de testificar falsamente contra Barreras y su asesor.

Las declaraciones de Torres, junto con las de Jhon Jairo Uribe Muñoz y Catherine Torres Rojas, llevaron al magistrado a ordenar la compulsa de copias, lo que formaliza la apertura de un nuevo capítulo judicial en el que se investigará la posible ocurrencia de delitos.

En ejercicio de su función constitucional de vigilancia de la gestión fiscal, la Contraloría General de la República adelantó en el mes de julio de 2025 un operativo de policía judicial en la Nueva EPS con el fin de recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia Nacional de Salud y ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados.

Como parte de esta actuación, se realizaron entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas e imágenes forenses correspondientes a las vigencias 2022, 2023, 2024 y primer semestre de 2025.

El análisis preliminar de los datos permite a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), generar una alerta por las presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas.

Incremento desmesurado de anticipos que compromete la liquidez de la entidad

El análisis preliminar detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar entre las vigencias 2023 y 2024, pasando de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale al 155%, variación significativa que afecta la situación financiera de la EPS.

La Contraloría evidenció un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar en lo corrido de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente al total reportado durante la vigencia 2024, pasando de $8.6 billones a $15.27 billones, situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, especialmente aquellos que superan los 2 años por valor de $143 mil millones.

Con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondiente a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados.

Facturas de servicios de salud sin revisión o validación

Del reporte total de facturas pendientes por procesar entregado por la EPS, se encontró que a la fecha existen 22.737.247 de registros por un valor de $22,1 billones. Ahora bien, al realizar la verificación inicial se identificaron 9.155.060 facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones, por consiguiente, al excluir los registros repetidos, existen facturas por valor de $13.2 billones pendientes por procesar.

Del valor de las facturas pendientes por procesar, el 37.1% corresponde a la vigencia 2024 y el 59.9% restante al primer semestre de 2025, esto indica que el 97% de las obligaciones reportadas aún no ha sido sometida a revisión por parte de la EPS.

Estas circunstancias generan inconsistencias contables y financieras, debido a la falta de verificación de aspectos fundamentales como la pertinencia del costo, el cumplimiento contractual y la validez de los soportes.

Por otra parte, el análisis preliminar encontró que en 36 prestadores de salud (de una red de más de 2.700) se concentra el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5.2 billones, lo que eleva significativamente el riesgo fiscal en caso de presentarse incumplimientos o litigios.

Durante el desarrollo de la actuación de policía judicial, la Contraloría detectó que a pesar de la exigencia de la normatividad respecto a los sistemas de información

para ejercer un control oportuno y pertinente para el procesamiento de datos, la EPS no acreditó la suficiente capacidad tecnológica requerida para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de la salud.

Contratos con documentación incompleta

La entidad no aportó los soportes contractuales que den cuenta del cumplimiento de los requisitos mínimos contemplados en el Decreto 441 de 2022, respecto a la celebración de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios y tecnologías en salud entre el asegurador y su red prestadora.

En la revisión de la información remitida por parte de la EPS, en algunas carpetas contractuales no fueron aportados los soportes documentales de los contratos suscritos (copias de contrato, nota técnica, anexos y demás requisitos exigidos).

Incremento en cuentas por pagar por concepto de servicios de salud

La Contraloría identificó que las cuentas por pagar con corte a marzo de 2025 presentan un valor acumulado de $21.37 billones, cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que su cobertura es de aproximadamente el 22% de la población afiliada. Se destaca que existen $10.5 billones de anticipos pendientes por legalizar y $8.7 billones en facturas pendientes por procesar.

Esta tendencia refleja un desequilibrio entre ingresos y egresos, que podría llevar a restricciones en la prestación de servicios y afectar la estabilidad financiera de la entidad.

Reservas técnicas: subestimación del pasivo y falta de liquidez

La Contraloría identificó con corte a diciembre de 2024 una subestimación en la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada por valor de $11.1 billones, así como falta de soporte de autorizaciones y de facturas en el detalle de las reservas técnicas.

La delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. El creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación, constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud.

Esta alerta será remitida a la Contraloría Delegada para el Sector Salud para que determine los procedimientos de control fiscal consecuentes; entre ellos, la determinación de responsabilidad fiscal. De manera paralela, dará traslado en su oportunidad a las autoridades competentes en lo que atañe a las responsabilidades disciplinarias y penales.

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar ha manifestado su total respaldo a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Además, Bolívar anunció que, de ser elegido como el próximo mandatario, impulsaría esta iniciativa desde el Congreso.

En sus declaraciones, Bolívar señaló: «Haremos todo el proceso constitucional para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente». Con esta postura, el candidato se alinea con la estrategia del Gobierno y busca convertirse en la «primera bancada constituyente» para avanzar en los cambios propuestos por Petro.

Con el objetivo de potenciar el turismo de la región, el Gobierno lanzó esta plataforma digital gracias a una alianza entre el Ministerio de las TIC y la Universidad de Cartagena.

Esta plataforma contempla el diseño, desarrollo e implementación de una solución tecnológica integral que articula formación en habilidades digitales con una plataforma web y móvil, con lo que se busca modernizar el turismo, cerrar brechas de digitalización y garantizar experiencias seguras, confiables y de calidad, tanto para los visitantes como para los prestadores de servicios turísticos de la región Caribe.

“La región Caribe tiene tantos lugares por conocer que es necesario utilizar las habilidades digitales para saber vender la región. ‘Conecta Región Caribe’ ayudará a que los turistas sepan dónde vale la pena comer, o qué miradores hay que visitar para disfrutar de los mejores paisajes”, aseguró el viceministro (e) de Transformación Digital, William Sánchez.

Con este desarrollo tecnológico, el Caribe colombiano, tierra de cultura, historia y diversidad, da un paso decisivo hacia la modernización del turismo gracias a la tecnología. La iniciativa no solo fortalece la competitividad del sector, también abre caminos de desarrollo para comunidades que encuentran en el turismo una fuente de progreso y bienestar.

La estrategia tiene dos grandes ejes, que combinan formación con tecnología:

• Formación en habilidades digitales: Se trata de un programa de 60 horas (44 virtuales y 16 presenciales) en marketing digital, redes sociales, comunicación efectiva, fotografía y uso de la aplicación web.

• Plataforma web y móvil: un ecosistema digital que integra reservas, geolocalización, micrositios personalizados y toda la oferta turística regional (alojamiento, transporte, gastronomía, guías, ecoturismo, turismo cultural y de aventura).

Con esta plataforma se espera que 72 municipios del Caribe colombiano de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba reciban beneficios concretos, que marcarán la diferencia en el sector turístico.

Estos incluyen mayor visibilidad para destinos tradicionales y emergentes; formalización y sostenibilidad de negocios turísticos, especialmente en zonas rurales; impulso a un turismo inclusivo, sostenible y con enfoque en equidad territorial; acceso a herramientas digitales de gestión, calificación, ofertas y comunicación en tiempo real, y acompañamiento técnico y asesoría personalizada para los prestadores.

El exgobernador de Nariño y precandidato presidencial, Camilo Romero, se retiró de su audiencia de juicio en la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en un contrato de licores firmado durante su mandato. La decisión se tomó luego de que el tribunal le negara el aplazamiento de la diligencia, a pesar de que su abogado principal, Miguel Ángel del Río, no pudo asistir por motivos de salud.

Romero manifestó su molestia por la asignación de una abogada suplente, argumentando que su caso requiere la presencia de su defensor de confianza. «No acepto esta suplencia», afirmó durante la audiencia.

El exmandatario insistió en que el proceso no puede avanzar sin la participación de su abogado titular, y advirtió que, si el juicio continúa, interpondrá una acción de tutela por vulneración a su derecho al debido proceso. A pesar del anuncio de Romero, el magistrado a cargo decidió continuar con la diligencia.

El caso, que se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la comercialización de licores, sigue adelante mientras las tensiones aumentan entre la defensa y el tribunal.

Crece la polémica debido a que un grupo de alcaldes decidieron viajar a Washington a interceder ante el gobierno de los Estados Unidos, ante el temor de una posible descertificación a Colombia.
El prinero en pronunciarse fue el presidente Gustavo Petro quien cuestionó la falta de autorización para el viaje de los mandatarios.

En las últimas horas el ministro del Interior Armando Benedetti, señaló en su cuenta de X
«Denunciaré a los alcaldes que están en Washington por usurpación de funciones. ¿También lo podría hacer por abandono del cargo? Ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público. No se están reuniendo con nadie que tenga que ver con la certificación en el tema de drogas, es una agenda política, están suplantando las funciones que tiene el Presidente de la República»