Categoría: Política Nación

El escándalo de corrupción de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres), que hoy sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro, ha generado críticas y advertencias sobre las consecuencias que traerá a corto y mediano plazo. El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda se pronunció.
En conversación con Noticias Caracol, el congresista subrayó que este caso de corrupción “es muy grave, atenta contra nuestro proyecto político y, por supuesto, en contra del Gobierno”.

El de la UNGRD “es un escándalo de connotaciones muy graves, atenta contra nuestro proyecto político y contra el Gobierno. Lo dijo el presidente, obstruye la ejecución correcta de nuestro programa”, señala Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico

Enfatizó en que Olmedo López, exdirector de la UNGRD, tiene que “afrontar su responsabilidad innegable e indiscutible desde el punto de vista político, disciplinario y penal. Olmedo López debe ser objeto de una sanción ejemplar, es una persona que actuó sin lugar a dudas con toda la premeditación, la intencionalidad, el dolo para hacerle un grave daño, ni más ni menos, que a recursos o apropiarse de recursos destinados a las víctimas de desastres naturales, eso hace todavía más grave su responsabilidad”.

El escándalo en esta entidad surgió por las presuntas coimas entregadas a importantes políticos del país, como Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, dinero que se habría dado supuestamente por orden de Olmedo López, según las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la unidad.

el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció sobre la aparición de su nombre en medio del escándalo de corrupción que gira en torno al manejo de los dineros públicos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

En un principio, Velasco dejó claro que, hasta el momento no saldrá del Gobierno, ya que no tiene nada que esconder y además cuestionó las solicitudes a la Fiscalía de Olmedo López y de Sneyder Pinilla.

Ese cuentico del principio de inmunidad y eso es una instrumentalización de la justicia, esto es un problema que va más allá de los contratos. En lo que respecta a mi les va a quedar difícil porque todo está registrado y hay bitácora hora por hora de manera que sí se reunió conmigo tendrán que decir que día y demostrarlo”, dijo.

También, habló de la reacción del presidente Gustavo Petro a la situación y su continuidad en el Gobierno.

“Yo estoy para lo que el presidente señale. Salir corriendo es reconocer una culpa que no tengo, yo no tengo que esconderme y me dediqué este fin de semana a ver mi agenda día a día. Si no voy acompañado, nunca me reúno y lo hago porque tengo experiencia. Le quedará difícil a Olmedo o Sneyder mostrar que tuve una reunión en privado”, puntualizó.

Agregó que ha estado en constante comunicación con el presidente Gustavo Petro para despejar dudas de la situación

El presidente tendrá que decirlo y he estado en comunicación con él, contándole antecedentes porque es muy raro que unos ministros estén ordenando mandarle dinero”, agregó.

El alto funcionario, quien ya interpuso una denuncia en la Fiscalía por injuria y calumnia al ser señalado por un tuitero de estar ligado con irregularidades, aseguró que en varias ocasiones le ha tocado “enfrentar testigos falsos que adelantan esta filtración de información”.

De otra parte, aseguró que siempre ha tenido una relación distante con el presidente del Senado, Iván Name y que reflejo de ello son varios titulares de prensa que muestran la distancia.

En cuanto al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, indicó que “hay una vieja relación política y me parece bastante extraño que habría que entregarle dinero y Snyder debe tener las pruebas”, puntualizó.

Por otra parte, aseguró que, mientras estuvo encargado por 30 días de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tras la salida de Javier Pava, no firmó ningún contrato.

“Estuve muy pendiente de dos hechos muy delicados en el volcán del Ruíz y el desastre Rosas, Cauca, me dediqué a eso. No firmé un solo contrato, ni convenio, ni di órdenes de trabajo, ni prestación de servicios. Después de la Unidad tuve un tipo de relación con diferentes poblaciones con las que nos comprometimos y no se cumplieron”, agregó.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció este lunes 6 de mayo una nueva irregularidad relacionada con la administración de Daniel Quintero. El mandatario señaló que durante el gobierno anterior de la ciudad se hicieron movimientos para vender por ocho millones de dólares la gerencia de Afinia, filial de EPM, que presta el servicio de energía en Córdoba, Sucre y Bolívar, entre otros municipios de la costa Caribe.

«Jugaron con EPM, jugaron con el patrimonio de lo público, jugaron con los usuarios de la costa. En los últimos días, hemos recibido información de manera personal, por parte de un ciudadano que nos pide reservar su identidad por miedo a que atenten contra su vida, pues ya ha recibido amenazas y manifestó ser testigo de como fue vendida la gerencia de Afinia”, indicó Gutiérrez.

Entre los detalles que dio Gutiérrez, resaltó que el negocio se pactó en un restaurante de Las Palmas entre un secretario de la administración de Quintero, un excongresista y quienes estuvieron la compra. Además, se habrían realizado otras reuniones en clubes de Barranquilla y Medellín en las que además habría participado una persona involucrada en el carrusel de la contratación en Bogotá, que está detenida, empresarios venezolanos y otros funcionarios de la alcaldía.

Sumado a esto, el informante, según indicó el alcalde de Medellín, explicó la forma cómo se pactó la venta y los porcentajes, así como señaló que la venta se hizo para direccionar contratos a empresas de la costa Caribe, cobrar coimas por los contratos y otros hechos, que fueron denunciados ante la Fiscalía, que se sustentan con pruebas testimoniales de personas que advirtieron la ilegalidad, tiquetes aéreos, chat y mensajes, entre los que se encontraba la confirmación del nombramiento del nuevo gerente de Afinia, en 2021, que supuestamente se habría pactado.

“Afinia está en una situación financiera que obliga de manera urgente a convocar al Gobierno nacional para que encontremos soluciones, de no ser así, tendremos una crisis en la filial que afectará la prestación del servicio de energía en cinco departamentos de la costa Caribe, en un futuro inmediato”, señaló Gutiérrez.

Previamente, el mandatario ya había hecho alertas sobre la situación de la empresa, debido a su alto flujo de inversiones y los bajos indicadores de retorno. Sumado a esto, están los cuestionamientos por la salida de Blanca Liliana Ruiz de la gerencia, a quien remplazó Javier Lastra, quien ha sido cuestionado por otras presuntas irregularidades.

En respuesta, el exalcalde Daniel Quintero señaló que “el Gobierno de Federico Gutiérrez va tan mal que sólo le queda la mentira como alternativa. Mientras tanto aumentan los atracos y homicidios, las basuras inundan la ciudad y el desempleo se dispara. Veremos 4 años de descuido. Si no es que renuncia antes”.

Como parte de la investigación sobre el escándalo de la adquisición de carrotanques destinados para el suministro de agua a comunidades apartadas de La Guajira, Luis Gustavo Moreno, que oficia como abogado de Sneyder Pinilla, exsubdirector de riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), proporcionó el domingo 5 de mayo de 2024 detalles exclusivos sobre el caso que está moviendo los cimientos del país político.

En entrevista con W Fin De Semana, Moreno reveló que su cliente mencionó a varios altos funcionarios, incluyendo a Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, y a los presidentes del Senado y Cámara, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, respectivamente. Sin embargo, especificó que el nombre del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no figura en la primera matriz de colaboración entregada a la Fiscalía General de la Nación; contrario a lo manifestado en medios.

«En matriz que entregué no está nombre de Luis Fernando Velasco”, enfatizó el abogado defensor.

Con ello, desmintió las informaciones que surgieron sobre su presunta participación en el caso, como se conoció en la jornada del jueves 2 de mayo, cuando la revista Cambio indicó que uno de los miembros del gabinete del presidente de la República, Gustavo Petro, había sido relacionado por Pinilla: el número 2 de la entidad durante la administración de Olmedo López: que ya anunció, a través de un audio, que también buscará un preacuerdo con el ente acusador.

Esta indagatoria se originó en alegaciones que insinúan una malversación de fondos y corrupción en la asignación de recursos para el transporte del preciado líquido a una de las regiones más vulnerables de Colombia. Pese a las implicaciones que esto tiene para varios funcionarios, Moreno enfatizó que otros nombres que salieron a la luz, como el de Andrés Idárraga, exsecretario de Transparencia, no pueden ser confirmados por él.

Él entrega unas pruebas y luego viene una inmunidad que tendrá que pasar por los jueces de control de garantías.  No puedo confirmar (más nombres) porque violentaría una reserva legal, pero él quiere cooperar con la justicia”, manifestó el letrado en este caso.

Las aclaraciones hechas por el exfiscal anticorrupción, recordado por haber sido condenado por delitos relacionados con recepción de recursos para favorecer decisiones judiciales, pero que ya purgó su pena, incluso en Estados Unidos, buscarían no solo limpiar el nombre de algunos implicados: también redirigir la atención hacia la evidencia material y los testimonios que puedan surgir de la investigación en curso.

En las últimas horas se conocieron las capturas de pantalla que tomó Olmedo López cuando era directos de la UNGRD de las conversaciones que sostuvo con Sandra Ortiz, la entonces consejera presidencial para las regiones.

Allí, supuestamente, se comprobaría que hubo reuniones en un hotel de Bogotá entre ambos funcionarios donde López le habría entregado el dinero de la UNGRD a la exconsejera.

Ante esta información, en la mañana del sábado 4 de mayo, Sandra Ortiz publicó estos mismos chats pero dejando ver más conversaciones.

«Estas son las conversaciones ‘completas’, sin fraccionar, a diferencia de como lo hacen algunos medios de comunicación, donde la información se tergiversa para hacer parecer realidad una situación falsa», señaló la exconsejera.

Según Ortiz por esta razón, se publican las conversaciones que se tenían a diario sobre diferentes temas relacionados con el ejercicio del cargo.

Es necesario señalar que serán las autoridades a quienes se les suministrarán las pruebas que demuestren mi inocencia, ya sea la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia u otra entidad o autoridad que sea la competente», recalcó la exfuncionario.

Recordemos que Snyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD señaló que Ortiz sirvió de mensajera con Iván Name, presidente del Senado, para la entrega de 3.000 millones de pesos.

El dinero, según su versión, se entregó en dos maletas repletas de efectivo y en billetes de 50.000 pesos y 100.000 pesos.

También, señaló que al presidente de la Cámara, Andrés Calle, le entregaron 1.000 millones de pesos en un maletín en una viaje que hizo a Montería.

La fiscal general Luz Adriana Camargo envió una comunicación pública en la que se comprometió a brindarle seguridad a Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) y denunciante del escándalo de corrupción de los carrotanques. Un reciente caso en el que se señala por corrupción a los presidentes de la Cámara y Senado, así como a la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz.

«La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, adelanta desde hace varios meses la investigación por las denuncias de presuntos hechos de corrupción en la compra de carrotanques que tenían como fin suministrar agua potable a comunidades de La Guajira, uno de los departamentos más vulnerables del país. Por ello, la ampliación de las declaraciones de Pinilla, tras los graves señalamientos que ha hecho, es fundamental»

«En el marco jurídico de sus funciones, la entidad insiste en su entera disposición de brindar protección, escuchar y recibir la versión de todas las personas, funcionarios y exempleados públicos que conserven pruebas e información que permitan sustentar legalmente ante los jueces competentes la investigación penal”, indicaron desde la Fiscalía en un comunicado de este sábado.

El ente acusador también indicó que se espera, “en esta tercera oportunidad en que es citado (Pinilla) acuda y permita la realización de la diligencia del próximo 8 de mayo ante el despacho a cargo de la indagación de este grave episodio de corrupción”.

Asimismo, la Fiscalía informó que se ha asegurado el pleno respaldo a la fiscal responsable del caso, con acompañamiento de equipo técnico y científico, logístico y de policía judicial, y que la funcionaria “tendrá garantizado el ejercicio autónomo e independiente de esta y todas sus investigaciones”.

En el comunicado, también se aclara que ni la Dirección de Asuntos Jurídicos ni otras dependencias de la entidad cuentan con la facultad de interferir en las tareas de los fiscales.

El escándalo de corrupción en la Ungrd, uno de los más fuertes que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro, sigue dando de qué hablar por cuenta de nuevos elementos que se están conociendo y que respaldan las denuncias que hasta el momento se han hecho.

En las últimas horas se conoció pantallazos de chats que el exdirector de la entidad Olmedo López entregará a la Fiscalía General de la Nación y en los que aparecen conversaciones suyas con la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quien es señalada de haber sido la intermediaria para pagar millonarias coimas en el trámite de las reformas del gobierno Petro.
Uno de los chats tiene fecha del 25 de septiembre de 2023, en el que Ortiz concreta un encuentro con López, para, presuntamente, organizar la entrega del dinero. “Director, buenos días. La reunión va hacer (sic) en la suit del Tequendama”, le dice ella a las 7:16 a.m. tras hacerle tres llamadas que él no contestó entre las 7:09 a.m. y las 7:13 a.m.

Después, a las 7:56 a.m., Olmedo responde: “Pésima movilidad por la 26. Aquí voy”. Y hay otra llamada perdida más de Ortiz a las 8:21 a.m.

Posteriormente, se ve otra conversación, entre las 11:49 a.m. y las 2:56 p.m., en la que Ortiz le pregunta a López por la hora de otro encuentro. “¿A qué hora pasas?”, le pregunta ella, mientras que él le responde que está en una reunión y le envía una foto de la misma.

Luego le dice a la consejera que “todo está listo para el tinto” y ella le dice que se vean en la habitación 2312 del hotel Tequendama, donde se habría concretado el acuerdo para la entrega del dinero, según afirmaron fuentes de primer nivel a este diario. Eso será lo que diga Olmedo López a las autoridades.

Este escándalo, que tiene en el ojo del huracán a varios políticos y al gobierno de Petro, se dio luego de que Sneyder Pinilla, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), asegurara que le entregó miles de millones en efectivo a los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para, supuestamente, aprobar las reformas del presidente en el Congreso.

La senadora Angélica Lozano levantó una voz crítica dentro del Partido Verde, exigiendo acciones contundentes ante las recientes denuncias de corrupción que involucran a miembros de la colectividad.

En particular, Lozano insta al partido a declararse en independencia frente al Gobierno de Gustavo Petro, señalando que la corrupción está minando la integridad del país y del partido mismo

En medio de las acusaciones presentadas por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sobre presuntos pagos millonarios a altos funcionarios del Congreso con la complicidad de la consejera presidencial Sandra Ortiz, Angélica Lozano expresó su descontento ante la falta de medidas concretas por parte de la Presidencia de la República.

Lozano criticó la posición de la Presidencia, mencionando un comunicado de dos páginas que, según ella, no aborda la gravedad de la situación ni toma acciones contra Sandra Ortiz. En sus declaraciones, Lozano enfatizó: «Se están robando a Colombia, otro caso más de corrupción. Que caigan los Olmedos, los Sneyders que desfalcan al país».

La senadora también denunció una supuesta «secuestro» del Partido Verde por parte del Gobierno, indicando que se han mantenido en una posición de independencia frente al Gobierno de Petro durante un año y medio, pero que no se han logrado avances significativos debido a presiones y cuotas dentro de la administración.

Dentro del Partido Verde, estas declaraciones han avivado un debate interno sobre el rumbo que debe tomar la colectividad en medio de estas acusaciones y tensiones con el Gobierno. Si bien algunos miembros han pedido investigaciones internas y sanciones, la postura de Angélica Lozano resalta la necesidad de acciones más contundentes, incluyendo la declaración de independencia frente al Gobierno actual.

El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de Sandra Ortiz, consejera para las regiones, y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, por el escándalo en la Ungrd. Así lo confirmó este diario con fuentes en Casa de Nariño en la tarde de este viernes.

Se trata de dos funcionarios cercanos al mandatario que trabajaban en el círculo de la Presidencia. Desde el Huila, el jefe de Estado señaló que “todos los funcionarios involucrados en actos de corrupción tienen que salir del Gobierno”, mensaje que también lanzó horas antes desde su cuenta de X.

Hace algunas horas, el exsubdirector de la Ungrd hizo graves denuncias que involucraron a los dos funcionarios. Por un lado, sobre Ortiz (políticamente proveniente del Partido Verde), dijo que habría sido la intermediadora para pagar millonarias coimas en el trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Según la denuncia, los presidentes del Senado, Iván Name y de la Cámara, Andrés Calle, recibieron dinero de la entidad.

Por otro lado, Idárraga fue salpicado por la defensa del cuestionado exdirector Olmedo López. El apoderado, José Luis Moreno, alega que “esta persona (Idárraga) le realizó varias solicitudes a mi cliente (López) entre ellas la atención de varios alcaldes en el marco de un posible tráfico de influencias”.

Por esto hechos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió, de oficio, una indagación previa por las revelaciones del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla.

En este caso, el alto tribunal indagará si existe el material probatorio y evidencias para iniciar un proceso formal de investigación a ambos aforados, quienes, una vez conocidas las revelaciones de Pinilla, apelaron a su inocencia.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió, de oficio, una indagación previa por las revelaciones del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, según las cuales el presidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, habrían recibido millonarios sobornos a cambio de impulsar las reformas y las elecciones regionales.

En este caso, el alto tribunal indagará si existe el material probatorio y evidencias para iniciar un proceso formal de investigación a ambos aforados, quienes, una vez conocidas las revelaciones de Pinilla, apelaron a su inocencia.

En el caso de Name, aseguró que no conoce al exsubdirector y que sus versiones “no corresponden con la realidad”. Dijo que está dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes “para aclarar cualquier interrogante” que pueda haber sobre su conducta.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara, ofreció su “total apoyo” a las autoridades para esclarecer “con prontitud” los señalamientos a la vez que aseguró que no ha tenido relación alguna con ese contrato, ni con ninguna actividad similar.

Y es que en este caso, Pinilla dijo haber entregado millonarios pagos a Name y a Calle para impulsar la aprobación de las reformas sociales del Gobierno Nacional en el Congreso. Por ello, habló de pagos en efectivo, entregados en maletas, entre septiembre y octubre de 2023, de supuestamente $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle.

Ahora, el caso en la Corte Suprema de Justicia, por sorteo, le correspondió al magistrado Francisco Javier Farfán Molina.