Categoría: Política Nación

Los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, se encuentran en Washington en un viaje oficial que ha generado controversia. El presidente Gustavo Petro había cuestionado la autoridad de los mandatarios locales para llevar a cabo asuntos diplomáticos, afirmando que la Constitución no les otorga esa facultad.

En respuesta a las críticas, tanto Gutiérrez como Éder aclararon que su visita se realiza en representación de sus respectivas ciudades y no del Gobierno Nacional. Los alcaldes explicaron que el objetivo es fortalecer las relaciones con instituciones de Estados Unidos y explorar oportunidades de cooperación en áreas como desarrollo urbano e infraestructura.

Durante su estadía, los mandatarios se reunirán con congresistas estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano. En su agenda, no está previsto discutir temas de política nacional, como certificaciones o estrategias antidrogas, lo que subraya el enfoque exclusivamente municipal de su viaje.

Las recientes revelaciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ante la Corte Suprema de Justicia han sacudido el panorama político colombiano. En su testimonio, Pinilla destapó una presunta red de favores en la que contratos de la UNGRD habrían sido entregados a congresistas a cambio de apoyo para las reformas del Gobierno.

Según el exfuncionario, esta dinámica no se limitaba a la coalición de gobierno; incluso miembros de la oposición se beneficiaban de estos acuerdos. “Se tenían que dar contratos para que aprobaran las diferentes reformas del Gobierno”, afirmó.

Entre los nombres mencionados por Pinilla, resalta el del senador cordobés Julio Elías Chagüi. Pinilla aseguró que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le instruyó para concretar un contrato con Chagüi para obras de mitigación de inundaciones en Sahagún, Córdoba. Aunque el contrato no se ejecutó, el presupuesto habría pasado de 22 mil a 28 mil millones de pesos y el senador era el beneficiario directo.

De igual manera, Pinilla también señaló a la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta. Aunque negó haber pactado directamente con ella la polémica compra de carrotanques, sí admitió que contrató a una empresa vinculada a la senadora para operar maquinaria amarilla en La Guajira. El exfuncionario justificó el acuerdo diciendo que Peralta era vista como una «aliada» por su cercanía con el presidente.

Para añadir más tensión al caso, Pinilla denunció la desaparición de documentos cruciales relacionados con los contratos. El exsubdirector responsabilizó al actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, por la pérdida de estos archivos. “Muchos de los documentos que yo había hecho, todos los desaparecieron”, declaró. La investigación avanza mientras las acusaciones se multiplican, y la justicia busca esclarecer el alcance de esta presunta red de corrupción.

Tras el secuestro de 45 militares en El Tambo, Cauca, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el hecho y aseguró que se trabaja junto a la comunidad para identificar y judicializar a los responsables. El ministro destacó que unas 600 personas participaron en la retención, un acto que calificó como «delito» y «obstrucción de la función pública».

El ministro Sánchez agregó que el secuestro es promovido por las disidencias del grupo del narcotraficante alias «Mordisco» y que se considera un «crimen de lesa humanidad» que no prescribe y que será investigado por la justicia internacional.

De los 45 militares secuestrados inicialmente, 27 ya fueron liberados, pero las autoridades continúan las labores para lograr la liberación de los 18 uniformados restantes.

Un grupo de congresistas del Partido Liberal, entre ellos Alejandro Vega, Carlos Ardila y Carlos Felipe Quintero, presentó un proyecto de ley para modificar la «ley seca» que se aplica durante las elecciones. La iniciativa propone reducir el tiempo de la restricción, aplicándola únicamente desde dos horas antes del inicio de las votaciones hasta dos horas después del cierre de los comicios.

Los autores de la propuesta argumentan que la «ley seca» actual, que comienza la tarde anterior a las elecciones y dura 24 horas, representa un alto costo económico y social sin un impacto significativo en la seguridad. Según los congresistas, esta medida afecta negativamente a los ingresos y empleos de la economía nocturna, por lo que es necesario un debate legislativo para encontrar alternativas más «equilibradas».

El proyecto de ley comenzará su trámite en la Comisión Primera del Senado.

El exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, popularmente conocido como “Mr. Taxes”, ha anunciado que está considerando seriamente una postulación a la presidencia de Colombia en 2026. En una entrevista con Blu Radio, Reyes afirmó que esta decisión se basa en el masivo apoyo que, según él, ha recibido de ciudadanos.

Para medir el respaldo de forma más precisa, Reyes ha habilitado una encuesta en su página web, www.mistertaxes.co, con el fin de determinar cuántas personas estarían dispuestas a respaldar su candidatura por medio de la recolección de firmas. El exfuncionario insiste en que el interés no se limita solo a las redes sociales, por lo que busca una cuantificación real del apoyo ciudadano.

Reyes también enfatizó que su trayectoria en el servicio público, marcada por la honestidad, es lo que ha motivado a la gente a pedirle que considere la candidatura presidencial.

Investigan Posible Tráfico de Influencias en la DIAN

El anuncio de Reyes coincide con la revelación de un escándalo de tráfico de influencias que, según él, ocurrió mientras dirigía la DIAN. La Corte Suprema de Justicia ha recibido mensajes privados que supuestamente comprometen a altos funcionarios y congresistas.

El material, entregado por el propio Reyes, incluye chats que señalan a figuras como el ministro Armando Benedetti y al congresista Efraín Cepeda, quienes habrían enviado hojas de vida y solicitado favores en la entidad. La investigación, a cargo de la magistrada Cristina Lombana, involucra a 65 congresistas y excongresistas.

Reyes ha reaccionado públicamente a la filtración de los chats, afirmando en sus redes sociales: “Esta es la manera en la cual por décadas se han relacionado el Ejecutivo y el Legislativo”. El caso ha reavivado el debate sobre la persistencia de la corrupción en la política colombiana.

La ley busca garantizar la protección y el respeto por los animales.

La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó la Ley 2385 del 2024 en la que se prohíbe las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia con el objetivo de buscar una transformación cultural con respeto de los animales.

Además, está decisión determinó que también quedan prohibidas las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos.

¿Desde cuándo quedará prohibido?

La Corte Constitucional determinó que la restricción a los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos entrará en vigencia en un plazo de tres años a partir de la sentencia, lo que significa que su prohibición efectiva se aplicará hacia el año 2028.

La Fiscalía General de la Nación anunció que pedirá una nueva medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en contratos firmados entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Atlántico. La solicitud se suma al proceso ya abierto por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El hijo del presidente Gustavo Petro habría incurrido en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

El ente investigador señala que el hijo del presidente habría participado en la firma de cinco documentos a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) con la Gobernación del Atlántico, de los cuales se habían pagado 3.000 millones de pesos- y que tenían como finalidad la realización de labores sociales con adultos mayores y estudiantes en situación de discapacidad-, pero que no habrían cumplido con lo previsto.

En el marco de la visita del presidente Gustavo Petro al Japón y la participación del país en Expo Osaka 2025, nuestro país rompió récords en comercio, inversión, turismo y diplomacia.

Las cifras hablan por sí solas: 1,3 millones de visitantes al Pabellón de Colombia, 34,6 millones de dólares en negocios para distintos sectores y 10 millones de dólares para el turismo del ‘País de la Belleza’. Un balance histórico que combina resultados en comercio, inversión, turismo y diplomacia.

Macrorrueda

La Macrorrueda Internacional ‘Colombia, el País de la Belleza’, organizada el 1 y 2 de septiembre, reunió a 105 empresarios (61 compradores internacionales y 44 exportadores colombianos), quienes sostuvieron 353 citas de negocios.

Los resultados preliminares confirman el dinamismo de la oferta nacional:

—En total se lograron 34,6 millones de dólares en expectativas de negocios, incluyendo ventas inmediatas y acuerdos proyectados a distintos plazos.

—Se logró cerrar un negocio de aguacate Hass que genera una expectativa de negocio por 11 millones de dólares.

—El café también fue un gran protagonista: concentró el 85 por ciento de las ventas inmediatas y más del 80 por ciento de las expectativas de corto y mediano plazo.

—Le siguieron cacao, aguacate y aceite de coco.

Sectores líderes en la Macrorrueda de Japón

—Agroalimentos: 34,2 millones de dólares

—Metalmecánica y Otras Industrias: 0,3 millones de dólares

—Y Sistema Moda: 0,16 millones de dólares.

Empresas exportadoras colombianas en Expo Osaka 2025

—Empresas pequeñas: 16,9 millones de dólares.

—Microempresas: 7,5 millones de dólares.

—Empresas medianas: 5,1 millones de dólares.

—Grandes empresas: 5,05 millones de dólares.

Departamentos con mayores negocios

—Valle del Cauca: 11,7 millones de dólares.

—Antioquia: 5,2 millones de dólares.

—Cundinamarca: 4,5 millones de dólares.

—Nariño: 3,8 millones de dólares.

—Magdalena: 2,5 millones de dólares.

Mercados internacionales con mayor interés y compras de productos colombianos

—Corea del Sur y China representaron el 94 por ciento del total, seguidos de Japón, Australia y Malasia.

Creciente interés de Asia por Colombia

En este contexto la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, destacó: “Los resultados reflejan el creciente interés de Asia en nuestra oferta exportadora y en proyectos estratégicos de inversión que fortalecen la relación bilateral con esta región. Expo Osaka 2025 es más que una vitrina: es una plataforma estratégica que consolida la presencia de Colombia en el escenario global».

Inversión: 23 intenciones en proyectos estratégicos

De acuerdo con Procolombia, el componente de inversión en el marco de Expo Osaka 2025 dejó 23 intenciones de inversión durante 44 citas entre 12 inversionistas de Japón, Corea del Sur y China y 7 empresas colombianas.

*Los sectores con mayor interés fueron*

—Infraestructura: 8 intenciones.

—Agroindustria: 5 intenciones.

—Fondos de capital: 4 intenciones.

—Tecnologías de la información: 3 intenciones.

—Textiles y confecciones: 3 intenciones.

Las oportunidades se concentraron en el Valle del Cauca (7), Antioquia (6), Caldas (4), Córdoba (3) y Cundinamarca (3).

Entre los proyectos más destacados están: la producción de hidrógeno verde, un centro de mantenimiento aeronáutico en el aeropuerto ‘Alfonso Bonilla Aragón’, nuevas Alianzas Público Privadas en salud en Bogotá, una planta de medidores de gas en Medellín y proyectos de energía solar y combustibles sostenibles.

*Turismo: expectativas por más de 10 millones de dólares*

A su vez, según el balance presentado por Procolomnbia, la rueda de negocios de turismo realizada en el marco de Expo Osaka 2025 concretó 202 citas con expectativas de más de 10 millones de dólares, con la participación de gremios como la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) y la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), aerolíneas y agencias japonesas, lo que confirma el interés del mercado asiático en Colombia como destino turístico.

*Pabellón Colombia*

El Pabellón Colombia sirvió como escenario de diplomacia y relaciones multilaterales. En este espacio participaron los embajadores de Japón, Arabia Saudita, Costa Rica, Angola, Cuba y Malta, así como autoridades japonesas como Masaji Matsuyama, miembro de la Cámara de Consejeros.

Durante los eventos bilaterales se reconoció a la Asociación de Amistad Colombia–Japón (AACJ), por su papel en el fortalecimiento de los lazos entre ambos países.

Con un promedio diario de entre 5 mil y 6.500 visitantes, el Pabellón colombiano se ha consolidado como una de las experiencias más concurridas de Expo Osaka 2025.

Todo ello con una inversión de 10 millones de dólares, cifra significativamente inferior a la de otros pabellones, como el de Japón, que costó 200 millones de dólares. Esto demuestra la eficiencia y el impacto logrado por Colombia en un espacio que abrió al público el 13 abril e irá hasta el 13 de octubre, es decir una operación de seis meses.

En el departamento del Caquetá la Agencia Nacional de Tierras avanza en el cumplimiento del Acuerdo de Paz e impulsa la Reforma Agraria con la adjudicación de 235 hectáreas, distribuidas en tres predios, a 41 familias del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ‘Óscar Mondragón’.

Estas familias de excombatientes tomaron la decisión de salir de Miravalle, en San Vicente del Caguán, para establecerse en un lugar seguro en el municipio de El Doncello.

La adjudicación representa un paso clave para fortalecer los procesos de reincorporación, garantizar seguridad alimentaria y sembrar oportunidades de desarrollo en la región.

Con la certeza de tener tierra propia, estas familias pueden avanzar en sus proyectos productivos. Así lo expresó Ángela Patricia, presidenta de la Asociación de Mujeres Reincorporadas (Creapaz) y lideresa del espacio territorial.

“Nos sentimos orgullosos porque por fin estamos sembrando en nuestra propia tierra y no tenemos que pagar arriendo, lo cual limitaba mucho nuestra economía. Ahora nuestras familias tienen una vivienda y una vida dignas. Aquí estamos cultivando caña, cacao y otros productos para garantizar nuestros ingresos y fortalecer la seguridad alimentaria en el país», manifestó.

Los tres predios entregados a las familias firmantes están destinados a la siembra de yuca, café, caña y otros cultivos de pancoger, impulsando así las economías de estas familias y aportando a la soberanía alimentaria de la región.

Para la firmante Mayra Alejandra Ramírez, la paz se construye con hechos concretos como la entrega de tierra por parte de la ANT.

“La entrega oficial de la tierra que hemos esperado representa para nosotros no solo un espacio físico, sino devolvernos la dignidad y nuestros derechos después de ocho años y 11 meses desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc», dijo.

Se afianza la reinco​rporación
Con esta acción el Gobierno del presidente Petro fortalece las garantías territoriales para la población de firmantes de paz y sus familias, afianzando su proceso de reincorporación con tierras seguras y aptas para la Reforma Agraria.

Durante el encuentro Wilson Velásquez Cortés, vicepresidente del espacio ‘Óscar Mondragón’ destacó que es la primera vez que un Gobierno cumple con lo establecido en el Acuerdo de Paz.

“Le seguimos apostando a la paz, no nos equivocamos al dejar las armas e integrarnos a la vida. Sabemos que vienen muchos retos, pero este primer paso nos permite asentarnos y avanzar en los procesos productivos de la tierra», afirmó Velásquez, quien resaltó la importancia de la adjudicación para el progreso de la comunidad.

Gonzalo Agudelo, asesor de la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, resaltó que el compromiso del presidente Petro con los firmantes de paz es firme e innegable, reflejándose en hechos tangibles.

“Hoy vivimos un hecho histórico: entregamos 235 hectáreas a familias firmantes que le apuestan a la paz, familias que empiezan a echar raíces en su propia tierra, sembrando esperanza y aportando a la no repetición, honrando su palabra y su compromiso con Colombia», afirmó el asesor.

​La entrega de tierras también contó con la articulación de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el Ministerio Público, las Fuerzas Militares y de Policía, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la paz y la alcaldía de San Vicente del Caguán, entre otras entidades.

En manos de la Superintendencia de Industria y Comercio quedó la medida adoptada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) mediante la cual se aprobó un esquema de contratación diferencial de energía eléctrica para las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como es el caso de Air-e.
La medida busca reducir la exposición de los usuarios residenciales, comerciales y pequeños industriales a la volatilidad de la bolsa de energía.​

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, en el caso de la empresa Air-e, con el nuevo esquema podrá contratar directamente, y a precio justo, los excedentes de energía que las plantas hidroeléctricas y de energías limpias, como las solares, dispongan para el mercado.
Agrega la cartera energética que cada kilovatio adicional de generación hídrica podrá destinarse directamente a los usuarios de la región Caribe, garantizando mayor estabilidad y tarifas más justas.
“Este paso refleja el compromiso del Gobierno nacional con los hogares y pequeños negocios de la costa Caribe.

Queremos tarifas más estables, justas y alejadas de la incertidumbre que genera la bolsa de energía», aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.​

Resc​atar a Air-e

La semana pasada, el ministro Palma Egea envió un mensaje de tranquilidad en su empeño por encontrar una pronta solución empresarial para el rescate de la compañía Air-e, y garantizar la estabilidad de la prestación del servicio, la protección de los usuarios y la confianza de los trabajadores.
Air-e presta el servicio de energía eléctrica a los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El jefe de la cartera reiteró que, con estas decisiones, el Gobierno reafirma su propósito de proteger el bolsillo de los usuarios y avanzar hacia un sistema eléctrico más equitativo y sostenible en el país.