Categoría: Política Nación

El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia de Sandra Ortiz, consejera para las regiones, y Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, por el escándalo en la Ungrd. Así lo confirmó este diario con fuentes en Casa de Nariño en la tarde de este viernes.

Se trata de dos funcionarios cercanos al mandatario que trabajaban en el círculo de la Presidencia. Desde el Huila, el jefe de Estado señaló que “todos los funcionarios involucrados en actos de corrupción tienen que salir del Gobierno”, mensaje que también lanzó horas antes desde su cuenta de X.

Hace algunas horas, el exsubdirector de la Ungrd hizo graves denuncias que involucraron a los dos funcionarios. Por un lado, sobre Ortiz (políticamente proveniente del Partido Verde), dijo que habría sido la intermediadora para pagar millonarias coimas en el trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Según la denuncia, los presidentes del Senado, Iván Name y de la Cámara, Andrés Calle, recibieron dinero de la entidad.

Por otro lado, Idárraga fue salpicado por la defensa del cuestionado exdirector Olmedo López. El apoderado, José Luis Moreno, alega que “esta persona (Idárraga) le realizó varias solicitudes a mi cliente (López) entre ellas la atención de varios alcaldes en el marco de un posible tráfico de influencias”.

Por esto hechos, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió, de oficio, una indagación previa por las revelaciones del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla.

En este caso, el alto tribunal indagará si existe el material probatorio y evidencias para iniciar un proceso formal de investigación a ambos aforados, quienes, una vez conocidas las revelaciones de Pinilla, apelaron a su inocencia.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió, de oficio, una indagación previa por las revelaciones del exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, según las cuales el presidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, habrían recibido millonarios sobornos a cambio de impulsar las reformas y las elecciones regionales.

En este caso, el alto tribunal indagará si existe el material probatorio y evidencias para iniciar un proceso formal de investigación a ambos aforados, quienes, una vez conocidas las revelaciones de Pinilla, apelaron a su inocencia.

En el caso de Name, aseguró que no conoce al exsubdirector y que sus versiones “no corresponden con la realidad”. Dijo que está dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes “para aclarar cualquier interrogante” que pueda haber sobre su conducta.

Mientras tanto, el presidente de la Cámara, ofreció su “total apoyo” a las autoridades para esclarecer “con prontitud” los señalamientos a la vez que aseguró que no ha tenido relación alguna con ese contrato, ni con ninguna actividad similar.

Y es que en este caso, Pinilla dijo haber entregado millonarios pagos a Name y a Calle para impulsar la aprobación de las reformas sociales del Gobierno Nacional en el Congreso. Por ello, habló de pagos en efectivo, entregados en maletas, entre septiembre y octubre de 2023, de supuestamente $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle.

Ahora, el caso en la Corte Suprema de Justicia, por sorteo, le correspondió al magistrado Francisco Javier Farfán Molina.

La consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, negó este viernes su responsabilidad en los hechos de supuesta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) que denunció el exsubdirector Sneyder Pinilla, quien la acusó de ser intermediadora para pagar millonarias coimas para el trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro.

Al rechazar lo que calificó como “afirmaciones calumniosas”, la funcionaria aseguró que con “falsas delaciones” se intenta desviar la atención de los verdaderos implicados en los hechos de corrupción que rodearon la adquisición de carrotanques en La Guajira.

Ortiz, quien dijo que en su momento presentará las respectivas acciones judiciales para proteger su honra, defendió que durante años de vida pública y privada ha trabajado para construir su buen nombre “paso a paso con esfuerzo, honestidad, transparencia y amor a las convicciones de servicio y de tener un mejor país”.

En ese sentido, reclamó que Pinilla pretende instrumentalizar judicial y políticamente a la Fiscalía en búsqueda de un principio de oportunidad, “intentando con falsas delaciones desviar la atención de los verdaderos implicados en los hechos, y obtener beneficios en su proceso penal”.

Este viernes, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), prendió el ventilador y aseguró que supuestamente pagó millonarios sobornos tanto a Calle como al presidente del Senado, Iván Name.

Según el exfuncionario, el propósito de los pagos era impulsar la aprobación de las reformas sociales del Gobierno Nacional en el Congreso. Por ello, habló de pagos en efectivo, entregados en maletas, entre septiembre y octubre de 2023, de supuestamente $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle.

En su acusación, el exsubdirector de la Ungrd aseguró que en la supuesta conspiración de corrupción también participaron el director de la Ungrd de ese entonces, Olmedo López; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz.

Sin hacer una mención explícita a la consejera para las Regiones, Sandra Ortiz –señalada de ser una supuesta intermediaria en hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd)–, este viernes la Presidencia de la República anunció la creación de una mesa técnica para “documentar casos de uso indebido de recursos públicos”.

Sin tampoco referirse a las acusaciones supuestos sobornos gestados del Gobierno Nacional a los presidentes del Senado, Iván Name, y la Cámara de Representantes, Andrés Calle –para agilizar el supuesto trámite de las reformas sociales–, Presidencia reiteró su política de “cero tolerancia” con hechos de corrupción.

Por ello, anunció que identificará, documentará y enfrentará “cualquier indicio de corrupción” para posteriormente facilitar la actuación independiente y efectiva de la Fiscalía.

«El presidente Gustavo Petro ordenó la formación de una Mesa Técnica de Coordinación encargada específicamente de articular acciones destinadas a documentar casos de uso indebido de recursos públicos”, declaró Presidencia, que indicó que el equipo de “alto nivel” estará conformado por la Secretaría de la Transparencia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y un grupo de auditores externos.

Inclusive, anunció que la mesa “establecerá una estrecha colaboración” con la Embajada de Estados Unidos en Colombia para fortalecer la cooperación internacional en el intercambio de información. “Esta alianza se enfocará especialmente en la identificación de capitales internacionales derivados de actos de corrupción”.

Además, el Gobierno solicitó la colaboración tanto de la Contraloría como de la Procuraduría, mientras que la Agencia de Defensa Jurídica prestará colaboración a la Fiscalía.

“La mesa técnica también se encargará de que el Gobierno adopte un esquema de buenas prácticas de integridad corporativa. Se garantizará el cumplimiento de los más altos estándares técnicos y la colaboración plena con las autoridades competentes para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas”, precisó Presidencia.

Este viernes, Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), prendió el ventilador y aseguró que supuestamente pagó millonarios sobornos tanto a Calle como al presidente del Senado, Iván Name.

Tras la marcha del pasado primero de mayo no cabe dudas que el presidente Gustavo Petro salió fortalecido de la misma. No han pasado 48 horas de la euforia cuando el ventilador de Sneyder Pinilla, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, golpea con fuerza al gobierno del Cambio al señalar que plata de contratistas de la UNGRD ingresó a las arcas de los presidentes del senado y cámara.

Pinilla asegura que entregó 3 mil millones de pesos en efectivo a un mensajero de Iván Name y que personalmente entregó en Montería mil millones para el presidente de la Cámara Andrés Calle. Dice que las entregas se hicieron para la época de las elecciones de octubre del año 2023, cuando había la urgencia de financiar campañas.

Según Sneyder Pinilla todo se planeó desde la UNGRD bajo la dirección entonces de Olmedo López y Sandra Ortiz, consejera para las regiones.

Pese a semejante arsenal de normas, el derecho a la libertad de prensa pervive en el país con fragilidad y amenazado. De acuerdo con un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) enfocado en el año 2023, los funcionarios fueron “los principales agresores” contra medios y comunicadores. Documentó 460 casos de ataques dirigidos a 505 periodistas y reveló una situación preocupante para su labor en el país. Hay que decir también que la ONG encontró “incremento de las agresiones por parte de funcionarios a periodistas en los últimos tres años lo cual involucra los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro.

El documento subrayó que, durante el año pasado, los servidores públicos, incluyendo al presidente Petro, estigmatizaron a la prensa por abordar temas relacionados con su gestión y las elecciones. Las agresiones físicas y verbales por parte de funcionarios se concentraron en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, con un total de 121 casos documentados. La amenaza fue la agresión más recurrente, con 158 casos reportados, aunque se observa una disminución en comparación con años anteriores.

A esto se suma la violencia de grupos armados ilegales, un factor al que la Flip atribuye 81 acciones intimidatorias registradas el año pasado en 20 departamentos del país. Esa violencia llegó al extremo en 2023 en casos como el asesinato del periodista Luis Gabriel Pereira, en Córdoba. Este año, a mediados de abril, también fue asesinado en Cúcuta el periodista Jamie Vásquez, y, antes de acabar el mes, se reportó la desaparición del comunicador Juan Alejandro Loaiza en Huila.

Todo esto se añade a la lista de la Flip de 164 periodistas asesinados en Colombia por su oficio desde 1977, lo que da una media aritmética, en estos últimos 47 años, de un comunicador muerto cada tres meses y medio.

La aterradora evidencia muestra que en Colombia la tolerancia de la que habló y por la que luchó Voltaire, y que se refiere al respeto por la opinión de los otros y por su derecho a difundir informaciones es una aspiración legítima intimidada, coartada. Lo haya dicho o no el pensador francés, sigue teniendo vigencia esa sentencia con fuerte carga moral, que aún guía a las democracias plenas en el mundo, según la cual la opinión de una persona y su derecho a expresarla tienen una dimensión comparable a la de la vida misma.

_“Donde lo que se construya sea el futuro, no el pasado; que lo que se construya sea la democracia y no autoritarismos de la gente que enviaba el Esmad, los gases y los fusiles a masacrar al pueblo”, afirmó el mandatario.

Durante su intervención en el marco del Día Internacional del Trabajo, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, aseguró que llegó el momento de un Acuerdo Nacional al que él ha invitado, pero sin engaño y que responda a las necesidades de cambio por las que votó el país.

“Creían que el Acuerdo Nacional era volver a hacer lo mismo que ellos hacían, pero este Gobierno no va a hacer lo mismo”, afirmó.

El Presidente aseveró que un pacto de estas características debe hacerse entre iguales, de “tú a tú”, “donde lo que se construya sea el futuro, no el pasado; donde lo que se construya sea la democracia y no autoritarismos de la gente que enviaba el Esmad, los gases y los fusiles a masacrar el pueblo”.

Este Acuerdo tendría, según el mandatario, como principal objetivo la paz. “Que todos esos que hoy disparan, que esos muchachos que andan en los barrios produciendo la violencia al vecino, cesen, porque llega un momento de la historia en donde hay que abrirles oportunidades a la gente y a las reformas democráticas”.

El jefe del Estado invitó a unirse a este acuerdo Nacional a todos los sectores de la sociedad. “Aquí queremos hacer un Acuerdo Nacional, pero no para hablar de muertos, del pasado de linajes y de aristocracias falsas. Venimos es hablar del futuro”.

El mandatario insistió en un acuerdo real y tangible, “no es un papel del cual se burlan después”.

También vinculó la propuesta del Acuerdo Nacional con la de un poder constituyente. “Un Acuerdo Nacional es desatar el poder constituyente en Colombia, y el poder constituyente es la capacidad de la población de decidir; decidir a favor de las reformas o decidir en contra de ellas”, manifestó.

_Se trata de “proyectos de ley que generen una inversión forzosa en el sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria, agricultura y turismo”, dijo el mandatario en la Plaza de Bolívar._

El Presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que el Gobierno del Cambio “va a presentar las medidas al Congreso de la República para reactivar la economía, que van a consistir, y de una vez lo digo, en proyectos de ley que generen una inversión forzosa en el sistema financiero privado colombiano con destino a créditos a la pequeña, mediana y gran industria, agricultura y turismo en Colombia”.

Al cierre de su intervención en la Plaza de Bolívar, durante la celebración del Día Internacional del Trabajo, el mandatario precisó que esos recursos deben destinarse a reactivar el país.

“Que parte de esos capitales pueda fluir hacia el mundo popular, para trabajar, como reza este día Primero de Mayo, en la transformación de las cosas, la industria, en el surco, la agricultura y en el turismo”, dijo.

El Jefe de Estado abogó por “una economía que sea de productores, un pueblo trabajador que pueda abrir la industria, la agricultura y el turismo”.

El anuncio generó una gran ovación de la multitud de trabajadoras y trabajadores que conmemoraron la lucha de los obreros por reivindicar sus derechos.

_Prosperidad Social será la entidad encargada del proceso de entrega de la transferencia monetaria a este gremio, en función de su clasificación del Sisbén._

El Gobierno del Cambio anunció la implementación de una medida que busca disminuir la afectación económica para los conductores de taxis, por medio de una trasferencia única cuyo objetivo es aminorar las afectaciones sociales y económicas generadas por el aumento del costo de la gasolina.

La trasferencia está dirigida a individuos, hogares y comunidades en pobreza y vulnerabilidad socioeconómica, bajo la estrategia denominada “Competaxi”.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Transporte realizaron un análisis riguroso para determinar el monto y el procedimiento para la identificación de los conductores beneficiarios potenciales elegibles para recibir dicha transferencia.

Posteriormente, Prosperidad Social adelantará la validación de los potenciales beneficiarios a través del Registro Social de Hogares e implementará los procedimientos antifraudes, para garantizar la transparencia y cumplimiento de los requisitos del proceso para la entrega de la transferencia monetaria.

Competaxi será reglamentado con una entrega por única vez, beneficiando hasta a 2 conductores por vehículo, siempre y cuando cumplan con los requisitos y el proceso de postulación.

“El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte se acercaron a Prosperidad Social para decirnos: ‘Como ustedes tienen esos sistemas de focalización tan efectivos, ayúdenos a encontrar a los taxistas que estén en Sisbén para que les hagan la transferencia’. Entonces, va a ser un convenio interadministrativo que estamos a punto de firmar, para que el Ministerio de Hacienda nos ponga el dinero y nosotros lo entreguemos a esos taxistas”, aseguró Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social.

_El mandatario denunció que durante un largo tiempo han existido redes integradas por miembros de las Fuerzas Militares y civiles dedicadas a un comercio masivo de armas legales del Estado._

El presidente Gustavo Petro denunció la existencia de redes integradas por militares y civiles implicados en un masivo faltante de municiones y explosivos descubierto en la base militar de Tolemaida y en guarniciones de la Brigada 10 de La Guajira.

“Era indispensable que la opinión pública nacional conociera de estos hechos, porque necesitamos, indudablemente, separar completamente a la Fuerza Pública, como a cualquier otra rama del poder público, de cualquier hecho de corrupción”, manifestó el jefe de Estado en una declaración ofrecida en la Casa de Nariño.

Luego de una inspección adelantada por personal de las Fuerzas Militares en estas bases del país, se encontró que “solo entre municiones 5.56 hay más de un millón de piezas municiones”, indicó.

“Este tipo de bandas delincuenciales deben ser desmanteladas cuánto antes y es una orden que se ha dado al interior de nuestra Fuerza Pública, pero que, obviamente, tiene unas investigaciones pertinentes en las autoridades judiciales competentes”, enfatizó.

Según el mandatario, la única manera de explicar los faltantes, entre municiones, explosivos, granadas y armas como misiles, “es que ha existido durante un largo tiempo redes integradas por gente de las Fuerzas Militares y civiles dedicadas a un comercio masivo usando las armas legales del Estado colombiano”.

El arsenal faltante incluye, además de la munición –de calibres 1.62, 5.56 y 7.62–, granadas de diferente tipo, lo mismo que misiles antitanque tipo Spike y Nimrod (de fabricación israelí) y cohetes RPG.

El presidente Petro confirmó que “los explosivos con que se volaron los retenes en la vía Medellín–Bogotá, hace algunos meses, provenían de Tolemaida”, pero que es probable que otra parte de ese arsenal haya sido desviado hacia puntos extranjeros en conflicto, como Haití, y a otros lugares donde opera el contrabando internacional de armas.

La inspección a los inventarios tuvo por objeto verificar el uso un correcto de armas, municiones y explosivos como parte de la estrategia de seguridad del Gobierno, en aplicación de la Política de Cero Corrupción dentro del Estado y la intención de separar a la Fuerza Pública de cualquier tipo de organización y asociación criminal, recalcó.

“Se realizaron, por parte del mismo Ejército, labores propias de inspección, una en Tolemaida y otra en la Brigada 10 –que queda en La Guajira– para auscultar los inventarios de armas, municiones, explosivos, etcétera, y verificar que estén allí, que se les ha dado un correcto uso”, añadió el Presidente.

Esta estrategia, expresó, “es esencial para combatir, precisamente, los factores que alteran la tranquilidad, la convivencia y la construcción misma de una nación grande, como nos lo hemos propuesto dentro de esta política de lucha contra la corrupción.

*Hallazgos*

La inspección en Tolemaida se realizó el día del 12 de febrero y se encontraron los siguientes faltantes, cotejados los reportes oficiales de existencias de armas con lo encontrado efectivamente:

• 746 granadas calibre 81 milímetros

• 3.712 granadas de mano M26

• 2.880 granadas de 40 milímetros

• 1.590 granadas de 60 milímetros

• 797 granadas de 40 milímetros eslabonadas

• 8.203 municiones, calibre 162

• 41.745 municiones, calibre 5.56

• 131.577 municiones, calibre 7.62 eslabonados

• 626.614 municiones, calibre 5.56.

En la inspección realizada en La Guajira, el día 1 de abril se encontraron, entre el material que debería existir y el realmente encontrado, los siguientes faltantes.

• 2 misiles Spike

• 37 misiles Nimrod

• 550 cohetes RPG

• 22 granadas de 155 milímetros

• 621 granadas de 106 milímetros

• 1.077 granadas de 105 milímetros para obús

• 1.077 granadas de 90 milímetros

• 960 granadas de 81 milímetros

• 1.218 granadas de 60 milímetros

• 4.171 granadas de 40 milímetros

• 24 cartuchos de 40 milímetros L 70HE

• 1.494 granadas de 40 milímetros eslabonadas

• 3.694 granadas de mano M26

• 17.456 cargas antitanque

• 22.293 cargas antitanque punto 50 TAB

• 330.419 municiones calibre 7.62.

• 9.829 municiones calibre 162

• 761.551 municiones 5.56

• 57.992 municiones 5.56

• 1.262 municiones, calibre punto 38 Especial.