Categoría: Política Nación

El senador Julio Alberto Elías Vidal celebra la aprobación en tercer debate del proyecto de ley «Vivienda al Alcance de Todos» en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y de la cual fue ponente el representante Víctor Manuel Salcedo Guerrero. Esta iniciativa, de autoría del senador Elías Vidal, tiene como objetivo fundamental hacer más accesible y económico el proceso de adquisición de vivienda en Colombia, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de miles de familias en todo el país.
En Colombia, el acceso a una vivienda propia sigue siendo un desafío para muchas familias. En algunas regiones, son pocas las personas que han podido tener un techo propio, situación que resulta preocupante. Además, los altos costos iniciales de compra constituyen un obstáculo significativo para gran parte de la población. Ante esta realidad, el Senador Julio Alberto Elías Vidal ha presentado una propuesta legislativa que busca transformar esta situación y hacer que el sueño de tener una casa propia sea una posibilidad real para un mayor número de colombianos. «Este proyecto de ley tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para aquellas familias que enfrentan mayores dificultades económicas», afirmó el legislador.

*Explicación e Importancia de la Iniciativa:*

La aprobación de esta iniciativa marca un hito crucial en la búsqueda de soluciones efectivas para el déficit habitacional en Colombia. Este proyecto de ley presenta diversas medidas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda, generar ahorro energético para muchas familias y modernizar el sistema de financiamiento, entre las cuales destacan:

*Gastos de Escrituración y Registro:* Incluir los gastos de escrituración y registro dentro de los créditos hipotecarios y de leasing, permitiendo que el proceso de compra sea más asequible para los colombianos.

*Digitalización y Avalúos Técnicos:* Impulsar la digitalización de los avalúos técnicos, lo que agilizará el proceso y reducirá los costos asociados a este trámite, beneficiando a los compradores de vivienda.

*Promoción de Energías Limpias:* Promover el uso de energías limpias a través de los créditos hipotecarios y de leasing, especialmente la energía solar en viviendas, para que los colombianos puedan acceder a estas tecnologías, lo que representará un ahorro significativo en sus facturas de energía y contribuirá al cuidado del medio ambiente.

*Socialización de Beneficios.
Finalmente, se establece la importancia de informar a la población sobre estos cambios y beneficios. Esta es una propuesta que puede tener un gran impacto, pero es esencial que la gente conozca y entienda cómo puede beneficiarse de ella.

La aprobación en tercer debate del proyecto de ley «Vivienda al Alcance de Todos» representa un avance significativo hacia la construcción de un país con viviendas más accesibles, sostenibles y dignas para todos sus habitantes. “Sin embargo, aún queda un último debate en el cual se continuará trabajando arduamente para que miles de colombianos puedan acceder a estos beneficios y hacer realidad el sueño de tener un hogar propio», expresó el senador Julio Alberto Elías Vidal, destacando la importancia de seguir impulsando esta iniciativa hasta su aprobación final.

la Fiscalía General llegó una comunicación en la que el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, solicitó acogerse a un principio de oportunidad. Pide “establecer canales de comunicación para contarle al país, a la justicia y en especial al departamento de La Guajira, lo que realmente sucedió y quiénes participaron”.

Se trata del primer exfuncionario, implicado en el escándalo, que aportará información nueva y relevante para llegar al fondo de uno de los mayores hechos de corrupción en el actual gobierno.

Este acercamiento con la justicia fue tramitado por medio de su abogado, Luis Gustavo Moreno, un jurista muy recordado por haber sido condenado por hechos de corrupción cuando paradójicamente se desempeñaba como fiscal anticorrupción. Moreno, fue extraditado a Estados Unidos donde pagó su condena. Al regresar al país y con sus deudas con la justicia saldadas, retomó su ejercicio profesional, ahora liderando la defensa de Pinilla.

En el documento, Moreno solicita que a su cliente se le garantice la seguridad e integridad física, al igual que a toda su familia.

El principio de oportunidad surte cuando el implicado colabora con la justicia con el suministro de información, sirviendo como testigo en contra de otros implicados, a cambio de beneficios jurídicos como reducción en la pena y otros.

Finalmente, solicita el abogado una reunión urgente con la fiscal 79 especializada para concretar el acogimiento.

El pasado 6 de marzo, Sneyder Augusto Pinilla, presentó la renuncia a su cargo, en medio de graves cuestionamientos por presuntas irregularidades con la adquisición de carrotanques para el abastecimiento de agua potable en La Guajira y otros territorios afectados por la falta del insumo vital.

El ingeniero civil Pinilla, quien en el pasado fue alcalde de Sabana de Torres (Santander), estuvo en el cargo desde junio del año pasado.

Pinilla y otras seis personas, entre las cuales se encuentra el exdirector Olmedo López Martínez, fueron denunciados ante la Fiscalía por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, por presuntos sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques.

Se espera que, una vez como testigo de la Fiscalía, revele qué otros funcionarios estarían involucrados en el desfalco con la compra de los vehículos que a la fecha no han sido usados y, en cambio, permanecen parqueados en La Guajira.

_6.000 hectáreas de 38 predios están listas para compra, con avalúos aprobados y análisis técnicos y jurídicos, como parte de convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales._

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) firmaron un convenio estratégico para acelerar la Reforma Agraria en Colombia, valorado en 600.000 millones de pesos.

El propósito es facilitar la redistribución de tierras que están en proceso de extinción de dominio. Estos activos son administrados por la SAE y serán adquiridas por la ANT.

Este acuerdo, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, involucra la transferencia de predios que estuvieron en manos de la mafia para ser utilizados en el desarrollo agrícola por familias campesinas, negras e indígenas.

La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, destacó que estas tierras, antes fuentes de corrupción y actividades ilícitas, ahora servirán para fortalecer la base agrícola del país y promover el desarrollo rural.

Felipe Harman, director de la ANT, expresó: “Estamos articulados en el Sistema de Reforma Agraria, con los proyectos productivos, con la apuesta de transformación del campo, revistiendo de dignidad y de paz este país”.

Daniel Rojas, presidente de la SAE, manifestó: “Implica un esfuerzo interinstitucional. La ANT, el Ministerio de Agricultura y la SAE hemos entendido que para hacer realidad la Reforma Agraria tenemos que trabajar coordinados”.

El convenio ya ha identificado 38 predios aptos para la transición, sumando un total de 6.000 hectáreas con un valor estimado de 115.000 millones de pesos.

Estos predios están ubicados en regiones como Sucre, Córdoba, Santander, Meta y Antioquia, todas priorizadas para la implementación de la Reforma Agraria.

Entre estos terrenos, las fincas Simba y Potosí, en Sucre y Ayapel (Córdoba), fueron las primeras adquiridas bajo este esquema, demostrando el compromiso del Gobierno con la revitalización del campo colombiano.

El convenio, que estará vigente hasta el 6 de agosto de 2026, agiliza las transacciones entre la ANT y la SAE, y le permite a la Agencia beneficiarse de descuentos de hasta el 40 % del valor del predio.

El proceso de compraventa ha sido cuidadosamente estructurado para asegurar que cada paso, desde la evaluación hasta la transferencia final de las tierras, se maneje con la máxima eficiencia y transparencia.

Para 2024, la ANT tiene como objetivo adquirir 300.000 hectáreas, de las cuales 100.000 serán a través de la SAE. Este proceso incluye una rigurosa evaluación técnica y jurídica de cada predio, asegurando que las tierras sean legítimamente obtenidas y sean aptas para el desarrollo agrícola sostenible.

La SAE proporciona una valoración comercial de cada propiedad, mientras que la ANT realiza un control de calidad antes de finalizar la compra.

La plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto de reforma pensional presentado por el Gobierno Nacional, en el cual se resaltan los artículos sobre la creación de un fondo de ahorro público para proteger el pago de las pensiones y la construcción de un único Sistema Integral de Protección a la Vejez, cuyo administrador será Colpensiones.

Tras ser aprobada en el Senado de la República, la Reforma Pensional pasa a la Cámara de Representantes, donde debe enfrentar otros dos debates.

El Senado aprobó que la Ley de la Reforma Pensional entre en vigencia el 1° de julio del 2025.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, indicó que el articulado aprobado garantiza una reforma pensional equitativa e inclusiva.

“La reforma pensional verdaderamente defiende el ahorro de la gente. El ahorro es la cotización. Usted cotiza para el público o cotiza en el privado, y ese es el ahorro. No quiere decir que si se pasa de un lado al otro pierde su ahorro. El ahorro ha quedado blindado y será manejado por el Banco de la República para la tranquilidad y serenidad del pueblo colombiano”, dijo.

La titular de la cartera manifestó que la reforma pensional “es una oportunidad hermosa para los más necesitados” y agregó que “esta reforma lo que busca es justamente que ellos logren ese objetivo de pensionarse y de tener una protección al final de sus vidas”.

Durante la sesión se aprobó el artículo 75, por medio del cual se crea la Comisión Técnica de Protección Social Integral para la Vejez, integrada por los ministerios de Trabajo y Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el DANE y dos personas más designadas por el Presidente de la República.

Entre sus funciones, cada 4 años esta Comisión les entregará al Presidente de la República y al Congreso un informe con recomendaciones sobre los criterios de asignación de recursos del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

Asimismo, se aprobó el artículo 77, que determina que las personas que tengan 750 semanas cotizadas en el caso de las mujeres y 900 semanas para los hombres y que les falten menos de 10 años para tener la edad de pensión, tendrán 2 años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse de régimen.

La reforma incrementa la cobertura en protección real a la vejez, a través de tres mecanismos: renta solidaria, renta vitalicia y pensión. Los cálculos indican que al 2052 la cobertura será del 87 %, es decir, más de 13,7 millones personas mayores.

Además, elimina la pobreza extrema en la población mayor en Colombia. Dos millones 600 mil adultos mayores serán beneficiarios hasta que fallezcan, por medio de la renta solidaria.

Asimismo, con el umbral dispuesto en la reforma, es decir, 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se contribuye a la sostenibilidad del Sistema Pensional.

La reforma amplía a 22 % la probabilidad de que una mujer logre la pensión. De hecho, da un mayor subsidio a la mujer (30 %) en la construcción de una renta vitalicia, en caso de no lograr una pensión.

Un juez Especializado de Barranquilla abrió un incidente de sanción correccional al fiscal Mario Burgos, por presuntamente obstaculizar a la defensa de Nicolás Petro en el caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Por la presunta inobservancia injustificada de las órdenes impartidas por este despacho y actuar temerario o de mala fe conforme lo expuesto por el incidentante’, dice el auto del juez.

Resulta que, el fiscal Burgos, desde enero de este año, a la fecha no ha realizado el descubrimiento probatorio completo, pese que hay órdenes de un juez de entregar la totalidad de las pruebas que soportan el caso, lo que constituiría una vulneración al debido proceso.

En el documento se le que la defensa alegó una actuación desleal por parte del fiscal Burgos.

Desde que se realizó la acusación formal, la defensa ha solicitado que se le entregue:

“La identidad de la fuente no formal con la cual la fiscalía fundó la teoría del caso.

copia de todas las órdenes a policía judicial para la vigilancia de personas y cosas que emitió en los actos de investigación y los elementos materiales probatorios usados en los motivos fundados.

El acceso a los audios de las audiencias de solicitud de orden de captura y la audiencia de legalización de captura y control de allanamiento e incautaciones, así como las actas de control previo y posterior de los actos sometidos a control judicial que realizó la fiscalía a lo largo de la actuación incluyendo las órdenes que emitió y los elementos materiales probatorios que sirvieron como respaldo probatorio a los motivos fundados para levantar la reserva en varios actos investigativos que la Fiscalía realizó”, dice el auto.

El juez le dio la razón a la defensa de Nicolás y ahora el fiscal Mario Burgos, tiene tres días para que explique las razones por las cuales no ha hecho la totalidad del descubrimiento probatorio. De no justificar las demoras, el fiscal se expone a un arresto de cinco días y una sanción de hasta $10 millones de multa.

Patricia Tobón Yagarí, tras 20 meses como directora de la Unidad para las Víctimas, anunció su renuncia el lunes 22 de abril de 2024. En un mensaje publicado en sus redes sociales, la abogada reveló que esta decisión fue resultado de una solicitud directa del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

«Con agradecimiento y respeto atiendo el llamado que me hizo el pasado viernes 19 de abril el presidente Gustavo Petro para presentar mi renuncia a la dirección de la Unidad para las Víctimas”, expresó Tobón en su mensaje, desde la cuenta de X (anteriormente Twitter).

La abogada, egresada de la Universidad de Antioquia, asumió el cargo el 22 de agosto de 2022, poco después de la investidura del presidente Petro. Tobón fue designada para liderar esta institución establecida hace una década con el propósito de brindar atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. En la actualidad, estas víctimas llegan a los 10 millones de personas, aproximadamente uno de cada cinco colombianos, la mayoría de los cuales aún se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Durante su gestión, Tobón se enfrentó a diversos desafíos, incluido el proceso de reforma a la Ley 1448 de 2011, conocida como la ‘Ley de Víctimas y Restitución de Tierras’.

En relación con esta reforma, Tobón destacó: “Para disminuir los rezagos y hablar sobre las fuentes de financiación, hicimos un amplio proceso de participación y, de la mano de las víctimas, presentamos una reforma a la Ley 1448 que actualmente está en trámite legislativo. La responsabilidad queda en manos del Congreso”.

Su salida se produce en un momento crucial, justo cuando se daba a conocer una auditoría forense al Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV), la cual reveló presuntas irregularidades que habrían generado pérdidas por 4.200 millones de pesos, recursos destinados para las víctimas del conflicto armado.

Al respecto, Tobón no ofreció comentarios adicionales, limitándose a expresar su gratitud hacia diversas instancias y personas que la acompañaron durante su gestión.

 Fue aprobado en primer debate el proyecto de ley de autoría de la senadora conservadora Liliana Bitar con el que se previene la violencia digital contra los niños, niñas y adolescentes, abordando la problemática desde una perspectiva de salud mental. El proyecto tiene como objetivo actualizar la legislación para sensibilizar y proteger a los menores frente a los peligros que existen en Internet como la explotación sexual infantil o la trata de personas a través de redes sociales. Igualmente, se busca atender el incremento de casos de enfermedades de salud mental, entre ellas la depresión y ansiedad.

• Según datos del Ministerio del Interior, en el 2023 se incrementaron en un 154% las víctimas de trata de personas respecto al 2020, pasando de 104 denuncias a 264. La mayoría de las víctimas son niños, niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años que son contactados por redes internacionales.

• A su vez, de acuerdo con la Procuraduría, cada año aumentan las cifras de suicidios de menores de edad e incrementan los casos de trastornos de comportamiento, ansiedad y depresión.

La norma reconoce nuevas figuras de acoso o violencia a través de los medios digitales como el grooming, sexting, stalking, sextorsión y ciberbullying.

“El aberrante caso del extranjero encontrado en Medellín con dos niñas revela una realidad que no podemos seguir negando y es que Colombia se convirtió en destino de turismo sexual y muchas de estas redes de pedofilia contactan a los niños a través de Internet. Por eso, debemos actuar todos como sociedad ya”, señaló la

senadora.

Igualmente, recordó los recientes casos de menores de edad víctimas de acoso y

ciberacoso en renombrados colegios de Bogotá, algunos de los cuales han terminado en suicidio. “Tenemos que cuidar la salud mental de nuestros niños, rodearlos y protegerlos”, indicó.

Este proyecto crea un marco general de seguridad y cuidado de la salud mental en el entorno digital. Se le indicarán las acciones a los Ministerios de Salud, Educación, TIC y Defensa para combatir articuladamente el ciberacoso, la pornografía infantil, la trata de menores, entre otros.

Además, se crea una política de capacitación dirigida a docentes, coordinadores, orientadores, padres de familia y estudiantes frente a la violencia digital y salud mental. Los colegios públicos y privados deberán implementar una ruta de atención frente al ciberbullying que maneje de manera oportuna y eficaz los casos que se presenten.

Glosario:

– Grooming: Conducta realizada por un mayor de edad con la finalidad de generar confianza en un menor para solicitar con insistencia fotos o videos de contenido sexual a través de medios digitales.

– Sexting: Remitir voluntariamente contenido digital íntimo (imágenes,

videos, textos) a otras personas por medio de internet.

– Sextorsión: Al obtener contenido privado de la víctima se utiliza el chantaje como forma de constreñimiento para forzar la entrega de dinero, bienes o cualquier otro provecho ilícito, como medio para evitar

la publicación del contenido.

– Stalking: Conductas obsesivas de acoso o intimidación por parte de

una persona con la intención de causar miedo de forma reiterada a otra.

– Cibeacoso o ciberbullying: Acciones hostiles con la intención de provocar daño, humillación o vergüenza, haciendo uso de las TIC.

 

 

 

 

La Contraloría General de la Nación abrió procesos de responsabilidad fiscal por $24.315 millones por irregularidades en proyecto de vivienda Sauces II, en Mocoa (Putumayo), y vincula como presuntos responsables a 6 exdirectores de la UNGRD.

Los vinculados son los exdirectores Eduardo José González, Javier Pava Sánchez, Olmedo López Martínez, Fernando Carvajal Calderón, Gerardo Jaramillo Montenegro y Luis Fernando Velasco, algunos de ellos en calidad de encargados.

Se trata de los contratos de obra «9677- PPAL001-243-2018», para la construcción de 436 viviendas y el contrato «9677-PPAL001-244- 2018» para otras 473, que fueron celebrados en el marco de la Declaratoria de Emergencia, como consecuencia del déficit de vivienda para los damnificados de la trágica avalancha que se produjo en la capital del Putumayo el 31 de marzo de 2017.

Por estas irregularidades, se determinó un daño inicial por la suma de $18.566 millones, valor que no se ve reflejado en la ejecución de las viviendas que aún no han sido entregadas.

Adicionalmente y como consecuencia de la no entrega oportuna de las viviendas que integran el Proyecto Sauces II, la Contraloría señaló que se ha causado un detrimento patrimonial por la prolongación en el pago de subsidios que se han tenido que continuar reconociendo a los damnificados beneficiados con este proyecto. Este daño está estimado inicialmente en la suma de $5.748 millones.

Cabe mencionar que la Contraloría también vincula como presuntos responsables fiscales a Juan Carlos Orrego, exsubdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y los contratistas (Consorcio Mocoa 2019 y sus integrantes: Arquitectos Ingenieros Contratistas – Aicon S.A.S, Constructora Muraglia y Corporación Ambiente Colombia.

Preocupado al considerar que la actual reforma le da la espalda a las aspiraciones pensionales de los jóvenes, el senador Marcos Daniel Pineda García instó a la plenaria del Congreso a defender los intereses de las nuevas generaciones.

«Está plenaria tiene la responsabilidad de pensar en una Reforma Pensional que sea justa generacionalmente, con una población, menor de 40 años de edad, que lleva en promedio entre 10 y 15 años cotizando y hoy sueña con alcanzar una jubilación equitativa, la cual sería imposible de lograr, si nos enfocamos ahora en subsidios al adulto mayor».

Pineda García aclaró que no se trata de abandonar a la población mayor, pero tampoco perjudicar a los jóvenes, indicando que se deben explorar soluciones alternativas.

«Tenemos cada día más adultos mayores y menor tasa de natalidad, se está envejeciendo la población, en una transición demográfica que se convierte en uno de los más grandes desafíos del siglo», advirtió el senador, al indicar que reducir el umbral, es mejorar las garantías generacionales para adoptar un sistema pensional realmente equilibrado.

Durante la noche del miércoles 10 de abril, según confirmó el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, fue capturado el exmilitar Juan Carlos Rodríguez, conocido como alias ‘Zeus’. Sin embargo, el domingo 21 de abril se fugó de la sala de retenidos de la estación de Cúcuta.

En la mañana de este lunes 22 de abril, el general José James Roa, comandante de la región cinco de Policía confirmó la fuga del exmilitar.

«Es importante mencionar que el pasado 10 de abril Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias ‘zeus’, esta persona fue capturada cuando transportaba un arsenal con tres personas más, en tres camionetas. Es importante informar a la comunidad que se encuentra dentro de los prófugos», expresó el general Roa.

La fuga se dio en horas de la noche del domingo 21 de abril según las declaraciones de Roa, «siendo aproximadamente las 10:40 de la noche lamentablemente se registra la fuga de 17 personas que se encontraban privados de libertad en la estación de Cúcuta«, añadió el general Roa que alias ‘Zeus’: «En la reacción por parte de nuestros uniformados se logró la receptora  de 6 prófugos».

Por lo pronto, la Policía Metropolitana de Cucuta aseguró que adelanta un proceso investigativo con participación de SIJIN , DIPOL, GAULA y otras especialidades para lograr rápidamente recapturar a los prófugos.

Además, las autoridades manifestaron que la ayuda de la comunidad es vital para lograr poner tras las rejas a ‘Zeus’ y los demás prófugos, para ello anunciaron que la linea 123 está disponible para denunciar e informar cualquier hecho relevante que permita la recaptura.