Categoría: Política Nación

Malas noticias para la economía de Daniel Sancho, quien se juega la vida en Tailandia, donde la Fiscalía le pide pena de muerte por considerarle autor con premeditación de la muerte del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta. Y es que los abogados de la familia del médico estético presentaron este viernes una solicitud de indemnización de 30 millones de bats (unos 760.000 euros) ante el tribunal de Samui, donde tiene lugar el juicio contra el hijo de Rodolfo Sancho.

Los abogados de la coacusación tailandeses, Mettapon Suwancarern y Lak Wanin, explicaron a EFE que se trata de una cantidad calculada en relación con el perjuicio económico que la muerte de Arrieta ha supuesto a sus padres, que dependían de él. La solicitud, que ya se hizo en la primera sesión del juicio el pasado 9 de abril, se volvió a presentar hoy con la documentación traducida solicitada por el juez antes de que se cierre el plazo de las acusaciones el próximo martes.

La cantidad estimada como indemnización por parte de los letrados tailandeses supone casi el doble del cálculo hecho por el despacho Ospina Abogados, que representa a los Arrieta en España y que la cifró en 410.000 euros (unos 16 millones de bats). Los abogados tailandeses reconocieron a EFE que se había incrementado la cantidad ante la posibilidad de que esta fuera contestada por la defensa y reducida por el juez.

En este sentido, Juan Gonzalo Ospina indicó hoy a EFE por teléfono que la familia mantiene la reclamación de la cantidad inicial revelada en marzo, que ha sido calculada teniendo en cuenta las pérdidas y gastos que la muerte del cirujano, de 44 años, había supuesto a su entorno. Ospina consideró también que el cálculo de los abogados en Tailandia, que actúan como coacusación junto con la Fiscalía, es “hipotético”, ya que Sancho es insolvente y no tiene intención de indemnizar. En este sentido, el letrado español dijo que lo que la familia quiere es que se haga “justicia”.

Los padres de Arrieta, Ana Marcela Arteaga y Leovaldo José Arrieta, de 76 años y quienes no testificarán, ya que el juez denegó su petición de que lo hiciesen por videoconferencia, recibían unos 900 euros al mes para sus gastos por parte de su hijo, y “desde su fallecimiento han quedado en situación de pobreza”, según la reclamación de la familia, a la que tuvo acceso.

Ni la lluvia, ni el domingo de descanso, ni un día cívico improvisado impidieron que cientos de miles de personas a lo largo de todo el país salieran a las calles a manifestarse en contra del gobierno de Gustavo Petro.

Más allá de los partidos de oposición, ayer, 21 de abril, marcharon ciudadanos de todo el espectro político y social: pensionados, pacientes, médicos, enfermeros, transportadores, campesinos, académicos, estudiantes y en general personas inconformes que alzaron su voz: “Fuera Petro”; “Juicio político contra Petro”; “Mírenlos, estos son los que venden la Nación”, entre muchas otras arengas que se escucharon desde horas de la mañana. Sin duda, esta jornada fue un examen para medir a un Gobierno acostumbrado a agitar a las bases populares en las calles.

«Ríos” de gente, vestida de blanco o de amarillo, caminando hacia las plazas principales de sus ciudades sin importar el clima, la hora o los propios políticos. Porque si hubo algo que caracterizó estas movilizaciones es que el crédito no corresponde a un partido político o a figuras de la oposición. Tanto así, que en ciudades como Bogotá, los organizadores de la marcha acordaron no instalar una tarima en la Plaza de Bolívar que estaba a reventar a pesar de la lluvia para que no fuera capitalizada por ninguna bandera partidista.

El número de personas que se movilizaron varía en cada ciudad. En el caso de Bogotá, según la Secretaría de Gobierno, estuvieron en las calles más de 100.000 personas. En el caso de Medellín, 350.000, según la administración local. En ciudades como Cali, Barranquilla y Bucaramanga no hubo cifras consolidadas, pero los videos e imágenes son impactantes por el alto número de manifestantes.

“Las marchas tuvieron una gran respuesta por parte de la ciudadanía. En Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, por lo menos, lo que pudimos observar fue una gran concurrencia a unas marchas en donde no podemos identificar un solo convocante, un liderazgo único.  Las inconformidades no son homogéneas”, dijo la abogada y politóloga Patricia Muñoz Yi, quien es directora de posgrados de la Universidad Javeriana.

Sin embargo, el primer mensaje del presidente Gustavo Petro en la mañana del domingo, a través de la red social X (como es usual) publicó un video satírico del desaparecido humorista Jaime Garzón en el que se burla de una manifestación de un personaje conservador. El mandatario sólo escribió: “La clase dominante”.

El mensaje fue interpretado como soberbio y un par de horas después, cuando las calles del país estaban inundadas de gente marchando, su mano derecha, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, dijo en redes sociales: “Hoy debemos tener la grandeza de reconocer que muchas personas se movilizaron, que lo hicieron con todas las garantías y pudieron expresar su descontento. Esta es una semana que como gobierno debemos afrontar en reflexión y autocrítica”.

Dos visiones opuestas en el mismo gobierno. Hacia el final de la tarde, una vez terminadas las jornadas de movilización y con un resultado innegable, el presidente Petro publicó un mensaje largo en el que comienza reduciendo el número de personas que marcharon: “Las manifestaciones contra el Gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles
El principal objetivo de las marchas es gritar ‘fuera Petro’ y derrocar el gobierno del cambio. Este proceso ya inició y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022”, señaló el mandatario. Pero la realidad es que en Cali, por ejemplo, las imágenes de las marchas demuestran que no “fueron débiles”, como dice Petro.

La Fiscalía acusó formalmente al mayor Carlos Andrés Correa y a los patrulleros Jhon Fredy Correa y Diana Canizales por las presuntas interceptaciones ilegales que habrían realizado estos uniformados, a quien era la niñera de la hija de Laura Sarabia, Marelbys Meza.

De acuerdo a la información y pruebas recopiladas por el ente acusador, estos policías habrían intentado camuflar en el marco de otras investigaciones relacionadas con el actuar delictivo del Clan del Golfo el número de Marelbys Meza para poder acceder a sus conversaciones.

Según la fiscal Cindy Hernández, el oficial y suboficial engañaron a un fiscal y un juez de Quibdó para acceder a esas conversaciones. “Se puede afirmar con probabilidad de verdad que el capitán Carlos Correa y el patrullero John Freddy Morales, que como ya se indicó son servidores públicos vinculados a la Dijín indujeron en error al fiscal 191 para obtener orden de interceptación”, indicó la fiscal.

Los policías irán a juicio por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, penas que están entre los 5 a 12 años de prisión

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que prestan servicios de vigilancia, custodia y administración en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

La acción disciplinaria se inició tras conocer la denuncia pública realizada a través de la red social X, en la que se asegura que Emilio​ Tapia Aldana estaría saliendo del penal de manera irregular, en un mismo vehículo y con la presunta anuencia de la dirección y la guardia del penal.

Entre las pruebas ordenadas por el Ministerio Público está una inspección disciplinaria a la cárcel para establecer las condiciones de Tapia Aldana en el centro de reclusión y si existen las autorizaciones de salida del establecimiento a diligencias judiciales o citas médicas.

También el récord de ingresos del vehículo denunciado por el periodista, los videos de seguridad que registran entradas y salidas de personas y vehículos y el listado de los integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia, con el detalle de sus horarios y funciones.

Con la información recaudada, la Procuraduría definirá si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria e identificará los posibles autores de la falta disciplinaria.

El Consejo de Estado anuló este jueves la personería jurídica del partido, CREEMOS, del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

El demandante propuso que la adhesión hecha a la lista del partido Centro Democrático en las elecciones del congreso del 2022, no le otorgaba el derecho para constituirse como partido político.

Así mismo que el Consejo Nacional Electora- CNE- en este caso, no podía otorgar está personería pues tanto las adhesiones como las coaliciones solo son permitidas para partidos y movimientos políticos con personería jurídica y el partido CREEMOS no ostentaba esa condición en las elecciones del 2022.

Recordemos que este agrupación política se convirtió en partido, el pasado marzo del 2023 cuando recibió el acto administrativo como partido de oposición. Sin embargo cinco meses después, la sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra la resolución del Consejo Nacional Electoral que precisamente le reconoció la personería jurídica del partido Creemos.

En la época, esa solicitud de nulidad señalaba que se ajustaba a las exigencias de ley, anexaba las pruebas y detallaba los canales de notificación del demandante.

Es importante resaltar que como pasó con el caso de FUERZA CIUDADANA los efectos de la sentencia se profieren hacia el futuro, lo que quiere decir que, las situaciones consolidadas de sus elegidos , seguirán en sus cargos con normalidad.

No cayó bien entre sectores de oposición la medida anunciada este jueves por el presidente Gustavo Petro quien, con la excusa de que la gente “ahorre agua y energía”, declaró este viernes día cívico e invitó a la ciudadanía a “salir este fin de semana a sitios de otras cuencas hidrográficas”.

Lo anterior no tardó en ser interpretado como una forma de sabotear las movilizaciones contra su Gobierno previstas para el próximo 21 de abril.

“Mañana queremos decretar un día cívico en Colombia para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en grandes ciudades”, señaló el presidente Gustavo Petro.

Durante la conmemoración del 73 Aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares en Bogotá, el jefe de Estado se refirió a la necesidad de cuidar el recurso hídrico, a pesar de los pronósticos del Ideam que indican que en los próximos días llovería en varias zonas del país. Lo que se busca con las medidas de ahorro, por ejemplo de racionamiento en Bogotá, es que los embalses aumenten su nivel de agua.

El decreto estipula que este día se debe repetir cada año y que instituciones públicas y sus funcionarios suspenden sus actividades laborales durante la jornada.

Una evaluación hecha por la Procuraduría dentro de la función preventiva sobre la ejecución del presupuesto de inversión de la vigencia 2023 raja a varios ministerios.

En la lista se encuentra Mindeporte con más de 241 mil millones de pesos sin comprometer, es decir, sin contratar; asimismo, los Ministerios de Comercio, Ambiente y Vivienda con más del 66 por ciento de los valores contratados sin pagar, son algunas de las carteras con una baja ejecución del presupuesto de inversión asignado para la vigencia del año anterior.

Así lo evidencia un informe del Departamento Nacional de Planeación sobre la ejecución del presupuesto, el cumplimiento y rezagos del Plan Nacional de Desarrollo y los convenios interadministrativos suscritos por entidades del orden nacional con ejecutoras de proyectos.

Aunque carteras como Minvivienda y Mininterior tuvieron la voluntad de ejecutar los presupuestos asignados, lo cierto es que no lograron materializar el objetivo de los convenios con FINDETER y ENTERRITORIO al no recibir los bienes o servicios que habían proyectado para su culminación en la vigencia 2023.

Para la procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, la actuación de estas entidades podría conllevar a una posible transgresión de los principios de planificación y anualidad establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

El informe evaluado por el Ministerio Público también deja mal posicionados a sectores como el de Agricultura y Desarrollo Rural; Ambiente; Deporte y Recreación; Inclusión Social y Reconciliación; Minas y Energía y Transporte con $7.034.170.717.436,08 sin contratar, lo que corresponde al 84.4% de los recursos totales de inversión no comprometidos de los 30 sectores que componen el Presupuesto General de la Nación.

Ante la gravedad de los hechos, la procuradora delegada no descartó acciones disciplinarias.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) está lista para hacerle frente a la incertidumbre energética que vive Colombia por cuenta del bajo nivel de los embalses, y prepara medidas de premios y castigos para incentivar el ahorro de los usuarios.

Mediante proyecto de resolución, la Creg estableció que habrá una meta de ahorro establecida para cada usuario y con base en esta se dará un incentivo económico, o, por el contrario, si se consume más habrá que pagar más.

Según el proyecto, la meta de consumo individual para cada usuario corresponderá al último consumo mensual facturado, expresado en kilovatios por hora al mes (kWh-mes).

Esto correspondiente a la información del último ciclo de lectura que haya finalizado antes del 15 de abril de 2024.

La lógica del programa es que a los usuarios que se pasen de su meta de consumo se les cobre un 30% más. Por ejemplo, al hogar que consuma un promedio de 157 kWh-mes, pero al siguiente mes demande 160 kWh-mes, se le cobrará un 30% adicional sobre cada kilovatio adicional, es decir, el 158, 159 y 160.

La plata recaudada por esos castigos no se quedará irá directamente para los que se portaron bien y ahorraron energía.

“Como incentivo para consumos eficientes por parte de los usuarios regulados, representados en consumos inferiores a su meta individual, se propone repartir entre estos usuarios, al finalizar el programa, los recursos que resulten de los cobros en exceso realizados por el comercializador a usuarios que realicen consumos superiores a su meta de ahorro”, se lee en la propuesta.

Se espera que en los próximos días la resolución sea una realidad y las medidas empiecen a regir durante el próximo ciclo de facturación, con fórmulas establecidas por la Creg.

Los ministros de Minas y Energía, Andrés Camacho, y de Ambiente, Susana Muhamad, anunciaron 15 medidas adicionales para enfrentar la última etapa del fenómeno de El Niño y presentaron el balance de la situación actual del país de cara al evento climático.

El ministro Camacho indicó que ante los impactos y riesgos de la crisis climática no es inminente un racionamiento de energía en el país, pero esto “nos obliga a tomar unas medidas de refuerzo estructural para que no lleguemos a ninguna condición crítica y logremos superar sin dificultades este periodo de fenómeno de El Niño”.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, advirtió que Colombia está pasando por una situación de temperaturas sin precedentes, lo que implica una situación totalmente atípica en los patrones climáticos.

“Los últimos cálculos del IDEAM muestran que, en efecto, ya con una alta certidumbre, vamos a tener lluvias copiosas en todo el país durante este fin de semana, más o menos entre este jueves y el lunes próximo. Sin embargo, las últimas dos semanas de abril, que se esperaba estuvieran por encima del promedio, no se ve que realmente vayan a presentarse por encima de lo normal”.

Sostuvo que bajo estas condiciones climáticas se puede retrasar la recuperación de los caudales.

*Las 15 medidas*

Las acciones de refuerzo reveladas son las siguientes:

*Vigilancia y control:*

1. El Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos reforzarán las acciones de inspección, seguimiento y vigilancia permanente sobre las actividades de todos los agentes del sistema energético nacional. Continuarán las visitas a las hidroeléctricas, las generadoras térmicas y se hará acompañamiento a las labores del despacho de energía que encabeza XM.

2. Se publicará el cronograma semanal de visitas a los agentes del sistema desde la Dirección de Energía junto a la Superintendencia de Servicios Públicos.

3. Se comunicarán las acciones a todas las empresas para ampliar la información del estado de la operación y articular de forma eficiente esta etapa final de la emergencia climática.

4. Al paquete medidas, adoptadas en los últimos seis meses por la CREG y la Oficina de Asuntos Regulatorios del Ministerio de Minas y Energía, se sumarán las regulaciones pertinentes para facilitar el ingreso de más energía al sistema y el despacho eficiente del operador del sistema.

5. Esta semana se expidió el Decreto 0484 destinado a facilitar la disponibilidad de gas natural con destino a la demanda de gas eléctrica en tiempos de baja hidrología. Esto permite satisfacer las plantas térmicas que usan ese recurso e incorporar nueva energía al sistema.

6. La Oficina de Asuntos Regulatorios emitió la Resolución 40132 del 15 de abril, que obliga a toda la generación de energías renovables a poner a disposición toda la energía con la que cuenten.

7. Se emite regulación para mejorar el flujo de caja de los comercializadores y asegurar la atención de demanda del usuario final.

8. Se emite regulación para incentivar a la autogeneración y generación existente a aumentar su producción de energía.

9. La CREG estudia en estos momentos otras medidas regulatorias para mejorar la eficiencia del sistema e incentivar el ahorro de energía.

*Más energía al sistema:*

10. Se trabaja, con la empresa que opera la Térmica Termocentro, para que entre en operación a más tardar el lunes 22 de abril, lo que garantizará el ingreso de cerca de 272 MW de energía más al sistema eléctrico nacional, que abastece el 3% de la demanda nacional.

11. Con el ingreso de la generación de renovables y la utilización de energía disponible de excedentes de los grandes consumidores, se aumentará la capacidad del sistema en al menos 100 MW.

12. A través de la CREG se facilita el ingreso anticipado de proyectos de energía renovable al sistema energético aproximadamente otros 100 MW.

13. Se establece la meta de lograr disminuciones en el consumo en 4% a través de uso eficiente de la energía.

*Incentivos para el Cuidado de la energía:*

14 Se incentivará el uso eficiente de la demanda y se promoverá la desconexión del sistema de demanda industrial (de gran demanda) que cuente con plantas de respaldo.

15 Se resuelve otorgar un incentivo a las y los ciudadanos que cuiden la energía, disminuyendo su consumo.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios del Nororiente colombiano, con sede en Montería, informó que todos los años la entidad recibe entre 2.500 y 3.500 quejas por fallas en la prestación de cada uno de los servicios.

La directora de esa institución, Esther Zabaleta Meza, dijo que el 80 por ciento de las quejas son presentadas contra la empresa Afinia que presta el servicio de energía eléctrica. Luego le siguen Veolia (servicio de agua) y Surtigas (servicio de gas natural).

La servidora pública admitió que los usuarios en la Costa Caribe colombiana están muy inconformes con la prestación del servicio. Sobre todo, el que brinda la empresa Afinia, el cual sigue interrumpiéndose a cualquier hora del día y de la noche.

Consideró la funcionaria que las quejas presentadas son un número bastante alto, cuya recepción es hecha por nueve asesores que se encuentran prestos para atender a los usuarios siempre que se les requieras.

En ese sentido, afirmó que la gente está muy inconforme ya que las prestaciones de los servicios son deficientes. Además, se perciben muchos abusos y las quejas son muy recurrentes.

Y a pesar de que las quejas son recurrentes, se siguen cometiendo los mismos errores, pese a que la Superintendencia toma posturas claras e indicó que las empresas abusan en muchos casos.

Sin embargo, se siguen cometiendo los mismos errores, y en ese sentido, se van a tomar algunas medidas en los próximos días. Reiteró que esas medidas van a ser de mucho impacto y que favorecerán a la ciudadanía.

Zabala Meza, quien lleva más de un mes al frente de la Superservicios en esta región del país, es consciente que hay que hacer un buen trabajo para que la gente crea en la entidad.

La superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios Nororiente, cubre los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. La institución tiene sede en el edificio Sura en la carrera 7 entre calles 43 y 44 al frente del parque Los Laureles en el centro norte de Montería.