Categoría: Política Nación

El presidente Gustavo Petro anunció este jueves que su gobierno designará al Clan del Golfo y a las disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, como «organizaciones terroristas».

La decisión se basa en las investigaciones del gobierno que, según Petro, demuestran que estos grupos son parte de la «junta del narcotráfico».

Durante un evento en Valledupar, Petro afirmó que los actos de estos grupos están destinados a generar pánico en la población civil, diferenciándolos de los combates armados entre fuerzas militares. El presidente citó como ejemplos los recientes atentados en Cali y Amalfi, Antioquia, que calificó como actos de terrorismo.

En el ataque en Cali, un carro bomba dejó seis civiles muertos y 50 heridos, mientras que el ataque a un helicóptero en Amalfi cobró la vida de diez policías y dejó otros ocho heridos. Petro sostuvo que estos actos constituyen «crímenes de lesa humanidad» y anunció que solicitará a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado iniciar procesos contra los líderes de estas bandas.

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe (qepd) y Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, son los nombres que más suenan en la derecha para el quinto precandidato presidencial del Centro Democrático.

Uribe Londoño quiere recoger el legado de su hijo, y así recuperar la presidencia para el uribismo, mientras que Tomás Uribe, quien recuerda la publicidad de un vehículo (un joven bien preparado), tiene el apoyo de muchos militantes del Centro Democrático, por ser el hijo del expresidente jefe máximo de la colectividad.

“Doctor Álvaro Uribe Vélez: usted y su partido respaldaron las ideas de un gran líder; hoy se los devuelvo a ustedes y a toda Colombia para emprender la lucha más grande de todos los tiempos por el restablecimiento de la paz en nuestro país” dijo Uribe Londoño durante las exequias de Miguel Uribe, en la Catedral Primada.

Con esas palabras Uribe Londoño movió el péndulo de la política hacia la casa del expresidente y le delegó la responsabilidad de escoger un precandidato del grupo de su hijo asesinado, para mantener su legado en la contienda política.

Tras recibir ese mensaje, el expresidente Uribe invitó a los 4 precandidatos del Centro Democrático, Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra, a sentarse con Uribe Londoño.

Para escoger ese quinto candidato Uribe Vélez, fijo un plazo hasta septiembre y exigió una condición, que el candidato (a) debe ser militantes del Centro Democrático, algo que dejó por fuera al exministro Juan Carlos Pinzón y al abogado y empresario Abelardo De La Espriella.

Miguel Uribe Londoño, María Claudia Tarazona (esposa de Miguel Uribe), Carolina Hoyos (hermana) y Tomás Uribe Moreno, son los nombres que suenan para seleccionar el nuevo inquilino de la casa donde habitan los precandidatos presidenciales del Centro Democrático.
Sin embargo, en las últimas horas, las apuestas se limitan al veterano, Miguel Uribe Londoño, y al joven Tomás Uribe Moreno. Las cartas están servidas sobre la mesa del CD.

La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia del 21 de agosto del 2025, confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de declarar la nulidad de la elección de Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga, período 2024-2027.

Lo anterior, por cuanto, encontró acreditado que el demandado incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, toda vez que, pese a que la colectividad política que avaló su candidatura a la referida alcaldía había inscrito candidatos al concejo de ese municipio, el señor Beltrán Martínez desplegó actos inequívocos de respaldo respecto de aspirantes de otras agrupaciones a dicha corporación.

Así, la Sala electoral encontró acreditados los elementos subjetivo, modal, objetivo, temporal y territorial de la prohibición que se encuentra consagrada en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA como causal de nulidad electoral.

Además, estableció que ninguno de los reparos elevados por los apelantes en contra de la decisión de primera instancia tenía vocación de prosperidad, toda vez que estaba acreditado que el partido Colombia Justa Libres inscribió candidatos al Concejo de Bucaramanga 2024-2027; las pruebas que fundamentaron la decisión de primera instancia mantuvieron su presunción de legalidad incólume; se encontraron acreditados los actos de apoyo endilgados al demandado; se encontraron elementos suficientes para entender que los videos que sirvieron de base a la decisión apelada fueron grabados en época de campaña electoral; y la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo como causal de nulidad electoral no desconoce la Convención Americana de Derechos Humanos ni resulta ser una interpretación extensiva o desproporcionada de la Constitución Política ni la ley, por el contrario, se convierte en un garantía del proceso

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – D AN está comprometida con el mérito como principio axial de la Constitución Política de Colombia, especialmente en lo que respecta al acceso a la función pública.

Prueba de ello es que en los últimos cinco anos se han realizado 3 concursos de mérito, y uno más se encuentra en curso, de los cuales se ha derivado la vinculacion ce 6 391 funcionarios en vacantes ofertadas y 3.272 en vacantes no ofertadas que han sido posesionados mediante el mecanismo de uso de listas de elegibles.

Frente a las recientes decisiones judiciales que ordenan la vinculación masiva de personas en | stas de eleg bles, la Dirección de Impuestos y Aduanas Mac onales – DIAN advirtió que son material y jurídicamente imposibles de cumplir y constituyen una invasión a las competencias legales de la Entidad.

Las acciones de tutela en curso han ordenado el uso indiscriminado de listas de elegibles, incluso en perfiles ya fortalecidos con concursos anteriores, o en empleos distintos a los requeridos por la Entidad Estas decis ones desconocen la planeación institucional, al obligar a nombrar personas que ocupan los últimos lugares de las listas, usar vacantes previstas en concursos futuros y afectar la distribución que, por ley, es competencia del Director General de la DIAN.

Adicionalmente, algunos jueces han extend do sus decisiones a personas que no hicieron parte del proceso, algo que solo puede hacer la Corte Constitucional».

Estas actuaciones son desconcertantes pues impiden que la D AN administre su propio talento humano y pueden llegar a obstaculizar el desarrollo de su misión técnica al asignar personas que no tienen el perfil requerido para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad.

Cumplir las órdenes en los términos impuestos implicaría desvincular a 395 funcionarios provisionales, abrir la puerta a demandas millonarias contra el Estado y poner en riesgo la continuidad de los procesos misionales de recaudo y fiscalización. A ello se suma que los plazos fijados por los jueces (48 horas) desconocen los trámites legales y el debido proceso de los funcionarios afectados, algunos de los cuales som sujetos de especial protección constitucional.

La DAN elevó consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestando que existe imposibilidad material y jurídica para efectuar los nombramientos y advierte que decisiones judiciales de este tipo desconocen el régimen especial de carrera de la Entidad y ponen en riesgo la planeación institucional y la sostenibilidad fiscal del país.

Asimismo, la entidad hizo un llamado al Consejo Superior de la Judicatura para que capacite a los jueces en la estructura administrativa y normativa de la DIAN, y a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que actúe como garante del proceso de provisión de empleos conforme a la ley y al mérito.

El centro político en Colombia se está reconfigurando. Los partidos Alianza Verde, En Marcha, Alianza Social Independiente (ASI) y Colombia Renaciente están en conversaciones avanzadas para formar una lista conjunta al Senado para las elecciones de 2026. A diferencia de la Coalición Centro Esperanza de 2022, que giraba en torno a un proyecto presidencial, esta nueva unión es puramente pragmática y busca asegurar curules a través de la suma de votos.

Esta alianza combina figuras de todas las orillas desde opositores del Gobierno de Petro hasta sus defensores y críticos para garantizar escaños a líderes políticos tanto regionales como de opinión. La coalición, de hecho, se ha vuelto tan atractiva que otros partidos, como Fuerza de la Paz de Roy Barreras, han expresado su interés en unirse.

La Fórmula para el Éxito en 2026

La idea es que la lista sea abierta y que cada partido postule a sus propios candidatos. Quienes obtengan la mayor votación asegurarán su lugar en el Senado. En las elecciones de 2022, la Coalición Centro Esperanza fue la cuarta lista más votada, con 1.9 millones de votos que se tradujeron en 13 curules, demostrando que esta fórmula funciona.

El desafío principal para esta nueva unión será compensar la ausencia de figuras de peso como Humberto de la Calle y la salida de partidos como Dignidad y Verde Oxígeno. No obstante, los senadores actuales de esta lista planean reelegirse o heredar sus curules a familiares y aliados, garantizando una base de al menos 800,000 votos. Esta cifra sería suficiente para superar el umbral del 3% y asegurar su permanencia en el Congreso.

Para fortalecerse, los partidos están buscando nuevas figuras con capacidad de arrastre. Un ejemplo de esto es el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien en lugar de apoyar la reelección de la senadora Carolina Espitia, impulsará la candidatura de su hermano, Jhon Amaya. El objetivo es duplicar la votación y asegurar su escaño en el Senado, demostrando que la estrategia se centra más en el poder regional que en la ideología.

El Consejo de Estado desestimó cuatro demandas que pretendían la nulidad del acto de elección de la fiscal general de la Nación, alegando presuntas irregularidades como vicios en la conformación de la terna o supuestas presiones a la Corte Suprema de Justicia.

La revista Cambio acaba de informar que La Sección Quinta del Consejo de Estado desestimó este jueves las cuatro demandas de nulidad que pretendían tumbar el acto de elección de la fiscal General de la Nación Luz Adriana Camargo, alegando presuntas irregularidades y vicios que pasaron desde la conformación de una terna de sólo mujeres, vacíos legales en la terna tras la renuncia a última hora de la candidata Amelia Pérez, o alegadas presiones a la Corte Suprema de Justicia para que escogiera a la nueva fiscal.

En una operación estratégica y de alto impacto, la Fuerza Pública, en un trabajo conjunto entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía, logró desmantelar un bastión logístico de la estructura criminal ‘Carlos Patiño’, al servicio del cartel de alias ‘Mordisco’, en el corregimiento de Honduras, en El Tambo, Cauca.

Esta acción, enmarcada en la Operación Perseo II, representa la mayor incautación de material de guerra y explosivos en lo que va del año, indicaron desde el Ministerio de Defensa.

Entre los resultados más contundentes se encuentran:
* 280.000 municiones de guerra incautadas.
* Un taller con capacidad para fabricar más de 1.200 minas antipersona.
* 78 explosivos adaptados para ser usados en drones.
* 27 rampas de lanzamiento, drones y armas de fuego.
* Material de intendencia y elementos para la guerra asimétrica.

«Este golpe afecta de manera significativa la capacidad operativa de la facción delictiva de alias ‘Kevin’, un criminal bajo el mando de ‘Mordisco’. Con esta acción, se reduce la capacidad de la organización para realizar ataques terroristas, se debilitan sus corredores ilegales y se merman sus medios de violencia, narcotráfico y minería ilegal. Además, se espera que se reduzca su capacidad de reclutamiento de menores de edad y se devuelva la tranquilidad a las comunidades del Cañón del Micay», sostuvo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Las autoridades hicieron un llamado a los campesinos de la zona para que abandonen los cultivos ilícitos que, según el comunicado, solo traen violencia y terror. También invitaron a los miembros de las estructuras criminales a desmovilizarse y acogerse a los beneficios económicos y jurídicos que ofrece el Estado.

El ministro Pedro Sánchez ha radicado un proyecto de ley para crear la Agencia Espacial Colombiana, una iniciativa que busca posicionar al país a la vanguardia tecnológica a nivel mundial.

» Este organismo, de ser aprobado, daría un impulso significativo al desarrollo científico, social y económico de Colombia» , manifestó el titular de la cartera de Defensa.

La creación de la agencia espacial es vista como un paso crucial para el desarrollo. Con esta propuesta, Colombia se uniría a países de la región como Argentina, Brasil, México, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú, que ya cuentan con sus propias agencias de este tipo.

Los soldados del Ejército Nacional, Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral Gómez, recuperaron su libertad tras 133 días de secuestro a manos del ELN.

Después de la liberación, los soldados fueron sometidos a valoración médica y se reencontraron con sus familias y compañeros.

La liberación fue posible gracias a una misión humanitaria que contó con el apoyo del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia.

La gestión incluyó la participación de la ONU, la Iglesia y los países garantes Venezuela, Cuba y Alemania, así como la gestoría de paz del ELN.

A pesar de este logro, las autoridades recuerdan que todavía hay más colombianos en cautiverio, así mismo el Gobierno exige la liberación de otros miembros de la fuerza pública, como los policías Yordyn Pérez y Franque Hoyos, y los agentes del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados en Arauca.

Además, se demanda la liberación del soldado Jamerson Guachetá, secuestrado en el Cauca por disidencias de alias ‘Mordisco’.

Un informe del ministerio de Defensa confirmó que los resultados se dieron gracias a la estrategia 70 – 30, que consiste en un 70 % de acción unificada del Estado y 30 % como consecuencia de la efectividad en operaciones militares y de Policía.

El reporte indica que se han neutralizado a 16.400 integrantes de grupos armados, se han recuperado 67.502 armas y se ha reducido 46 % el reclutamiento ilícito de menores, evitando que 247 niños, niñas y adolescentes sean reclutados ilegalmente.

Los principales responsables siguen siendo las disidencias de las extintas Farc, el ELN y el Clan del Golfo. La fuerza pública ha declarado objetivo militar de alto valor a los reclutadores y ha desplegado 181.000 acciones en todo el país en prevención y protección de niños, niñas y adolescentes.

El reporte indica que se han incautado 2.253 toneladas de cocaína, equivalente a 6.193 millones de dosis que dejaron de salir a las calles.

“Son resultados que reflejan la efectividad de la fuerza pública y su compromiso absoluto con la vida y la seguridad de los colombianos”, manifestó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al revelar los resultados del balance operacional en el Consejo de Ministros de este martes 19.

Sicariato, la mayor causa de homicidios

Con estas acciones, dijo el funcionario, se ataca la causa de los homicidios que “son, básicamente, las venganzas, el tráfico de estupefacientes y la intolerancia”, cuyos escenarios son las zonas urbanas del país. Es allí donde se presenta un importante número de homicidios, asociados a fenómenos criminales”.

Las cifras indican que el 61 % de los casos son por sicariato asociado con venganzas, retaliaciones, tráfico de estupefacientes, intolerancia social, relaciones afectivas y temas asociados con la convivencia; el 19 % por riñas, el 6 % por violencia intrafamiliar, mientras que solo el 2 % se presenta por ataques en grupos residuales.

Otro factor objeto de análisis reside en que el 68% de los niños, niñas y adolescentes asesinados en Colombia ha sido en circunstancias relacionadas con el tráfico de droga, debido a enfrentamientos entre pandillas y grupos armados organizados que los han reclutado.

“Los homicidios por sicariato tienen una alta correlación con el uso de menores de edad y en el tráfico local de estupefacientes en las principales ciudades. En los últimos tres años 764 menores de edad han sido aprehendidos por homicidio intencional, un 83 % en flagrancia y un 17 % por orden judicial”, informó el director general de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana.

“La instrumentalización de menores como parte de los modelos delictivos hace parte de un ejercicio de planificación orientada a reducir el nivel de impacto de núcleos de liderazgo o cabecillas, disponiendo de los jóvenes para actividad de mayor probabilidad de captura. Es decir, los usan para cometer hechos delictivos”, explicó el director de la Policía Nacional.