Categoría: Política Nación

• Este triunfo de la familia Yanes demuestra el avance firme de la URT en el departamento para resarcir a las víctimas de la violencia en comunidades tan golpeadas como la emblemática Mundo Nuevo.

La Dirección Territorial de Córdoba y Bajo Cauca antioqueño de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) consolida sus labores para restablecer los derechos de las víctimas de despojo y/o abandono, ya sea con la entrega material de su predio o, a manera de compensación, con otra parcela o con recursos económicos.
Tal es el caso de la familia Yanes De La Ossa, conformada por campesinos cordobeses que desde el 2019 recibieron un fallo de restitución favorable en modalidad de compensación por el Tribunal Superior de Antioquia, tras el despojo de su parcela ubicada en Mundo Nuevo, corregimiento de Nueva Lucía, municipio de Montería (Córdoba).
Los motivos de la decisión sobre esta modalidad fueron las precarias condiciones de seguridad en la zona y la avanzada edad de los beneficiarios de la sentencia.
Después de varios años de espera para poder recibir la compensación de su predio despojado, la familia Yanes fue finalmente notificada por la URT para proceder con el pago económico.
“Estamos muy felices. Le damos gracias a Dios porque ha salido lo que hemos anhelado, la restitución nos ha cumplido. Con los recursos que nos han dado, vamos a comprar unas vaquitas paridas para producir leche, arreglar la casita y comprar un lotecito”, contó Emilio José Yanes, hijo de los beneficiarios.
Por su parte, la directora territorial de la URT en Córdoba y Bajo Cauca, Ana Cristina Muñoz, expresó: “el caso de la familia Yanes, en las parcelaciones del emblemático Mundo Nuevo, las cuales han estado rodeadas de masacres, incendios y vejámenes que hicieron que sus pobladores vivieran momentos de terror e injusticias; una violencia que generó despojos y el desplazamiento de muchos, nos demuestra el compromiso de la Unidad de Restitución de Tierras para resarcir los derechos de nuestro campesinado”.
En temas relacionados con la modalidad de compensación a las víctimas, esta Dirección Territorial ha identificado 208 órdenes, de las cuales se han atendido 103. De estas, diez han sido resueltas mediante la compra de predios por un valor total de 974 millones 948 mil 760 pesos; 72 mediante pago en dinero, por un valor de 14 mil 336 millones 898 mil 327 pesos; 15 a través de la entrega de un predio equivalente a una Unidad Agrícola Familiar; y seis órdenes han sido moduladas a restitución.
Las compensaciones son realizadas por la URT a través del Grupo Fondo -sin personería jurídica y adscrito a la entidad-, cuyo objetivo principal es servir de instrumento financiero para la restitución de tierras de los despojados.
La Unidad reitera a todos los colombianos, especialmente a quienes tienen o están iniciando un proceso de restitución, que el trabajo que realizan los profesionales de la entidad es gratuito y no requiere intermediarios. ¡No se deje engañar!

En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y fechada el día de hoy, la ministra expresó su deseo de dejar el cargo a partir del 15 de febrero de 2024. También hace referencia a conversaciones previas y reitera su decisión de renunciar al puesto que asumió hace casi un año, según el Decreto Presidencial No. 0319 de 2023.

Dentro de la carta, Rodríguez agradece al presidente Gustavo Petro por la oportunidad brindada y destaca la importancia del Ministerio de Deporte para la salud física y mental de los colombianos.

«Teniendo en cuenta nuestra conversación de semanas anteriores, reitero mi deseo de dirimir del cargo de ministra del Deporte a partir del día 15 de febrero de 2024”, dice la carta de renuncia.

Cabe indicar que uno de los logros que esta cartera tuvo con Astrid Rodríguez como ministra fue implementar la Jornada Escolar Complementaria en Deporte.

Sin embargo su gestión frente a esta cartera sumo puntos negativos luego de que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos del 2027, que se realizarían en Barranquilla.  En su momento, Panam Sports tomó esa decisión porque el país incumplió los pagos y los tiempos para cancelar las deudas que tenía.

Al parecer, Rodríguez habría presentado su renuncia al presidente antes de enfrentar una posible moción de censura en el Congreso en los próximos días, como resultado de la controversia generada por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos.

Rodríguez llegó al puesto en reemplazo de María Isabel Urrutia, quien dejó el cargo debido a investigaciones de irregularidades en la contratación, y ahora Rodríguez abandona su puesto principalmente debido al incidente con los Juegos Panamericanos.

Por primera vez en la historia del país, el segundo período de sesiones ordinarias del Congreso de la República comenzará desde el mes de febrero y no desde marzo, todo gracias al acto legislativo impulsado por el senador Marcos Daniel Pineda García, que reduce el receso legislativo, logrando ampliar el tiempo con que cuentan los congresistas para ejercer sus funciones constitucionales.

“Por supuesto, esto no lo es todo y hay que seguir cambiando para mejorar, pero pienso que es un gran paso para conectar el Congreso de la República al sentir de la gente, recuperar la credibilidad y ejercer más control político, además de tener más tiempo para trabajar en lo que en realidad nos interesa como colombianos: crear leyes útiles que contribuyan a mejorar la calidad de vida de todos”, afirmó Pineda García.

El siguiente paso para el Congreso de la República, según el Senador, debe ser la descentralización, sesionando más en las regiones, escuchando de viva voz lo que la gente de todo el país anhela y trabajando en los temas que realmente apremian.

Destacó igualmente, que este cambio le da al Congreso la posibilidad de ejercer un mayor control político sobre el Gobierno nacional de turno, con el llamado a los debates a que haya lugar, para exigir el cumplimiento de las políticas públicas y velar por la implementación del Plan Nacional de Desarrollo.

El Gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, en una positiva gestión ante el Ministerio de Salud, aseguró los recursos necesarios para concluir y hacer realidad el Hospital Materno Infantil del departamento de Córdoba.

“Ayer fueron soluciones en materia vial, recursos para corredores estratégicos y hoy una gran noticia para todos los cordobeses y los habitantes que llegan a nuestra capital, Montería, en búsqueda de atención médica de alta complejidad, una de ellas es la atención prenatal que es fundamental para salvar vidas en nuestro departamento”, dijo el gobernador.

La buena noticia fue confirmada también por Gonzalo Parra González, Secretario General del Minsalud. “Estamos dispuestos a aportar los recursos que sean necesarios para la construcción del materno-infantil de Montería, anexo al Hospital San Jerónimo. También vamos a trabajar en lo que es la dotación del Hospital de Chinú”, expresó.

Esta importante obra será realidad en articulación de esfuerzos financieros y técnicos con el Ministerio de Salud, fortaleciendo significativamente la atención médica materno-infantil en toda la región.

Pero las buenas noticias no terminan ahí. Durante la productiva reunión en en el Ministerio de Salud, se logró obtener financiamiento para equipar el nuevo Hospital San Rafael de Chinú, cuya entrega está prevista para el mes de abril. Un paso importante hacia el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria en Córdoba, en la subregión de las sabanas.

Además, se anunció la realización, el próximo 4 de marzo, de un comité técnico en conjunto con el Ministerio de Salud, con el propósito de evaluar el estado de los cuatro hospitales regionales y discutir la viabilidad de su modernización. Este encuentro también marcará el inicio del estudio de prefactibilidad para el Hospital Regional de San Jorge.

Estos logros demuestran el compromiso del Gobierno de Córdoba, liderado por Erasmo Zuleta Bechara, con la salud y el bienestar de sus ciudadanos.

“Con hechos estamos demostrando que vamos a poner la salud de los cordobeses a otro nivel”, concluyó el gobernador.

La Procuraduría General de la Nación emitió concepto sobre el proceso que se adelanta en contra de la curul del concejal de Medellín, Juan Carlos Upegui, quien presuntamente habría incurrido en inhabilidad porque su padre fue nombrado rector de un colegio público en plena época electoral.

Es por esto que algunos veedores y otros concejales han presentado demandas para que Upegui, del partido Independientes, pierda la curul que se ganó al ocupar el segundo lugar en las pasadas elecciones a la Alcaldía de Medellín. Una de esas demandas, presentada por el veedor electoral Luis Humberto Guidales, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, fue sobre la que se pronunció la Procuraduría.

un documento con fecha del 9 de febrero, el Ministerio Público le solicitó al Tribunal acceder a la pretensión de Guidales de que se decrete la pérdida de investidura solicitada en la demanda en contra de Upegui, “por (presuntamente) haber incurrido en la causal prevista en el numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, esto es, por violación del régimen de inhabilidades”.

A mediados de enero se conoció que la Procuraduría de Instrucción de Antioquia abrió una investigación disciplinaria que se encuentra en etapa probatoria con el fin de determinar si hay lugar a que el concejal pierda su curul por los hechos descritos.

El argumento esgrimido para solicitar la pérdida de investidura es que Upegui habría violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades al estar como candidato con su padre ocupando ese cargo público como rector de un colegio de la ciudad.

El problema para el concejal es que la designación de su progenitor se habría hecho a escasos 22 días de que él inscribiera formalmente su candidatura por Independientes, el partido del exalcalde Daniel Quintero, el 27 de julio de 2023, y las normas para postularse a la alcaldía y el concejo restringen la participación de quienes tengan familiares que hayan ejercido “autoridad civil, política, administrativa o militar” un año antes de la elección.

 La Procuraduría General de la Nación abrió investigación a la subsecretaria de Gestión de Talento Humano, Sthepanie del Carmen Bermejo, el Profesional Universitario, Marcio Luis Ricardo Uparela y la secretaria ejecutiva, Andrea Patricia Salgado Buelvas, de la gobernación de Sucre, por presuntas irregularidades en trámites administrativos.

El Ministerio Público investiga si los funcionarios gestionaron la renuncia del asesor Luis Hernando Farak Theran utilizando documentos de los cuales desconocían su procedencia y que presuntamente no provenían del servidor público en mención.

Por lo anterior, el ente de control investiga si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria, por haberse adelantado trámite administrativo en desconocimiento de los principios que gobiernan a la función pública.

Finalmente, la Procuraduría Regional de Instrucción de Sucre solicitó practicar las pruebas, necesaria, pertinentes y conducentes que permita establecer la responsabilidad de los implicados en la conducta.

 El Gobierno nacional declaró emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión del país en respuesta a los recientes casos de homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diferentes cárceles de Colombia.

La decisión fue tomada en la mañana de este lunes, durante una Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Inpec, en la cual participaron el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña; la vicefiscal, Martha Mancera; el director del Inpec, Daniel Gutiérrez; y el representante de la Policía, brigadier general Nicolás Alejandro Zapata; entre otros funcionarios.

“Por unanimidad, hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país; y a las amenazas y atentados contra la seguridad y la vida de estos funcionarios. Esta emergencia procura la protección de vida, integridad y trabajo tranquilo del cuerpo de vigilancia. El otro asunto está relacionado con la extorsión que se ha exacerbado con los hechos registrados recientemente en Tuluá e implica refuerzo de medidas para acabar con este delito», señaló Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho.

Asimismo, señaló que estos actos criminales podrían ser represalias de las organizaciones delictivas de alto calibre, en respuesta a las operaciones contundentes llevadas a cabo por la Fuerza Pública bajo las directrices del Gobierno nacional.

Esta emergencia carcelaria permitirá la implementación de diversas medidas, incluyendo traslados presupuestales y contratación directa de recursos. Asimismo, se solicitará apoyo adicional a la fuerza pública para reforzar la vigilancia en los establecimientos penitenciarios y se contempla suspender o reemplazar al personal en situaciones especiales para salvaguardar su seguridad. Además, se podrán regular las visitas presenciales al interior de los centros de detención.

El Inpec explicó que, entre los antecedentes que llevaron a esta determinación, también se destaca un incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria, lo cual ha generado preocupación en la sociedad colombiana. Además, se observa un aumento del 100 % en los incidentes de seguridad relacionados con el personal penitenciario respecto al año anterior, con dos lamentables pérdidas humanas registradas en Cúcuta y Cartagena, cinco atentados y 10 amenazas directas contra funcionarios.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que está trabajando estratégicamente para desarticular y debilitar a la banda “La Inmaculada», que opera en Tuluá, Valle.

Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera fue en 2013 por hacinamiento; la segunda, en 2016 tras la liquidación de Caprecom; y la tercera, en 2020 debido a la emergencia sanitaria producida por el covid 19.

El presidente Gustavo Petro Urrego acogió la propuesta de los mandatarios seccionales reunidos en la Cumbre de Gobernadores realizada en Cartagena, de reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), y explicó algunos ejemplos de por qué es necesario hacerlo especialmente para mejorar la atención a la niñez.

El mandatario aseguró que como está la distribución de recursos la atención a la niñez “no existe».

Dijo que al revisar las cifras “tenemos una deuda inmensa con la primera infancia (0 – 7 años de edad)», y aseguró que “si se protege a los niños y niñas tendremos una sociedad más pacífica».

Agregó que es necesario reformar el SGP porque “no hay una clara financiación de la atención a la primera infancia. Y si bien es un tema de Congreso yo estoy dispuesto», a presentar un proyecto de ley en ese sentido.

Al explicar por qué el Gobierno está en deuda con la niñez colombiana, aseguró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “está carcomido por la corrupción, es decir, se roban la plata de los niños y las niñas».

• Con una inversión total de $6.573 millones, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) busca mitigar los problemas de escasez del líquido vital que enfrenta el departamento a causa del fenómeno El Niño.

• Con esta acción, la UNGRD lleva vida y esperanza a las comunidades cordobesas, demostrando su compromiso con la lucha contra el cambio climático.

La UNGRD anunció la entrega de 30 carrotanques para mitigar los efectos del fenómeno del niño en el departamento de Córdoba, que ha dejado sin agua potable a cerca del 70% de sus municipios.

Gracias a la gestión coordinada de la UNGRD, la Gobernación de Córdoba y la Consejería para las Regiones, se atendió el llamado de los cordobeses y se garantizará el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante acciones de prevención y solución.

«Esta es una acción oportuna y solidaria con el departamento de Córdoba, que ha sufrido los estragos de la sequía y la falta de agua potable. Desde la UNGRD estamos comprometidos con brindar soluciones efectivas y coordinadas con las autoridades locales y nacionales para mitigar el impacto del fenómeno del niño y garantizar el derecho al agua de las comunidades cordobesas», afirmó el director de la UNGRD, Olmedo López Martínez.

Los carrotanques tienen una capacidad de 10.000 y 22.000 litros y se distribuirán entre los municipios más afectados por la sequía, según el diagnóstico realizado por la entidad.

Además, se cuenta con el apoyo logístico del Ejército Nacional para el transporte y abastecimiento.

La invitación es a todos los alcaldes del departamento a recibir los carrotanques mañana a las dos de la tarde en la Plaza María Varilla de Montería, donde se realizará un acto simbólico de entrega y agradecimiento a las entidades que hicieron posible esta gestión.

El director de la UNGRD expresó su satisfacción por esta noticia y reiteró su compromiso con el bienestar de los cordobeses, así como su apoyo al Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, que ha venido trabajando por el desarrollo y la equidad de todas las regiones del país.

La elección de personeros en por lo menos 37 municipios del país se encuentra embolatada por presuntas irregularidades en los procesos, razón que llevó a la Procuraduría General de la Nación a advertir demandas en 12 de los elegidos.

Evidencias recopiladas por el Ministerio Público dan cuenta que, al parecer, en la selección de aspirantes se cometieron errores en calificaciones de entrevistas, hubo operadores faltos de experiencia y fallas logísticas, entre otras anomalías.

En estos hechos se encuentra seriamente comprometida la Universidad Popular del Cesar -UPC-, entidad que fungió como operador y realizador de varios de estos procesos, los mismos por los que ahora se encuentra en problemas ya que muchos de los que firmaron como representantes de la institución en las pruebas de conocimiento no tenían potestad para ello.

Preocupada por esta situación, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, solicitó a los concejos municipales, en su autonomía, que no elijan a otros 25 personeros más, cuya selección adelantó la misma entidad universitaria.

En las indagaciones hechas por del ente de control no se encontraron carpetas y en otras la documentación no era concisa; tampoco se tenía planeación de la logística ni la destinación de un presupuesto claro, ni mucho menos una capacidad humana para llevar a cabo los procesos.

Altamira – Huila; Santa María – Boyacá; Floresta – Boyacá, son algunas poblaciones en las que se demandará el proceso.

Lo mismo sucede con Tibú y Hacarí, en Norte de Santander; Usiacurí (Atlántico), Salamina, Concordia, (Magdalena); Galeras, Corozal, (Sucre), Chiscas, Chiquiza, Otanche (Boyacá), entre otros.

El despacho de esta delegada advirtió compulsa de copia para aperturar investigaciones disciplinarias.