La Sala Plena del Consejo de Estado ha tomado una decisión crucial respecto a la demanda de pérdida de investidura presentada contra el representante Miguel Polo Polo. La demanda, impulsada por el abogado Alí Bantú Ashanti, se centraba en unas grabaciones que sugerían que Polo Polo habría retenido parte del dinero de los sueldos de miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
La Sala consideró que, aunque la conducta de Miguel Polo Polo podría ser investigable penal y disciplinariamente, no encuadraba en las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución.
Según los magistrados, los salarios, una vez que salen de las arcas del Estado y llegan a los bolsillos de los funcionarios, dejan de ser considerados recursos públicos, lo que significa que los destinatarios pueden disponer de ellos libremente.
Por lo tanto, el Consejo de Estado determinó que no había lugar para decretar la «muerte política» de Miguel Polo Polo.
Aunque el Consejo de Estado no encontró mérito para sancionar a Polo Polo en el ámbito de la pérdida de investidura, destacó que la presunta conducta irregular del congresista podría ser objeto de investigación penal en la Corte Suprema y en la Procuraduría
La decisión del Consejo de Estado contó con cinco salvamentos de voto, lo que indica una fuerte discrepancia interna. Los magistrados que se opusieron a la decisión argumentaron que la conducta de Polo Polo era reprochable y debería tener consecuencias legales.
